Cuando Alejandro Toledo anunció la convocatoria a elecciones para los aún inéditos gobiernos regionales el año 2001, era alta la incertidumbre respecto al futuro inmediato del sistema político peruano. En esas circunstancias, algunos observadores se apresuraron en señalar que tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori existían indicios del retorno de los partidos políticos, principalmente, debido al protagonismo del APRA y el PPC en las elecciones presidenciales del año 2001. 1 Poco más tarde, esa observación parecía ser confirmada por las primeras elecciones regionales del año 2002, cuando los partidos nacionales obtuvieron más del 50% de los gobiernos regionales y municipalidades provinciales en disputa. Por ello fue grande la sorpresa cuando en las elecciones subnacionales del año 2006 el panorama cambió drásticamente: los movimientos regionales —agrupaciones políticas de alcance regional— se hicieron de 17 gobiernos regionales y el 40% de las municipalidades provinciales, lo cual llevó a las élites capitalinas a preguntarse sobre la naturaleza de estos nuevos movimientos. En palabras de Meléndez y Vera (2006): “Si ‘todos perdieron’, ¿quién ganó?”.

Ganaron las coaliciones de independientes regionales. Para sustentar esta respuesta, este artículo desarrolla un argumento en dos partes. En primer lugar, sostiene que desde la década de 1990, como resultado del colapso del sistema de partidos, los políticos peruanos se articulan en coaliciones temporales determinadas por la estructura del sistema electoral, las cuales permiten maximizar las oportunidades de los candidatos durante la campaña. Debido a la ausencia de incentivos para sostener la alianza luego de terminado el periodo electoral, la coalición se desintegra y los políticos son libres para establecer nuevos vínculos en vísperas de la siguiente votación. Tanto en la arena nacional (elecciones congresales) como en la subnacional (elecciones regionales y municipales) prima el uso de estas reglas informales de asociación entre políticos, las cuales constituyen lo que llamo coaliciones de independientes.
En segundo lugar, el artículo propone que en la arena subnacional la introducción de un nivel medio de gobierno (el gobierno regional) ha generado fuertes incentivos para la conformación de coaliciones de alcance regional antes que de alcance nacional. Aunados a la incapacidad de los “partidos nacionales” de brindar activos políticos a sus posibles candidatos, como reputación o recursos económicos, los alicientes electorales generados por la concurrencia de las elecciones subnacionales explicarían el alto nivel de “desarticulación vertical” del sistema y el éxito de los movimientos regionales en las dos últimas elecciones. De esta forma, los efectos más notorios de la descentralización en el sistema de competencia política estarían vinculados a la modificación de las estrategias a través de las cuales los políticos se congregan.
Descentralización y agregación nacional
Trabajos recientes en ciencia política han enfatizado el papel de los recursos, tanto ideológicos como materiales, para la cohesión de los partidos políticos (Hale 2006, Greene 2007, Morgan, 2011). Los partidos con un claro perfil pragmático cuentan con la capacidad de brindar a sus candidatos una marca que los distingue y garantizan una base inicial de votantes, mientras que aquellos capaces de distribuir recursos materiales aseguran a sus cuadros los activos necesarios para nutrir sus carreras políticas, y generan alicientes para asumir los costos de mantenerse leales a una estructura partidaria, como construir una trayectoria dentro del partido o acatar disposiciones de la dirigencia
central.
Desde un análisis similar, autores especializados en Latinoamérica han argumentado que los procesos de descentralización política que experimentó la región a partir de la década de 1980 contribuyeron a la desnacionalización de los sistemas de partidos, al debilitar su capacidad de transferir recursos materiales a los candidatos locales, quienes a su vez ganaron acceso a fuentes alternativas de financiamiento debido a la transferencia de mayores recursos fiscales a los gobiernos locales, mientras que, por otra parte, los asuntos de interés político se concentraron en los ámbitos locales antes que en el nacional. 2
No obstante, en un trabajo reciente, Dargent y Vergara (2011) introducen condicionantes a la hipótesis que sostiene que la descentralización afecta la agregación de los sistemas de partidos. Sobre la base de la comparación de los casos colombiano y boliviano, los autores argumentan que los afectos se encuentran relacionados al contexto en el cual la reforma fue llevada a cabo. En Colombia, donde el sistema estaba articulado por vínculos de carácter clientelista, la descentralización afectó al sistema de partidos, al restringirse el acceso a recursos de líderes partidarios regionales que controlaban amplias redes de patronazgo. Por el contrario, en Bolivia, la descomposición de los partidos fue impulsada por el surgimiento de un nuevo y poderoso clivaje social que sustituyó a los partidos tradicionales y convirtió a un movimiento marginal en partido hegemónico. Debido al carácter ideológico del sistema, los afectos de la descentralización fueron menores, incluso potenciando el ascenso del MASdesde los niveles subnacionales de gobierno.
