Las autoridades regionales y locales habían iniciado sus gestiones al comenzar el 2007, siete meses antes del terremoto. Durante la campaña electoral local, el tema de los desastres naturales había estado ausente del debate público. Al llegar agosto no había mayor preparación. Pero, el sismo del 15 fue fuerte y muchas viviendas colapsaron. La población no sabía qué hacer y las reacciones fueron individuales, sin organización co-lectiva. Aunque también hubo mucho heroísmo civil: a oscuras, cientos de personas removieron escombros salvando a individuos que estaban enterrados.

La respuesta religiosa estuvo notablemente extendida, a pesar de que las iglesias registraban el mayor número de muertes. En efecto, los templos católicos están exentos de obtener licencia de construcción y por lo general, se edifican con criterios artísticos, sin mayor consideración por nociones de seguridad. Por ejemplo, en la iglesia de San Clemente de Pisco murieron alrededor de 160 personas que escuchaban misa, una cuarta parte del total de fallecidos.

El gobierno regional actuó con extrema debilidad. No se activó el Comité Local de Defensa Civil, que la ley ordena debe tomar el comando operativo de la emergencia. Por su parte, el gobierno central tampoco se empeñó en generar los organismos previstos y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) careció de fuerza política para imponer la estructura prevista por las normas.

La disputa por el protagonismo fue muy intensa y se duplicaron esfuerzos. Las autoridades locales actuaron con idénticos propósitos asistencialistas y, sin embargo, sus procedimientos incluían una intensa disputa por establecer quién llegaba primero y servía mejor a los necesitados, es decir, imperó el desorden.

La norma emitida por el Congreso peruano asimiló el FORSUR a la lentitud burocrática y al funcionamiento al ritmo de la pesada maquinaria oficial (…). Crear un organismo nuevo, destinarlo a encarar una emergencia, y condenarlo a la pesadez burocrática, es una iniciativa difícil de entender. Los políticos tuvieron celos ante un posible triunfo de los empresarios y dieron una norma que formó un frankestein burocrático.

La organización política del Partido Regional de Integración (PRI) de Ica era muy precaria y, una vez en el poder, con Triveño a la cabeza, sus debilidades se hicieron notorias. Se trataba de una coalición muy laxa empleada como trampolín de varias candidaturas, pero que carecía de cohesión. Pronto aparecieron en sus filas conflictos internos. Un sector de consejeros regionales optó por acumular su propio poder y se enfrentó a Triveño. De este modo, cuando ocurrió el terremoto, el gobierno regional ya se encontraba debilitado políticamente.

Los días siguientes al sismo fueron tensos y a los problemas se sumó la delincuencia. La población fue víctima de saqueos instigados por delincuentes que habían fugado del penal Tambo de Mora. Además, se vivía un clima de inseguridad muy elevado. Se desconfiaba de los demás. Por ejemplo, los primeros días la gente trasladaba los bienes que había logrado salvar. Los sacaban de sus casas semiderruidas, que no brindaban seguri-dad y los llevaban donde algún familiar o amigo que les ofrecía un depósito más seguro. La imagen que ofrecía Ica a la semana del terremoto era de un frenético traslado en ca-rretilla de enseres que iban de un lado a otro.

La burocracia de FORSUR y las idas y vueltas de la reconstrucción

El 28 de agosto del 2007 el Congreso de la República aprobó la Ley de creación del fondo para la reconstrucción del sur, FORSUR, a propuesta del poder Ejecutivo. Se nombró un directorio encabezado por el empresario Julio Favre y conformado por va-rios ministros, empresarios, presidentes regionales y algunos alcaldes. Inicialmente se dijo que esta entidad iba a encargarse de ejecutar la reconstrucción y Favre declaró a los medios que en 5 ó 6 meses esperaba estar entregando las primeras casas construidas por FORSUR.

El mismo día de la creación de FORSUR, el Presidente Regional rechazó la iniciativa señalando que iba contra el proceso de descentralización. En seguida, Rómulo Triveño formó la corporación de reconstrucción y desarrollo de Ica, CRYDI. Esta entidad no llegó a funcionar, pero desde el comienzo hubo paralelismo y contradicción.

El gobierno aprista siguió el modelo del FOREC, una entidad que había formado el presidente Álvaro Uribe de Colombia, luego del terremoto de enero de 1999 en el Eje Cafetalero de Medellín. El FOREC fue organizado como una entidad privada con capacidad para manejar fondos públicos y donaciones. Asimismo, esta institución fue explícitamente controlada por el Poder Judicial. La idea que se impuso es que el Estado demora mucho en comprar y por ello una entidad privada, con cargo a ser fiscalizada, podría llevar un proceso de reconstrucción más rápido. Se decía que gracias a esta norma, el FOREC pudo construir 127 mil viviendas en cinco años.

Sin embargo, la norma emitida por el Congreso peruano asimiló el FORSUR a la lentitud burocrática y al funcionamiento al ritmo de la pesada maquinaria oficial. Si FORSUR hubiera sido un antiguo ministerio desgastado por los años se hubiera entendido mejor la lentitud de sus operaciones. Pero, crear un organismo nuevo, destinarlo a encarar una emergencia, y condenarlo a la pesadez burocrática, es una iniciativa difícil de entender. Los políticos tuvieron celos ante un posible triunfo de los empresarios y dieron una norma que formó un frankestein burocrático.

