El político mexicano Silva Herzog recordaba a Pascal cuando éste señalaba que el error no es lo contrario a la verdad sino el olvido de la verdad contraria pensando en los principios de una práctica política democrática. La primera interpretación de esta frase que acude a nosotros se refiere a lo provisorio de nuestras afirmaciones y seguridades, así como la importancia de reconocer la racionalidad de los otros, especialmente de aquellos que son nuestros adversarios.

El error no es lo contrario a la verdad sino el olvido de la verdad contraria pensando en los principios de una práctica política democrática.

Cabe, sin embargo, ir bastante más allá de lo que sería la afirmación de valores pluralistas, bienintencionados, no se trata solo de buenos principios. Ni siquiera principalmente de ello Tiene que ver también con el realismo político. La eficacia requiere en quien ejerce el poder de la capacidad de desdoblarse y verse actuando a sí mismo. Debe saber al menos que sus ideas circulan entre otras ideas y lo que considera sus prioridades dejan a otras de lado. A los que les toca la conducción política les corresponde asumir que con frecuencia determinadas medidas ocasionarán rechazos y protestas, y deben poder preverlas, saber responderlas, no aislarse. Ese espacio para los argumentos de los otros no hace que el gobernante tenga por ello que actuar con un talante dubitativo. Tampoco que todos sus actos se encuentren sometidos a consulta. Establece apenas una relación flexible con los propios márgenes de su autoridad.

No hay salida posible respecto a este condicionamiento, si se lo quiere ver así, cuando de lo que se trata es tanto de afirmar la gobernabilidad democrática como ya en un plano más directo si se quiere evitar que los resultados de las encuestas no lo tomen por asalto y a veces, de atenernos a las manifestaciones de García, considerarlas una ofensa. Un gobierno legitimado requiere aceptación social se compartan o no la mayoría de sus decisiones. Y por un elemental principio de cálculo, intervenir con la precaución que lo que haga no tenga efectos distintos a los esperados.

Las rutinas y lo excepcional

Esta capacidad de distanciarse de su propio discurso que poco tiene que ver con la inseguridad, permite examinar correlaciones de fuerza, medir pasos, anticipar tanto como se pueda diversos escenarios, ganar voluntades con la ventaja que otorga el ejercicio del poder, pretender que se está asumiendo la voluntad de los intereses de la mayoría o lo que resulta indispensable hacer, no importa que tanto se esté convencido de ello sino que resulte creíble a los demás. En este ejercicio se toma en cuenta lo que hace la oposición y se busca que sus objeciones pierdan peso. Quien ejerce el poder se encuentra atento a las señales que vienen de la política y la sociedad, ingresa en el juego de anticipaciones y de respuestas que forman parte de la rutina de la gestión de un gobierno.

Es posible por supuesto utilizar otros criterios de los aquí expuestos. Afirmar un el liderazgo suponiendo que se está en una situación de excepción. Ello justifica tanto dejar en suspenso normas jurídicas como este interminable juego de espacios ganados y otros en peligro que construye la vida política en tiempos de quehaceres cotidianos y no de alarma. Ocurre, sin embargo, que esta apelación cargada de dramatismo se justifica o al menos encuentra asidero en tiempos de conflictos extremos o de severas crisis económicas.

De poco sirve este recurso cuando el tema principal de la agenda es conciliar crecimiento con redistribución. Es cierto, quizás Alan García necesitaba para lo que son sus objetivos del presente que los grupos de poder principales confiaran en él, que lo consideraran uno de los suyos o al menos una de las personas de su confianza si asiste a un club de acceso restringido en la que hay invisibles barreras para nuevos ingresos. La tarea ya ha sido cumplida. Por reiteradas pierden sentido las protestas de lealtad. Esta idea de tiempos excepcionales y de oportunidades abiertas que tan enfáticamente proclama podría perder ese tono fundacional, impositivo, impaciente, pedagógico y denostador con el que el Presidente se expresa cuando, si imagináramos por un momento que todavía estamos ante la gestión de Toledo, en lo fundamental nos encontraríamos ante el mismo modelo de desarrollo y con parecidos indicadores económicos.

