El sector privado estaba aterrado cuando se conoció que el actual presidente había ganado las elecciones. Ello a pesar de la llamada “hoja de ruta”, que enmarcaría sus acciones en el campo económico. Los discursos contra la economía de mercado y las diversas reformas económicas que demandaba la economía peruana habían quedado grabados en las mentes de los empresarios de todo tamaño. Por otro lado, el vivo ejemplo de lo que ocurre en Venezuela, Bolivia y Ecuador ayudaba a tener esos temores.
Las expectativas empresariales, según el BCRP, habían caído al tramo negativo desde abril de 2011, fecha de la primera vuelta electoral. Sin embargo, ya desde su primer discurso en la Plaza Dos de Mayo ese domingo, las cosas parecían cambiar. Luego, a pulso, los gabinetes Lerner y Valdés se encargaron de mejorar las expectativas empresariales, y la desaceleración de la inversión privada —con dos trimestres de rezago— comenzó a estabilizarse y mostrar mejores ritmos de crecimiento en el primer trimestre de 2012.
La principal medida económica del primer año de gobierno ha sido el mantenimiento de la política macroeconómica. Ello ha sido muy importante tanto a nivel local como internacional para ganar la confianza de los mercados. El no alterar el manejo monetario ni fiscal ha servido como la mejor señal para que se reanude el proceso de inversión privada y se mantenga el dinamismo del consumo familiar.
Lamentablemente, en parte como reflejo de los conflictos sociales no resueltos y los problemas asociados de gobernabilidad y en parte por la crisis europea y sus primeros efectos sobre Perú, las expectativas empresariales —que en abril casi recuperaron el optimismo de antes de las elecciones— han vuelto a deteriorarse nuevamente en mayo y junio.
Donde no se ven mayores avances ha sido en los sectores de servicios públicos universales. No se conocen cuáles son las metas del quinquenio en educación, salud y seguridad ciudadana.
Esto último es crucial tanto para la aprobación presidencial como para la gobernabilidad democrática. Un Estado que funcione mejor es el reclamo ciudadano de la hora presente.
En los diversos sectores económicos productivos no ha habido al día de hoy un cambio mayor de políticas. La competitividad hasta ahora no parece ser el norte del Gobierno. Mientras esta se entienda solo como el avance en los diversos ránkings de competitividad internacional no pasará mucho en la capacidad de producir lo mismo a menores precios o mejorar la calidad a los mismos precios, para no hablar de ampliar la diversidad de bienes y servicios que produce la economía. Justamente, donde se corre el riesgo de avanzar a paso muy lento es en los temas de servicios públicos y competitividad.
Las principales medidas
Gravamen minero
El Ejecutivo persuadió con éxito a las empresas mineras peruanas y extranjeras, con o sin convenios de estabilidad jurídica, para que aportasen al fisco un nuevo gravamen minero. Ello ha significado ingresos del orden de S/. 337 millones solo en los primeros tres meses del año.
RMV
La remuneración mínima vital ha subido en dos tramos, y ha pasado de 550 a 750 soles. En general, los salarios reales no se guían por el salario mínimo, pero el aumento era parte de las promesas electorales de segunda vuelta, que se ha cumplido. De mantenerse en esos niveles, no alteraría demasiado el mercado laboral, pero por ahora va a detener en algo el avance de la formalidad en el mercado laboral.
Midis
Sin duda, esta ha sido la mayor innovación positiva del presente gobierno. Crear un ministerio con autonomía y fortalezas técnicas ha sido una señal poderosa que puede cambiar de raíz la economía política de la política social. El anuncio de la desactivación del Pronaa refuerza la afirmación anterior.
Como toda nueva institución, debe nacer a prueba del cambio de personas. Si ello ocurre, un gran salto cualitativo se habría dado en ese importante ámbito de políticas de alivio a la pobreza y desarrollo social.
Reforma del Sistema Privado de Pensiones
El MEF se ha propuesto reformar el Sistema Privado de Pensiones. Una reforma ambiciosa que enfrenta el tema de la competencia en el mercado y la baja cobertura de un importante número de trabajadores independientes y trabajadores de empresas informales que tienen ingresos superiores a los formales que están dentro del sistema.
Las propuestas se han inclinado por subastar paquetes de nuevos afiliados y reducir las comisiones tercerizando algunos servicios comunes entre las administradoras privadas que no tengan que ver con el manejo del portafolio.
