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La Voz Campesina – CCP – Octubre de 1979. Archivo J. Puente.

El 22 de Octubre de 1979, meses antes del retorno a la democracia luego de doce años de dictadura militar, la comunidad de San Juan de Ondores elevaba un petitorio al Presidente, el General Francisco Morales Bermúdez, en el que se le solicitaba “interponer su buena voluntad” para resolver el persistente problema de la propiedad del fundo Atocsaico. El fundo adyacente a la comunidad, ubicado en la parte alta de la sierra central y con una extensión aproximada de 36,000 hectáreas, formaba parte de una larga historia de luchas por la tierra –legales y reales. Otrora propiedad de la Sociedad Ganadera Junín, para luego pasar a manos de la División Ganadera de la Cerro de Pasco Copper Corporation, el fundo era una de las unidades de producción más importantes de Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS) Túpac Amaru. 1

Semanas previas a la remisión de dicho petitorio, los campesinos de Ondores habían decidido invadir Atocsaico para reclamar su propiedad desde tiempos inmemoriales, por lo que colocaron  en jaque al proyecto de reforma agraria iniciado en 1969. Después de años de batallas legales, Ondores había decidido buscar sus ideales de justicia a través de  nuevos medios. El tenor del petitorio anunciaba que cualquier intento de desalojo a manos del Estado produciría “un lamentable resultado de muertes.” En el vocabulario político de las comunidades rurales –indígenas antes de 1969, campesinizadas a la luz de la reforma agraria–  el término “masacre” sería una nueva forma de expresión para aprehender la asimétrica relación entre producción local y poder estatal, que reflejaría el temor al empleo de violencia estatal en la continua desestimación de su causa. Otro comunicado emitido por la Confederación Campesina del Perú, fechado el 6 de agosto de 1980, indicaba que el temor de la comunidad se había materializado y que la violencia había prevalecido, pues el Estado había conseguido desalojar la invasión al fundo Atocsaico.

La vida comunal sujeta al reformismo militar, la cooperativización del trabajo y la propiedad habían culminado siendo experiencias empobrecedoras para los campesinos

Si bien la reforma agraria de 1969 fue anunciada como un mecanismo de reformulación de las estructuras de propiedad de la tierra y de las relaciones sociales de producción en el campo,  la vida comunal sujeta al reformismo militar, la cooperativización del trabajo y la propiedad habían culminado siendo experiencias empobrecedoras –material y socialmente– para los campesinos. En décadas pasadas, al amparo de la legislación estatal y una eficiente interacción con el mercado, las comunidades rurales habían amasado un grado importante de autonomía, la posibilidad de no ver condicionada su sostenibilidad a externalidades económicas o políticas. Sin embargo, la centralización de poder y producción rural que supuso el modelo cooperativista de reforma agraria imposibilitó la persistencia de la lucha de Ondores dentro de una esfera institucional y legal. A pesar de sus numerosos intentos por presentar la invasión de Atocsaico como resultado de una causa legítima, el gobierno militar percibió la ocupación como un desafío de fuerza contra los intereses económicos y la hegemonía política del régimen, respondiendo con el envío de las fuerzas especiales de la policía –los infames sinchis – a reprimir campesinos.

Ni la documentación oficial ni los registros de las asambleas comunales en los días de violencia en Ondores ofrecen reportes exactos sobre el resultado de la represión, aunque el silencio voluntario por parte de los campesinos de Ondores revela el grado de violencia estatal y sus repercusiones. 2 Los reportes de la Confederación Campesina del Perú anunciaban que, como resultado de la represión, algunos campesinos habían sido heridos y otros arrestados. En la memoria colectiva de la comunidad, los eventos de diciembre de 1979 serían conocidos y recordados por generaciones venideras como la “masacre”. En dicho recuento comunal, la muerte de campesinos tiñó de sangre una historia de colaboración y cooperación entre Estado y comunidad.