¿Quién de nosotros? Sobre incompetentes y arcaicos

Alan García ha decidido desarrollar una inflexible política de economía de mercado. Dejemos de lado si con ello ha incumplido su oferta electoral. En todo caso imaginamos que el Presidente debe recordar que estamos ante un debate que lleva más de quince años en América Latina, que también forma parte de la indesligable experiencia política en su anterior gobierno, que si se quiere asegurar en consecuencia mínimos de estabilidad debe reconocer que la oposición se va a organizar cuestionando esta orientación. No hay sorpresas entonces, no tiene por qué haberlas.

Sin embargo, el discurso y algunas prácticas son de tierra arrasada, de descalificación y desprecio a la oposición ya no política que no llega a plasmarse, sino la social. Y a veces ni siquiera la oposición, sino aquellos que quedan fuera de juego en la sociedad que se aspira a construir. Entre los relegados se encuentran: las comunidades indígenas, los campesinos de la sierra, los pescadores artesanales, entre otros, y son sospechosos, los dirigentes sociales, las autoridades locales, los defensores del medio ambiente, algunos sacerdotes, los seguidores confesos o solapados de ideas comunistas, de prédicas antinacionales, de oscuras conspiraciones financiadas desde el exterior, sujetos a juicios por solícitos procuradores del Estado, denostados por enfáticos pronunciamientos presidenciales o de algunos ministros, rechazados por medios de comunicación -cada vez menos formadores de opinión, si nos atenemos al efecto de sus campañas.

Jugando a la polarización, huyendo de los mediadores

Nos encontramos frente a una polarización buscada antes que a una polarización encontrada. El gobierno se ha vuelto una suerte de agitador social, para usar palabras en las que el Presidente se mueve con soltura. Es cierto, no es tarea del ejecutivo ayudar a que se construya una oposición política, no existen los reyes o los presidentes filántropos y acaso mejor que así sea. Lo que importa sí es establecer mediaciones con la sociedad y encontrar interlocutores válidos para no toparse con situaciones en donde no se atisba una salida. Junto con los beneficiados por el crecimiento económico están aquellos que han redefinido sus expectativas o quienes se sienten postergados. Ellos se van a expresar, ya veremos un poco más adelante de qué manera.

Una regla no siempre entendida, ni siquiera por presuntos expertos en temas de política, es que se afronta más riesgos cuando corresponde encarar conflictos expresados en una protesta con demandas difusas y dirigentes que afirman provisionalmente su liderazgo que si nos encontramos con reivindicaciones articuladas y direcciones reconocidas e institucionalizadas.

Es cierto que estamos ante una sociedad civil desorganizada, dispersa, con organizaciones poco comunicadas entre sí. La iniciativa entonces podría estar abierta para el ejecutivo, quien acaso entienda que el campo se encuentra finalmente despejado. Sin embargo, una regla no siempre entendida, ni siquiera por presuntos expertos en temas de política, es que se afronta más riesgos cuando corresponde encarar conflictos expresados en una protesta con demandas difusas y dirigentes que afirman provisionalmente su liderazgo que si nos encontramos con reivindicaciones articuladas y direcciones reconocidas e institucionalizadas.

En el primer caso, la alternativa de quienes protestan es por lo general la continua fuga hacia adelante, la radicalización, la calle y la carretera bloqueada como uno de los escenarios privilegiados, y la resistencia a negociar, ya que ello pondría en cuestión el frágil sustento del poder de quien se puso al frente del movimiento. En el segundo escenario, importa a las direcciones constituidas, hasta por razones de conveniencia personal, si queremos dejar de lado las buenas intenciones, llegar a acuerdos con las autoridades, sin por ello prescindir de marcar distancias con el gobierno y sacar créditos políticos si ello se encuentra a su alcance. García, Del Castillo, Chang, entre otros, empujan a unificar estos diversos estilos de oposición y hasta promover a los más intransigentes, quitándole asidero a aquellos que se manejan haciendo reclamos, llevando adelante en ocasiones el conflicto y la movilización para finalmente intentar establecer compromisos entre quienes hasta entonces se mostraban como actores en pugna.

