El desenlace en segunda vuelta coloca en primer plano varios problemas: las dudas sobre los alcances de las transformaciones democráticas ocurridas después de la caída del autoritarismo; los riesgos de un ambiente de polarización política y social promovida en parte por los principales medios de comunicación; la incapacidad de las élites económicas de pensar el país más allá de lo que son sus intereses inmediatos, y que a larga podrían ser perjudicados por ellas mismas; lo inaceptable que resulta para los grupos de poder que existan opciones ubicadas en la centro izquierda o la izquierda, lo que denota una vez más su resistencia a aceptar el pluralismo político; y finalmente la vigencia entre estos mismos sectores de un doble discurso sobre el Estado, en tanto coexisten su utilización como vía de penetración para influir con sus intereses particulares y la negación de ese mismo Estado como esta institución apta para corregir desequilibrios y distribuir.

La influencia del diversificado mundo de los pobres y su cuestionamiento de la situación presente 
Lo cierto es que fueron los ciudadanos más pobres quienes decidieron los candidatos que irán al balotaje, y en ellos existe una difusa aspiración de cambio. En rasgos generales —pero solo en rasgos generales—, quienes optaron por Keiko Fujimori lo hicieron apelando a una relación directa entre gobernantes y ciudadanos, a la promesa o al recuerdo de políticas sociales focalizadas de corto alcance que cambiaron en medida limitada su condición, pero donde además fueron reconocidos como integrantes de la comunidad política. En ese plano, los legados de Alberto Fujimori coexisten con una cierta idea de renovación. La candidata fue ganando destrezas en proyectar imágenes de cercanía y distancia con su padre.

No puede, además, construirse la democracia sin la vigencia de la igualdad. Ante la ley en primer lugar claro está, pero el imaginario democrático requiere también en nuestras sociedades afirmaciones y actos que se dirijan a extender oportunidades.

Humala se afirma en la idea de un Estado promotor del desarrollo y la redistribución, el reconocimiento de derechos laborales y la vigencia de servicios de aspiración universalista en educación y salud. Por lo que parece por demás trivial la afirmación, compartida por la mayoría de los llamados analistas, que ante la comprobación de que en general K. Fujimori tiene más arraigo entre mujeres y jóvenes, y Humala con los hombres mayores de 40 años, entienden que ello se debe a que a estos últimos están pensando en la pensión que se ofrece otorgar a los mayores de 65 años que no tuvieron acceso a la seguridad social. Lo que gravita en esa tendencia es la referencia a un tiempo en que se tenían derechos laborales, gremios organizados y movimientos de protesta articulados.
Dijimos que los más pobres esta vez decidieron por todos. El politólogo Carlos Meléndez hace notar algunos cambios respecto a la elección anterior. Humala desciende en el trapecio andino y en la sierra de Arequipa y Ancash y eleva su votación en Cusco y Puno, en el norte y en las provincias nororientales. Y gana en 40 de las 49 provincias más pobres del Perú. Keiko Fujimori, dentro de los que también son pobres, obtiene mayores adhesiones en las zonas urbano marginales que en las rurales. Probablemente resulta relativamente más sencillo en esos primeros espacios activar antiguos lazos organizativos y adhesiones latentes, así como señala Adriana Urrutia en este mismo número de Argumentos, tender nuevas redes, tarea emprendida desde años atrás.