En los días posteriores al enfrentamiento entre sinchis y campesinos, los líderes de la comunidad remitieron otro reclamo para solicitar una investigación sobre los hechos y la condena por los excesos que las fuerzas estatales habían cometido. Las autoridades políticas locales, presumiblemente coactadas por el gobierno central, denegaron el inicio de una investigación judicial, mientras que las organizaciones campesinas sirvieron de plataforma para denunciar públicamente la “masacre” de Ondores. La Confederación Nacional Agraria alertó a sus miembros sobre la “masacre de los campesinos de la comunidad San Juan de Ondores”, 3 enfatizando el carácter histórico de su lucha. Al explicar el violento resultado de la movilización, la Confederación culpaba tanto al proceso de reforma agraria y expropiación de tierras, como al Tribunal Agrario y  la falta de tacto político de los líderes campesinos y los funcionarios de la SAIS. Pese a acusar a los sinchis de haber perpetrado una matanza en contra de campesinos, la Confederación se proponía fungir de mediadora en un conflicto entre comunidad y Estado que podía continuar escalando. Al posicionarse en un rol de mediación, sin embargo, dicha organización acusaba a los medios de prensa nacionales de ignorar el impacto de los eventos de Ondores, rehusándose a brindar cobertura a lo que constituía una genuina “masacre”.

Las autoridades políticas locales denegaron el inicio de una investigación judicial, mientras que las organizaciones campesinas sirvieron de plataforma para denunciar públicamente la “masacre”

El Diario de Marka fue una de las pocas publicaciones que reportó acerca de los sucesos de diciembre. Bajo el rotundo título de La lucha continúa: tierra para las comunidades y no para las SAIS, 4 el reportaje sugería que la reforma agraria de 1969 y su régimen de cooperativización no resultaba beneficioso para los intereses del campesinado. Marka acusaba al Tribunal Agrario del gobierno militar de servir a intereses dictatoriales, luego de haber destronado “el fervor revolucionario del espíritu de Velasco”. 5 De acuerdo con este artículo, ejecutar un veredicto que favoreciera a Ondores en su causa por la recuperación de Atocsaico representaba una amenaza mayúscula para la existencia misma de la SAIS y para la reforma agraria. Durante los años de cooperativización y campesinización, la SAIS inculcó una “cultura de divisionismo” entre sus trabajadores, muchos de los cuales eran miembros de comunidades campesinas, entre los que se encontraban algunos campesinos poco acomodados de Ondores. Esta “cultura de divisionismo” permeó exitosamente y socavó profundamente la integridad de la comunidad y las organizaciones campesinas. En esta misma línea, la Confederación Nacional Agraria realizó otro llamado a favor de la integración de los trabajadores y el campesinado basándose en el propósito de resistir “al monopolio de la tierra” mantenido por un “Estado reaccionario”. 6 En un lapso de diez años, el gobierno militar había dejado de ser percibido como el principal administrador de una limitada justicia campesina –a través de la auspiciosa reforma agraria– convirtiéndose en una represiva dictadura militar, un régimen autocrático y opresivo que ya no representaba los intereses del campesinado. Al confrontar  la hegemonía agraria del régimen, Ondores se transformó en una vanguardia de la movilización campesina en contra de una dictadura violenta y una experiencia empobrecedora de reforma agraria. 7

El mismo diario publicó también una carta abierta de la Confederación Campesina del Perú, en la cual se exigía la liberación de dos líderes campesinos capturados durante la “masacre”. El documento hacía acento en cómo el gobierno militar había teñido la sierra de sangre, 8 en referencia a los infames eventos de Huanta en 1969 en los que estudiantes y campesinos habían sido víctimas de la represión militar durante una movilización en contra de la eliminación de la gratuidad de la educación básica. 9  La conexión entre la represión en Huanta en 1969 y lo ocurrido en Ondores en la “masacre” de diciembre de 1979 probaba, de acuerdo a la Confederación Campesina del Perú, cómo los militares habían reprimido consistentemente al campesinado hasta convertir a sus comunidades en objeto de represión, violencia y masacre como bajo cualquier otra dictadura militar. Sumado a esto, en la carta sugerían que la represión de los campesinos y la “masacre” de Ondores había desencadenado y ordenado la captura y persecución nacional de líderes campesinos, incluyendo al secretario general de la Confederación Campesina del Perú, Andrés Luna Vargas, y al secretario de Vigilancia, Carlos Taype, quien también había servido como representante de los campesinos de la provincia de Huancavelica. Además de las acusaciones en contra del comportamiento del gobierno militar, se abordaba el clima político que rodeaba a la nación al volver a una administración democrática destacando que “no fue suficiente [intentar] prohibirle el voto a los analfabetos –principalmente campesinos– para las próximas elecciones. Porque tomar una nueva cuota de vidas campesinas era necesario para […] preparar la transferencia del poder a favor de partidos reaccionarios”. 10