Si, como proponen los autores, el contexto en el cual se realiza la reforma importa, en relación con el Perú, el proceso de descentralización fue impulsado cuando el sistema de partidos llevaba mucho tiempo descompuesto. No obstante, de ser así, ¿por qué los partidos nacionales tuvieron un desempeño notable en las primeras elecciones regionales? ¿Acaso fueron afectados por la descentralización política cuando resurgían de entre las cenizas?
Los efectos de la descentralización: cambio en el marco de referencia
Difícilmente. Si para cuando se implementó la reforma los partidos colombianos agregaban políticos locales a sus organizaciones a base de un vínculo clientelista y los partidos bolivianos sobre divisiones ideológicas, en el Perú los partidos no contaban con ninguno de los activos anteriores, los cuales perdieron hacia inicios de la década de 1990 (Levistky y Cameron 2003). Debido a ello, los “partidos nacionales” no son capaces de proveer capitales políticos a sus candidatos, y tienen grandes dificultades para agregar políticamente el territorio. Como ha argumentado Alberto Vergara (2011), en sistemas políticos descentralizados los partidos deben tener la capacidad para agregar intereses de manera vertical, entre niveles de gobierno. Vale decir, competir y ganar en los niveles subnacionales.

En ausencia de partidos, los políticos han logrado sobrevivir cambiando constantemente de agrupación, lo cual les permite reacomodarse encoaliciones de independientesque son formadas para enfrentar el periodo electoral y posteriormente desintegrarse.

En ausencia de partidos, los políticos han logrado sobrevivir cambiando constantemente de agrupación, lo cual les permite reacomodarse en coaliciones de independientes que son formadas para enfrentar el periodo electoral y posteriormente desintegrarse. Las coaliciones se configuran sobre la base de las reputaciones personales de los políticos que las conforman, lo que permite maximizar sus oportunidades electorales y competir como parte de una etiqueta pública: un nombre y un símbolo que los electores puedan reconocer. En ese sentido, aunque están conformados sobre acuerdos informales, deben asumir una forma legal para poder competir en elecciones, ya sea como “partido nacional” o “movimiento regional”.
Adicionalmente, las coaliciones de independientes se encuentran determinadas por la estructura del sistema electoral, la cual fija una suerte de marco de referencia desde el cual los políticos se asocian. Desde principios de 1990, la abrumadora mayoría de políticos que compite en la arena subnacional optó por convertirse en independientes (elecciones 1993 y 1995), y solo a partir de las elecciones de 1998 y 2002 los candidatos locales mostraron mayor disposición a integrar agrupaciones encabezadas por líderes nacionales. Sin embargo, este patrón de asociación cambió a partir de las elecciones de 2006 debido a los cambios institucionales introducidos por la descentralización política, particularmente, la creación de los gobiernos regionales y consecuente concurrencia de las elecciones subnacionales (ver Gráfico 1).
Gráfico 1: Desempeño del partidos nacionales en elecciones provinciales (1980 – 2010)

Elaboración propia sobre la base de Tuesta (2001) e Infogob.

A finales de 1990, dos agrupaciones políticas lograron quebrar el predominio de los independientes en los espacios locales de gobierno. En 1998, tras ocho años de gobierno fujimorista, el alcalde de Lima, Alberto Andrade, apareció como un contrincante importante en las elecciones presidenciales del año 2000. Su nueva agrupación, Somos Perú, presentó candidatos en 178 de 194 provincias, los cuales captó entre empresarios y exmilitantes de partidos tradicionales, seleccionados —como si de un puesto de trabajo se tratara— sobre la base de sus hojas de vida y experiencia política precedente. Con limitado acceso a recursos administrativos, Somos Perú solo podía brindar a sus candidatos la facultad de postular con la etiqueta de la agrupación y la asociación a la figura de Andrade, quien había articulado un tenue discurso programático en torno a la descentralización y el respeto de las instituciones democráticas vulneradas por Fujimori.
