El 28 de julio pasado, durante el mensaje a la nación, el presidente Ollanta Humala anunció la intención de su gobierno de impulsar una nueva ley que regule el desarrollo profesional de los docentes. Este anuncio marcó el inicio de un debate público que se sostuvo durante tres semanas y que finalizó con la extinción de la amenaza de censura a la ministra de Educación, Patricia Salas.
Este episodio resulta particularmente ilustrativo de cómo se hace política en el Perú por varias razones. Se puso en evidencia las formas elementales de actuación política (más en el gobierno que en la oposición), se mostró el uso político de la educación (particularmente del tema magisterial) y se observó la irrupción de algunos actores sociales (comunidades de especialistas y medios de comunicación) en la escena política.
Sin embargo, quiero fijar la atención en cómo lo sucedido fue un contexto propicio para que se ponga de manifiesto que el reconocimiento y el desprecio son elementos fundamentales en las formas de hacer política en el país, y, claro, también que son factores estructurales del funcionamiento de nuestra sociedad.
La crónica de los hechos
Como parte del paquete de reformas presentadas en el discurso a la nación, el presidente Humala anunció que el Ejecutivo entregaría al Congreso de la República un proyecto de Ley para el magisterio que “[…] incluirá mejoras remunerativas y aborda de manera integral tanto la meritocracia como un sistema de formación y estímulo a la innovación”
A pesar de estar en un contexto de conflicto con el magisterio debido a una huelga indefinida impulsada por un grupo radical del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), el anuncio no causó mayores reacciones en los análisis posteriores al mensaje presidencial. Al día siguiente, el 29 de julio por la noche, la ministra Patricia Salas declaró en una entrevista que esta nueva ley de desarrollo docente supondría la derogatoria de los dos actuales marcos legales que rigen la vida laboral del magisterio.
Las declaraciones de Salas fueron el detonante del debate. El lunes 30 de julio por la mañana, Idel Vexler, viceministro de Educación durante el gobierno aprista, señaló en un diario local que no encontraba nada sustantivo en la propuesta de Ley de Desarrollo Docente, y que, por lo tanto, no se requeriría hacer ningún cambio en la normatividad. A estas primeras reacciones “técnicas” sobre el proyecto de ley se les sumaron en ese mismo día las opiniones de representantes de la oposición. El congresista Mauricio Mulder declaró que: “Es un retroceso incalificable y una concesión al Sutep y a las amenazas de la facción radical del Conare. Vamos a tener ahora una dictadura sindical del Sutep”.
Para el 2 de agosto, ya habían entrado al debate las opiniones de los viceministros de educación, Fernando Bolaños y Martín Vegas, y los argumentos de algunos especialistas que explicaban la pertinencia política y técnica de integrar a todo el magisterio en un solo régimen laboral y bajo un enfoque meritocrático de desarrollo profesional. “En suma, mantendría los pilares de la CPM, pero ampliando sus criterios y niveles. Eso permitiría incorporar de inmediato a los 225,000 maestros que aún están fuera de ella con sueldos congelados desde hace 6 años […]”.
Los sustentos técnicos a favor de la nueva normatividad vinieron acompañados de un conjunto de razones que alertaron sobre los problemas de implementación que tuvo la vigente Ley de Carrera Pública Magisterial promulgada por el gobierno del presidente Alan García.
Al mismo tiempo, los sustentos técnicos a favor de la nueva normatividad vinieron acompañados de un conjunto de razones que alertaron sobre los problemas de implementación que tuvo la vigente Ley de Carrera Pública Magisterial promulgada por el gobierno del presidente Alan García.
El sustento técnico a favor de la modificación de la ley magisterial ganó espacio en el debate, y la filtración de una versión preliminar de la ley en la prensa reorientó por completo la discusión. Según el periodista Augusto Álvarez Rodrich, “El embate contra Salas iba viento en popa hasta que, para desdicha de sus operadores, aparecieron las opiniones de los más prestigiosos expertos peruanos en materia educativa para comentar que, a partir de lo que se conoce del proyecto —aún de manera informal—, la LDD significaría una clara mejora de la CPM.»