Ondores se transformó en una vanguardia de la movilización campesina en contra de una dictadura violenta y una experiencia empobrecedora de reforma agraria

Finalmente, Amauta  –la publicación socialista más importante del país– también había publicado una cuenta de la toma de terrenos en Atocsaico y de la “masacre” de Ondores. Amauta presentaba la invasión de Atocsaico como el “resultado de las acciones de las masas campesinas”, acciones que habían sido resultado de un gran nivel de organización social y expresión de la vitalidad de lo comunal a pesar de que tanto la cooperativización como la campesinización y procesos constitutivos de la reforma agraria, habían puesto en jaque a las comunidades. Contrariamente a percepciones que describían la invasión de Atocsaico como resultado de un acto espontáneo y una acción desorganizada de campesinos enojados, Amauta brindaba una narrativa íntima sobre cómo la comunidad se había reunido previamente para discutir el impacto de la toma del fundo. 11

Luego de que la comunidad decidiera concretar la invasión de Atocsaico, curiosamente el proceso de planificación contó con recursos institucionales disponibles para las políticas campesinas: usaron la ley para quebrar la ley. Ayudados por la presencia local de organizaciones campesinas, la invasión del fundo supuso la conformación de milicias en Ondores bajo el liderazgo del secretario general de la Confederación Campesina del Perú. Poco después de las tomas de terreno, la fortaleza de la movilización comunal y las políticas campesinas lograron incluso influenciar a las autoridades del Estado en el ámbito local. Así, por ejemplo, el juez local de Cerro de Pasco, Víctor Alvarado Morales, llegó a entregar títulos de posesión a los campesinos para legitimar la invasión de Atocsaico. Si bien la represión finalmente prevaleció, la capacidad de organización de la comunidad campesina demostró que, luego de décadas de pauperizaciones material y constricciones políticas bajo un esquema de cooperativización agraria,  las bases elementales de la vida comunal –familia, trabajo, asociación– podían acometer resultados. Esta misma capacidad organizacional demostraría ser esencial, años más tarde, durante una época de creciente violencia política.

En la fría mañana del 5 de septiembre de 1979, los campesinos de Ondores también prevalecieron en su manera. Para la comunidad, la toma de las tierras en Atocsaico implicó una doble victoria. Por un lado, se había concretado, por fin, la larga promesa de justicia comunal: una movilización histórica contra las formaciones estatales –tanto coloniales, republicanas, oligárquicas e incluso revolucionarias– había tenido como colofón la materialización de las demandas de Ondores al retornar las tierras a manos de los comuneros. Por otro lado, los hechos de Atocsaico también encarnaban una victoria legal. La comunidad había luchado permanentemente dentro de un marco legal, siendo legitimados y salvaguardados por numerosas victorias en diferentes tribunales. Un día después de la toma de Atocsaico, los campesinos de Ondores acusaban la madurez política de su causa e hicieron un llamado a “todos los campesinos y las comunidades campesinas a apoyarlos en su lucha”. El gobierno, agregaban, “buscaba poner a los campesinos en contra de ellos mismos”  por lo que la causa de Ondores  se convertía en una plataforma de unidad política para la movilización del pueblo. 12

Luego de que la comunidad decidiera concretar la invasión de Atocsaico, el proceso de planificación contó con recursos institucionales disponibles para las políticas campesinas: usaron la ley para quebrar la ley

