Debía ser a mediados del año 1993 que viajé desde San Lorenzo del Marañón hasta el bajo Menchari, un afluente del río Pastaza, ya no muy lejos del Ecuador, para participar por primera vez en la titulación de una comunidad nativa. Dos largos días de surcada por el río Pastaza fueron necesarios para alcanzar nuestro destino. Un viaje difícil, como todos los viajes por este río conocido entre los navegantes por su cauce torrentoso y por consiguiente imprevisible. Fui invitado por Gil Inoach, el entonces coordinador de la oficina regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) de San Lorenzo, un joven tenaz y prometedor dirigente awajun que años después confirmaría su talento dirigiendo por dos mandatos el conjunto de la organización a nivel nacional. Yo colaboraba en aquellos años en las tareas de esta pequeña oficina situada en lo que ahora es la capital de la provincia de Datem del Marañón, compartiendo mi tiempo con un trabajo de campo entre los candoshi, para lo que fue mi tesis doctoral. Junto con Gil Inoach y el motorista que manejaba el bote destartalado y su cansado motor de 40 CV, el equipo que se desplazaba para esta titulación estaba formado por un ingeniero del Ministerio de Agricultura como supervisor oficial de la operación y un topógrafo para calcular las superficies a demarcar, cuyos nombres creo haber olvidado. Entre nosotros, viajaban los dos bidones de gasolina necesarios para el viaje, conectados directamente al motor por un tubo. Esto no impedía que los pasajeros, para combatir el aburrimiento cuando no conversaban con la elocuencia propia de los loretanos, fumaran de vez en cuando un cigarrillo. Contra lo que yo suponía, parece que no existe riesgo de que todo explote por los aires, tal y como me demostró el topógrafo, para mi tranquilidad, ¡cuando quiso apagar su pitillo ahogado en la gasolina del propio bidón!
Este pequeño acto, en esta orilla extraviada en la inmensidad de la selva peruana, reuniendo estos comuneros de una humildad conmovedora, solo permitida a los hombres soberanos (…) tenía una dimensión histórica.
Una vez llegados al lugar, mis compañeros de viaje, acompañados por los Apus (los Jefes comunales), debían desplazarse por los ríos y selvas para fijar los hitos que demarcaban los límites de la nueva comunidad. Mi tarea mientras, mucho menos heroica, sería realizar el censo demográfico de los comuneros y rellenar los datos de un formulario elemental del Ministerio, llamado informe socio-económico, necesario para completar la solicitud. Por las noches, a la luz del lamparín de kerosene y del cielo estrellado, conversábamos de lo sucedido durante el día. Temprano, antes del amanecer, nos levantamos a tomar la infusión de guayusa (Ilex sp) alrededor del fuego con los lideres comunales, a la manera indígena, para preparar las actividades de la jornada antes del baño matinal en el río. Al cabo de unos pocos días, cuando cada uno de nosotros terminó con las tareas asignadas, Gil Inoach acordó con el Apu reunir a todos los comuneros para un pequeño acto de clausura. Gracias a un miembro de esta comunidad que hablaba un poco de castellano, las palabras que el dirigente pronunció fueron traducidas a las lenguas locales. Asimismo, el Apu de la comunidad, un hombre de una edad avanzada, con cabellos blanquecinos y ojos acuosos, agradeció por el trabajo realizado después de consultar, junto con otros comuneros, algunas dudas. Acto seguido, se bautizó a la nueva entidad jurídica con el nombre de Kushilia, que en quechua del Pastaza significa “alegría”.
Mis recuerdos son, con el paso del tiempo, algo vagos. Pero lo que no olvidaré jamás fue esa sensación de estar viviendo, de alguna manera, uno de esos momentos especiales que parecen reverberar con la historia. Parecían resonar aquellos debates que ya durante el primer siglo de la ocupación española de América se daban sobre la legitimidad de la empresa colonial frente a los derechos de las poblaciones autóctonas. Con la necesidad de reparación que ya formuló Francisco de Victoria en 1539 en la famosa lección de escolástica tardía titulada De indis, donde se pregunta si los indios tenían un poder público y privado antes de la conquista, si tenían lo que la terminología tomista de la época denominaba dominium. Para responder que solo negándoles la condición de una plena humanidad –al considerarlos por ejemplo bajo la categoría aristotélica de esclavos por naturaleza– se puede pretender que no dispusieran de él, extremo que el jurista negaba al considerar que no existían diferencias sobre la base de una disposición ontológica dada… Ya que, en efecto, este pequeño acto, en esta orilla extraviada en la inmensidad de la selva peruana, reuniendo estos comuneros de una humildad conmovedora, solo permitida a los hombres soberanos, hablando lo que para ellos era todavía la lengua general, el quechua, o su otra lengua materna, el candoshi, tenia una dimensión histórica. Se trataba de un ritual austero pero que simbolizaba esta reparación postulada desde los inicios de la colonización mas nunca hecha efectiva; este título era una forma de reconocimiento de la República del Perú hacia sus comunidades originales por los agravios cometidos en su contra en nombre de una mal entendida obra civilizadora.