La pobreza no solo se trata de medición de expertos, refiere también a percepciones. La Encuesta Nacional de Hogares del 2009 (ENAHO) registraba que el 5,2% de la población se consideraba muy pobre, el 36% pobre, el 44,8% más o menos pobre y solo el 11,2% no pobre.  1 Por un lado tenemos estas valoraciones, por otro el exacerbado discurso de la bonanza económica que se asociaba al efectivo crecimiento del producto bruto interno, del cual García fue protagonista con los tonos exaltados que son propios del discurso de los conversos. La inclusión, así desenvueltos los acontecimientos, será el tema predominante, y con variadas intenciones y acentos lo supieron entender Humala y Fujimori. La falta de una clase política o su incompetencia la despojaba de sensores para saber lo que estaba ocurriendo más allá de sus barrios residenciales y en sus grupos de pertenencia, y los periódicos supuestamente más articulados en sus mensajes no fueron capaces de formar opinión.
Las dificultades para afirmar la democracia
El proceso electoral nos lleva a advertir los límites que ha tenido nuestro retorno a la democracia una vez salidos del autoritarismo de Fujimori, proceso cuyos alcances algunos politólogos cuestionan en materia institucional, pero que logró que el país saliera de la corrupción como sistema, del dominio del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, del control de los medios de comunicación estratégicos y del ataque selectivo a opositores y a instituciones del Estado que le fueron opuestas, como en su momento ocurriera con el Tribunal Constitucional. No advertimos que esta transición se hizo en su momento sin partidos políticos que tuvieran un decisivo protagonismo y sus consecuencias en cuanto a canalización de proyectos y demandas.
No se avanzó lo suficiente en ordenar las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, la lucha contra la corrupción comenzó con fuerza durante la presidencia transitoria de Paniagua y los primeros años de Toledo, luego tuvo un acelerado desgaste y los organismos de control perdieron relevancia. Las obligaciones constitucionales, por más menguadas que fueran en la carta de 1993 en educación y salud, siguieron con un acelerado proceso de decadencia. Por su parte, la descentralización improvisada en sus inicios fue asumida luego por algunos como un cambio decisivo, para otros como un obstáculo para el desarrollo, sin entender ni unos ni otros de quienes participan en esta discusión que es un cambio que requiere de un periodo prolongado de maduración. Una mayor democratización y participación de la sociedad definía una aspiración a lograr, no estaba a la vuelta de la esquina.
No puede, además, construirse la democracia sin la vigencia de la igualdad. Ante la ley en primer lugar claro está, pero el imaginario democrático requiere también en nuestras sociedades afirmaciones y actos que se dirijan a extender oportunidades y beneficios para las mayorías.

