Letamendía Belzunce, Francisco (2011). El indigenismo en Suramérica: los aymaras del altiplano. Madrid 2011: Fundamentos, 224 pp.
A partir de las dos últimas décadas del siglo XX, el indigenismo ha tomado la forma de un movimiento social que se sustenta en una especie de nacionalismo contrahegemónico —contestatario y crítico del modelo económico y político— propio de ciertas sociedades (étnicas) subestatales. De esta manera, el indigenismo ha recobrado una de sus formas originales principales de ideología vertebradora de la acción política de colectivos que se proclaman indígenas, autóctonos y superadores de la condición colonial del indio. Estos grupos contrahegemónicos se convierten crecientemente en actores públicos que devuelven y contestan la construcción nacional propia de las estructuras y modelos tradicionales de los Estados andinos centrales, y desarrollan a su vez su propio discurso nacional.
Las visiones de los movimientos sociales, dominadas por las grandes narrativas modernistas —el liberalismo, el socialismo e incluso el nacionalismo en su expresión centralista,  entre otras—, olvidaron en sus análisis la variante de la cultura como sentimiento y expresión de una identidad colectiva. Estas narrativas provenientes del mundo occidental fueron acomodadas y adoptadas sin crítica en América Latina, esquivando el reconocimiento del indígena como sujeto político autónomo. El resurgimiento de los pueblos indígenas como importantes actores políticos ha impulsado el surgimiento crítico de herramientas teóricas posmodernas que buscan interpretar más precisamente el fenómeno del indigenismo, ya no solo como un fenómeno artístico o estético, sino fundamentalmente como un hecho político que transforma el escenario tradicional del Estado.
Francisco Letamendía, en El indigenismo en Suramérica: los aymaras del altiplano, se ocupa de este grupo nacional subestatal de casi dos millones de personas, con su propia lengua, concentradas en un espacio geográfico que rodea el lago Titiqaqa en el altiplano andino en una zona de triple frontera entre Perú, Bolivia y Chile. Es dicha consideración de los aymaras como sujeto político, como un grupo étnico-nacional, como un “pueblo”, con varias situaciones parecidas a las del pueblo vasco, lo que hace importante el libro de Letamendía.
El origen de la condición social actual de los pueblos indígenas fue la invasión colonial y ruptura de su Estado autóctono: el Tawantinsuyo (a partir de 1532), que acomodaba armónicamente a diversos grupos nacionales originarios. La colonialidad persiste contemporáneamente en la condición social del indígena, y es reproducida el día de hoy por las políticas públicas sobre los pueblos originarios de América Latina —inspiradas en el credo moderno del “desarrollismo”— que han sido dictadas por los regímenes neoliberales. Los Estados han cedido espacios de soberanía estatal agravando la condición (neo)colonial del indígena; las empresas multinacionales, casi sin control del Estado, han centrado su actividad extractiva en los territorios indígenas sin traerles mayores beneficios, sino, al contrario, abatiendo sus derechos y perjudicándolos gravemente en las bases materiales de su existencia como pueblos.
Los tres Estados —Perú, Bolivia, Chile— tienen un serio déficit de políticas públicas adecuadas y de una distribución constitucional del poder político que potencie una correcta gobernanza democrática de los asuntos indígenas aymaras. Los requisitos de una buena gobernanza no están presentes en ninguno de los Estados, sino, al contrario, estos muestran una soberanía excluyente de lo autóctono, su organización política es centralista y no se preocupan de la efectiva distribución territorial del poder, no promueven la interacción con la sociedad civil, ni establecen redes eficaces de gobernanza que impliquen a los aymaras. Únicamente en Bolivia los poderes regionales y locales reconocen la autonomía de las comunidades indígenas, pero por lo general no existen unas relaciones transfronterizas de reconocimiento e institucionalización.
Los modelos políticos han manejado erróneamente la multiculturalidad mediante la implementación de modelos estatales centralistas. En América Latina, la tradición centralizadora de la Colonia, heredada por el liberalismo del siglo XIX, ha tenido su continuidad en el siglo XX mediante un centralismo económico. Del trabajo de Letamendía se desprende que el Estado ha fracasado en su intento de descentralización política: ha fallado su intento de modernizar el propio Estado y su administración territorial, y no se ha consolidado definitivamente el carácter democrático de los regímenes políticos mediante el fortalecimiento de la relación Estado-sociedad y de la articulación de lo local y lo global (p. 117). Estos modelos centralistas tienen su excepción en el modelo político constitucional de Bolivia; en la Constitución de 2009 las “naciones y pueblos indígenas originario campesinos” juegan un papel central (p. 116-127).
