Asistimos al período más crítico desde que retornara la democracia al país y en ello parece que estamos todos de acuerdo. De poco sirve, en verdad, este frágil consenso. Aun quienes comparten la orientación política del presidente —que cada vez son menos— y hasta aquellos que la alientan, saben que vivimos en una sociedad polarizada. Los conflictos ocupan un “lugar sin límites” en donde no podemos imaginar un punto final en la mayor parte de ellos, ya que cualquier acuerdo está sujeto a cambios. Algunos acontecimientos previsibles, como el conflicto en la Amazonía, estallan como resultado de una sucesión de hechos de los que se tenía información y otros, irrumpen tomando por sorpresa al sistema político. Ello si es que hablar de “sistema político” o siquiera “clase política” no es tomarse una licencia de lenguaje, y presentamos como análisis más o menos lúcidos, lo que termina siendo, en realidad, apenas simulacros de interpretación.

El presidente García […] apela a lo que es consustancial a los discursos conservadores intolerantes y agresivos: señalar que cuenta con “la mayoría demócrata y racional” que “es inmensa aunque esté silenciosa”.

Al menos podemos saber que el presidente García se pone en primera fila si de promover antagonismos se trata. No puede negársele coherencia: ya había condenado a campesinos, comunidades nativas, pescadores artesanales, sindicatos, personas que preconizaban ideas de izquierda. Ahora la escena se ha ampliado y nos coloca en un escenario de “guerra fría” en su artículo “A la fe de la inmensa mayoría”, en el que apela a lo que es consustancial a los discursos conservadores intolerantes y agresivos: señalar que cuenta con “la mayoría demócrata y racional” que “es inmensa aunque esté silenciosa”. Según García, “exigen que el Estado afirme el orden y use la fuerza legal, aunque a veces se atemorizan por una marcha a 1,000 kms de distancia o cuando se pone orden con severidad”. 1

Los que cuentan y los que no

Cabe preguntarse: ¿1000 kms. de distancia en relación a qué lugar de referencia? Parece razonable interpretar que está hablando a los ciudadanos que están en Bagua, Sicuani, Andahuaylas como si no tuviera que afirmarse una noción de país que nos comprenda a todos cuando el Perú es el país con mayor disparidad regional en América del Sur (Silva 2003).  No hay noción de territorio, no hay imágenes de una nación, al parecer no todos somos ciudadanos. En el enredo de su pensamiento dice en una misma frase que esa mayoría silenciosa reclama orden y fuerza y se atemoriza por su severidad. A quienes invoca como su apoyo —más allá de lo que digan las encuestas— los ubica solo en algunos sitios y en determinadas ocupaciones, estableciendo nuevamente la dicotomía discriminadora entre los que cuentan y los que no cuentan. El titular del Ejecutivo solo habla por los primeros a los que cree interpretar. ¿Cómo entonces adquirir algún grado de legitimación para el resto a quienes no tiene nada que decir ni proponer?

En una extraña lógica, el que margina se margina a la vez, publicando sus reflexiones urgentes en un periódico de circulación menos que restringida. El mensaje parece ser que a pesar de tener la aprobación de la mayoría de los medios de comunicación, nunca se es lo suficientemente oficialista en estas circunstancias, y se carga con una nota de reprobación a quien publica una información que no coincide con las versiones del gobierno o le da en algunas ocasiones oportunidades de expresarse a quienes difunden opiniones críticas, aun cuando esa crítica sea en tono menor.

Los probables cálculos desde el poder

No puede menos que estremecer, provocar dolor, lo que está ocurriendo en el país ante los enfrentamientos en Bagua, en que murieron ciudadanos policías, ciudadanos indígenas, y ciudadanos que no tienen ninguna de estas dos condiciones. Lleva también, en otro plano, a pensamientos escépticos acerca de los desenlaces de conflictos futuros. Se tiene que ser muy cuidadoso en el momento de establecer responsabilidades, lo que parece no haber ocurrido. Sabemos de informes de inteligencia que advertían de los riesgos que se estaban corriendo y con conocimiento de la ministra del interior Mercedes Cabanillas. Asimismo, un seguimiento de la prensa desde dos meses atrás, daba cuenta de los reclamos de las comunidades, episodios de acuerdos con otros de intransigencia de las partes, demoras en tomar decisiones que acaso sean una estrategia —cuestionable, pero estrategia al fin— en sociedades que se van precipitando a juegos de suma cero: lo que gana una de las partes la pierde en su conjunto la otra. La idea que iba ganando espacio en el gobierno es la concepción del “todo o nada”, dinámica en que acaso estaban también involucradas algunas dirigencias radicalizadas de las comunidades.

