Murakami, Yusuke. Perú en la Era del Chino. La Política No Institucionalizada y el Pueblo en Busca de un Salvador. Lima, Instituto de Estudios Peruanos/Center for Integrated Area Studies, Kyoto University, 2006.
En el último número de la revista electrónica Summa Humanitatis aparece publicada una reseña de mi libro Perú en la era del Chino a cargo del historiador Jesús Cosamalon (2008). Quedo agradecido profundamente al autor y al equipo editorial de la revista por haberse tomado la molestia de publicar una reseña de un libro —dado el contexto político dominante después de la caída del gobierno de Fujimori— “políticamente incorrecto” (porque su contenido es para “los que no sean fujimoristas ni antifujimoristas”). Sin embargo, algunas de las críticas en la reseña no toman en cuenta la línea de argumentación que en este texto se expone. Por lo tanto, y con un espíritu democrático para polemizar, quisiera hacer una réplica a la reseña. A continuación, señalaré dos puntos no resaltados por el reseñador, pero importantes para mi punto de vista analítico y para el desarrollo del argumento en el libro, respondiendo de ese modo a las críticas presentadas en la reseña. Finalmente plantearé dos reflexiones para pensar en el fujimorismo.
A mi criterio, las críticas principales planteadas en la reseña son las siguientes: (a) me aferro al ideal de la democracia de proceso y procedimientos de los países industrializados (p.3); (b) los rasgos de la política de Fujimori se originan en su carácter personal más que en la política criolla y autoritarismo tradicional del Perú o en el contexto en la acción humana, tal y como planteo en el libro (pp.4-5); (c) mi lectura de una ruptura entre el periodo 1992-95 y la etapa posterior implica que los defectos y fracaso del fujimorismo no provienen de sus orígenes o estilo inicial, sino de su incapacidad para responder a los retos de cambio a que estuvo expuesto en una nueva coyuntura (p.5); (d) es cuestionable mi opinión respecto de la “inevitabilidad” del “Fujishock” y el “autogolpe”, así como mi evaluación de la política antisubversiva (pp. 4-7) ; (e) mi crítica a la oposición respecto de la política antisubversiva se prestaría para una posición tolerante con la violación de los derechos humanos (pp.7-8); y (f) es un grave error no tocar sistemáticamente el tema de corrupción (pp. 8-9).
Empiezo con el primero de los dos puntos que el Dr. Cosamalón lamentablemente no menciona. Mi libro es —como indica el reseñador— “elaborado desde la óptica de la ciencia política”, pero, más que nada, desde una perspectiva de las instituciones políticas, definidas como los patrones de comportamiento, las reglas, las normas, el entendimiento y/o el consentimiento, explícitos o implícitos, que duran en mediano y largo plazo y son aceptados, reconocidos o compartidos como legítimos por los miembros de una sociedad con el objetivo de conseguir ciertas metas o valores (pp. 14-15, 42-47). Argumento que en el Perú nunca se ha institucionalizado (en el mencionado sentido) la política, particularmente la democrática; y que el fujimorismo nació, creció y cayó en tal política no institucionalizada. Para mí, este aspecto no solo es crucial, sino que además todo el argumento del libro está guiado por esta perspectiva (incluida la interpretación de la política tradicional y criolla del Perú).
