La política pública de consulta previa a los pueblos indígenas –cuyas bases legales fueron dadas entre fines de 2011 y mediados de 2013– ha tenido como resultado visible el desarrollo de una treintena de procesos de consulta. ¿Qué evaluación puede hacerse sobre la implementación de esta política? El presente artículo propone un marco de análisis para dicha evaluación y realiza un primer balance sobre los resultados alcanzados.
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