María

María recibe el encargo de inscribir a las víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) de parte del alcalde. No siente que son sus funciones. Lo hace como una tarea más que acompaña sus labores de secretaria del municipio local. Llegan personas de comunidades, de los anexos, de los distritos. Ella nos dice que es un módulo activo. Desde que se instaló el Registro Único de Víctimas en 2006, son varias las formas como este ha funcionado en provincias, sea mediante el convenio con municipios locales y organizaciones de sociedad civil o a través de grandes campañas emprendidas por intereses propios. En este caso, se trata de una decisión del municipio local de asignar esta tarea de registro a una persona para que sus pobladores no tengan que ir a Ayacucho, la capital de la región, para realizar su inscripción y consultas. Sin embargo, María no parece estar de acuerdo. Ella es muy joven, y del conflicto recuerda poco o casi nada, solo lo que su hermana mayor le contaba. Sí nos relata sobre su decepción amorosa, su hijo y las razones por las cuales volvió luego de haber vivido casi toda su vida en Chincha, una ciudad pequeña de la costa peruana. Le consultamos sobre la lista 9, que acaba de ser publicada con los nombres de los hijos huérfanos. Nos dice que desde Lima recibió toda la información en general, que hizo un simple filtrado y que ha publicado los nombres de los beneficiarios de la zona en la pared del primer piso del municipio. Le consultamos si verificó los nombres de todos los beneficiarios. Dice que eso lo hará después, esto es hasta que pase la fiesta, y es que en realidad en el municipio están más preocupados en ultimar detalles de las celebraciones de la fiesta del agua, la bendición en Utari, la bajada a caballo, las qachuas, la corrida de toros…
El PIR
Desde que se implementó el Programa Integral de Reparaciones en 2005  1  para hacer el seguimiento de las recomendaciones del Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se descubre el ingreso del tema en el espacio público —pero no así su debate o discusión en un terreno político—. Se trabaja el programa en su funcionamiento y estructura como parte de un acuerdo de negociación multisectorial que involucra la participación de funcionarios de distintas instancias del Gobierno. De un lado, se creó el Consejo de Reparaciones, órgano encargado del Registro Único de Víctimas (la inscripción del ciudadano en un registro que lo reconoce como víctima del conflicto armado interno); por otro lado, se creó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), encargada de coordinar la ejecución de las reparaciones con los órganos competentes, administrar las reparaciones económicas y tomar decisiones sobre el presupuesto. Ambas instancias se encontraban alojadas en la Presidencia del Consejo de Ministros, pero en el último año han sido trasladadas al Viceministerio de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Hay un sentimiento común de racialización de las reparaciones tanto en su ejecución como en su desenvolvimiento para quienes ya las han recibido. Entre los pobres, hay quienes se sienten y se ven como más pobres.

Pero reconocer(se) como víctima del conflicto armado interno tiene implicancias sociales, étnicas, culturales y políticas. Genera aquello que tantas veces se ha descrito desde las ciencias sociales: sentidos de pertenencia a comunidades y organizaciones que se identifican con los contenidos, rasgos y empatías de los sujetos. Sin embargo, estos sentidos de identidad no escapan de los mandatos normativos de desempeño, evidencia y eficiencia que como dogmas del capitalismo cultural actual se instalan también con los siglos de discriminación y racismo (Mckenzie 2001). El Estado se extiende en nuevos ramales con políticas públicas que transforman las relaciones en el interior de las comunidades (programas Juntos, Qali Warma, Pensión 65, entre otros) y obligan a sus poblaciones a establecer nuevos canales de comunicación y relación a través de entidades públicas, funcionarios y relaciones o listas de potenciales beneficiarios.
En la tensa relación Estado-poblaciones, la CVR como instancia del Estado también contribuyó en construir una nueva categoría, la de víctima —que si bien no logra instalarse del todo en la agenda del Gobierno, cuyo papel central sigue estando ocupado por el discurso de la pobreza, sí ha conseguido con su discurso humanitario aquello que describiese Fassin (2008): visibilizar y posicionar a la víctima en el espacio público—. El asunto es problematizar la forma como esta “condición de víctima” se coloca, se usa, se discute y se instrumentaliza.