El racismo que negaban tener, pero que impregnaba el conjunto de sus relaciones cotidianas, estalla con virulencia en momentos críticos como el de estas elecciones.

Estrictamente no hubo una trasgresión de las reglas del juego democrático, y es un hecho importante a señalar. Solo que se lo banalizó y sometió a estándares mínimos. Faltó una dimensión republicana de comunidad de ciudadanos. Ni Toledo ni García podían entenderlo.
En el proceso ocurrido, el Estado adquiere una creciente autonomía respecto a la sociedad, y se lo ha visto ineficaz tanto en las decisiones que en teoría solo a este le incumben como en sus vínculos con los diversos actores, especialmente los sectores populares, en sus ofertas de inclusión así como en el otorgamiento de garantías de seguridad. En particular, durante el gobierno de García el tema de las políticas sociales pasa a ser percibido por la población como si el Gobierno esperara que ocurriera por la sola consecuencia del crecimiento económico. La corrupción, que por supuesto no es comparable a la del fujimorismo, se asocia con la presencia de lobbistas que provenían de las filas del oficialismo. Y el Congreso, por falta de capacidad de sus integrantes o por tratar estos de obtener ventajas de corto plazo, siguió siendo una institución desprestigiada, mientras el Ejecutivo entiende ello como una tendencia que juega a su favor, porque le permite evadir controles, alterar equilibrios y obtener fácilmente mayoría para sus iniciativas. El presidente desata un ambiente de intolerancia ante quienes no siguen sus ideas y frente a los campesinos, las comunidades nativas y los trabajadores organizados.
En la situación establecida, una parte de la población tiene una nostalgia del viejo orden y hasta lo asocia con expectativas de cambio. Fue en la primera vuelta algo más que la quinta parte de los votantes. La campaña del miedo dirigida a quienes tomaron otras opciones, instrumentada por los medios de comunicación y los grupos de poder, y por supuesto la opinión previa de algunos ciudadanos, han logrado que una parte significativa del electorado se incline en el balotaje por Keiko Fujimori. El tema de la democracia deja de importar.
La ausencia de liberalismo político en las élites económicas 
Es cierto que cada coyuntura política despliega sus propias dinámicas. Pero en ocasiones contribuye también a que se manifiesten de manera descarnada tanto atavismos como estrategias empeñadas en exacerbar antagonismos. Nuestras élites económicas no son liberales. En su definición básica no entienden la idea de un Estado como garantía de los derechos fundamentales, sino que la restringen a aquello que sean sus intereses inmediatos. No fueron protagonistas de la caída de Fujimori, y están luchando ahora con denuedo para que el fujimorismo retorne. Los ideales ilustrados de la igualdad de oportunidades no forman parte de su cultura ni de su horizonte de valores.
Tampoco han tenido una visión integral de nación en la que se entienda que para conducir un país se tiene que obtener principios mínimos de consentimiento de la mayoría. Y sostienen que existen verdades fundamentales que se encuentran apegadas a sus intereses y que no se encuentran sujetas a controversias, desconociendo el pluralismo de opciones aun en el caso que estas opciones solo introduzcan reformas en el sistema que defienden.
Mientras son renuentes al liberalismo político que dicen defender, parecen estar dispuestos a aceptar un extremo conservadorismo. La orientación de Cipriani en la Iglesia católica los lleva a extremar la intolerancia y a defender valores que asumen como absolutos. Aceptan las brechas sociales como una fatalidad que no puede evitarse. La defensa de los derechos humanos en su opinión solo es un tema que asumen interesadamente las ONG, que no puede anteponerse a cualquier agenda en el país y menos ser su sustento.
El racismo que negaban tener, pero que impregnaba el conjunto de sus relaciones cotidianas, estalla con virulencia en momentos críticos como el de estas elecciones. Los que no siguen sus opciones son aquellos que están legítimamente excluidos de los beneficios de esta etapa de crecimiento por ignorantes, por una inferioridad que traen desde su origen, por vivir en espacios urbanos y rurales al que estas élites no conocen y perciben como una amenaza. A los pobres ya no resulta tan sencillo ordenarlos en su esquema de conocimiento, y ya se les escapa de toda comprensión cuando actúan con autonomía personal, lo que, dicho al pasar, estas élites económicas si fueran liberales debieran celebrarlo. Solo queda el temor y la agresión que ahora se explicita. Hasta las ocasionales defensas del voto facultativo dejan de ser una discusión política en la que se pueden cotejar razones para convertirse en una probable alternativa para que quienes se encuentran en el extremo de la marginación no manifiesten su voluntad.
Humala cayendo en todas las trampas
La democracia es un régimen que permite institucionalizar los conflictos. Otorga las oportunidades para que las diversas opiniones y las variadas organizaciones de la sociedad se expresen. Las opciones de izquierda que se ajusten a las reglas y procedimientos democráticos pueden poner límites a la polarización si las capacidades de negociación existen, aun cuando algunas de las orientaciones económicas del país se modifiquen.
Humala se dejó acorralar. Probablemente el plan de gobierno primero contenía algunos excesos que la mayoría de los ciudadanos iban a rechazar, particularmente colocar en segundo plano al sistema privado de pensiones como complementario. Y si bien, como se señalaba con un argumento difícil de refutar, que existe un “casi oligopolio de los medios de comunicación”, la idea de “una distribución parcial y equitativa” podía ser percibida como una amenaza a la libertad de prensa. Y no es un elemento estratégico para proyectos de cualquier signo defender la existencia de una aerolínea de bandera. Resultaba razonable además su disposición de establecer una política de alianzas no tanto con las desfallecientes organizaciones políticas, y en particular con Toledo, que no parece sacudirse del peso de su derrota, sino con vastos sectores del electorado.

En una perspectiva acaso optimista, llevará tiempo a los seguidores actuales de Keiko Fujimori como “mal menor” recuperar sus credenciales de oposición democrática.