La integración como voluntad
Esta visión de la ley de comunidades nativas y campesinas por la cual estábamos titulando las tierras de Kushilia era quizá un tanto maximalista. Es posible que mis recuerdos mezclen con el paso del tiempo el deseo con la realidad y que las personas reunidas en este acto no se llevaran la misma impresión en sus memorias. Es cierto que el Convenio 169 de la OIT, que por aquel entonces el Perú ya había firmado, debería conducir a una interpretación de este tipo. En todo caso, se puede decir, en retrospectiva, que la idea de reparación se ha ido abriendo camino desde entonces porque la reciente declaración de la asamblea de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, suscrita también por el Perú, es bien explícita en este sentido, incluso llegando a declarar el derecho de los derechos: la libre determinación de los pueblos indígenas. Además, algunos países americanos, como el Canadá, han iniciado procesos de reparación.
De hecho, el espíritu de la ley de comunidades nativas y campesinas formulada durante el gobierno de Velasco Alvarado no contemplaba una idea de reparación. De acuerdo con la perspectiva estatalista de izquierdas reinante en aquel entonces, la ley pretendía más bien incorporar de alguna manera a las poblaciones indígenas a la base popular del Estado.
De hecho, el espíritu de la ley de comunidades nativas y campesinas formulada durante el gobierno de Velasco Alvarado no contemplaba una idea de reparación. De acuerdo con la perspectiva estatalista de izquierdas reinante en aquel entonces, la ley pretendía más bien incorporar de alguna manera a las poblaciones indígenas a la base popular del Estado que, junto a obreros y campesinos, debía desde entonces dinamizar la sociedad. Era un proyecto integracionista que no entendía el derecho territorial de los pueblos indígenas como un derecho, se podría decir, preconstitucional, es decir un derecho previo a toda legalidad, con el fin de evitar asumir el derecho de conquista como ley fundamental implícita.
Sin embargo, en los años 70 no se podía pedir más –pensarían los indígenas. Basta recordar que, incluso ahora, es más difícil acceder a la propiedad para un pueblo indígena, incluso demostrando un vínculo centenario con su territorio, que para cualquier individuo que, recién llegado a la zona, ponga un cerco en las orillas del Marañón para que pasten cuatro cabezas de ganado; o un grupo de “invasores” de un pueblo joven en Yurimaguas. Es por esta razón que, desde mediados de la década de los setenta hasta recientemente, antes de que este gobierno paralizara todo proceso de titulación, actos como el que presencié en Kushilia se repitieron cientos de veces por toda la selva a medida que se titulaban más y más comunidades. En aquellos tiempos, los indígenas se conformaban con existir y el Estado con reconocer su existencia.
Así florecieron, sobre todo en la década del 80, las federaciones indígenas en toda la Amazonía, y así surgió la federación de federaciones, AIDESEP. El trabajo de titulación fue acompañado además por toda una serie de iniciativas con miras a fomentar la integración de los pobladores indígenas a la ciudadanía.
Estas titulaciones eran precedidas por un trabajo de información que los dirigentes indígenas –al principio integrados a la dependencia del Estado creada para la titulación, el Sistema Nacional de Movilización Social, y después como representantes de organizaciones independientes– realizaban con los diferentes grupos indígenas a veces con contactos muy esporádicos con la sociedad nacional. Después de la titulación, se elegían los representantes comunales, Apus, llamados también Tenientes Gobernadores. Con esta perspectiva integracionista que presidía la ley, se decía sin ironía que estas autoridades elegidas por la asamblea de comuneros eran la representación del Estado en la zona y las comunidades, como una unidad administrativa subdistrital.