Del otro lado, el oficialismo creó Vamos Vecino, cuyo objetivo a mediano plazo era constituirse como la base de apoyo al gobierno en las elecciones presidenciales del año 2000 (Tanaka 2002). A través de Absalón Vásquez como operador político, el Gobierno logró captar a numerosos alcaldes independientes que buscaban la reelección y antiguos cuadros partidarios, principalmente exapristas o exizquierdistas. A diferencia de Somos Perú, Vamos Vecino mostraba mayores ventajas para atraer candidatos a la organización, al disponer de recursos estatales que fomentaron la emergencia de “múltiples precandidatos que peleaban por el reconocimiento oficial” a través conexiones personales con figuras del Gobierno (Vargas, 1999).
Tanto Somos Perú como Vamos Vecino son los casos inaugurales de coaliciones de independientes en la arena subnacional. Ambos funcionaron como clubes que aglutinaron políticos y los postularon bajo una etiqueta conjunta, pero sin lograr construir una infraestructura organizativa. 3  Vamos Vecino desapareció rápidamente como etiqueta pública debido a la debacle del gobierno de Fujimori, mientras que Somos Perú perdió su atractivo central al decaer la figura política del Andrade. Aunque sobrevive hasta la actualidad, Somos Perú nunca pudo estructurar una organización funcional.
Es importante resaltar que en el periodo anterior a la elección de 1998, entre 1993 y 1995, los independientes fueron libres de expandirse debido a que el oficialismo fujimorista no buscó colocar candidatos en los niveles locales ni existían opositores con el poder suficiente para atraer candidatos a su órbita. En un nuevo escenario de relativa polarización entre el oficialismo y la oposición, el prestigio personal de los futuros candidatos presidenciales (y lo que estos representaban) incentivó a los políticos a integrar coaliciones de carácter nacional antes que agrupaciones meramente independientes. Para estos, la elección nacional cumplió el rol de marco de referencia desde el cual realizar alianzas debido a que la asociación con un liderazgo superior permite maximizar oportunidades electorales a un bajo costo de transacción.
Aunque para algunos observadores la primera elección regional, celebrada el año 2002, significó una marcada diferencia con las elecciones municipales del 1998, desde la perspectiva de análisis propuesta, son elecciones con dinámicas muy similares, orientadas por la figura de los candidatos presidenciales más relevantes. En 2002, García, Flores y Toledo cumplieron el papel referente que cuatro años antes asumieron Fujimori y Andrade. Un análisis de los candidatos locales en dicha elección revela que el 65% de los políticos que ganaron gobiernos provinciales como candidatos del APRA, Acción Popular, Unidad Nacional (PPC) y Somos Perú no habían postulado nunca a algún cargo público o lo habían hecho por una agrupación política distinta. 4 Incluso el APRA, el partido más organizado para ese entonces, fue notoriamente revitalizado por el retorno de Alan García al Perú.
Esto responde a que, con la creación de los gobiernos regionales, el marco de referencia dejó de ser la elección presidencial, y pasó a ser la presidencia regional. Como afirma Diane De Gramont (2010) en un novedoso trabajo, gracias a la concurrencia de las elecciones regionales y locales los candidatos pueden ganar reputación unos de otros, a lo que es pertinente agregar la posibilidad de beneficiarse de una suerte de economía de acumulación, al aunar los recursos invertidos en campaña.

La descentralización ofreció los incentivos para que las coaliciones de independientes dejen de ser nacionales (1998, 2002) y se conviertan en regionales (2006, 2010).

La elección de 2002 mantuvo una dinámica similar a la de las elecciones subnacionales de finales de los noventa debido a que, al ser la primera contienda regional, los políticos no se habían acomodado a los cambios institucionales. Sin embargo, para las elecciones de 2006, estos aprendieron que una coalición de independientes de carácter regional brinda mayores beneficios que una de carácter nacional, porque permite una asociación directa durante el periodo electoral: una alianza entre candidatos locales (alcaldes) y regionales (presidente regional) genera mayores beneficios que una difusa asociación con un candidato presidencial. En consecuencia, la descentralización ofreció los incentivos para que las coaliciones de independientes dejen de ser nacionales (1998, 2002) y se conviertan en regionales (2006, 2010).
En ese sentido, los beneficios que otorgan los movimientos regionales estarían vinculados a las ventajas de asociación antes que a menores requisitos legales para su inscripción. 5 Como explicaremos a continuación, la categoría legal “movimiento regional” ha sido la forma más común adoptada por las coaliciones regionales, ya que permite contar con una etiqueta pública regional que traduce los activos electorales de un conjunto de políticos coaligados durante una elección en particular.