El descrédito a las autoridades locales

Algunos conflictos recientes muestran este estilo de hacer política en la que se establece una línea de frontera: nosotros el gobierno, frente a ellos, los que se oponen a las políticas impulsadas por el ejecutivo. Ocurrió con la discusión de las diferentes leyes de patrimonio cultural, la 29164, la 29167, la 292002. El tema merecía un debate por traer consigo políticas de largo plazo y en buena medida irreversibles y considerando además la cantidad de actores afectados. Puede invocarse con elementos de juicio razonables que todavía conviene preservar la intervención del Estado en la medida que no existen, como en otros países, Planes de Uso Turístico y Planes Maestros como instrumentos de gestión, la necesidad de defender una concepción de desarrollo humano sostenible en lo que la población participe activamente en el proceso no solo por razones de equidad sino también de eficacia y la inconveniencia del predominio de grupos oligopólicos privados.

En la línea opuesta, tiene sentido argumentar que el otorgamiento de concesiones en que la inversión privada resuelve de modo flexible y creativo el acondicionamiento de lugares, los hace más atractivos, facilita la afluencia de turistas sin que ello vaya en detrimento de una vigilancia del Estado que sancione a aquellos que no cumplan con las reglas establecidas. Las disposiciones afectaban en particular en Cusco, como ha sido señalado por varias comentaristas, intereses de pequeñas empresas que podían considerarse postergadas, ponía en estado de alerta a provincias empobrecidas del departamento que entendían que se necesitaba otro tipo de cambios y otro estilo de distribución de los ingresos recaudados y afectaba también a una identidad cultural muy enraizada que podía encontrarse ante una amenaza imaginada o real.

Hubo movilizaciones de protesta, primero con el apoyo del presidente regional y la alcaldesa provincial, luego solo defendidos por la llamada Asamblea Regional que reunía un conjunto de organizaciones sociales, acusaciones del primer ministro al presidente regional de usar un “doble discurso”cuando un elemental sentido del manejo adecuado del conflicto obligaba a que éste fijara su propia posición y evitara desbordes sociales para lo que resultaba impostergable no perder contactos con la población. Lo significativo es que desde el gobierno se le fue quitando espacio a la intermediación de las autoridades locales junto con amenazas que si los cusqueños seguían en esa actitud no se realizarían allí reuniones de la APEC. Los condenados en los pronunciamientos presidenciales y de modo expreso, no eran solo los que discrepaban con él sino aquellos que permanecían en silencio. Autoridades regionales y frentes de defensa iban tomando posiciones diversas. El gobierno al final consiguió hacerlas coincidir y acaso no solamente por errores de estrategia de los opositores.

Ambientalistas, presidentes regionales, sacerdotes, comunidades, alcaldes, tantos al margen de la ley

En cada conflicto que examinaremos a continuación, podemos encontrar ese mismo afán de promover la unidad de los opositores y desestimar a quienes planteaban el diálogo. La designación de nuevos docentes privilegiando a quien se encontraba en el tercio superior consiguió que coincidieran en el rechazo a este criterio los más connotados expertos en el tema, el SUTEP, los presidentes regionales y hasta la Defensoría del Pueblo. La mediación otra vez intentada por los presidentes regionales fue considerada como sometimiento a un “chantaje” de los gremios junto a nuevas acusaciones de no acatar la legalidad vigente La insistente actitud del gobierno no se permite una tregua. Las discrepancias se las hace ingresar en el campo del delito. Quisiera que esta afirmación fuera una conclusión exagerada de quien escribe estas líneas. Surge, en cambio, de una circunspecta consideración de lo que señalan, con reiteraciones que no dejan asomo para la duda, el Presidente y los ministros.

La mediación otra vez intentada por los presidentes regionales fue considerada como sometimiento a un “chantaje” de los gremios junto a nuevas acusaciones de no acatar la legalidad vigente La insistente actitud del gobierno no se permite una tregua. Las discrepancias se las hace ingresar en el campo del delito.

En el paro agrario de febrero de este año que tuvo un desenlace represivo en el que murieron campesinos, las demandas eran las que tradicionalmente han solicitado por años los gremios del sector, política de precios, protesta contra la baja de aranceles de exportaciones agropecuarias, resistencia a supuestas prácticas monopólicas en la comercialización por parte de algunas industrias lácteas, problemas suscitados por el aumento de precios de los fertilizantes sintéticos, entre otras y un nuevo punto en la agenda sencillo de prever como la exigencia que el gobierno tomara iniciativas destinadas a facilitar la reconversión agraria de las unidades afectados por el TLC. La Junta Nacional de Usuarios de Riego y Conveagro mostraron desde el inicio su disposición a entablar conversaciones. Sin embargo, otra vez el gobierno manifestó su rechazo, otra vez incentivó el desborde social.

