El presidente peruano llega a su primer año de gobierno con un perfil hecho de acciones, omisiones, tuits, viajes, compañías, declaraciones, fotos y muertes. Al concluir la segunda vuelta electoral, en junio de 2011, su imagen estaba fabricada de eslóganes, escenas de mítines, discursos, spots, promesas y respaldos públicos de sectores contrarios al fujimorismo. Hace un año tenía a casi todos los medios de la capital en contra, cuatro meses después de asumir el cargo, la línea se revirtió radicalmente: ¿cómo?, ¿por qué? Revisaremos, primero, los tres grandes problemas en los cuales el gobierno se empantanó en términos mediáticos y en los hechos mismos.
1. Al cierre de este número de Argumentos, Ollanta Humala se ha ganado en un sector de los peruanos la imagen de no dialogante, y su administración es vista como incapaz de afrontar los conflictos sociales, en su mayoría de origen medioambiental. Por otro lado, los analistas, líderes de opinión y politólogos de orientación menos conservadora rechazan la vertiente de mano dura inaugurada con el premier Óscar Valdés en diciembre, reforzada por el mandatario las pocas veces que declara en los medios.El jefe de Estado ha descalificado a los líderes de la protesta en Espinar y Cajamarca, a los que ha ofendido directamente, e incluso negó haber recibido sus comunicaciones, como ocurrió con la carta enviada por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, en la que pidió una audiencia para presentar su posición acerca del proyecto minero Conga la tercera semana de junio. No solo dichos observadores políticos, sino incluso algunos congresistas (del Apra y los disidentes de Gana Perú), han sugerido al presidente que se explique en Cajamarca, y que indique por qué ha tenido que variar su principal promesa de campaña en Bambamarca (el agua en vez del oro).
Sin embargo, otro sector ―entre quienes se encuentran dueños de medios, líderes de opinión, periodistas y políticos, pero además los tomadores de decisiones financieras y empresariales― ve en Humala un presidente que intenta poner orden “para que pueda haber inversión, pago de impuestos, canon”, es decir, el dinero que financie la “inclusión social”, una de las más reiteradas ofertas del oficialismo.
De pronto, en menos de un año, el Perú está otra vez polarizado, pero con otros criterios, y los extremos ya no son los del fujimorismo-no fujimorismo. Los polos para el Gobierno y la mayoría de medios de comunicación de Lima se expresan en los “violentistas, radicales, motivados políticamente” de un lado y, del otro, los que quieren el desarrollo, el crecimiento, el agua y la inclusión. Para el otro sector, los polos son, de un lado, el Gobierno como defensor de las empresas y las propias empresas que no han cumplido acuerdos previos, y del otro, ellos, que defienden sus derechos y sus recursos. Es decir, hemos vuelto a la dicotomía que establecieron los tres textos de Alan García en su serie el perro del hortelano publicada en la sección Opinión del diario El Comercio en su segundo gobierno.
Al coincidir la visión (de la economía, del orden, de la sociedad, de los derechos) del gobierno de Ollanta Humala con la de la mayoría de medios capitalinos y con la de la élite empresarial que expresa sus puntos de vista, la posición antagónica de la prensa deja de existir. Ese proceso se inaugura en julio de 2011 con el nombramiento del ministro de Economía, y continúa durante las negociaciones acerca de los pagos por sobreganancias mineras, pero se afianza luego en las informaciones sobre las movilizaciones de los mineros ilegales y también acerca de las protestas contra Conga. Ahora los medios tradicionales de la capital “colaboran” ―queriendo o sin querer― con el Gobierno para reforzar y hacer llegar su visión de los negocios, de las protestas (motivadas por una conspiración política, según sus hipótesis ), de la “minería responsable”, del orden y de la inclusión social.