Pop-up parties: coaliciones de independientes regionales
Los tres tipos legales de agrupaciones políticas reconocidas por la legislación peruana —partidos nacionales, movimientos regionales y organizaciones de alcance local— permiten determinar cuál es el nivel de gobierno en el que están permitidas de participar, pero ayuda poco a definirlas bajo criterios de organización. Los resultados del análisis de la composición de 123 agrupaciones políticas que ocuparon el primer y segundo lugar en las elecciones regionales de 2006 y 2010 (tanto partidos como movimientos regionales) revelan que la forma más común de articulación política es la coalición de independientes. Este análisis consistió en determinar el porcentaje de candidatos provinciales nuevos en una misma agrupación política en el lapso de dos periodos electorales, lo cual dio como resultado que el 93% de las agrupaciones contaba con más del 50% de candidatos novicios (sin experiencia política previa) o nuevos dentro de la agrupación (habían sido previamente candidatos por otra agrupación política). 6
Si bien la estructura de las elecciones regionales ha generado alicientes para la agregación regional, estos incentivos actúan en un periodo de tiempo reducido, por lo cual son insuficientes para vencer los problemas iniciales de formación partidaria. En contraposición a la formación de organizaciones políticas funcionales, los políticos prefieren integrar coaliciones que les permitan superar los obstáculos electorales, pero que posteriormente son rotas rápidamente. Esto se debe a que, al igual que los partidos nacionales, la mayoría de movimientos regionales es incapaz de proveer activos ideológicos o recursos materiales a sus candidatos. En ausencia de bienes de transacción en el mercado electoral, los políticos realizan un cálculo de costo- beneficio en el que evalúan a los precandidatos con los cuales aliarse.
Dentro de este cálculo, los candidatos cuentan con un valor estimado, al que llamo valor de competencia, el cual consiste en sus reputaciones personales y los recursos de los que disponen para invertir durante la campaña electoral. En primer lugar, la suma de reputaciones personales brinda información a los electores sobre la viabilidad de triunfo de los políticos en competencia: los candidatos municipales coaligados con un liderazgo regional que cuente con oportunidades de triunfo son considerados por los votantes como opciones factibles para ganar las elecciones locales, mientras que buenos candidatos municipales cumplen el efecto similar para el postulante regional. Como lo ilustra Jorge Núñez, personero legal del Movimiento Regional Raíces 7  de Puno, “al margen de que uno sea un líder local, quiere a alguien que contribuya a su campaña, que le dé más chances. Ven quién va a la cabeza en un movimiento regional; la situación es quien jala el coche. También se oferta quiénes son los otros candidatos. Todos hacen una evaluación, y uno hace una autoevaluación y dice: ‘Me interesa porque, al margen de que es un líder aquí, me interesa que me ayude porque arrastra electorado’. Es una suma de todos, por eso se aúnan a un movimiento regional, no es por otra cosa”. 8
En segundo lugar, la inversión económica de los candidatos genera una especie de economía de acumulación. Como afirma Rozas (2012), la mayoría de políticos medianamente exitosos cuenta con “recursos propios”, obtenidos a través del acceso a recursos públicos o privados para sustentar sus trayectorias políticas, los cuales, entre otros usos, permiten realizar campañas electorales. En ese contexto, la suma de las campañas personales de los políticos asociados en una coalición de independientes permite impulsar una campaña amplia, distribuida por toda la región y de mucho mayor alcance que una independiente. Según Isaac Apérrigue (periodista y operador político juliaqueño), la lógica de los candidatos podía ser ejemplificada de la siguiente manera: “Lo que evalúan los candidatos locales es cuál personalidad [candidato al GR] puede garantizar una campaña potente en términos económicos. Del mismo modo piensan los candidatos regionales: quién puede invertir más en la campaña local”. 9
Finalmente, la suma de reputación personal y recursos materiales de cada candidato es traducida a través de una etiqueta pública: un nombre y un logo, el cual es comunicado a los electores y diferencia a un conjunto político de otros. Ello es vital para desarrollar una campaña exitosa en todos los niveles de gobierno, al servir como un atajo comunicativo para los electores. De esta manera, los votantes pueden asociar con mayor facilidad un logo determinado con el candidato regional, el de su provincia y el candidato de su distrito. Por este motivo el rubro “movimiento regional” ha sido la categoría legal más utilizada por los impulsores de coaliciones de independientes desde 2006: permite formar una “etiqueta pública regional” capaz de representar características distintivas de la región donde se compite o particularidades personales del candidato regional que encabeza la coalición.