De acuerdo con la comunidad, la diligencia del juez Víctor Alvarado Morales había legitimado la toma de la hacienda de Atocsaico, dado que tal medida tenía por objeto poner en práctica la provisión de la posesión comunal, que ya había sido ordenada en una resolución previa que establecía el regreso de Atocsaico a las propiedades comunales. 13 Asimismo, luego de la toma, los campesinos continuaron utilizando recursos legales para legitimar su intervención. Unas semanas después de la invasión, el 10 de octubre de 1979 presentaron una nueva queja al Tribunal Agrario. Esta demanda alegaba que los intereses comunales habían sido violados por el desgarramiento de normas constitucionales y procesales explícitas dentro del marco legal existente de la reforma agraria. Además, la denuncia afirmaba que la comunidad estaba consciente de que el gobierno central llevaba a cabo maniobras legales para ignorar todos los veredictos preexistentes que favorecían a Ondores, por lo que llegaron al punto de cooptar, coaccionar y sobornar a los jueces encargados. A pesar de las artimañas del gobierno, los campesinos se comprometieron a continuar luchando legalmente. Sin embargo, hacia fines de octubre de ese año, el camino para reconstruir un diálogo con el Estado en el ámbito local pareció cerrado para la comunidad.

En una carta fechada el 22 de octubre de 1979, la comunidad de Ondores dirigió un importante mensaje directo al presidente de la república, General Francisco Morales-Bermúdez. Firmaban la carta Miguel Valerio como presidente, Primitivo Laureano como vicepresidente, Diomicio Ventocilla como secretario, Jorge Echeverría como tesorero, Bernardino Gomes y Armando Chagua – estos dos últimos ocupaban el cargo de secretarios de administración y vigilancia de la comunidad. Junto a estos representantes, docenas de campesinos suscribían la misiva. La carta buscaba, primordialmente, reforzar el argumento comunal sobre la naturaleza histórica de las movilizaciones de Ondores y reclamo por Atocsaico. Contrario a los argumentos que sirvieron de base para la ejecución de la reforma agraria y la cooperativización de la tierra, esta carta volvía a dar cuenta del carácter inmemorial de la lucha por la tierra en Ondores. La comunidad declaraba, así, ser inequívocos “dueños del fundo Atocsaico”, espacio que había sido ilegalmente apropiado por hacendados, ganaderos y la División Ganadera de la Cerro de Pasco Copper Corporation hace muchos años, y que había podido ser recuperada luego de siglos de batallas legales y movilización social. 14

Contrariamente a lo que Ondores, junto con cientos de comunidades convertidas en campesinas, había esperado originalmente de la reforma agraria de 1969, el testimonio de los comuneros colocaba al gobierno militar como otro hito en una historia de usurpación y opresión. Rememorando el corto derrotero de cooperativización agraria, luego del 24 de junio de 1969, este memorial recapitulaba cómo el gobierno militar había rechazado la victoria legal de Ondores en el Tribunal Agrario, adjudicando tierras a la recién creada SAIS Túpac Amaru. Finalmente, los líderes comunales también remarcaban que las autoridades de la SAIS habían preparado violentos desalojos contra los campesinos que habían tomado Atocsaico. Los campesinos resolvían, pese a la amenaza que se cernía sobre ellos, no abandonar el emplazamiento hasta la muerte, incluso si la comunidad debía protagonizar hechos de sangre. 15

Contrariamente a lo que Ondores había esperado originalmente, el testimonio de los comuneros colocaba al gobierno militar como otro hito en una historia de usurpación y opresión

Sin embargo, la principal tensión sobre la carta parecía ser que, en sí misma, era presentada como una última oportunidad para que la comunidad retomara sus relaciones con el Estado. Si los campesinos desafiaban a la SAIS o la reforma agraria fue solo en expresiones locales de poder, pues la comunidad seguía manteniendo los ideales de Estado y buen gobierno como puntos focales de un poder legítimo. En la carta, Ondores describió el problema central vinculado particularmente con las autoridades locales, autoridades judiciales viciosas y los líderes del SAIS, pero los campesinos miraban al gobierno central –o más específicamente a la figura del presidente– como un vehículo para (re)conciliar comunidad y Estado, y parecían bastante dispuestos a restablecer un contrato social con el Estado a través de una solución pacífica. La invasión fue un ejemplo de resistencia y movilización no-violenta, concebida como último recurso luego de una extensa lucha legal. El problema de la comunidad de Ondores, según alertaba el memorial, requería una solución pacífica sin recursos violentos, donde un desalojo de Atocsaico conllevaría un lamentable número de víctimas campesinas. 16 El empleo de diversas formas de violencia era presentado, entonces, como resultado de las acciones de autoridades locales viciosas que habían violado constantemente los derechos del campesinado.

