1El Referéndum del 4 de mayo en el departamento de Santa Cruz convocado por las autoridades locales para poner en vigencia el Estatuto que regulará la autonomía departamental, ha logrado mayoría y ha sido cuestionada su validez por el gobierno. Es muy probable que ello marque un punto de inflexión en el proceso político boliviano. Nadie duda de que habrá un cambio de rumbo. Lo que no está claro es hacia dónde.

El proyecto de cambio de Evo Morales

Recordemos que Morales alcanzó la presidencia con un rotundo 54% de la votación en diciembre del 2005 porque supo capitalizar el descontento social y encarnar una propuesta de cambio que era, sobre todo, una promesa vaga y a la cual cada quien le puso el contenido que quiso. Esa propuesta fue canalizada a través de una Asamblea Constituyente que, finalmente, fue elegida y funcionó durante 16 meses. Se esperaba que la “refundación de Bolivia”, encomendada a la Asamblea, fuera el resultado de una sumatoria e inclusión de todas las reivindicaciones y tareas pendientes que fuera capaz de proponer el pueblo.

El Movimiento al Socialismo, partido de Morales, se había asegurado la mayoría absoluta de la Asamblea, pero no pudo lograr los dos tercios requeridos por la tradición constitucional boliviana y por la propia ley que la instauró. De una manera algo ingenua su principal negociador, el vicepresidente García Linera, pensó que eligiendo a la Asamblea solamente a través de distritos y adjudicando dos asambleístas a la primera mayoría y uno a la segunda lograría su objetivo. No fue así. En varios distritos ganó la oposición y el MAS no alcanzó los dos tercios que esperaba. Entonces dedicó largos meses a una pugna reglamentaria dentro de la misma Asamblea con el fin de eliminar el requisito de los dos tercios para aprobar reformas, lo cual desgastó significativamente su credibilidad.

Adicionalmente, al establecer la Asamblea en Sucre, la capital de la República, la hizo vulnerable a la demanda centenaria de esa ciudad de ser nuevamente la sede de gobierno. Sin embargo, la “refundación de Bolivia” lo admitía todo menos poner en duda los derechos “adquiridos” por La Paz en la guerra federal de 1899, que impuso entonces la radicatoria de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en dicha ciudad. Frente a las demandas de Sucre, La Paz movilizó su 34% de peso electoral y logró que la mayoría oficialista de la Asamblea aprobara precipitadamente una resolución que prohibía debatir los temas de capital y sede. Las previsibles protestas de la población de Sucre impidieron que la Asamblea Constituyente pudiera volver a funcionar con normalidad.

Pese a esas dificultades, la oposición liderada por el expresidente Jorge Quiroga respaldó en el Congreso Nacional una prórroga de mandato a la Asamblea, que en el año para el que fue elegida no había conseguido aprobar ni siquiera un artículo de la nueva Constitución.

Al cumplirse la prórroga la Asamblea había acumulado una gigantesca cantidad de informes por mayoría y por minoría, pero su plenaria no había debatido ni aprobado públicamente nada más que saludos y declaraciones. Fue entonces que la directiva se lanzó a su más audaz e innovadora decisión: convocó a la Asamblea a sesionar en un instituto militar, el antiguo castillo de La Glorieta que está fuera de Sucre, donde aprobaron en grande, sin leer ni debatir, un proyecto de Constitución. Y luego salieron todos en desbandada, utilizando helicópteros, tanquetas y jeeps, o escondiéndose por senderos rurales y a medianoche. En las afueras de La Glorieta y en toda la ciudad de Sucre se producían marchas, se armaban barricadas y se atacaban los cuarteles de la policía y del ejército, además de la sede de la Asamblea. Por lo menos tres personas murieron ese día y más de un centenar resultaron heridas. La policía se vio obligada a abandonar la ciudad, replegándose a la vecina Potosí hasta que la población les diera “garantías de seguridad” para volver (sic).

El día en que concluía el plazo legal para el funcionamiento de la Asamblea, otro gesto de audacia llevó a la Directiva a convocarla en Oruro para aprobar en detalle el proyecto de Constitución.

[…] el gobierno boliviano ha seguido haciendo campaña para aprobar su proyecto de Constitución y muchos de sus funcionarios se empeñan en difundirlo y defenderlo, lo cierto es que el mismo se encuentra en un limbo y pocos creen ya que pueda ponerse en vigencia alguna vez.

Oruro ha sido una plaza leal a Evo Morales, que nació en un pueblo de ese departamento. Varias organizaciones sociales afines al gobierno se desplazaron a esa ciudad, que dista menos de 300 kilómetros de La Paz, y cercaron el auditorio para impedir o desalentar la presencia a los asambleístas de oposición. Al amanecer de ese día, los oficialistas festejaron su victoria luego de haber levantado la mano 412 veces para aprobar “en detalle” un nuevo texto constitucional que, para la gran mayoría, era una novedad.