En parte, esto se da desde el Informe final, que traza un perfil de víctima (quechuahablante o, mejor dicho, no castellanohablante, esto es indígena, joven, habitante de la sierra o de la selva, pobre). Este perfil muestra las características étnicas y culturales de la víctima, pero sus demandas de identidad se yuxtaponen y traslapan con demandas políticas y sociales de forma más amplia. Los procesos de encompassment (término libremente traducido como “encerrar”, “abarcar”) que describen Ferguson y Gupta (2002) como la forma de operar del Estado quedan sellados ahí como en un círculo del cual es difícil salir. La condición de víctima se vuelve, como la memoria, un terreno contestado, de disputas, de pugnas internas. No en vano no todos los actores involucrados durante el conflicto armado interno pueden “acceder” a esta condición de víctima ni resultar en potenciales beneficiarios de un programa de reparaciones. “Observados” quedan aquellos con atisbos de pertenencia, simpatía y cercanía a los grupos alzados en armas —y esa fue una decisión del movimiento de derechos humanos.
Martes, 6 de agosto de 2013
Son las 6 p. m. El salón consistorial del municipio de Huancasancos está casi lleno, y la gente sigue entrando. La reunión fue convocada por el presidente de la Asociación de Víctimas del lugar, de un lado, para ayudarnos a presentarles nuestro proyecto de investigación, de otro lado, para ayudar a los ahí presentes a resolver dudas o inquietudes respecto al funcionamiento del PIR. Nos confunden con funcionarios del Estado y nos hacen preguntas sobre cuándo llegará la reparación. Esto pese a años de trabajo de la CVR, de ONG en la zona y del propio Estado. Nos quiebran: preguntan por qué el PIR ha comenzado reparando víctimas fatales —desaparecidos, muertos y, debo incluir, violencia sexual— y por qué no se toma en consideración los casos de tortura. Un señor dice “¿y qué hay para quiénes estuvimos como muertos, cuándo nos tocará?”.
A pesar del esfuerzo grande de los miembros de la Asociación de Víctimas —para distinguir entre ser víctima individual y formar parte de un colectivo, por ejemplo—, lo que prima es la desinformación. Los casos de fallecimiento y las preguntas sobre cómo reclamar mediante sucesión intestada, los casos de bigamia, sororato, el sentimiento de que tu dolor es menor que el del otro (por qué tal persona sí ha recibido y yo no) o la deslegitimización de casos (ellos estuvieron vinculados a Sendero o su papá era tal o cual) abundan en la sala. A eso se suma que los inscritos después del 31 de diciembre de 2011, si bien pueden acceder a las otras formas de reparación, como en salud, vivienda o educación, no podrán recibir la reparación económica individual. Y a eso se suman también los rumores de que quienes se quedaron en el pueblo fueron los pastores, los más pobres, son en muchos casos quienes aún no han recibido la reparación, frente a los que tuvieron los medios para salir a otras ciudades, como el caso de la familia de María, y ya han sido reparados. También están los casos de aquellos que no han podido inscribirse porque han ido al Registro o se han acercado a alguna consejería de ONG, y les han dicho que no pueden registrarse. La razón de ello sea probablemente alguna sospecha de haber simpatizado con algún grupo alzado en armas, pero esto no significa que no puedan inscribirse, sino que es probable que sus casos sean observados. Hay un sentimiento común de racialización de las reparaciones tanto en su ejecución como en su desenvolvimiento para quienes ya las han recibido. Entre los pobres, hay quienes se sienten y se ven como más pobres.
Reparaciones, reconocimiento, ciudadanía
La memoria y el reconocimiento como aproximaciones teóricas y de reflexión nos ayudan para mirar cómo, de un lado, desde las poblaciones se encuentran nuevas formas y mecanismos para vincularse institucionalmente con el Estado a partir del Registro Único de Víctimas. Y, por otro lado, siglos de centralismo, racismo, discriminación y exclusión marcan la forma como desde el Estado se mira y se trabaja con las poblaciones locales (Del Pino 2011, Méndez 2011, Rénique 2004), y ahí es donde se hallan las escisiones, fragmentaciones y los procesos inacabados.