Pienso así porque la democracia “más institucionalizada” permite alcanzar mejores resultados, como se ha podido observar en la experiencia de otros países. Por ejemplo, los procesos y procedimientos “más institucionalizados” en los países industrializados ofrecen mayores garantías de prevenir actos de corrupción y de violación a los derechos humanos, así como de una correcta administración de justicia para castigar este tipo de actos, sin que por ello la democracia de estos países sea la ideal ni se elimine totalmente la posibilidad de que se produzcan dichos problemas. Sobre la base de un consenso amplio, la democracia “más institucionalizada” de Chile otorga —de un gobierno a otro por cerca de dos décadas— continuidad a cierta línea económica, que ha mostrado eficacia en el logro de algunos resultados concretos y duraderos. Se puede discutir si la línea es adecuada, lo mismo que sus resultados pero, por lo menos, la situación ha sido mucho mejor que en el Perú. De todas maneras, lo que resulta más importante para mi perspectiva institucional es si hay o no un consenso (aunque sea implícito) respecto de dicha línea (se trata de un aspecto de la institucionalización política), por lo que mi observación respecto de la actitud de la oposición sobre la política antisubversiva antes del “autogolpe” va en la misma dirección: la oposición no tenía una propuesta detallada que condujera a un acuerdo sobre medidas antisubversivas eficaces a tomar, incluido lo relativo a los derechos humanos (como menciona el libro, la oposición simplemente exigió “una política antisubversiva que respetara los Derechos Humanos” en términos generales; le falto precisión y definición de políticas en este tema). En resumen, mi libro “no pretende menospreciar los problemas de corrupción o violación de derechos humanos del gobierno de Fujimori, sino que se centra en el análisis del trasfondo político que permitió que se produzcan dichos problemas” (p.52).
La selección del ángulo analítico institucional causa otra discrepancia con la posición del Dr. Cosamalón. Es verdad que no analizo con toda profundidad hasta qué punto el rumbo y características que tomó el gobierno de Fujimori fue la responsabilidad personal del presidente o fruto del contexto en que este se desarrolló. Pero para mi análisis institucional, el resultado (de no institucionalización) es más importante y merece mayor atención que el tipo de causa o causas. Lo mismo sucede con la diferencia entre el carácter personal de Fujimori o el criollismo autoritario tradicional de la política peruana. No digo que dicha diferenciación no guarde importancia; y ciertamente en algunos aspectos las características que tomó el gobierno se debieron a su carácter personal, razón por la cual reconozco que en “el caso de nuestro protagonista (lo característico de la política tradicional peruana) llegó al extremo” (p. 15). Sin embargo, me parece necesario recordar siempre que la situación peruana está muy lejos de la democracia institucionalizada y, desde este punto de vista, no es prioritario analizar con energía si la responsabilidad por el carácter que tomó el gobierno fue personal. 1 Además, al estilo del sociólogo aleman Max Weber (1982), pienso que la responsabilidad de consecuencia recae siempre sobre el político que se encarga de la política que causa dicha consecuencia por cualquier razón.
El segundo punto ausente en el argumento del Dr. Cosamalón es mi posición sobre los actores y estructura en la historia (pp.47-49). Opino que “los factores estructurales e históricos ponen condiciones en la intención y los actos de los actores políticos” (p.48). No niego la importancia respecto de la existencia de opciones que cada actor político puede tener, pero la posibilidad y viabilidad de cada opción no es igual. Ciertamente, la historia no está “anunciada” desde el inicio, pero tampoco su curso de desarrollo está totalmente libre ni abierto por igual a todos los eventuales destinos. Dada mi posición al respecto, mi conclusión no es insistir en la “inevitabilidad” del “Fujishock” o del “autogolpe”, sino la dificultad para evitar lo que sucedió (más el primero que el segundo para ser exacto) debido a las características de las circunstancias y los actores involucrados en los hechos 2.
Dos reflexiones finales. La acusación a Fujimori es una tarea importante, pero no conduce directamente a la institucionalización de la democracia basada en partidos políticos mínimamente sólidos. Este es otro desafío totalmente distinto, que requiere otra especie de esfuerzos ciudadanos. Después de la caída de Fujimori, ha aparecido una serie de publicaciones que acusan al ex mandatario a nivel personal por los hechos acaecidos durante su gobierno (véase la bibliografía de mi libro). Del mismo modo, muchas organizaciones, así como personas del Perú y el extranjero, dedican importantes esfuerzos para determinar responsabilidades de Fujimori en relación a distintos asuntos. Pero, ¿la tarea de construir una sociedad política democrática ha sido tratada con atención y energía comparables —por lo menos— a las invertidas en las acusaciones a Fujimori? Dada la situación, no corresponde a un politólogo (extranjero, además) con la perspectiva analítica de la institucionalidad, agregar a la bibliografía existente otro trabajo más (y quizás nada de novedoso) sobre la responsabilidad de Fujimori.