El presidente, el primer ministro Valdés y el ministro del Ambiente, Pulgar Vidal, han insistido en los últimos meses que nunca cortaron el diálogo, y que, al contrario, tuvieron muchas reuniones para resolver los conflictos sociales, pero no fueron transparentes en indicar que se reunían ―en el caso de Cajamarca― con representantes de la Cámara de Comercio o con autoridades locales que estaban a favor del proyecto Conga. La necesidad del Gobierno de parecer dialogante quedó caricaturizada en un encuentro en Lima de Humala con “80 alcaldes” de Cajamarca que respaldaban su gestión. Sin embargo, días más tarde uno de los alcaldes hizo público que fue convocado a dicha cita por el ministro de Vivienda, René Cornejo, y que fueron sorprendidos cuando apareció el presidente. Una crítica que comprueba lo dicho por el alcalde fue la declaración de la vicepresidenta Marisol Espinoza, quien precisó que más de sesenta de los presentes en dicha reunión eran funcionarios públicos y no autoridades elegidas.
Si bien en el discurso verbal y textual la administración Humala ha querido dejar una huella dialogante, a la vez ha sido insistente en enviar un mensaje sobre su forma de poner orden y cómo se sitúa frente a quienes opinan distinto, especialmente después de la salida del premier Salomón Lerner, como veremos a continuación.
Acciones que construyen el mensaje de “gobierno de mano dura” en los conflictos sociales de Cajamarca y Espinar:
- Desacreditación de la protesta (no hay argumentos técnicos sino políticos; no hay preocupación medioambiental, sino ambición política).
- Crítica de los líderes de las movilizaciones (tienen un pasado terrorista, son de la izquierda, son de Patria Roja, son extremistas).
- Detención de líderes de la protesta en situaciones neutras o calmas (revisar circunstancias de detención de Wilfredo Saavedra [Lima], Herbert Fuentes y Hector Mollohuanca [Yauri, Espinar] y Marco Arana [Cajamarca]).
- Declaración de Estado de emergencia.
- Acción violenta de la policía, que genera heridos, siembra pruebas, realiza detenciones masivas sin mandato judicial
- Intervención de fiscales sin debido proceso.
Monólogo interior
Pienso en revisar las anotaciones que he ido haciendo en estos 11 meses de la nueva administración en el Ejecutivo. Mis libretas están llenas de citas textuales, pero también de signos de admiración, de marcas, subrayados, de evidencias del malestar ante formas autoritarias en la gestión pública sumadas a un sesgo o desinformación en algunos medios de Lima. La combinación de ambos cristalizó especialmente en Willax y en Correo, aunque fue también notoria en tantos otros espacios informativos, como durante las noches de domingo en Frecuencia Latina. He recordado mañanas de sábado viendo el programa Rumbo Minero en Canal N, que cada semana tachaba de no civilizado, no calificado o terrorista a quien protestara contra algún proyecto minero. A la vez, los conductores e invitados aprobaban la reacción del Gobierno, expresada en los estados de emergencia, las detenciones o la acción brutal de la policía. Frases similares aparecían en las portadas del diario El Peruano, en los titulares de las noticias de la agencia oficial Andina y en los respectivos tuits.
He recordado también a Mariela Balbi, de Radio Programas del Perú, diciendo que no le habían pegado “tanto” a Marco Arana cuando lo detuvo la policía en la plaza de armas de Cajamarca. Y la entrevista de Sol Carreño en Cuarto Poder a la congresista Veronika Mendoza, en la que repitió los argumentos del primer ministro Óscar Valdés y de Jaime de Althaus: que ella azuzó a los extremistas en Espinar usando información falsa, manipulada. Y aquel editorial de El Comercio de junio en el que afirmó que no había nada que dialogar con Espinar: “¿Cómo es posible que el diario de referencia diga tal cosa?”, se preguntaba el sociólogo Santiago Pedraglio con el diario en la mano en su programa de TV en Internet La Mula.
Y entre los dichos no cumplidos, el Gobierno (Manuel Pulgar Vidal y el premier) dijo que iba a explicar las conclusiones del peritaje del EIA de Conga directamente en Cajamarca, lo que jamás ocurrió.