Desde este momento, el debate pasó a desarrollarse plenamente en la arena política. A cuatro días de iniciada la discusión pública, la bancada fujimorista —con apoyo del APRA— oficializó la interpelación a la ministra Salas por “[…] la incapacidad y desidia que ha mostrado desde el inicio de su gestión, y que ahora pretende encubrir mediante el denominado proyecto de ‘Ley de Desarrollo Docente.’»
La tímida y disminuida participación de los políticos oficialistas fueron factores desencadenantes en el avance que tuvo la postura de la oposición. El desacuerdo con la propuesta de ley fue desplazado por el embate en contra de la ministra Salas, del gabinete y hasta del propio presidente Humala. A pesar de ello, y como único gesto político claro de respaldo a la ley y a la gestión de la ministra Salas, el Consejo de Ministros aprobó el 3 de agosto el proyecto de Ley de Reforma Magisterial, y lo presentó formalmente ante el Congreso de la República en los días posteriores.
Durante los siguientes diez días, el debate se mantuvo vigente. Con el proyecto de ley hecho público, las discusiones técnicas quedaron reservadas para espacios especializados, y, salvo algunas voces discordantes, quedó instalado en la opinión pública que la nueva ley era una mejor opción a la normatividad vigente.
Desde el Gobierno hubo desordenados intentos por ganar espacios políticos. La bancada oficialista y otros representantes del Gobierno estuvieron ausentes en la mayor parte del tiempo que duró el debate. Ante estas ausencias, fueron la comunidad de especialistas y algunos sectores de la prensa quienes salieron al frente en las discusiones políticas. Por su lado, la Alta Dirección del Ministerio de Educación activó un conjunto de alianzas y consiguió el respaldo a la propuesta de ley de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y la Red de Municipalidades Rurales del Perú (Remurpe). En la misma línea, pocos días después la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y el Banco Mundial manifestaron también su respaldo.
El 16 de agosto, la ministra Salas respondió a las 31 preguntas del pliego interpelatorio, y aunque la censura figuró como triunfo político de la oposición, no prosperó. “No creo que existan criterios para la censura. Vamos a pedir que el proyecto del Ejecutivo sobre la reforma magisterial se debata rápido en la Comisión de Educación, pase al pleno y ahí haremos las atingencias que correspondan”, afirmó el congresista Mauricio Mulder luego de la interpelación.
Al momento del cierre de este artículo, el Proyecto de Ley de Reforma Magisterial se encuentra en debate en la Comisión de Educación del Congreso de la República, junto con una propuesta presentada por el Sutep, quien —como era de esperarse— se opone al proyecto legislativo del Ejecutivo, y otra propuesta —que modifica algunos artículos de la vigente Ley de Carrera Pública Magisterial— presentada por el congresista Javier Velásquez Quesquén, del Partido Aprista.
Las luchas por el reconocimiento y la dinámica social del desprecio: reflexiones finales
Este periodo de debate fue duro e intenso, pero fue sobre todo revelador de cómo se configuran nuestras interacciones sociales. En tal sentido, no fueron ni los desencuentros de posiciones técnicas alrededor de la Ley de Reforma Magisterial, ni los niveles de desinformación sobre el tema, ni el desatinado manejo político del Ministerio de Educación, ni la desorientada reacción del oficialismo los factores desencadenantes de la desproporción y agresividad de la discusiones. Aquello que desencadenó la furia durante el debate alrededor de la Ley de Reforma Magisterial fue la percepción de “ninguneo” de algunos actores políticos y sociales, en un contexto en el cual el deterioro de las relaciones sociales de reconocimiento permite el surgimiento de una dinámica social del desprecio.
Aquello que desencadenó la furia durante el debate alrededor de la Ley de Reforma Magisterial fue la percepción de “ninguneo” de algunos actores políticos y sociales.
Durante este debate, se mostró que las decisiones políticas y de políticas públicas prosperan, se entrampan o se desvanecen según el grado de evidencia con que el que operan las relaciones sociales correspondientes al reconocimiento; es decir, cuánto reconozco o no la identidad del otro, la capacidad del otro y la necesidad de contar con ese otro.