Las reparaciones se convierten en estrategias que ayudan a soliviantar la pobreza. En el estudio que venimos realizando, vemos que las reparaciones no alcanzan su objetivo reparador de libertades y ciudadanía. Esto puede traducirse también como una lucha por dar voz y nombre a la memoria y su representación a través del lenguaje. La principal hipótesis de este estudio es que el vocablo víctima solamente se ha insertado como nomenclatura en el léxico del Estado, pero no como política pública. Lo contrario se observa con la idea de pobreza. 2 Ejemplo de ello son las campañas de lucha contra la pobreza y los programas de asistencia social que se tienen desde el Estado y se implementan en zonas de pobreza extrema como Lucanamarca.   3  Un elemento adicional es la precariedad de las instancias del Estado en poblaciones locales. Y ahí las ONG se instalan como mediadoras sociales. La Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) llegó a Lucanamarca junto con las exhumaciones en 2002, y se fue diez años más tarde, en 2012. Para la población, Comisedh era casi una prolongación de lo que el Estado debería hacer (como, por ejemplo, obras públicas e infraestructura), y era blanco de críticas cuando no realizaba estas actividades. Un punto que es interesante subrayar aquí es la forma como las representaciones culturales de la memoria se expresan en el día a día. Las reparaciones obligan a las asociaciones de víctimas y sujetos individuales a recurrir y buscar su propia representación, dejando el plano cultural para pasar al terreno de lo político, lo social y lo económico.
Las reparaciones se instalan en el terreno político (y esta es una de las hipótesis de trabajo en esta investigación), y esto obliga a los afectados por la violencia a articular sus demandas en una cultura política en donde existe una gran distancia entre la norma que se gesta desde el Estado y la forma como esta es vivida y sentida por las propias poblaciones. La reparación para estos grupos se establece como un nuevo canal para la ansiada ciudadanía: esto es, un mecanismo para su reconocimiento —así para algunos signifique un reconocimiento negativo o a la inversa—, que implica interiorizar antes los rasgos étnicos descritos en el perfil de víctima y sus connotaciones peyorativas de pobreza. Y, en algunos casos, quien no es pobre o estaba vinculado con el Estado ha recibido otro tipo de reparaciones —como algunos familiares de los grupos de poder de la zona de Huancasancos—. Por eso, en un contexto local como el estudiado de Huancasancos y Lucanamarca, se tiene la percepción de que ser víctima es ser y asumirse como pobre y como más indígena.
Frases como “Tú podrás engañarme”, que nos dice María con gran claridad, pero “en Lima te van a evaluar, te van a observar. Lima decide” muestran también la posibilidad de que los testimonios se trastoquen, se “limpien” de participaciones o simpatías iniciales con ideologías extremistas, para “encajar” con aquel perfil descrito en el RUV. Y muestran también cómo las políticas destinadas a recuperar al ciudadano siguen y continúan esgrimiéndose, planteándose y gestándose en la capital. Un punto de análisis y exploración es la manera como opera el género en estas instancias —ya están siendo reparadas mujeres por casos de violencia sexual, y la reparación en este caso se convierte en un vinculo de estas con el Estado—, cuando entre la población poco o nada se sabe sobre por qué fueron reparadas, y ahí surgen los rumores.
Pero hay una agencia que nace a partir de la idea de víctima, y que se transforma e impulsa a la población a seguir, a luchar por la verdad y por recuperarse o restituirse socialmente. Esta agencia se traduce en esas nuevas formas de ser ciudadano y de mirar desde el dolor y el margen de la sociedad la nación y el Estado al que se aspira construir y formar parte. Aquí los proyectos de desarrollo entendidos en términos de mejoras en la infraestructura y el establecimiento de servicios públicos comienzan a tener otro sentido, que es el colocarlos en el mapa nacional. Uno puede parafrasear a Hannah Arendt y repensar la idea de acción en términos de un comenzar algo nuevo.