En el fondo al gobierno no le interesa deslindar quiénes son los culpables porque, como decía “Madre Coraje” en la obra de Brecht, “la guerra son los negocios”, y en esa despiadada lógica importa tener un manto de sospecha sobre el conjunto de comunidades amazónicas.

Lo grave es que en este último caso las acusaciones, salvo en el caso de Alberto Pizango y sin elementos de juicio suficientes más que su llamado a la insurgencia —en la delgada línea que a veces separa la proclama ante lo que se considera una situación insostenible de una intención real— los instigadores no se conocen. Puede interpretarse como una severa falta de información. Con lo serio que ello resulta termina siendo una hipótesis optimista. Cabe una interpretación más tenebrosa: que en el fondo al gobierno no le interesa deslindar quiénes son los culpables porque, como decía “Madre Coraje” en la obra de Brecht, “la guerra son los negocios”, y en esa despiadada lógica importa tener un manto de sospecha sobre el conjunto de comunidades amazónicas. Si se retrocede en la aprobación de los decretos legislativos sobre la selva se reserva un espacio para nuevas ofensivas en coyunturas que el gobierno aprecie más favorables para lograr sus objetivos.

 Están claras las responsabilidades políticas: Ministra del Interior, Premier y Ministro de Defensa (Cabanillas, Simon y Flores Aráoz, respectivamente). En el caso de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, en su miopía fundamentalista como veremos más adelante, ostenta ese talante elitista de los llamados tecnopolíticos en que cualquier matiz en un razonamiento es algo así como una ofensa intelectual y un testimonio de ignorancia. Aun cuando se sea un oficialista empecinado debe reconocerse que el operativo falló y el asunto desborda la desapasionada consideración de los errores cometidos cuando tantos policías, indígenas y pobladores, murieron.

Ocurre entonces un giro inusitado en el discurso cuando los gobiernos represores no pueden armar “un discurso oficial”. El Presidente, como tampoco ningún miembro del gabinete, asistió al velatorio y al entierro de las víctimas policiales de los enfrentamientos que se desataron en Bagua. Sabían que iban a encontrarse ante justificadas y dolorosas críticas de los familiares de quienes fueron asesinados en la confrontación. Su proclama de orden no iba a funcionar precisamente ante los que se les ha encomendado defenderlo. Se sabía que había policías en la estación seis de Petroperú, tomada por las comunidades indígenas, que habían establecido un acuerdo con ese contingente. Su condición no fue tomada en cuenta por Cabanillas. Flores Aráoz, ministro de Defensa, afirma que ignoraba esta situación. Cuesta creerle. Puede ocurrir que estemos ante un conocimiento que quiere ocultar por cálculo político o bien encontrarnos en la más que improbable hipótesis de que no sabía lo que estaba ocurriendo. Por uno y otro camino, terminamos en la misma conclusión: los policías no importan.

Atrasos en la legislación y agresión política

En el principio de la “puesta en valor” de nuestros activos, que el presidente invoca con pretensiones de estadista […] quiere presentarse como alguien que se proyecta más lejos de cada coyuntura, cuando lo que defiende, en los hechos, es un desfasado modelo de desarrollo.

Las comunidades amazónicas no pueden confiar en aquellos que los descalifican como enemigos de la modernidad con razones por lo demás desfasadas en el tiempo, ya papeles viejos ante argumentos que García debiera conocer, como el desarrollo sustentable, la defensa de los ecosistemas no solo como reserva sino potencial de cambio o la biodiversidad. Con el principio de la “puesta en valor” de nuestros activos, que el presidente invoca con pretensiones de estadista, como Alicia mirándose en el espejo y atravesando la realidad, quiere presentarse como alguien que se proyecta más lejos de cada coyuntura, cuando lo que defiende, en los hechos, es un desfasado modelo de desarrollo.  Se articula bien en esta creciente ausencia de un proyecto que conjugue liberalismo económico con liberalismo político en el país. La constitución de Colombia de 1991 y las reformas constitucionales y legales del primer gobierno de Sánchez de Lozada en Bolivia entre 1993 y 1997, se preocuparon, en el primer caso, por otorgarle poderes de decisión en sus territorios a los afrodescendientes y a las comunidades indígenas y establecer una precisa definición de los recursos naturales. En el segundo, hay un avance significativo en la afirmación de estos mismos principios y una preocupación por el reconocimiento de su representación y sus instituciones. 2