El indigenismo de los pueblos autóctonos americanos, marginados y excluidos históricamente del poder del Estado, reinventa sus identidades y reivindica sus valores mediante la proyección de su significado en el conjunto de la sociedad y más allá de las fronteras del Estado-nación. En la actualidad, la resistencia indígena a las amenazas de los Estados, los mercados y la modernidad ha moldeado sus reivindicaciones a base de la autodeterminación y derecho a la tierra y cultura, las cuales se han redefinido sobre estándares internacionales: autogobierno dentro del Estado-nación, sustitución del concepto “tierra” por el de “territorio” y derecho a la educación intercultural, reconocimiento lingüístico-histórico-estético (p. 146). En este marco, el movimiento indígena ha tejido alianzas con organizaciones transnacionales, ha constituido sus propias organizaciones indígenas internacionales que han incidido en la redacción de normas internacionales como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y ha influido en el establecimiento de un nuevo sentido común sobre la cultura.
En los Estados andinos centrales, los pueblos indígenas reivindican la participación en una sociedad estado-nacional más amplia, sin perfiles exclusivistas; sus propuestas incluyen a toda la sociedad estatal y sus alternativas tienen como elemento central la conformación de Estados plurinacionales y multiculturales. En los países andinos existe un proceso político en el que los pueblos originarios recrean y se apropian de su identidad y de su cultura, y proyectan un nuevo modelo de Estado más democrático. No se trata del mero recuerdo histórico de su pasado prehispánico glorioso, sino que se trata de movimientos reactivos y proactivos de los pueblos originarios ante los peligros de las multinacionales, las empresas mineras, petroleras y las políticas neoliberales que los Gobiernos imponen sobre sus territorios y estructuras de organización social (p. 150).
A manera de conclusión, el libro El indigenismo en Suramérica… nos presenta una apreciación, en forma de ejemplo práctico, del “levantamiento aymara” de abril de 2004, el conflicto de Ilave (El Collao, Puno) que terminó con el linchamiento y penosa muerte de su alcalde, Cirilo Robles Callomamamani. Este linchamiento no fue el único en la zona aymara, se produjo otro en Ayo Ayo (La Paz Bolivia) que culminó con idéntico resultado: el alcalde de ese pueblo, Benjamín Altamirano, fue también cruelmente “ajusticiado”. Ambos episodios violentos muestran dramáticamente las transformaciones recientes en la organización y la dinámica social de las comunidades aymaras, y su relación de conflicto con los actores de la política local y con las instituciones políticas del Estado. Evidencian también el conflicto entre los procesos políticos institucionales del Estado central que se opone a las reivindicaciones del movimiento indígena aymara en las dos expresiones antes citadas.
Algunos de los análisis que se hicieron de los hechos de Ilave y Ayo Ayo navegan entre la ponderación de los aspectos de un naciente nacionalismo indígena aymara y la importancia de los procesos políticos internos (la micropolítica  local) en relación con la cultura étnica aymara y las maneras cómo dichos procesos tienen relación con la estructura del Estado. Muchos de los análisis comentados cayeron en un exceso culturalista que atribuía los resultados de los linchamientos a un supuesto derecho consuetudinario aymara. 1
Precisando correctamente estas últimas visiones, Letamendía explica que lo acontecido  Ilave fue producto del desacoplamiento entre las instituciones que el pueblo aymara se ha dado a sí mismo —y a base de las cuales regula su existencia— y el andamiaje político administrativo del Estado expresado a nivel municipal. Este levantamiento debe explicarse teniendo en cuenta la naturaleza del derecho aymara y su contradicción con las estructuras peruanas constitucionales de acceso al poder local, de inspiración occidental colonialista (p. 179).
El movimiento social aymara implica a varios actores que se movilizan para construir identidades, responder a agravios y luchar por el cambio de las bases del poder. Las comunidades no reducen su problemática a la tierra; reivindican el rol de sus autoridades tradicionales de acuerdo a su Derecho, se sienten agraviadas por la falta de consideración de los poderes oficiales hacia ellas y manifiestan su voluntad de construir un poder local que sustituya al poder político que perciben como ajeno por la democracia que se han dado a sí mismas. Los agravios no tienen una base únicamente campesina, sino cultural, que reclama el derecho a decidir sobre sus modos de vida.
El libro de Letamendía plantea un enfoque interesante y novedoso para el análisis de la distribución geográfica del poder político entre los grupos nacionales dentro de los Estados del área andina, que sirve también para apreciar, desde la sociología política, los últimos conflictos en el área aymara, centrados en la protesta del movimiento indígena popular contra la gran explotación minera en sus territorios. Tras varios meses de protestas y de dura represión, este movimiento logró recientemente (mayo de 2011) que el Gobierno peruano de A. García derogara la autorización de extracción de mineral de una empresa canadiense en Puno, Perú. El líder de esta protesta, Walter Aduviri Calisaya, declaró en junio de 2011 en un importante diario (El Comercio): “Me siento más aymara que peruano”.

* Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad del País Vasco. Investigador en temas de multiculturalidad, Estado y Derecho. Master of Arts in Sociology of Law (Oñati IISL). Abogado graduado en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Perú. http://pavelvaler.blogspot.com

Referencias Bibliográficas
Vilas, Carlos (2008). “Lynchings and Political Conflict in the Andes”. En Latin American Perspectives, n.º 35: 103-118.
  1.  Vilas 2008: 103-118.   ↩