Después de la titulación, las comunidades recién formadas se asociaban a una federación sobre la base de criterios étnicos y espaciales, en general, una cuenca. Así florecieron, sobre todo en la década del 80, las federaciones indígenas en toda la Amazonía, y así surgió la federación de federaciones, AIDESEP. El trabajo de titulación fue acompañado además por toda una serie de iniciativas con miras a fomentar la integración de los pobladores indígenas a la ciudadanía, una forma de promover el desarrollo en estas áreas abandonadas por la administración pública. Entre todas estas iniciativas, quizás las que tuvieron mayor repercusión fueron las campañas para proveer de libretas electorales que muy pocos indígenas poseían. En Lima, el tono marcial de los discursos contra las pretensiones ecuatorianas se elevaba, el ejército se posicionaba en bases estratégicamente determinadas en la zona, la diplomacia se agitaba pero a nadie se le había ocurrido que una forma de legitimar las fronteras de un Estado es facilitar el ejercicio de los derechos cívicos a los habitantes del lugar. En todo caso, años después de estas campañas, los indígenas empezaron a ser elegidos, primero a nivel distrital y después incluso a nivel provincial, disponiendo actualmente de muchas alcaldías, como la misma provincia de Datem. En todo caso, la voluntad de integración al Estado, según la visión pragmática propia de las organizaciones indígenas surgidas de este proceso de titulación, fue evidente cuando se convirtieron en aquellos tiempos en un factor de estabilidad, un cuerpo de interposición y de promoción de la paz y la democracia en muchas de las zonas del país entonces asoladas por la violencia. La memoria política es muy corta, o el cinismo desmesurado, cuando oímos hoy a los responsables políticos del mismo partido que gobernaba entonces acusar a las organizaciones indígenas en general y AIDESEP en particular de violentos, por los incidentes acaecidos estos últimos meses a raíz de las protestas contra la llamada ley de la selva. 1
Casi al mismo tiempo que nos encontrábamos en Kushilia titulando la comunidad, lejos de allí, en alguna dependencia limeña de la dirección general de hidrocarburos, se entregó el entonces llamado lote 4, que incluía seguramente partes del territorio de esta nueva comunidad a la compañía estadounidense ganadora de la subasta: la Occidental Petroleum Corporation (Oxy).
Lejos de allí Casi al mismo tiempo que nos encontrábamos en Kushilia titulando la comunidad, lejos de allí, en alguna dependencia limeña de la dirección general de hidrocarburos, se entregó el entonces llamado lote 4, que incluía seguramente partes del territorio de esta nueva comunidad a la compañía estadounidense ganadora de la subasta: la Occidental Petroleum Corporation (Oxy). Se hicieron trabajos de prospección sísmica en todo el lote y se decidió realizar una perforación de un pozo exploratorio en las inmediaciones del río Chapuli, que discurre tres cuencas al sur del río donde se sitúa Kushilia. El problema era que el Chapuli no desemboca directamente en el Pastaza, sino en el lago Musa Karusha (también conocido como lago Rimachi), el lago más grande de la Amazonia occidental, un santuario de biodiversidad único en el mundo, sobre todo de fauna acuática. Los hidrocarburos y todos los residuos tóxicos que produce un pozo petrolero serían así drenados directamente el lago, sin posibilidad de evacuación, comprometiendo toda la ecología de la zona y la supervivencia de sus habitantes. El memorándum firmado por las comunidades contra la entrada de la petrolera, enviado al entonces presidente Fujimori –ahora en los tribunales–, todavía espera respuesta. AIDESEP decidió promover entonces una campaña internacional contra esta prospección. La Oxy, por su parte, no realizó ninguna consulta previa y, al contrario, ejerció una presión terrible sobre las comunidades y los que colaborábamos con ellas en un tiempo donde toda protesta podía ser interpretada como subversión. Naturalmente, por muchos esfuerzos que se hagan, poco pudieron hacer unas organizaciones indígenas frente a una de las más grandes empresas de hidrocarburos del mundo, la cual por entonces operaba en 23 países, produciendo petróleo y gas en 12 de ellos, con unos ingresos que en 1994 se elevaban a más de 9 billones de dólares.