La constitución peruana de 1978 que otrora reivindicara el aprismo, declara esos territorios inalienables, inembargables e imprescriptibles. La de 1993 le quitó esta última condición con las consecuencias que veremos más adelante, con el manejo arbitrario de los llamados terrenos eriazos y que aprueba Alan García. La evolución constitucional en la materia    precede a las reformas introducidas por Evo Morales o Rafael Correa, en este campo. No corresponde decidir si Alan García supera la llamada constitución de Haya de la Torre o actualiza su pensamiento ante los desafíos de la “globalización” con su propio espacio-tiempo histórico. Quedan, si hilvanamos hechos, justificados temores. Se nos quiere impulsar al torbellino de una lógica de desborde. Y en el desborde asaltan sentimientos de inseguridad. Se van definiendo en este escenario lógicas autoritarias cuando se extiende crecientemente el campo de los enemigos, cuando los espacios de la disidencia aceptada se van reduciendo o hasta dejan de existir, cuando representantes de un pensamiento de derecha que forman el entorno del titular del Ejecutivo son personas de un razonamiento menos que elemental. El Perú merece un pensamiento conservador más elaborado, García parece necesitar de defensores de vuelo corto para aventar fantasmas y obrar como un redentor.

Los derechos olvidados

Este gobierno tiene una prolongada historia de desconocimiento de los derechos de las comunidades amazónicas. Recordemos que el derogado decreto  legislativo 1015 pretendió introducir agresivamente un mercado de tierras en ese territorio, cambiando las reglas de juego existentes y señalando que bastaba la aprobación de la mitad más uno de los asistentes a una reunión de la comunidad para poder venderlas. En los decretos legislativos 1064 y 1090 se planteaba problemas de arbitrariedad cuando se calificaba de eriazas tierras en teoría desforestadas, para darle carácter agrario y no forestal, abiertas entonces a la inversión privada. Se ignoraba que podían existir estados intermedios en la zona, turmas, bosque juvenil, niveles de reforestación natural. De paso los decretos podían obrar como un incentivo perverso, ya que resultaba conveniente en la lógica establecida por dichos decretos,  talar árboles para pretender ejercicio de derechos, considerando que las tierras son aptas para el uso agrícola y no para bosques.

La Defensoría del Pueblo había planteado un recurso de inconstitucionalidad por entender que el Decreto Ley 1064 afectaba la identidad cultural de los pueblos de la Amazonía, la propiedad de la tierra y el derecho a la consulta previa, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT –Organización Internacional de Trabajo. La OIT lo aprueba en 1989, Perú deposita el instrumento de aceptación en 1994. Las constantes políticas de cambio de uso de la tierra en la Amazonía se hicieron sin tomar en cuenta el consentimiento de sus pueblos. Alan García es el presidente que se propone llegar más lejos en el desconocimiento de estos acuerdos, no es de sorprender, entonces, que existe la desconfianza primero, la resistencia, después.

Como ha hecho notar Carlos Monge, se ha realizado además una agresiva intervención en territorios amazónicos. 3 El 15% del territorio es concesionado en el 2004, 65% en diciembre del 2006, 82% en diciembre del 2008. Sin la protesta indígena no se hubiera logrado siquiera la reinyección de las aguas residuales que una petrolera arrojara por más de 40 años al río Corrientes.

No puede aducirse como argumento que la ausencia de consulta del Ejecutivo se hizo porque se estaba legislando sobre territorios que no eran de las comunidades, ya que sobre reservas naturales falta un catastro adecuado —acaso deliberadamente— lo que otorga a quienes gobiernan, considerables márgenes de discrecionalidad.

La tierra es un elemento de cohesión de las comunidades indígenas de la Amazonía.  A diferencia de otros países, como Colombia, no se quiere delimitar con claridad los territorios amazónicos para ir acorralando y desplazando a su población, para empujarlos aun más a la pobreza, favoreciendo a grupos de poder económico.

No parece tener mayores fundamentos que la derogación de decretos legislativos haya afectado el Tratado de Libre Comercio en su fase de implementación, como señala la ministra Aráoz. Conviene señalar previamente que las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso se referían a este tema y a normas para asegurar “la competitividad”, y la mayoría de los decretos se orientan a este segundo tema. En lo que tiene que ver con las propuestas estadounidenses en un congreso con mayoría del Partido Demócrata, a diferencia del escenario que manejaba el gobierno de Toledo, refiere a la necesidad de introducir mecanismos de control de la tala ilegal, sobre todo de maderas finas, y al fortalecimiento de una institución supervisora de su cumplimiento, lo que podía haberse introducido por vías de reglamentos.