Antes de 1968, las demandas legales de la comunidad estuvieron, a menudo, alineadas con las estructuras de poder del Estado, balanceando los intereses de agentes privados del capitalismo como la Cerro de Pasco Copper Corporation o los hacendados locales. Esta alineación, sea como sea, no supuso una amenaza a la autonomía de la comunidad. 17 De hecho, las autonomías comunales emergieron sancionadas, precisamente, a través de términos estatales, los cuales se materializaban en formas tales como la adquisición de personería jurídica y estatus legal, el apoyo del Estado para el desarrollo de proyectos agrarios en el  interior de las comunidades, entre otros. Las autonomías comunales implicaron el establecimiento de un equilibrio clave, que conjugó intereses estatales y comunales para convertirse en un último paso de un contrato social construido a través de décadas desde el reconocimiento de las comunidades indígenas en 1921.

El gobierno militar y la estructura de la reforma agraria de 1969 cambiaron dichos alineamientos y alteraron el balance Estado-comunidad, que reposicionó al primero como el principal contendor en las demandas comunales por derechos de propiedad, además de amenazar la autonomía de las comunidades. Bajo un régimen de cooperativización rural, se volvió progresivamente inviable para estas producir economías domésticas y colectivas –estructuras de poder y producción– fuera del aparataje estatal. Si bien la reforma agraria como proyecto suponía la sanción estatal ulterior en favor la autonomía de las comunidades, a través de su empoderamiento como propietarios legales de tierras, la campesinización de las comunidades y el cambiante reformismo militar marcó una época de pérdida de derechos civiles para el mundo campesino. A medida que pasaban los años, más campesinos se movilizaron para enfrentarse a la reforma agraria y se apropiaron  de nuevos vocabularios políticos con poder explicativo para una violenta relación, o falta de ella, entre el Estado y las comunidades.

El régimen de cooperativización rural volvió progresivamente inviable producir economías domésticas y colectivas fuera del aparataje estatal

La comunidad de Ondores sostuvo dos asambleas luego de la “masacre”. Si bien el registro de ambas asambleas no ofreció mayores detalles sobre los eventos de represión, aunque sí menciones generales a campesinos arrestados o asesinados, estos documentos ofrecen un vasto registro de las discusiones sobre las medidas necesarias para hacer frente a la violencia. A pesar del nivel de represión sufrido por la comunidad, los campesinos discutieron la posibilidad de reinvadir Atocsaico. 18 Con este fin, los líderes comunales explicaron que estaban pidiendo ayuda y asistencia de los centros mineros y especialmente de los sindicatos establecidos en esas áreas, incluso los levantamientos sindicales planeados para el 2 de junio de 1980 por el Congreso de la Federación de Trabajadores Mineros, celebrado en Morococha, incluyeron un llamado de apoyo a la comunidad de Ondores y al alzamiento campesino. Otras autoridades insistieron en visitar personalmente “las bases de las comunidades campesinas vecinas y centros mineros, haciendo efectivo su apoyo a las fuerzas vivas de las comunidades, sindicatos, federaciones y organizaciones populares que se identifican con nosotros”. 19 Tales visitas apelaban a las amplias redes políticas de las asociaciones comunales, organizaciones y células sociales existentes en un amplio terreno político, redes cuya existencia también facilitaba el tránsito, cada vez más fluido, de nuevos lenguajes y vocabularios políticos de contestación. Por primera vez en su historia de lucha por la tierra, Ondores capitalizaba un contexto de agitación política y de abierta confrontación, procesos que trascendían sus propias fronteras sociales, para perseguir sus objetivos. Sin embargo, la “masacre” de Ondores también había inaugurado, inadvertidamente, un nuevo momento de violencia en los Andes peruanos. En el futuro de las comunidades se podía avizorar una virulenta caída a un abismo, donde los mecanismos legales poco o nada servirían. La reforma había sentado las bases para una inimaginable revolución.