En 1994, se iniciaron los trabajos con la llegada de turnos sucesivos de cientos de trabajadores y millones de dólares en medios y materiales, todo ello debidamente protegido por cuerpos armados de seguridad privada. Por suerte para los indígenas, los resultados de la exploración fueron negativos y a mediados de 1995 la compañía abandonó el lugar dejando tras de sí lo que ella presenta como su programa de ayuda social, lo que ahora se llamaría una acción de responsabilidad social corporativa: unos pozos artesianos que poco después eran inutilizables, unos barracones en Musa Karusha que ofreció como escuela para los niños candoshi, media docenas de motores fuera borda usados y otros tantos bidones de gasolina. Aparte de esto y, claro está, varias hectáreas de selva arrasadas, no quedó de su actuación ninguna secuela perceptible para las capacidades de evaluación de impacto ambiental de las que disponían los indígenas y sus organizaciones. El impacto de los vertidos contaminantes a la red fluvial y al suelo en el campo de trabajo no se pudo evaluar adecuadamente de manera que la vida de los candoshi continuó como antes de la llegada de la empresa. Esta penetración de la razón productiva parecía haber sido un sobresalto tan intenso como fugaz.
Las víctimas culpables
Poco tiempo después, sin embargo, comenzaron a aparecer los primeros signos inquietantes de una epidemia de hepatitis B y Delta de una gran virulencia. Las primeras denuncias públicas de parte de las organizaciones indígenas se sucedieron al ritmo de la extensión del problema y de las víctimas que la epidemia fue cobrando. Por entonces, se comienza a hablar de un proceso que puede suponer la extinción de este pueblo si no se toman las medidas adecuadas. En septiembre del año 2000, el Programa de Formación de Maestros Bilingües (FORMABIAP) hace un llamado internacional a la solidaridad. Un reportaje realizado por Alejandro Balaguer para un programa televisivo en horas de gran audiencia, donde entrevista al ministro de salud al mismo tiempo que muestra imágenes terribles de las secuelas de la enfermedad en la zona, con enfermos desasistidos y familiares llorando a sus muertos en el más total desamparo, convirtió el caso candoshi en un problema nacional. Las respuestas evasivas del ministro pusieron de manifiesto el desconocimiento y la negligencia de toda la institución frente a este problema. 2
El impacto de los vertidos contaminantes a la red fluvial y al suelo en el campo de trabajo no se pudo evaluar adecuadamente de manera que la vida de los candoshi continuó como antes de la llegada de la empresa. Esta penetración de la razón productiva parecía haber sido un sobresalto tan intenso como fugaz.
El 9 de abril de 2002, el pueblo candoshi redactó un memorial dirigido al Ministro de Salud y a la presidenta de la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPA), donde precisaba la situación en la que se encontraban sus miembros y las medidas que debían tomarse. El 30 de abril del 2002, presenté, a pedido de AIDESEP, un informe sobre la situación en la segunda reunión ordinaria de la CONAPA, en el Palacio de Gobierno en Lima. Dada la gravedad del problema, la CONAPA decidió crear una comisión de trabajo dedicada a este tema. Esta comisión se reunió, por primera y última vez, el 3 de mayo en el despacho de la primera dama, con la participación de representantes del Ministerio de Salud y de AIDESEP. En este encuentro, los representantes del ministerio afirmaron que todo lo que podían hacer por los candoshi ya lo habían hecho y que no tenían la intención de realizar ninguna intervención específica más. En vista de que buscar soluciones a través de los poderes públicos no daba resultados satisfactorios, AIDESEP presentó el plan de acción a UNICEF que decidió finalmente asumir la responsabilidad del proyecto emprendiendo las primeras acciones a mediados de 2003.
Elucidar responsabilidades de este etnocidio es una labor difícil dada la complejidad técnica de un fenómeno de este tipo y el difícil acceso que se tiene a los datos. Por otro lado, no parece que los poderes públicos peruanos vayan a realizar una investigación, porque ya deberían de haberla emprendido. Dirigentes indígenas candoshi me señalaron que el Estado no hubiera reaccionado con tanta indiferencia si esto mismo hubiera sucedido en la capital. Para tener una idea de la magnitud del impacto en la población local, sería como si de pronto estallará una epidemia en Lima afectando a un millón de personas, cobrándose 160.000 víctimas en solo un año. Los dirigentes candoshi piensan que esta falta de compromiso del Estado es porque este los considera, en el mejor de los casos, ciudadanos de segunda clase por ser indígenas y vivir en una zona remota del país.
