En la presente coyuntura política, a pocos días de un año de la gestión de Humala, se asiste a desenlaces peligrosos para la estabilidad democrática. Sería irresponsable, sin embargo, arriesgarse a formular desde ya un desenlace definitivo. Las aseveraciones que no dejen resquicio a dudas o preguntas corren el riesgo de apresuramiento y, producto de esta precipitación, irresponsabilidad. De otro lado, en los últimos meses, las preocupaciones de nuestros frágiles protagonistas políticos han tomado como eje exclusivo y excluyente el conflicto de Conga, en medio de un escenario de extrema polarización de las dos partes en conflicto, en el que el Gobierno ha jugado, luego de una confusa etapa inicial, a favor de una de las partes, la de los empresarios.

Quizás no fuera este el punto de partida inicial de Humala, pero probablemente haya terminado envuelto en los argumentos presentados como inevitables por grupos vinculados al Ministerio de Economía y Finanzas y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Al presidente podría haberle sonado como un argumento plausible que —en un contexto signado por diversos enfrentamientos y por la ralentización de la economía nacional, causada por la crisis en Europa y la desaceleración del crecimiento de Estados Unidos y de los BRIC (en particular China)— se perdiera una buena parte de las nuevas inversiones mineras y se actualizara una vez más la idea del Perú como un país de oportunidades perdidas. Las decisiones que se tomen respecto a Conga podrían ser asumidas como una “experiencia piloto”, cuyo estilo de resolución marque un derrotero para otros escenarios de parecidas características.
La renovada costumbre de la violencia

La renuncia del gabinete presidido por Salomón Lerner tiene que ver con la idea de que este aparecía como alguien en exceso dialogante, con plazos que a criterio de Humala se prolongaban demasiado.

Planteada una situación con estas características y habiendo superado las dudas en el momento de la partida, todo parece indicar que ha sido el Gobierno el que ha establecido la manera como deberá encarar los enfrentamientos, y ha condicionado así al conjunto de actores. Cabe conjeturar que la renuncia del gabinete presidido por Salomón Lerner tiene que ver con la idea de que este aparecía como alguien en exceso dialogante, con plazos que a criterio de Humala se prolongaban demasiado. Aunque no lo podamos saber a ciencia cierta, es probable que esta decisión no tenga necesariamente que ver con su mentalidad militar. En cambio, parece que ha obrado una tendencia a buscar soluciones expeditivas que la llegada de Óscar Valdés parece ofrecer.
En la situación que tocaba afrontar, las digresiones normativas y el saber profesional de instituciones comprometidas con el diálogo, como la Defensoría del Pueblo o los expertos en resolución de conflictos, parecieron ubicarse en situación de aislamiento, tal como en ocasiones anteriores, las que trastabillaron en el marco de las generalizaciones o de las buenas intenciones. Por lo tanto, asistimos a represiones violentas de las fuerzas policiales y a los muertos y heridos entre la población y los heridos de la policía como un desenlace a esperar, sin que la autoridad estatal marque límites a su intervención o al menos quede claro cómo ha operado la línea de mando, y acaso haya otra historia de veladas y aceptadas transgresiones de aquello establecido formalmente.
Los bloqueos impuestos para el diálogo
No parecen ser casualidad las detenciones del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, y del representante de Tierra y Libertad, Marco Arana. Desde uno de los lados del conflicto, ellos no han sido los que demostraban posiciones más intransigentes si se los compara con otras dirigencias. Es más, es probable que en otros contextos ellos hubieran asumido posiciones más moderadas que aquellas que han terminado esgrimiendo. Se sabe que en el auge de los movimientos sociales, cuando eclosionan sus manifestaciones, los dirigentes que pueden ser proclives al diálogo tienen que ponerse por necesidad al frente de la organización para no aislarse, y pueden ser interlocutores de la autoridad una vez disminuida la intensidad en la expresión de las discrepancias. No se necesita, por cierto, ser demasiado lúcido para tomar en cuenta estas consideraciones, e incluso quizás el Gobierno dio espacio a los opositores más radicales a la explotación minera pensando en una rápida solución, azuzado por los grupos económicos y los medios de comunicación más influyentes.

Quizás el Gobierno dio espacio a los opositores más radicales a la explotación minera pensando en una rápida solución, azuzado por los grupos económicos y los medios de comunicación más influyentes.