  1. Para un recuento histórico-antropológico del impacto de la SAIS Túpac Amaru en la sierra central, ver Enrique Mayer (2009), especialmente el capítulo cinco, “Machu Asnu Cooperativa”. Para una historia general sobre la cooperativización agraria, ver McClintock (1981). McClintock y Lowenthal (1983) también han ofrecido la mejor visión holística sobre la heterodoxia política militar en el volumen editado The Peruvian Experiment Reconsidered. En meses siguientes aparecerá una nueva visión sobre el gobierno militar, coeditado por Carlos Aguirre y Paulo Drinot (2017). ↩
  2. En las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, en el año 2012, pude preguntar a las autoridades actuales de la comunidad el porqué de la ausencia del relato de represión en las asambleas comunales. Las autoridades me relataron que este “silencio” fue una medida de seguridad voluntaria en tanto consideraban que su registro colocaba al íntegro de la comunidad en peligro, bien a manos de la represión estatal o de la violencia política senderista posterior. En otro artículo he descrito las narrativas y silencios de los archivos campesinos y su empleo para reconstruir historias del Perú rural. Ver Puente (2015). ↩
  3. Archive of the Fourth Russell Tribunal, “Comunicado de la Confederación Nacional Agraria”, Lima, 20 de Diciembre de 1979. ↩
  4. Archive of the Fourth Russell Tribunal, Revista Marka, “Ondores: Pormenores de un Despojo”, 11 de Octubre de 1979. ↩
  5. Ibid. ↩
  6. Ibid. ↩
  7. Ibid. ↩
  8. La Confederación Campesina del Perú había firmado varias cartas abiertas, incluyendo aquella publicada en Marka, acusando la represión del gobierno militar en contra de los campesinos. Una de estas cartas tuvo repercusión internacional y fue materia de discusión en el Latin Letter Bulletin en  Estados Unidos. Archive of the Fourth Russell Tribunal, “Carta Abierta de la Confederación Campesina del Perú”, 8 de Octubre de 1979. ↩
  9. Sobre los eventos de Huanta y los orígenes de Sendero Luminoso, ver Heilman (2010). ↩
  10. Ibid. ↩
  11. CEDOC, Revista Amauta, “14 mil hectáreas recuperan campesinos de Ondores-Junín”, diciembre de 1979. ↩
  12. Archivo del Fourth Russell Tribunal, “Declaración de la Comunidad de San Juan de Ondores”, Junín, 5 de septiembre de 1979. ↩
  13. Archivo del Fourth Russell Tribunal, “Acta de Entrega Judicial del Fundo de Atocsaico”, Junín, 7 de septiembre de 1979. ↩
  14. Ibid. ↩
  15. Ibid. ↩
  16. Ibid. ↩
  17. Enrique Mayer ha reflexionado, en diversos espacios, sobre la naturaleza “autónoma” de las comunidades. En un reciente libro, en coautoría con el fallecido antropólogo César Fonseca, Mayer se refería al desarrollo comunal como un principio emergente alentado “sin que sus miembros [de la comunidad] fueran estimulados a percibirse como subdesarrollados necesitados del socorro de papá Estado”. Ver Mayer y Fonseca (2015, 326). ↩
  18. Archivo Comunal de Ondores: Libro 18, f. 20. ↩
  19. Archivo Comunal de Ondores: Libro 18, f. 26. ↩

Referencias Bibliográficas

AGUIRRE, Carlos y Paulo Drinot (eds.). The Peculiar Revolution Rethinking the Peruvian Experiment Under Military Rule. Austin: University of Texas Press. 2017.

HEILMAN, Jaymie Patricia. Before the Shining Path: Ayacucho, 1895-1980. Stanford: Stanford Universy Press. 2010.

LOWENTHAL, Abraham y Cynthia McClintock (eds.). The Peruvian Experiment Reconsidered. Princeton: Princeton University Press, 1983.

MAYER, Enrique. Cuentos feos de la reforma agraria peruana. Lima: IEP, CEPES. 2009.

MAYER, Enrique y César Fonseca. Kausana Munay: queriendo la vida. Sistemas económicos en las comunidades campesinas del Perú. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú. 2015.

McCLINTOCK, Cynthia. Peasant Cooperatives and Political Change in Peru. Princeton: Princeton University Press, 1981.

PUENTE, Javier. Archivos campesinos: San Juan de Ondores, actas comunales e historias rurales en el Perú, 1937-2012. En: C. Aguirre y J. Villa-Flores (eds.) From the Ashes of History: Loss and Recovery of Archives and Libreries in Modern Latin America. Raleigh: Editorial A Contra Corriente. 2015.