Los cambios en los movimientos sociales y la extensión de las protestas

Cuando asistimos a un gobierno que busca una política de polarización y además excluyente en sus propuestas mientras proclama un avasallador éxito económico, es más que probable que se sucedan movimientos de protesta como los que estallaron en Andahuaylas, reclamando la construcción de una carretera y mejores condiciones en las políticas de crédito, o en el caso de Sicuani, reclamando la nulidad de la cesión de la hidroeléctrica Salqa Pucara. En los dos casos se trató de movilizaciones masivas.

No se trata por cierto de una conspiración internacional sino de redes formales e informales que vinculan unos territorios con otros y a diversas organizaciones. […] Curiosamente, tanto García como sus opositores, colaboraron para lograr esta articulación.

También es previsible que se conjuguen diversos actores con demandas diferentes: campesinos, maestros, vecinos, alcaldes, frentes de defensa con un amplio espectro de demandas y probablemente también, organizaciones políticas de izquierda que intentan rearticularse.

Quizás ya haya llegado el tiempo de revisar el concepto de un país fragmentado socialmente. Tuvimos una etapa de demandas limitadas a circunscritos ámbitos territoriales, con demandas precisas y reclamos que iban directamente al gobierno central ante la ausencia de otras instancias de intermediación. Quizás el Arequipazo y las demandas de las comunidades cercanas a empresas mineras o de explotación de hidrocarburos son las expresiones más claras de este escenario.

Todo sugiere que estamos ante una situación distinta. No se trata por cierto de una conspiración internacional sino de redes formales e informales que vinculan unos territorios con otros y a diversas organizaciones. Nos encontramos, entonces, ante una suerte de “efecto de cascada” en donde ocurren precipitaciones desde distintos puntos. Curiosamente, tanto García como sus opositores, colaboraron para lograr esta articulación.

Las responsabilidades políticas

En el momento de escribir estas líneas, el gabinete todavía se mantenía, entre otras razones porque en el Congreso no se alcanzaron los 61 votos para la censura, hecho que la prensa oficialista deliberadamente pasó por alto, porque unos días antes se suspendieron por 120 días a 7 congresistas opositores. En el Perú no existe una noción clara de la responsabilidad política que guardan los ministros frente a las decisiones tomadas en sus carteras. La eventual censura o remoción de ministros ante hechos que les son imputables es una condición de equilibrio del sistema en regímenes políticos estables, mientras que aquí se las entiende como una muestra de debilidad. Intervienen, además, ambiciones personales como parece ser el caso de Cabanillas y Flores Aráoz. Las mínimas condiciones de convivencia entre los ciudadanos no les importan. Quedan, en verdad, pocos márgenes de esperanza para pensar en cambios en los que todos nos sintamos más seguros y tomados en cuenta, especialmente los más pobres.

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Unos días después de escrito el presente artículo, se ha nombrado un nuevo gabinete. El problema no  debería ser que el Presidente del Consejo de Ministros sea un integrante del partido de gobierno. Lo que paradójicamente ocurre es que Velásquez Quesquén puede ser la mejor opción dentro del APRA en las condiciones actuales, y sin embargo, ello no lo libra de nuestras sospechas sobre su incapacidad para el cargo. Lo que muestra esta designación, en todo caso, es la falta de cuadros políticos y técnicos en el APRA, carencia que ha sido alentada históricamente por el propio García para afirmar su jefatura. Es la suerte de un líder que desprecia a sus seguidores. En cuanto a los nuevos ministros de Defensa e Interior, Rey y Salazar respectivamente, solo puede esperarse el uso de la fuerza para imponer la autoridad, pues son los rasgos que han caracterizado la trayectoria de ambos. Por su parte, este gabinete señala que su preocupación estará orientada hacia el orden y la inclusión. El primero, va a estar siempre cuestionado, mientras que la segunda, se ha convertido en un concepto despojado de sentido y de proyecto. Es probable que ni los propios defensores del gobierno estén seguros de lo que se está haciendo.


* Sociólogo. Investigador del IEP.

Referencias bibliográficas
Silva Lira, I. “Disparidades, competitividad territorial y desarrollo local y regional en América Latina”, Serie Gestión Pública 33. Santiago de Chile: Ilpes, Dirección de Gestión del Desarrollo Local y Regional, abril 2003.


  1.  Artículo de Alan García Pérez, A la fe de la inmensa mayoría, publicado por el Diario Expreso, 28 junio 2009. http://www. expreso.com.pe/edicion/index.php?option=com_content&task=view&id=57434&Itemid=1
  2. Algunas de las afirmaciones jurídicas que aquí se hacen surgen de una entrevista con Manuel Pulgar Vidal. No es responsable de las conclusiones políticas que aquí se exponen.
  3. Entrevista realizada en el suplemento DOMINGO, del Diario La República del 5 de julio del 2009.