Los argumentos de los empresarios mineros impresionan por su intransigencia y su desidia en lo relativo a temas ambientales, junto a un pertinaz desconocimiento de los problemas que plantea la explotación de algunas actividades extractivas. Roque Benavides, gerente de Yanacocha, en una entrevista con Rosa María Palacios del 24 de junio en el diario La República, defiende el nuevo peritaje ambiental señalando que este desestima la idea de Conga como cabecera de cuenca, y asegura que las obras a ejecutar aumentarán las reservas hídricas de 1300 m3 a 14.000 m3, lo que indica, al margen de lo acertada o no de su valoración, que ya existe en la actualidad un grave problema en relación con el agua que muy probablemente ha justificado muchas de las denuncias previas, como las relacionadas con que si lo que se va a depositar en las lagunas es desmonte y no relave, lo que implica reconocer que también es basura, pero de otras características. Por otro lado, tal vez Conga no sea una inversión rentable para la empresa, pues apenas le otorga una ganancia del orden del 10% de una mina de cobre con poco contenido en oro, pero invierten en ella por no tener condiciones políticas y sociales en otras zonas para emprender perforaciones con fines de exploración. Asimismo, solo puede mejorar las condiciones de vida de los distritos y provincias cercanas, más allá de los cuales solo establece acuerdos sobre asignaciones en una situación en la que solo importa lo que realicen el Gobierno nacional y regional.
Por lo tanto, nos encontramos ante dos cierrapuertas. El de algunos dirigentes sociales que en muchos casos utilizan estos conflictos para buscar un protagonismo con pretensiones de trascender el ámbito regional en el que actúan y conducir una coalición más amplia, que por ahora no parece cuajar; y el de los empresarios, quienes, a diferencia de lo que sucede con otras élites económicas de América Latina, muestran notorias dificultades para pensar en el largo plazo, y ejercen una suerte de vigilancia respecto a aquellos grupos de su mismo sector dispuestos a asumir una posición más dialogante.
Un presidente enclaustrado y un renovado protagonismo de las Fuerzas Armadas
En este contexto, Humala da la impresión de un enclaustramiento del que trata de salir recurriendo a un entorno de personas que manejan trabajosamente temas que tienen que ver con la gestión pública o a los tuits de su esposa Nadine Heredia, condenados a ser escuetos no solo por su limitado número de caracteres, sino porque es muy difícil ofrecer una síntesis cuando se tiene poco o nada que decir. No lo podemos afirmar todavía sin dejar un espacio abierto a la duda, pero cabe pensar en una creciente militarización de la sociedad con enclaves regionales en los que el Estado de excepción pierda su carácter excepcional y se convierta en una manera reiterada de conducir los asuntos públicos. Por lo demás, se trata además de temas vinculados a amenazas y prerrogativas vinculadas a las Fuerzas Armadas.
Las amenazas provienen de zonas como el VRAEM y, por cierto, en mucho menor medida, de los espacios de conflicto social. No es demasiado complejo, sin embargo, emprender la tarea de rescatar el papel de los militares —que, por cierto, en algunas ocasiones han sufrido atropellos injustificados—, quienes en la misma operación suelen confundir al opositor radical con el enemigo armado. En buena medida, una cuidadosa y bien urdida campaña de la prensa en los últimos años trató de hacer difusas las diferencias que los separan, y en vastos sectores de la ciudadanía, sobre todo en Lima, parece haber impuesto sentidos comunes al respecto.
Están además las prerrogativas de las Fuerzas Armadas, que el politólogo norteamericano Alfred Stepan calificaba como atribuciones que la mencionada institución se reserva aun en regímenes democráticos en cuanto a temas de una seguridad entendida en un sentido muy amplio respecto de la agenda pública (en lo relativo a su organización interna, la preservación de competencias y lo que consideran como situaciones límite del país.)

Cabe pensar en una creciente militarización de la sociedad con enclaves regionales en los que el Estado de excepción pierda su carácter excepcional y se convierta en una manera reiterada de conducir los asuntos públicos.