Reaparecen también ―mientras escribo― las imágenes en Skype de un estudiante de ingeniería de Celendín, quien me preguntaba si tenía cámara, y me mostraba los casquillos que él y sus familiares habían recogido para demostrar que el Ejército les había disparado en la plaza de armas. Aunque su padre lo llamaba para almorzar, él seguía entrando y saliendo de la pantalla, yendo a traer los cartuchos con residuos del gas pimienta para mostrármelos, restos de ese escenario de guerra que vivieron ese martes 3 de julio. Veo que algunos cajamarquinos tuitean fotos del entierro de los muertos de Bambamarca refiriéndose a “Humbala” y ya no a Humala. Pero tengo que escribir un texto sin emociones, es la revista del IEP. Continúo.
Por otro lado, la administración de Humala también se ha conducido de manera particular ―en términos mediáticos― en ámbitos distintos a los conflictos sociales: la corrupción y las crisis de seguridad en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (hoy VRAEM), por la presencia de remanentes de Sendero Luminoso.
2. La corrupción. Los casos de Omar Chehade y de Antauro Humala
El comportamiento que los voceros del Gobierno y el propio presidente tuvieron luego de la reunión de Alexis Humala con representantes de una empresa rusa de gas y el ministro ruso de Relaciones Exteriores se repitió luego cuando surgieron denuncias contra el entonces vicepresidente Omar Chehade y el hermano del jefe de Estado, preso entonces en el penal de Piedras Gordas.
De esta manera, en ciertas circunstancias, parece ser que el Gobierno solo se siente presionado a tomar una decisión o dar una declaración cuando ve que pierde su lugar en los sondeos de opinión pública.
Los tres rasgos de la respuesta pública en estas circunstancias fueron primero el silencio y posteriormente un comunicado que evadía el asunto de fondo o un tuit de la primera dama, afirmaciones contradictorias de los involucrados y muy tardíamente alguna reacción o declaración del presidente.
Cuatro días después de conocida la denuncia por posible conflicto de interés en la reunión que el congresista Chehade tuvo en el restaurante Brujas de Cachiche, Nadine Heredia escribió el 19 de octubre de 2011 el ahora famoso mensaje: “Tan difícil es caminar derecho??!!”, pero pasaron semanas hasta que el presidente se expresó sobre el tema, y sugirió que Chehade diera “un paso al costado” recién el 6 de noviembre.
Cuando surgieron las denuncias de trato preferencial o corrupción en el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas para que el hermano del presidente pudiera usar Internet, recibir visitas de mujeres en horarios supuestamente no autorizados o tener reuniones familiares por varias horas en el Hospital Militar con el pretexto de realizarse exámenes médicos, nuevamente hubo silencio. Luego vinieron las declaraciones contradictorias del jefe del INPE, del ministro de Justicia y del premier Valdés sobre los motivos del traslado del hermano del presidente a un centro de detención del Ejército. Finalmente, ante tanto escándalo mediático y la baja de algunos puntos de la aprobación presidencial en las encuestas, el preso fue llevado a la Base Naval del Callao.
De esta manera, en ciertas circunstancias, parece ser que el Gobierno solo se siente presionado a tomar una decisión o dar una declaración cuando ve que pierde su lugar en los sondeos de opinión pública o cuando hay cierta “bulla” escandalosa en los medios y las redes sociales.
3. La desinformación. Política de comunicación acerca de los hechos en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
Entre abril y mayo, el secuestro de trabajadores del complejo gasífero de Camisea a manos de Sendero Luminoso y las operaciones para liberarlos mostraron a un Gobierno con voluntad de desinformar a la prensa y los ciudadanos, y nuevamente ―como cuando rescataron a los mineros informales atrapados en un socavón en Ica― a un presidente con excesivos deseos de aparecer en las fotos.
Cuando los secuestrados fueron dejados por los senderistas, los obligaron a permanecer una noche en el aeródromo de Kiteni ―pese a que sus familiares los esperaban en la plaza de esa localidad desde hacía varios días― hasta que al día siguiente llegara el presidente Humala ―de la cumbre de Cartagena―, levantaran un toldo blanco y los medios pudieran registrar la escena.