Se trataba entonces de hacer algunas correcciones y fijar puntos básicos de la propuesta ante periodistas que actuaban como notarios dando fe pública, utilizando el resaltador amarillo en lugar de la certificación de firmas ante los documentos de Gana Perú, y el entrevistado era tomado como un adversario. El candidato y sus voceros se perdieron en los detalles de la elaboración del primer plan de gobierno, el compromiso con los peruanos y la hoja de ruta, en vez de fijar claramente los principales puntos de su propuesta.
El economista Humberto Campodónico los ha precisado bien. Se trata de defender las reservas de gas, particularmente las del lote 88 y 56, porque las reservas energéticas son claves para el desarrollo y adquirirán aún mayor importancia en los años venideros. Humala tenía que enfatizar más de lo que lo hizo en la vigencia de una legislación laboral que otorgue garantías a los trabajadores en relación con el salario mínimo, derechos previsionales y condiciones de trabajo, así como en otro plano crédito a las microempresas. Existe un generalizado consenso del que puede sacar partido sobre la necesidad de fijar un impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras. No es oponerse a las exportaciones promover una articulación productiva que promueva el mercado interno más allá de las dificultades de esa tarea. La pensión no contributiva aplicada primero a los mayores de 75 años y luego de 65 años, y su aplicación gradual, que en el primer año no supera el 0,38% del PBI, es una medida se propone lograr una mayor equidad. Una política de izquierda por definición debe aspirar a una cobertura universal y una mejora en la calidad de los servicios de salud y educación, unida a la extensión de los programas dirigidos a atender a las situaciones de extrema pobreza como Juntos y Crecer. Y requiere aumentar la presión tributaria, como se hizo en Brasil y Uruguay. En otro plano, la constitución no es un texto que no pueda estar expuesto a cambios, solo corresponde seguir los procedimientos establecidos para su reforma.
En el momento de escribir estas líneas Humala no ha sabido explicar los alcances de estas propuestas en términos comprensibles y los lineamientos precisos de gestión, así como la importancia de buscar la concertación política para un gobierno futuro como una medida realista dada la correlación de fuerzas existente en el Congreso y en el país. Mientras tanto, Keiko Fujimori va tomando uno a uno los planteamientos de su contendor. Y en esta discusión sobre las dudas y las certezas que se ha planteado acerca de los candidatos, no podemos imaginar a la hija de Alberto Fujimori defendiendo un programa de orientación socialdemócrata seguido por su entorno, por ejemplo, Rey, Chlimper, Trelles o congresistas como Cuculiza o Chávez.
Un probable escenario futuro
Las primeras medidas que tome la ahora candidata de ser elegida tendrán un tono conciliatorio y quizás gradualistas, sugiriendo cambios. Es probable que de obtener el triunfo Keiko Fujimori, personas de su grupo que irán cumpliendo sus condenas o cuyos plazos para obtener la libertad se acortarán, irán de la cárcel a asumir responsabilidades de gobierno o a influir sobre su gestión. La corrupción no podrá ser controlada precisamente por aquellos que la practicaron o la toleraron. Las protestas sociales serán criminalizadas en nombre de la seguridad pública. Las organizaciones de derechos humanos se encontrarán sometidas a múltiples asedios. Las políticas sociales focalizadas van a ser aplicadas con niveles mayores de eficacia que en el actual gobierno, pero sin alterar sustantivamente la situación de pobreza de sus beneficiarios. Y van a ir progresivamente perdiendo importancia, por una sistemática desatención, los organismos de control del Estado o de defensa de los derechos de los ciudadanos, a la vez que los que se manifiesten en contra del gobierno serán aislados o sometidos a presiones directas o indirectas. Y en una perspectiva acaso optimista, llevará tiempo a los seguidores actuales de Keiko Fujimori como “mal menor” recuperar sus credenciales de oposición democrática. La convivencia de los peruanos en un Estado de derecho se encontrará sometida a preguntas más que apremiantes.
* Sociólogo, investigador del IEP.
El subtítulo es el nombre de una novela  de Juan Carlos Onetti.
  1. Estos datos los buscó y organizó Jimena Montenegro, quien no es responsable del contenido de este artículo. ↩