Faltaba el detalle final: su aprobación en referéndum. Para convocarla se requerían aprobar una ley por dos tercios del Congreso y la oposición estaba, obviamente, muy molesta con los abusos del oficialismo. De modo que éste se arriesgó nuevamente y convocó a sesión de Congreso pero llamando antes a sus organizaciones aliadas para cercar la plaza Murillo e impedir la presencia de las bancadas de oposición. Y así se hizo, apelando incluso a golpes de puño que se transmitieron en vivo y en directo por televisión.

Pero esa ley fue rechazada por quien debía encargarse de su ejecución, ya que eran demasiadas las normas transgredidas y era materialmente imposible organizar el referéndum constitucional en el plazo de 60 días que puso el gobierno.

Y aunque el gobierno boliviano ha seguido haciendo campaña para aprobar su proyecto de Constitución y muchos de sus funcionarios se empeñan en difundirlo y defenderlo, lo cierto es que el mismo se encuentra en un limbo y pocos creen ya que pueda ponerse en vigencia alguna vez.

El cambio alternativo

El apresuramiento, plasmado en esos 60 días insuficientes para el referéndum constitucional, se debía a que intentaban salir al paso del otro proyecto de cambio que fijó un referéndum diferente: el de las autonomías.
Liderado por el Prefecto, el Comité Cívico y las organizaciones empresariales de Santa Cruz, incluso desde antes de que Evo Morales llegara al poder, se había venido gestando el proyecto alternativo de reforma del Estado para romper el centralismo y dar paso a un modelo autonómico de administración pública. De hecho, el mismo día en que se eligieron representantes a la Asamblea Constituyente se realizó un referéndum para consultar al electorado si quería que se establecieran gobiernos departamentales autónomos. En cuatro departamentos ganó el Sí, todos del oriente y sur del país.

Inicialmente, la idea era que la nueva Constitución normara esta reforma, pero la reticencia de la mayoría oficialista y el evidente deterioro de la Asamblea convencieron a los autonomistas de avanzar por su cuenta. Conformaron una Junta Provisional Autonómica que, en un plazo relativamente breve, preparó un proyecto de Estatuto a la manera de una constitución política regional. Y el Prefecto del Departamento convocó a un referéndum departamental para aprobarlo, encomendando su organización a la Corte Electoral de Santa Cruz.

La legalidad de este proceso es cuestionable. La Corte basó su decisión de llevar adelante el referéndum en la “presunción de constitucionalidad” de la decisión del Prefecto, y en ella se basó también para no acatar la orden de la Corte Nacional de suspenderlo. Este tipo de asuntos los dirime el Tribunal Constitucional, pero desde hace varios meses que ese órgano ya no funciona en Bolivia, debido a las renuncias que la presión gubernamental fue logrando.

El gobierno, luego de haber fracasado en su intento de sobreponer su referéndum constitucional al autonómico y no teniendo la fuerza suficiente para impedir por la fuerza su realización, se ha enredado en diversas iniciativas. Amenazó con ocupar militarmente Santa Cruz, ordenó la movilización de sus bases cocaleras y altiplánicas, pidió la intervención de los obispos católicos para establecer un diálogo político con la oposición, salió de gira para denunciarlo, pidió la ayuda de Chávez y afirmó que dejaría que el evento se realizara considerándolo apenas como “una encuesta cara”. Nada de esto disminuyó el entusiasmo que levanta en Santa Cruz la bandera de la autonomía.

Las autonomías departamentales son una alternativa de organización del Estado, pero en los hechos también implican una redistribución del poder público a partir de las regiones. Esto es consistente con el cambio en la geografía económica de Bolivia […]

La autonomía implica la creación de gobiernos departamentales mediante elección directa, los cuales tendrían atribuciones y competencias tanto propias como compartidas con los municipios y el gobierno nacional y dispondrían de fuentes propias de recursos. Es por eso que la reducción de recursos a las Prefecturas, la prohibición de exportar a los productores de aceite y el saneamiento acelerado de la propiedad rural y la distribución de tierras en Santa Cruz se interpreta como un esfuerzo del gobierno para minar las bases económicas de la futura autonomía departamental. Obviamente, esto ha exacerbado los ánimos y acentuado las tensiones.

Santa Cruz es el primer Departamento que somete su Estatuto Autonómico a referéndum. En las próximas semanas lo harán Tarija, Beni y Pando, que son los otros departamentos en que ganó el Sí. Luego se realizará en Chuquisaca una elección de Prefecto que tendrá dimensiones parecidas. Mientras tanto, en Cochabamba se recolectan firmas para respaldar un nuevo referéndum, en Potosí se organiza un movimiento autonomista alrededor de su popular alcalde, y el Prefecto de La Paz ya ha planteado la necesidad de redactar un proyecto de estatuto autonómico para esa región.

Más allá de la continua reducción geográfica del apoyo a Morales, que ahora se restringe al altiplano de La Paz y Oruro, el trópico cocalero de Cochabamba y algunos bolsones de colonizadores andinos en Santa Cruz, todo este proceso está dando una señal muy clara de rechazo al estatismo centralista que ha intentado restablecer Morales en sus dos años y tres meses de gobierno.