Esas medidas deberán ser correctamente implementadas en una secuencia que garantice su éxito. Los reglamentos y los riesgos de falla no son menores.
Reforma tributaria
El Ejecutivo ha pedido también la delegación de facultades para legislar en materia tributaria. La meta autoimpuesta por el Gobierno es pasar de 15,5% del PBI en 2011 a 18% hacia 2016.
Una presión tributaria de 15,5% del PBI no está en línea con las actuales tasas del impuesto a la renta ni del IGV. La explicación está en las numerosas y extendidas exoneraciones tributarias y la elevada evasión tributaria. Las primeras llegan hasta el 2% del PBI, mientras que la segunda alcanza el 35% en el IGV y cerca del 50% en el caso de la renta de personas jurídicas. Por ello, los principales retos del país en este tema reposan en ambos aspectos. Sin embargo, el pedido no ha sido muy ambicioso, y solo con estas medidas no se llegaría a tal meta.
Con el crecimiento económico y la modernización de la economía, la presión tributaria sin la minería apenas ha subido 0.6% del PBI entre 2005 y 2011. La economía nacional requiere mayores recursos para financiar tanto una mejor infraestructura pública, que eleve la competitividad, como mejores servicios públicos básicos: educación, salud, seguridad interior y justicia.
Hay maneras de llegar a la meta del 18% del PBI. Una segura es atacar directamente la evasión. Otra es esperar la entrada de tres megaproyectos mineros. Las dos llevarían a superar la meta con holgura.
Gobernabilidad y crecimiento
El crecimiento económico genera una pugna distributiva que se expresa en el mercado, en los conflictos sociales y en la política. Muchas veces, las fallas de comunicación, la falta de información, las dudas legítimas o alimentadas por grupos de interés, la inoperancia y torpeza estatal, la desinteligencia de algunas empresas privadas, casos de corrupción, los propios celos en el interior de los gobiernos o las aspiraciones personales de sus ministros llevan a episodios que terminan en crisis políticas.
Estas crisis se resuelven con cambios de gabinete. En los últimos 11 años (desde julio de 2001) hemos visto pasar a 12 gabinetes. Una vida promedio de 11 meses.
Sin embargo, gracias a la continuidad de la política macroeconómica, la economía ha seguido creciendo con todos sus beneficios conocidos. Pero, debido al continuismo del resto de políticas, salvo algunas excepciones, no se notan cambios sustanciales, que ya nos pasan la factura.
Breves reflexiones
El Gobierno ha dado muestras de su pragmatismo en el campo económico, con una economía empresarialmente muy dinámica y una nueva y ampliada clase media, que hoy en día son su soporte político frente a extremismos antimineros y otros grupos de bajo peso electoral pero elevada capacidad de movilización local.
En el campo político, nombrar mayoritariamente a ministros “técnicos” con baja exposición a la opinión pública no es suficiente en un país que ocupa la cola en Latinoamérica en cuanto a confianza.
En el campo político, nombrar mayoritariamente a ministros “técnicos” con baja exposición a la opinión pública no es suficiente en un país que ocupa la cola en Latinoamérica en cuanto a confianza, sentimiento de los beneficios de la democracia y el uso de mecanismos institucionalizados para procesar los intereses y reclamos de diversos grupos y ciudadanos.
Puede que el Gobierno cumpla parte del listado que prometió en la campaña y la “hoja de ruta”, lo que es positivo, pero aún es poco. Es lo que ofreció, pero se queda corto para lo que el país necesita para sostener un elevado crecimiento por más de una década, que nos lleve a ser una sociedad más próspera y justa.
Cumplir las promesas electorales debe ser una costumbre obligada de todo Gobierno en una democracia. En ese sentido, la “hoja de ruta” que presentó el actual mandatario antes de la segunda vuelta electoral es útil para juzgar este comportamiento de consistencia con lo prometido a los votantes.
Esperamos escuchar las propuestas para el resto del Gobierno, sobre todo las vinculadas a los servicios públicos, en particular a la seguridad ciudadana, y, por otro lado, las relacionadas con la lucha contra la corrupción, sobre todo en los gobiernos subnacionales.El presidente Humala debe relanzar su gobierno de cara a su segundo año en funciones. La política también es encantar al ciudadano con promesas de vida futura.
* Máster en Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile. Socio director de Macroconsult.
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