La caída de Fujimori tuvo consecuencias ambiguas. La primera de ellas es la imagen de unas Fuerzas Armadas dirigidas desde el Servicio de Inteligencia. Y más allá de la opinión del que escribe esto respecto a cómo se deben sopesar las violaciones a los derechos humanos y la corrupción desatada, quizás este balance no sea el mismo en la opinión pública. Lo cierto es que las principales organizaciones empresariales, y en particular la Confiep, trataron de blindar desde sus primeros pronunciamientos a una institución en crisis, cuando ella no tenía condiciones de negociación. Tampoco se ha contado con un sistema político donde los partidos políticos democráticos recuperen su menguada vigencia y consigan, en circunstancias críticas y en el mediano plazo, que los militares retornen a las tareas constitucionales que les son propias dentro de un marco estable y con procedimientos ordenados. La mayoría de las organizaciones políticas y los gobiernos no se propusieron, con excepciones, esa tarea, y probablemente no tenían las fuerzas para emprenderla.
Vistas estas circunstancias, solo se trataba de aguardar el mediano plazo para un nuevo protagonismo de las Fuerzas Armadas en el marco de los estados de excepción. Los nuevos oficiales no requieren desligarse de un cuestionable pasado. Pueden presentarse como una nueva generación, aludir a las luchas antisubversivas de hace más de dos décadas y a los nuevos desafíos, y señalar la importancia de asegurar un principio de orden que consiga que no se entorpezca el crecimiento económico, el que además, como ya se ha visto, puede ser afectado parcialmente por factores internacionales. Quizás un momento decisivo ——y acaso de ocurrir, irreversible— es que de la detención de los dirigentes protagonistas de los protestas se pase a su judicialización. Al margen de lo que puede considerarse un dudoso fundamento de una probable acusación y de los márgenes de independencia del Poder Judicial, que por presiones pueden volverse nuevamente precarios, Humala, dentro de su mencionado enclaustramiento, no parece estar en las mejores condiciones para evaluar los costos y beneficios de sus decisiones.
Los dilemas de Humala y las dificultades para intentar un cambio de orientación
En el momento de escribir estas líneas no sabemos si se va a recomponer el gabinete y si va a continuar como presidente del Consejo de Ministros Óscar Valdés. En teoría, solo en teoría, los acontecimientos demandan a una persona con más experiencia política y mayor disposición y habilidad para concertar. No acuden fácilmente los nombres para el desempeño de una tarea de esta envergadura. Por otro lado, aun cuando en ocasiones Humala y probablemente Nadine Heredia trasmiten la idea de que van camino de una colisión, parecen obligados a delegar y a la vez desconfiados de tomar esta iniciativa. En los primeros años del gobierno anterior, Jorge del Castillo jugaba una suerte de tarea de líbero estableciendo vínculos con una red de organizaciones sociales en busca de condiciones de estabilidad. Si la tarea emprendida resultaba exitosa los créditos iban también para el presidente. De no ocurrir así, el afectado era solo el jefe del gabinete. En menor medida, un proceso de parecidas características ocurrió también, esta vez con sus principales ministros, al comienzo del gobierno de Toledo. Humala no solo tiene dificultades para establecer el ya mencionado cálculo de costos y beneficios, sino que una conclusión a la que acaso haya llegado es la de un juego “suma cero”, en la que la presencia de una figura importante como el presidente del Consejo de Ministros, en vez de descargarlo de tareas, le quite protagonismo.

Humala parece haber pisado todas las minas que sus enemigos enconados en tiempos electorales le pusieron en el camino.

Humala parece haber pisado todas las minas que sus enemigos enconados en tiempos electorales le pusieron en el camino. Mirko Lauer planteaba en un artículo del 11 de julio en el diario La República, con alguna dosis de ironía, que la derecha se dedicó a “promover a los líderes de la protesta” a través de sus medios para que crecieran las brechas que la iban separando crecientemente de ellos. Los que tomaron la opción del enfrentamiento —agreguemos que es muy probable que a ello se haya ofrecido prestamente Valdés— han demostrado menor eficacia que la de sus predecesores. Y los grupos conservadores se han mostrado sin prejuicios ni reticencias como una suerte de “jefes de personal” del Estado.En este año se ha extendido la escisión entre una Lima que reclama en vastos sectores el orden y las regiones de la sierra y el oriente, que exigen cambios en la conducción económica. Es más, los caminos parecen separarse cada vez más. Un grupo significativo de politólogos suele aconsejar que en tales situaciones se trata de correrse al centro como acto dependiente de la sola voluntad del gobernante, pero no es fácil si ya existe un camino recorrido. Acaso lo puedan hacer liderazgos fuertemente personalizados de partidos con extendida vigencia social. De no ocurrir así, se caen los puentes con los quienes lo habían acompañado en un periodo reciente, sin por ello recuperar los vínculos con los interlocutores a los que se ha marginado, aunque una muy pequeña ventana de oportunidad es la difusión de programas sociales inclusivos. Humala no parece el político más apto para explicar y persuadir con sus bruscos giros de orientación, y da la impresión de que esta condición es bien conocida por los poderes fácticos, que se pueden dar el lujo de apoyarlo y mirarlo de lejos.

* Sociólogo, investigador del IEP.