Por las características descritas, las coaliciones de independientes simulan partidos funcionales (cuentan con capacidad de agregación, compiten bajo una etiqueta pública); no obstante, sin incentivos fuertes que obliguen a sus integrantes a asumir los costos de pertenecer a una estructura duradera, las alianzas tienen una corta fecha de caducidad. Si bien el valor de competencia de los políticos resulta útil durante las elecciones concurrentes, su carácter momentáneo lo hace insuficiente para garantizar la lealtad a una estructura partidaria. Para los políticos locales, el valor de un candidato regional funciona como un incentivo que otorga ventajas frente a los demás competidores, pero pierde su valía luego del periodo electoral; de la misma forma, los candidatos regionales no están interesados en institucionalizar alianzas con políticos que son propensos a desprestigiarse rápidamente.
En resumen, si bien la descentralización no ha creado los incentivos suficientes para conformar partidos políticos regionales, ha brindado mayores dificultades para la agregación nacional, ya que existen fuertes alicientes para integrar agrupaciones regionales antes que nacionales. De esta forma, la organización política es excepcional, y, en lo que a partidos nacionales respecta, se encuentra circunscrita a breves espacios, como la sobrevivencia política del APRA en Trujillo y el PPC en Lima Metropolitana.
Conclusiones
Durante los primeros segundos después del big bang partidario, el universo estaba formado por una pléyade de políticos independientes que disputaban los gobiernos locales sin ningún instrumento que permitiera ordenar la oferta política. Sin embargo, a finales de la década de 1990, el surgimiento de liderazgos nacionales antagónicos brindó incentivos para que los candidatos buscasen asociarse a la imagen y propuesta electoral de los candidatos presidenciales. Hasta 2002, poco más de un año después del fin de fujimorato, este tipo de estrategia de asociación generó el espejismo de partidos que retornaban asombrosamente recuperados.
No obstante, los políticos locales se adaptaron rápidamente a un nuevo escenario: la formación de un nivel intermedio de gobierno. Siendo concurrentes las elecciones a la presidencia regional y los municipios locales, los candidatos de ambos niveles encontraron poderosos incentivos para coaligarse temporalmente. Las coaliciones de independientes regionales brindan información a los electores al asociar candidatos en tres niveles de gobierno y maximizar los recursos invertidos de manera independiente. De esta manera, los políticos con mayores activos electorales cuentan con fuertes alicientes para rechazar a los partidos nacionales, los cuales, a su vez, no son capaces de proveer de capitales políticos (ideología, recursos o prestigio) a posibles candidatos. Si son capaces de reclutar postulantes al Congreso es porque la legislación electoral les ha brindado el monopolio de las candidaturas. De otra forma, el desfase sería mayor.

 * Politólogo, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Referencias bibliográficas
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  1. Sobre estas apreciaciones ver, entre otros, Kenney (2003) y Schmidt (2003). 
  2. Al respecto ver, entre otros, Sabatini (2003), Harbers (2010) y Dargent y Muñoz (2011).  
  3. Es elocuente lo manifestado por Carlos Malpartida, regidor provincial de Cusco durante el periodo 1998-2002: “No hay una estructura partidaria, no hay un secretario general que diga a quiénes hay que elegir e integrar a la organización. Me siento libre en ese aspecto”. Citado en Vargas (1999). 
  4. En 2002, los partidos nacionales ganaron 110 provincias, de las cuales el 70% fueron obtenidas por los “partidos tradicionales”: APRA, PPC y AP, y Somos Perú. Otro 10% fue ganado por Perú Posible y el porcentaje restante, por partidos menores.
  5.  Sobre el argumento referido a los requerimientos legales de la legislación electoral, ver, entre otros, Vergara (2009), Meléndez (2011) y Seifert (2011).
  6.  Considero a un candidato como nuevo si es que no fue previamente candidato a ningún cargo de elección popular con la misma agrupación política, ya sea una regiduría, alcaldía distrital o provincial.
  7.  El año 2010, Raíces obtuvo el primer lugar en la primera vuelta electoral y ganó cinco municipalidades provinciales. Había sido fundado pocos meses antes de la elección.  
  8. Entrevista personal con el autor, Puno, 27/01/2011. 
  9.  Entrevista personal con el autor, Juliaca, 23/01/2011.