Las autonomías departamentales son una alternativa de organización del Estado, pero en los hechos también implican una redistribución del poder público a partir de las regiones. Esto es consistente con el cambio en la geografía económica de Bolivia, que ya no se concentra en el altiplano, todavía rico en minería, sino que tiene en Santa Cruz un vigoroso polo agroindustrial y en Tarija la principal fuente de rentas petroleras del país.

Los nuevos escenarios 

La reclusión territorial del poder de Evo Morales no se refleja, curiosamente, en las encuestas de popularidad, que lo muestran con un elevado respaldo. Y es que la gente no quiere que se vaya, lo que quiere es que actúe de otra manera. Por eso crece cada día el reproche al entorno presidencial. Quienes votaron por Morales quieren seguir creyendo en él, pero temen la confrontación y sienten en los bolsillos las consecuencias de una gestión gubernamental que ha concentrado sus mayores esfuerzos en una “revolución democrática cultural” que se disuelve en la ineficiencia de la Asamblea Constituyente y bajo el creciente vigor de las autonomías, pero que ha descuidado la economía, el empleo, las inversiones y la producción.

Una gran parte de las expectativas que llevaron a Morales a la presidencia estaban fundadas en las reservas de gas descubiertas a fines de los 90, que abrieron un panorama optimista para la economía boliviana. La nacionalización de hidrocarburos del 2006 ahuyentó las inversiones y si bien Bolivia cuadruplicó sus exportaciones en los últimos cinco años, paralizó el crecimiento de su producción física al punto de haber empezado a incumplir contratos de exportación y de enfrentar déficits incluso para satisfacer su mercado interno. La minería está amenazada por los conflictos entre cooperativistas mineros y comunidades indígenas y la agropecuaria ha sido afectada por desastres naturales y políticas adversas a la iniciativa privada.

Los escenarios futuros estarán probablemente marcados por el grado de realismo con que el gobierno de Evo Morales perciba su situación, puesto que de él depende uno u otro escenario. Su debilitamiento debería demostrarle que ya no puede imponer un proyecto al país, pero todavía conserva un enorme potencial de concertación (…)

La economía tiene todavía un amortiguador muy grande en reservas internacionales que superan el equivalente al 60% del PIB y los ingresos fiscales fueron mayores a los gastos por dos años consecutivos, luego de un crónico déficit fiscal. Pero las inversiones están cayendo y los bancos no pueden colocar el exceso de dinero que hay en sus cuentas. A esto hay que sumarle el colchón clandestino del narcotráfico que nuevamente ofrece oportunidades de ingreso tanto a los más pobres como a los más audaces. Los cultivos de coca han aumentado pero los precios de la hoja lo han hecho mucho más, y la magnitud y frecuencia con que se capturan cargamentos de droga, incluso provenientes del Perú en paso a Brasil y Argentina, denota un crecimiento de la actividad. Tal vez eso explique el auge inmobiliario en algunas ciudades del país.

Los escenarios futuros estarán probablemente marcados por el grado de realismo con que el gobierno de Evo Morales perciba su situación, puesto que de él depende uno u otro escenario. Su debilitamiento debería demostrarle que ya no puede imponer un proyecto al país, pero todavía conserva un enorme potencial de concertación, puesto que no ha recurrido todavía a este método. Si opta por ignorar la fragilidad del apoyo que le resta, y se empeña en seguir confrontando a las regiones dominadas por la oposición, puede perder muy rápido ese apoyo no sin antes acelerar el deterioro de la situación económica e institucional del país, y empujar a las regiones hacia posiciones más radicales. Si, por el contrario, reconoce que ya no puede imponer su revolución y admite que sus adversarios tienen legitimidad y fuerza, podría abrirse a una concertación política amplia que le permita aprovechar la coyuntura, que todavía le es muy favorable, para dinamizar la economía y consolidar y ampliar los notables avances que logró Bolivia en las últimas décadas de continuidad democrática. Esto no sería poco y posiblemente se acerca más a lo que espera la gente que votó por él.

Las cifras macroeconómicas no son malas pero ya hay indicios de problemas. Los pobres los han detectado más rápido que los indicadores promedio. La inflación ha erosionado la capacidad adquisitiva de los salarios, golpeando con mucha dureza a los sectores de más bajos ingresos que son los que dedican una mayor proporción a la compra de alimentos. Los datos oficiales señalan una tasa de 14.08% para los últimos 12 meses (a marzo 08), pero hay evidencias muy claras de manipulación de las cifras. Los especialistas creen que esa tasa ya ha pasado el 16% y podría aumentar todavía más en los próximos meses.

Y si en marzo del 2006, poco después de que Morales asumiera la presidencia, un 32% de los habitantes urbanos encuestados por Mori afirmaba que tenía ingresos que no le alcanzaban para satisfacer sus necesidades, en marzo del 2008 esa proporción ha superado ya el 51%.

Considero que el problema central de la serie “El Perro del Hortelano” es que no solo se trata de una estrategia comunicativa del gobierno, sino fundamentalmente de una propuesta ideológica que se va materializando en la vida social de distintas maneras.

* Investigador del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) y docente de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia, y de la Princeton University, en Princeton, New Jersey.
  1. Investigador del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) y docente de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia, y de la Princeton University, en Princeton, New Jersey.  ↩