Quizá nunca una instancia nacional o internacional se preocupará por averiguar por qué apareció un virus de hepatitis delta en esta zona y por qué degeneró hasta convertirse en una catástrofe humanitaria. Sin embargo, los dirigentes candoshi tienen una idea clara de cómo llegó hasta allí. Consideran que con la llegada de los trabajadores de la Occidental Petroleum en sus tierras estalló la epidemia.
Quizá nunca una instancia nacional o internacional se preocupará por averiguar por qué apareció un virus de hepatitis delta en esta zona y por qué degeneró hasta convertirse en una catástrofe humanitaria. Sin embargo, los dirigentes candoshi tienen una idea clara de cómo llegó hasta allí. Consideran que con la llegada de los trabajadores de la Occidental Petroleum en sus tierras estalló la epidemia. Los datos de los que se disponen apoyan claramente esta hipótesis. Se trataría, tal como ha sucedido en otras poblaciones indígenas de América del Sur, de una epidemia producida por el virus de la hepatitis Delta en una población como los candoshi que ya estaba infectada de hepatitis B. Es decir, los candoshi se han visto afectados por una sobreinfección de hepatitis Delta, forma de infección asociada a variantes particularmente agresivas de esta enfermedad vírica. 3
Existe una gran unanimidad, no solo entre los funcionarios del Ministerio de Salud, sino también entre otros profesionales, en afirmar que las costumbres candoshi han tenido un impacto importante en la transmisión de la enfermedad. Se habla, por ejemplo, de la toma de masato, de los tatuajes, del tratamiento funerario y de otras prácticas “exóticas”. Escuchar algunos comentarios sobre los vectores posibles de contagio es como oír la lista de prácticas que distinguen a la cultura candoshi de la cultura criolla. Los candoshi, que han pagado con sus vidas el abuso de corporaciones internacionales sin escrúpulos, la indiferencia del Estado para proteger a sus ciudadanos de estos abusos y la ineficiencia de un sistema de salud inadaptado a la realidad de la zona, acaban siendo los responsables del problema precisamente por ser como son: si quieren salvarse deberán abandonar las costumbres que son su razón de ser como cultura. Esta es la paradoja última de esta situación: las víctimas se convierten en los culpables. Nadie se pregunta, en cambio, a excepción de los dirigentes candoshi, qué importancia pueden haber tenido las operaciones petroleras y otras injerencias externas que los Candoshi nunca desearon.
Existe una gran unanimidad, en afirmar que las costumbres candoshi han tenido un impacto importante en la transmisión de la enfermedad. Se habla, por ejemplo, de la toma de masato, de los tatuajes, del tratamiento funerario y de otras prácticas “exóticas”. Escuchar algunos comentarios sobre los vectores posibles de contagio es como oír la lista de prácticas que distinguen a la cultura candoshi de la cultura criolla.
Para los que conocemos la historia del contacto de los pueblos indígenas con los agentes colonizadores y el colapso demográfico producido en diferentes épocas por la introducción de epidemias ante las que los indígenas no tienen inmunidad, la crónica de la historia de la hepatitis entre los candoshi es solo un capítulo más. Las operaciones extractivas en la selva, que suponen una gran movilización de personal externo a la región, personal que entra inevitablemente en contacto con las poblaciones indígenas locales, siempre terminan con un problema sanitario grave para estas últimas. Que este hecho se repita una y otra vez a pesar de los conocimientos que se tienen de epidemiología, de los convenios internacionales sobre derechos indígenas y de las instituciones que velan por los derechos humanos en el mundo es muy lamentable. El Estado peruano, que dejó operar esta compañía petrolera sin otro control que el ejercido contra la resistencia que opusieron las organizaciones indígenas, es tan responsable como las corporaciones petroleras que solo se guían por los beneficios económicos derivados de sus actividades.