El problema mayor fue que FORSUR no adquirió capacidad ejecutiva de los proyectos que acordaba su directorio. Según su definición legal, fue una entidad coordinadora y planificadora, pero la ejecución sería responsabilidad de los sectores ministeriales y de las autoridades regionales. Así concebido, el FORSUR no mostraría mayor capacidad práctica y se perdería en un mar de contradicciones, todo lo contrario de los supuestos beneficios del modelo colombiano.

Recién en febrero de 2008 se abrieron agencias descentralizadas de FORSUR en Ica, Pisco, Chincha y Cañete. Para aquel entonces, FORSUR había perdido perfil de organismo reconstructor para devenir en instancia de asesoramiento técnico y burocrático. Su labor ha estado más relacionada con la coordinación de las fichas técnicas con el gobierno regional y los municipios.

En la práctica, las labores de FORSUR parten de identificar una necesidad, por ejemplo, el caso de un colegio derruido, luego Defensa Civil certifica la realidad de dicha necesidad. A continuación, FORSUR elabora la ficha técnica, la envía a Lima donde la evalúa el Ministerio de Educación (MED), con cuya aprobación pasa al Directorio de FORSUR nacional. Una vez aprobado por esta instancia se eleva a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que la aprueba y deriva al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que otorga su aprobación devolviéndola a la PCM con una resolución ministerial. A continuación, la PCM emite una segunda resolución y solicita el presupuesto al MEF. Este ministerio transfiere el dinero a la PCM, que lo deriva al MED, quedando encargado de transferirlo al gobierno regional, cuya Dirección de Educación organiza el proce-so de licitación para elegir a la empresa que ejecuta la reconstrucción del mencionado colegio.

Hasta que el MEF transfiere el dinero al Gobierno Regional, el proceso había demorado meses. En medio de ese largo trámite, el FORSUR se fue transformando en una entidad encargada de darle seguimiento a los papeles y garantizar que no se extravíen en el complejo conducto que se ha diseñado para ellos. Luego la etapa de la licitación y entrega de la buena pro, fue en este caso todo un tema aparte porque fue enturbiada por casos de favoritismo. Así, el procedimiento práctico de FORSUR fue impresionantemente lento y tortuoso. No se condecía con una entidad que se suponía nacía para resolver una emergencia. De acuerdo a la propia memoria de FORSUR, una iniciativa, antes de concretarse, requería aprobar trámites ante doce ventanillas diferentes del mismo Estado.

Lenta reconstrucción asediada por una permanente corrupción

Si la velocidad no ha sido característica de la acción pública, la corrupción sí ha dominado las acciones desde el comienzo. Por ejemplo, el Presidente del Gobierno Regional ha sido denunciado por haber inflado los montos del contrato de maquinaria para retirar los escombros. Para esta tarea, INDECI entregó al gobierno regional y las municipali-dades 18 millones de soles. Asimismo, el Gobierno Reginal adjudicó la remoción de escombros de Pisco a una empresa recién constituida, sin experiencia alguna, que no presentó carta de garantía. Además, según denunció la prensa, esta empresa cobró en exceso por un millón doscientos mil soles de un contrato de algo menos de cinco millones.

Tanto funcionarios del Poder Ejecutivo como el mismo Presidente del Gobierno Regional y el alcalde del Municipio Provincial de Pisco acababan envueltos en el aprovechamiento particular de la ayuda entregada para el terremoto. La decepción de la población no pudo ser más profunda. Todos los niveles de gobierno estaban comprendi-dos en algún tipo de escándalo. Así, los ciudadanos percibieron al Estado como aprovechador de la desgracia ajena.

Por su parte, el alcalde de Pisco también ha sido denunciado por almacenar donaciones en los depósitos de la empresa privada Cotton Sur. Lo delicado del asunto reside en el hecho de que el mismo alcalde, conjuntamente con su hermana, abastece el comedor de esta compañía, que alimenta a sus 650 empleados. Fue ocasión para una profunda desazón de la población. No se indignaron ni pidieron su renuncia, simplemente la gente se sintió defraudada. Cundió el abatimiento.

La apatía política se profundizó cuando estalló el escándalo del Sistema Integral de Salud. Esta entidad del Ministerio de Salud compraba raciones para distribuirlas en la zona siniestrada. Pues bien, una ración que costaba nueve soles se facturaba a 34 soles. La diferencia se la apropiaban algunos funcionarios. Todos ellos eran integrantes del Poder Ejecutivo y alguno era militante aprista de rango medio. Con este escándalo se completó el círculo. En efecto, tanto funcionarios del Poder Ejecutivo como el mismo Presidente del Gobierno Regional y el alcalde del Municipio Provincial de Pisco acababan envueltos en el aprovechamiento particular de la ayuda entregada para el terremoto. La decepción de la población no pudo ser más profunda. Todos los niveles de gobierno estaban comprendidos en algún tipo de escándalo. Así, los ciudadanos percibieron al Estado como aprovechador de la desgracia ajena.

El malestar social se sigue acumulando en la población porque ni las autoridades ni la sociedad civil tienen capacidad para generar espacios de diálogo y resolución de los problemas. Este estado de ánimo es tan denso que explota, en momentos críticos, en una violencia masiva, como en el caso de Chincha, que protestó por el asesinato de la niña Sandrita en julio de 2008. Un asesinato donde se sospechaba de complicidad o extrema negligencia policial dio pie a una violenta manifestación popular que incluyó la toma de la carretera Panamericana.

Carente de lazos institucionales, el sordo descontento social tiende a presentarse como explosión.

* Historiador, investigador del IEP.