Se debe intentar comprender la complejidad de las zonas grises que nos deja el conflicto armado interno. Atrás deben quedar metáforas que se usaron en un momento dado para pensar la guerra: “entre dos fuegos”, “comunidades aisladas”, “Perú profundo y Perú real…”.

Esta transformación no es estática, y uno de los puntos que se observa es que la propia idea de víctima también cambia en el tiempo: durante la violencia política eran considerados “desplazados”, y ese era el vocablo utilizado para referirse a este grupo humano. Luego, para precisamente no “victimizar” a este colectivo, durante el periodo de trabajo de la CVR se utilizó el vocablo “afectados” —que sigue vigente—. Y, debido al PIR es que comienza a usarse la palabra “víctima”, que viene con una carga subjetiva y marginal muy marcada. Y aquí se vuelve necesario volver a mirar lo que significa el certificado de “víctima” como forma de acreditación política y simbólica, donde la idea de reconocimiento es central en la conformación de la agencia del sujeto (ciudadano).
En un país en transición como es el caso peruano, es necesario mirar el tema del reconocimiento como una acción pública que está cargada de simbolismos y expresiones culturales en el sentido descrito por Fraser (2000), que no quedan solamente en el papel escrito ni en la forma como se asume o se dirige la norma, sino que son acciones a través de las cuales los sujetos establecen una serie de relaciones que transforman o reorientan sus vidas. Quizás no se deba hablar de una única forma de ejercer autonomía, sino de una heteroautonomía, que en el caso peruano permite que la víctima, allí en el limitado terreno que tiene, pueda tomar decisiones que van desde aceptar o no la reparación, y a través de ese rechazo actuar en su condición de subalterno. Por ello —y para mostrar que la víctima no constituye una masa homogénea de sujetos sociales, sino al contrario, un conjunto de grupos diversos con intenciones y agendas definidas y específicas—, es que en este estudio se presentan los nombres e historias de estos sujetos. Es también una manera de mostrar el carácter político de la etnografía.
Un tema que queda pendiente de análisis es cómo la víctima, a través de las reparaciones, encuentra una forma de reconocimiento que como política de identidad la vincula con otras víctimas que tienen otras historias. Este es el caso de la señora Envenciana Huancahuari en su alianza con Anfasep. Si bien su historia personal la vincula al proceso histórico vivido en Lucanamarca, su anhelo de reparación económica individual la enlaza con la propuesta de Anfasep —una organización ayacuchana—. Ahí ella encuentra otras mujeres, otras vivencias, otras plataformas de lucha desde donde también participa. Ahí no es solo el género que prevalece como materia de análisis, sino la cultura política que emerge de demandas, de formas de acercamiento hacia el Estado (vigilias, caminatas, plantones, entre otras), en las cuales se utilizan fotografías de desaparecidos para mostrar su hacer, su demanda de reconocimiento.
Al Estado no se le demanda por su no presencia, sino por su presencia autoritaria y represora y su accionar lento, por la verticalidad que describen Ferguson y Gupta (2002). “El Estado no respondió como debía responder”, me dice la fiscal del Ministerio Público en su diligencia por investigar algo más de las autoridades desaparecidas en 1984 en Lucanamarca. Prosigue: “Los atacó por todos lados, el pueblo fue una víctima del Estado. Sin hacer un debido estudio, sin tener una fuente de información atacaron a los pueblos, mataron a mucha gente, los torturaron. La respuesta del Estado no fue la que debió ser, sino fue una respuesta equivocada, fue una respuesta salvaje” (fiscal del Ministerio Público de Ayacucho, Santiago de Lucanamarca, 4 de octubre de 2011).
Se debe intentar comprender la complejidad de las zonas grises que nos deja el conflicto armado interno. Atrás deben quedar metáforas que se usaron en un momento dado para pensar la guerra: “entre dos fuegos”, “comunidades aisladas”, “Perú profundo y Perú real…”. Al Estado, en localidades como Lucanamarca y Huancasancos, se le reclama una “devolución de sus derechos”, derechos adquiridos que han resultado de luchas y comisiones de trabajo que ahora no son más que hitos en un proceso histórico más denso.