Gráfico 1: Mapa de lotes de hidrocarburos en la Amazonía
Epílogo
Han pasado más de quince años desde que presencié la titulación de la comunidad nativa de Kushilia. En aquel tiempo, la ley de Comunidades nativas y campesinas, por la cual se estaba titulando esta comunidad, todavía permitía el derecho inalienable a la propiedad colectiva de los grupos de indígenas. Desde entonces, la legislación internacional se ha ido desarrollando, en particular, como ya he mencionado, con la declaración por parte de la asamblea de las Naciones Unidas de los derechos de los pueblos indígenas, que ya ha cumplido su primer aniversario. En el Perú, en cambio, la legislación nacional ha intentado erosionar en sucesivas ocasiones los pocos derechos territoriales que proclama la ley de Comunidades nativas. Fujimori consiguió eliminar la calidad de intangibilidad de las tierras. Alan García ha intentado continuar en esta dirección con los famosos decretos legislativos 1015 y 1073 que levantaron a todos los pueblos amazónicos indígenas y no indígenas hasta conseguir que el Congreso se abstuviera de ratificarlos, inflingiendo un revés sin precedentes al ejecutivo. En concordancia con esta voluntad de eliminar obstáculos para las grandes inversiones internacionales de empresas extractivas y en particular petrolíferas, este gobierno ha licitado a una velocidad inusitada la práctica totalidad de la selva peruana. Para demostrar la magnitud del fenómeno, baste señalar que hoy hay 180 lotes concedidos en toda la Amazonía occidental con más de 35 compañías multinacionales trabajando (ver gráfico 1). Estos lotes se encuentran en todos los países de la región pero con una cantidad y extensión variable. En Colombia, Bolivia (e incluso en Brasil occidental) son poco importantes. En el Perú, sin embargo, se ha promovido la inversión con una política fiscal favorable y se ha producido un nuevo boom petrolero. Hay en estos momentos 48 lotes activos con contratos con multinacionales en la Amazonía peruana, lo que significa en términos comparativos que el 70% de superficies concedidas para la exploración y/o explotación petrolera en toda la cuenca amazónica están en territorio peruano.
Hay 180 lotes concedidos en toda la Amazonía occidental con más de 35 compañías multinacionales trabajando. Estos lotes se encuentran en todos los países de la región pero con una cantidad y extensión variable. En Colombia, Bolivia (e incluso en Brasil occidental) son poco importantes. En el Perú, sin embargo, se ha promovido la inversión con una política fiscal favorable y se ha producido un nuevo boom petrolero.
El gobierno en estos últimos años ha licitado todos los bloques posibles menos 8. Este año serán concedidos como mínimo 16 bloques más. Los 64 bloques actualmente subastados cubren el 72% de la Amazonía peruana (490.000 km2), en contraste con el 15% del 2005. Solamente las áreas protegidas (parques nacionales y otros: un 12 %) se libran por el momento. Sin embargo, 20 lotes se superponen a 11 áreas de protección menor (reservas comunales y zonas reservadas) y 58 de los 64 lotes se sobreponen a territorios titulados de comunidades nativas. Otros 17 lotes se yuxtaponen a áreas que han sido propuestas como territorios para grupos indígenas en aislamiento voluntario. Esto sucede, como se sabe, en el área de la Amazonía más rica en biodiversidad, es decir en una de las regiones más ricas en biodiversidad del planeta; sobra decirlo, el verdadero patrimonio del Perú. 4
La situación resultante ante este estado de cosas es un conflicto de intereses inevitable y, de seguir así, veremos un proceso conflictivo largo y políticamente muy intenso. En realidad, es el resultado de un choque entre dos inercias históricas de más de tres decenios de antigüedad. En el Perú, las organizaciones indígenas se crean y se desarrollan en el proceso mismo de titular las comunidades. Los indígenas encuentran en las comunidades su inscripción en la sociedad peruana, la satisfacción parcial al reclamo histórico de sus derechos territoriales y una garantía de supervivencia y participación ciudadana. Creen en lo que les parece la mano tendida del Estado para integrarse a la sociedad nacional. Para ellos, las comunidades no son un bien inmueble y los Apus no son el presidente de la comunidad de propietarios. Para los indígenas, las comunidades son ahora su condición de existencia, al menos en buena parte de la Amazonía. Por su parte, el Estado acepta desdeñosamente legitimar estos derechos pero, paralelamente, profundamente impregnado de la idea ya lanzada por Belaunde en los 60 de la Amazonía como el granero del Perú y otras propuestas de un colonialismo interno impropio de una democracia –porque en la selva también hay ciudadanos–, erosiona desde los años 90 el espíritu de la ley de comunidades con decretos e iniciativas que facilitan las inversiones de la industria extractiva. Los pueblos indígenas amazónicos están sin embargo organizados y son actores políticos y económicos fundamentales allí donde se encuentran. La prueba es que toda la selva, indígena o no, se solidarizó con su causa. Con el desenlace de las protestas contra los decretos legislativos 1015 y 1073, el movimiento indígena accede a la política nacional peruana con mucho retraso en comparación a los países vecinos. A diferencia de estos, lo indígena ha entrado por la puerta trasera, como no podía ser de otro modo en un país que vive de espaldas a la selva y donde la sierra ha sido incapaz de articular un discurso audible en este sentido, oprimida por el peso de fantasmas de pasados gloriosos y nociones ajenas a toda realidad. En todo caso, una oportunidad se presenta con estos acontecimientos, quizás la última, para profundizar en la democracia dando cabida a estas sensibilidades plurales que emergen como actores políticos. Si esta oportunidad no se aprovecha y el diálogo se cierra por prejuicios ideológicos o por querer ignorar una situación irreversible, no será la democracia quien se fortalecerá sino la incertidumbre de dejar en manos de posiciones polarizadas el devenir del país.