Se abren otros temas en los que se expresan parecidas estrategias de la autoridad. La decisión de la minera Majaz de iniciar explotaciones a tajo abierto fue cuestionada por los distritos afectados, Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa, quienes decidieron realizar una consulta popular para comprobar si estos pueblos estaban de acuerdo con el proyecto. Lo que resultara de ese escrutinio no iba a ser vinculante. Era sí importante marcar la opinión de quienes se sentían afectados en sus propiedades y su ambiente. Finalmente las protestas son indistinguibles unas de otras, es una transgresión bloquear una carretera y se mueven por fuera de la ley también quienes llaman a los ciudadanos a votar, sospechando el primer ministro que para hacer viable este pronunciamiento los alcaldes destinaron sin tener competencia para ello fondos municipales. Y los adversarios ya no son solo los sacerdotes de la zona sino la Conferencia Episcopal Peruana quien se manifiesta preocupada por los problemas del desarrollo social y ambiental. Y hasta la misma Defensoría del Pueblo que se orienta en la misma línea ¿El Estado contra el Estado?

El diálogo se encuentra desacreditado desde las alturas del poder. Por ahora -y nos resistimos a pensar en el largo plazo, acaso por falta de rigurosidad analítica, acaso por algunos presentimientos-, solo encontramos un creciente ambiente de autoritarismo y violencia. Todavía sin embargo hay tiempo para revertir por lo menos en parte este proceso.

La llamada Ley de la Selva No. 840 puede responder a una legítima preocupación del gobierno de evitar la deforestación y crear una alternativa en la producción poniendo en venta tierras eriazas sin cubierta boscosa o con capacidad de mayor uso forestal. Otra vez hay que marcar a fuego a los enemigos, presidentes regionales, federaciones de indígenas, ambientalistas quienes señalaron que previamente se tiene que hacer un adecuado catastro, que faltan normas que cautelen la seguridad ambiental, que existe el riesgo que se provoque desplazamientos obligados de pueblos amazónicos, que se tienda al monocultivo con erosión de suelos tergiversando los propósitos enunciados. En un tema tan crucial no existen signos de disposición para el debate por parte del ejecutivo.

También, corresponde reconocer la emergencia de situaciones que escaparon del control de las comunidades. La explotación de Pluspetrol contamina el río Corrientes, los pueblos achuar ocuparon lotes de lotes, pasaron de demandas ambientales a salariales y de puestos de trabajo, llegaron a acuerdos con autoridades y empresarios que estos últimos cumplieron solo parcialmente pero los grupos que se consideraban afectados desataron enfrentamientos que llevaron a la muerte de un suboficial de la policía.

Temores, incertidumbres, amenazas

El discurso presidencial proclama estar pensando en el largo plazo, divulga su pensamiento, trata de sistematizarlo, quiere en apariencia cerrarle el paso a consideraciones de corto vuelo. Y sin embargo, la mayoría se encuentra asediada por la incertidumbre y el temor. Allí van a desembocar al final las preocupaciones más absorbentes.

El gobernante, suponemos, quisiéramos creer, que es consciente de su aislamiento. Las élites que lo apoyan están alcanzando niveles históricos de ganancia, quizás en esta tarea tengan que emplear lo mejor de su imaginación y sus energías. Proclaman entonces despegues definitivos pero no pueden dejar de percibir que sus convicciones, sus múltiples pronunciamientos, su notoria sobreexposición no tienen efectos sino entre quienes se encuentran en sus filas y emprenden entonces recorridos circulares, celebraciones en restringidos círculos de confianza. Los ciudadanos que tienen algún reclamo que formular o una propuesta o interpretación diferente a la del gobierno sienten que no van a ser tomados en cuenta. Quizás esta comprobación sea lo de menos. Si han alcanzado alguna relevancia política o social van a ser desacreditados y con vehemencia por el ejecutivo y parte de la prensa. El diálogo se encuentra desacreditado desde las alturas del poder. Por ahora -y nos resistimos a pensar en el largo plazo, acaso por falta de rigurosidad analítica, acaso por algunos presentimientos-, solo encontramos un creciente ambiente de autoritarismo y violencia. Todavía sin embargo hay tiempo para revertir por lo menos en parte este proceso.