En esta historia de “ninguneos”, hubo voces que reclamaron no ser reconocidas: “La muerte de la carrera pública magisterial es una falta de respeto al Congreso. Estoy indignada. Si quería cambiar algo [Patricia Salas], debió consultarlo con especialistas, con el Congreso”; voces que reclamaron directamente reconocimiento: “[la Ministra Salas debió ir] primero al Congreso y no que los parlamentarios se enteren por los medio de comunicación”; voces que no reconocían al otro: “Salas se siente iluminada, y cree que solo ella por designio divino puede solucionar los problemas de la educación”; e incluso voces que despreciaban a los otros: “Yo me pregunto cómo puede ser esta ley de la calidad y del mérito si le permite a un maestro que ha sido calificado como malo y como pésimo seguir enseñando en las aulas, ¿eso es meritocracia o «burrocracia», señora ministra?”.
He sostenido en muchas oportunidades que el problema del magisterio tiene su base en la fractura de las relaciones entre los docentes y la sociedad. Este contexto complejo, paradójico y, en algunos casos, contradictorio en el que se tejió la urdimbre política fue el marco en que se expresó que somos una sociedad en la que los distintos grupos funcionan separados entre ellos. Durante estos veinte días de furia se mostró, como nos los recuerda permanentemente Julio Cotler, que somos una sociedad en la que sus estamentos no se reconocen unos a otros.
* Investigador del IEP.
1 Humala, O. (2012). Mensaje a la nación. 28 de julio de 2012. Página 7.
2 Salas, P. (29 de julio de 2012).
ADN Político. Canal N (E. Castillo, entrevistador).
3 Las dos leyes son la Ley del Profesorado (1989) y la Ley de Carrera Pública Magisterial (2007).
4 Vexler, I. (30 de julio de 2012).
Diario Perú 21.
5 Mulder, M. (30 de julio de 2012).
Diario Perú 21.
6 Trahtemberg, L. (3 de agosto de 2012). “Carrera pública magisterial (CPM) ‘no va’”.
Diario Correo.
7 Véanse opiniones de Ricardo Cuenca en
http://lamula.pe/2012/08/06/ricardo-cuenca-criticas-a-reforma-educativa-son-porque-logros-politicos-de-garcia-empiezan-a-caerse/albertoniquen o las opiniones de León Trahtemberg en
http://www.trahtemberg.com/articulos/2016-cpm-es-bueno-recordar-su-origen.html
8 Álvarez Rodrich, A. (4 de agosto de 2012). “El retorno de la DBA”. Di
ario La República.
9 Moción de orden del día y pliego interpelatorio (2 de agosto de 2012).
10 Véanse las opiniones de Vexler, I (10 de agosto de 2012). “Cambios en la continuidad”,
El Comercio, y de Díaz, H. (9 de agosto de 2012),
El Comercio.
11 Según Ipsos-Apoyo, el 71% de la población consideraba que la Ley de Reforma Magisterial ayudaría a mejorar la calidad educativa.
12 Declaraciones del congresista Mauricio Mulder en
http://elcomercio.pe/actualidad/1457398/noticia-fujimorismo-no-logra-apoyo-bancadas-censurar-ministra-educacion
13 Para el análisis de los factores mencionados puede revisarse “Educación: desnudando logros colosales”, disponible en
http://www.revistaideele.com/ideele/content/educaci%C3%B3n-desnudando-logros-colosales
14 Honneth, A. (2011).
La sociedad del desprecio. Madrid: Trotta.
15 Ricoeur, P. (2006).
Caminos del reconocimiento. Tres estudios. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
16 Alcorta, L. (31 de julio de 2012).
Diario Perú 21.
17 Eguren, J. C. (9 de agosto de 2012).
Más Que Noticias. ATV+ (P. del Río, entrevistadora).
18 García Belaunde, V. A. (31 de julio de 2012).
Diario Perú 21.
19 Fujimori, K. (16 de agosto de 2012).
Diario de debates del Congreso de la República.
Este artículo debe citarse de la siguiente manera:
Si los estamentos no se reconocen que podemos esperar como solucionar este problema con miles de alumnos sin ser atendidos. Una vez mas me parece que el desprecio por la educacion publica es el arma detonante no solo ahora sino en todos los momentos donde se han molvilizado los profesores para lograr encontrar una ley del magisterio que se respete y se cumpla.
Otro buen analisis de ricardo cuenca. Pero el analisis del desprecio sirve para todo y no solo para la educacion no?