Una oportunidad se presenta con estos acontecimientos, quizás la última, para profundizar en la democracia dando cabida a estas sensibilidades plurales que emergen como actores políticos. Si esta oportunidad no se aprovecha y el diálogo se cierra por prejuicios ideológicos o por querer ignorar una situación irreversible, no será la democracia quien se fortalecerá sino la incertidumbre de dejar en manos de posiciones polarizadas el devenir del país.
Los acontecimientos alrededor del tema de los territorios indígenas, las leyes que los legitiman y la política de inversiones del gobierno en la selva se suceden a un ritmo desenfrenado. En estos días, los medios de comunicación nos han ofrecido la respuesta a algunas de las preguntas que este texto se plantea. ¿Por qué tanta prisa en vender la selva a las petroleras? ¿Por qué tanta desgracia lleva esta industria a los pobladores que nada pueden hacer ante su llegada irrevocable? La corrupción que se ha destapado con los sobornos de compañías extranjeras a altos funcionarios para obtener los derechos de explotación de lotes nos da parte de la respuesta. Todo el mundo interesado en los hidrocarburos sabe que la explotación petrolera se ha basado en una corrupción generalizada –y esto desde hace mucho tiempo– que permite a las compañías petroleras actuar a sus anchas comprando a funcionarios cuya responsabilidad sería velar por las condiciones en que estas compañías operan. Una corrupción profunda ejercida por unos actores cuya conciencia no se ve perturbada por el hecho que, como en el caso de la epidemia que devastó a los candoshi, su enriquecimiento personal represente atentar contra la vida de las personas. Solo cabe esperar que las condiciones en las que se pueden haber entregado estas seis decenas de lotes estos últimos años no supongan en cada caso una tragedia como la que tuve que vivir tiempo después de estos días de 1993 en Kushilia.
- En agosto de este año el gobierno intenta minar el contenido de la Ley de comunidades nativas y campesinas con dos Decretos legislativos (1015 y 1073), hecho que produce una movilización sin precedentes de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, por lo que el parlamento decide derogarla citando el Convenio 169 de la OIT por primera vez en la cámara legislativa: un triunfo para AIDESEP y un desaire para el presidente ↩
- Para un relato detallado de este suceso ver: Surrallés, A. Guía etnográfica de la Alta amazonia, vol.VI. (con L.Uriarte, editado por F. Santos y F. Barclay) Lima, Panamá & Washington: Smithsonian Tropical Research Institute et Lima: Institut français d’études andines (2007). ↩
- Para una explicación epidemiológica de la sobreinfección ver: Sans Cufí, M. et al. “Hepatitis vírica aguda”; en Medicine 7(9):343-355. (1996) y Torres, J.R.R. “Hepatitis B and hepatitis delta virus infection in South America [Progress towards the Comprehensive Control of Hepatitis B]”; en Gut, 38(5S):S48-S55 (1996) ↩
- Para estos datos y otros mas ver: Finer, M. et al. “Oil and Gas Projects in the Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiversity, and Indigenous Peoples”, PLoS ONE | www.plosone.org | Volume 3 | Issue 8 | e2932 (2008) y Campodónico, Humberto, “Amazonía y explotación petrolera” La República, 17/10/2008. ↩