* María Eugenia Ulfe es coordinadora de la especialidad de Antropología de la PUCP y del Grupo Memoria en el IEP
Ximena Málaga Sabogal es antropóloga de la PUCP
Vera Lucía Ríos es antropóloga de la PUCP e integrante del Grupo Memoria del IEP
Este artículo constituye un avance de la investigación “Reparando ciudadanías: estrategias y sentidos de reconocimiento en Ayacucho post-CVR”, que se viene realizando desde enero de 2013 gracias al financiamiento de la Dirección de Gestión de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La presente investigación se basa en el proyecto previo “¿Y después de la violencia qué queda? Víctimas, ciudadanos y reparaciones en el contexto post-CVR en el Perú”, llevado a cabo por María Eugenia Ulfe y Vera Lucía Ríos en Lucanamarca a lo largo de 2011 con financiamiento del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Referencias bibliográficas
Del Pino, Ponciano
2011 “En el nombre del Gobierno: políticas locales, memoria y violencia en el Perú”. Manuscrito. Presentado el 18 de marzo en el Grupo de Estudios sobre Memoria, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
Fassin, Didier
2008 “The Humanitarian Politics of Testimony: Subjectification through Trauma in the Israeli-Palestinian Conflict”. Cultural Anthropology, vol. 23, n.° 3: 531-558.
Ferguson, James y Akhil Gupta
2002 “Spatializing States: Toward an Ethnography of Neoliberal Govermentality”. American Ethnologist, vol. 29, n.° 4: 981-1002.
Fraser, Nancy
2000 “Rethinking recognition”. New Left Review, mayo-junio.
McKenzie, Jon
2001 Perform or Else: From Discipline to Performance. Londres: Routledge.
Méndez, Cecilia
2011 “Las guerras olvidadas del Perú: sociedad rural, imaginario nacional y formación del Estado”. Manuscrito. Presentado el 1° de septiembre en el Grupo de Estudios sobre Memoria, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
Rénique, José Luis
2004 La batalla por Puno. Conflicto agrario y nación en los Andes peruanos. Lima: IEP, Casa de Estudios del Socialismo Sur, Cepes.
  1.  La CVR dibuja un perfil de víctima, pero no de perpetrador, y sin embargo traza una relación dicotómica entre ambas categorías. Nuestro interés se centra más en las zonas grises que esa condición de víctima presenta. Para ejemplo, ver Lurgio Gavilán, Memorias de un soldado desconocido (Lima, IEP, 2012). ↩
  2. Muestra de ello es el recientemente creado Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por la Ley n.° 29792 el 20 de octubre de 2011.  ↩
  3.  Entre los programas de apoyo social del Estado que se encuentran presentes en Lucanamarca destacan el Vaso de Leche, que consiste en dar desayuno a menores de cinco años, y el programa Juntos, que consiste en la dotación de S/. 100,00 a familias de escasos recursos y con hijos menores de cinco años. Como señala el exalcalde Pastor Quincho: “La presencia de algunas instituciones estatales ha hecho que la población no participe en su desarrollo, digamos […] [como] algunos programas asistencialistas, como es el programa Juntos, Vaso de Leche, comedores populares, todo eso, ¿no? Eso, como le digo, ha debilitado la participación de la comunidad en su conjunto en el desarrollo de la misma población. ¿Por qué? Porque si una persona, porque tiene un hijo, le dan cien soles, ya no tiene necesidad de trabajar, ya no piensa seguir trabajando, y[, debido a] los comedores populares, ya no piensa en cocinar, en cultivar, [por el] vaso de leche ya no piensa en preparar su desayuno, porque va a [la] municipalidad y recoge su dinero”. (Ayacucho, 7 de octubre de 2011). Pastor Quincho critica la forma paternalista de ejecución de los programas sociales que rompen con la forma de organización y trabajo instalado en la comunidad. Desde la toma de gobierno de Ollanta Humala se discute también la creación del programa Pensión 65 para adultos mayores ↩