A pocos días de cumplirse el primer año de la administración Humala, no se sabe quién mantendrá el liderazgo de las decisiones de comunicación en Palacio de Gobierno.
Ello podría ser un detalle menor comparado con la forma en la que los titulares del Interior y Defensa administraron la información durante esa crisis. Primero, no dieron información oportuna acerca del número de personas secuestradas; segundo: distribuyeron reiteradamente cartas de la empresa que negaban que hubiera habido algún pago a cambio de la liberación. Pero quizá lo más grave fue que no quisieron reconocer ni verificar que varios miembros de las fuerzas del orden habían sido abandonados a su suerte luego del ataque de los senderistas a un helicóptero en el que se desplazaban policías y militares que participarían en la denominada Operación Libertad. IDL-Reporteros hizo tal denuncia, y al menos durante una semana ambas carteras se negaron a confirmar dicha información, hasta que los padres de los jóvenes suboficiales desaparecidos en la operación salieron a los medios a pedir que el Gobierno los apoye en la búsqueda.
Es ya conocido que el suboficial de la Dinoes Luis Astuquillca sobrevivió dos semanas y pudo llegar por sus propios medios ―con ayuda de una familia machiguenga en cierto punto― a Kiteni (La Convención). El Ministerio del Interior trató de sacar provecho mediático del hecho con una nota de prensa cuestionable, en la que dijo que gracias al entrenamiento recibido salvó su vida y aludía a las acciones de búsqueda, pero generó una gran indignación cuando Dionisio Vilca, padre del suboficial César Vilca, encontró el cadáver de su hijo y se atribuyó parte del hallazgo.
¿Es esta manera de informar, administrar la agenda y enviar mensajes producto de que las cabezas del Gobierno son todas de militares en retiro, excepto Nadine Heredia? ¿Cree realmente el Gobierno ―y algunos sectores en las empresas mineras― que hay una conspiración en su contra, y solo aplica tres formas predominantes de comunicarse: el ataque (ofensa), la reacción a la defensiva y el mensaje positivo construido artificialmente?
A pocos días de cumplirse el primer año de la administración Humala, no se sabe quién mantendrá el liderazgo de las decisiones de comunicación en Palacio de Gobierno. Ha habido en los últimos meses cierta tensión y disputa entre las recomendaciones de Blanca Rosales, responsable de la oficina general de comunicación social de la Presidencia del Consejo de Ministros y exjefa de prensa en la campaña electoral de Gana Perú, y Roxana Altuna, la asesora de prensa de la primera dama. Un tercer criterio es el del asesor Luis Favre (o el extrotskista argentino Felipe Belisario Wermus): su presencia como consultor actual del Gobierno hace recordar el momento que pasó el expresidente Lula da Silva cuando se conocieron las denuncias de financiamiento ilegal del Partido de los Trabajadores en 2005. El entonces mandatario brasileño enfrentó dicha crisis política y resquebrajamiento de imagen con actos masivos, fuera de Brasilia y São Paulo, en los que se reencontraba con “las masas”, los sindicatos, las organizaciones y los beneficiarios de los programas sociales. La diferencia es que en Brasil había organizaciones con las que el presidente podía encontrarse. Si los eventos masivos del presidente Humala continúan, podemos asumir que quiere mantenerse alejado de los problemas que aún no resuelve y enviar mensajes asociados a “la gran transformación”.
Cuadro 1. Comparación de las acciones de comunicación y construcción de mensajes utilizados por la administración Humala
* Corresponsal extranjera y profesora asociada de la PUCP. Maestra en Ciencias de la Comunicación por la UNAM.
Referencias bibliográficas
Dettleff, James “El cuarto poder, sin campaña y sin candidatos (primera vuelta electoral)” paper presentado en el 1er Congreso Mundial de Comunicación Iberoamericana, Sao Paulo, 2011,
http://confibercom.org/anais2011/pdf/172.pdf
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