Segunda y última reflexión. El reseñador enfatiza la importancia del episodio de noviembre de 1992 —Fujimori se fue a la residencia del embajador japonés para esperar la llegada de su escolta luego de una intentona de golpe— debido al desarrollo posterior de la política fujimorista (p.9). Los historiadores tienen el pleno derecho a escribir la historia tomando todos los elementos disponibles, incluidos los resultados, que los actores no sabían con certeza que se darían. Pero pienso que no es justo que interpreten los actos o intenciones de un actor desde sus resultados o consecuencias, por lo menos, cuando reconstruyan los hechos; no debemos caer en el hindsight (interpretación retrospectiva). Fujimori optó por esperar en dicha residencia no porque fue la del Japón sino porque primero decidió apresuradamente una ruta del Palacio de Gobierno a Chorrillos (SIN), tomando en cuenta todas las eventualidades, y luego recordó que se encontraba la residencia en un lugar no tan desviado. Si hubiera escogido otra ruta, el lugar de espera habría sido otro.
Agrego otro episodio para finalizar. Debido a mi experiencia profesional en Lima, tengo el pleno conocimiento de que, entre 1990 y 1991 (cuando su nacionalidad peruana estaba cuestionada), Fujimori intentó renunciar a la nacionalidad japonesa sin que el acto fuera conocido públicamente. Sin embargo, el gobierno japonés respondió sistemáticamente que no había manera de hacerlo debido a que la ley señala que la renuncia debe ser oficializada en la gaceta japonesa. Entonces, Fujimori “se conformó con” la nacionalidad japonesa. Es ampliamente conocido que algunos años después aprovechó dicha nacionalidad como un hecho que le favorecía para quedar lejos del país. Los actores políticos pueden haber hecho o pretendido hacer algo increíble si uno toma en consideración los resultados o consecuencias examinados desde la situación presente.
* Politólogo, Profesor Asociado del Center for Area Studies (CIAS), Kyoto University (Japón).
- De manera similar, Julio Cotler argumenta sobre el populismo latinoamericano: cierto que el populismo contribuyó a la democratización con una extensión de la participación política, pero no llegó a institucionalizar la democracia y no se puede enfatizar mucho su mérito (Cotler 1991). Estoy totalmente de acuerdo con su argumento. ↩
- Desde una perspectiva teórica y analítica totalmente distinta a la mía, Kenney (2004) llega a las mismas conclusiones sobre el “autogolpe”. Por otro lado, no entiendo la crítica (e) del Dr. Cosamalón sobre mi lectura de una ruptura entre antes y después de 1995, porque el mismo reseñador indica que soy de la opinión de que el estilo de Fujimori “resulta poco apropiado para plantear políticas a largo plazo y consensos necesarios para el desarrollo del país” (p. 4). ↩
Referencias Bibliográficas
Cosamalon, Jesús. “Un aporte a la historia del Perú contemporáneo: Yusuke Murakami. Perú en la era del Chino”, Summa Humanitatis, Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008. Vol 1, Número 2 (http://revistas.pucp.edu.pe/ojs/index.php/summa/article/view/29).
Cotler, Julio. “Contra malentendidos”, Pretextos, Lima: DESCO-Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Núm. 2, 1991. pp. 119-120.
Kenney, Charles. Fujimori’s Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2004.
Weber, Max. “La política como vocación”. En Max Weber, Escritos políticos. Tomo II, México, D.F.: Folios ediciones, 1982 (1919),pp. 308-364.
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