Desde hace aproximadamente una década un proceso de reconcentración de la tierra se viene dando en diferentes regiones del país, entre las cuales Piura ocupa un lugar importante. Estamos a puertas de contar con la nueva información del Censo Agrario, pero ya existen estudios que se basan en cifras proporcionadas por el Estado y las propias empresas. Así, en 2011, la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC por sus siglas en inglés) preparó un documento que registraba el proceso de concentración de la tierra en el Perú: según datos de 2009, en el caso de Piura, 31.700 hectáreas están en manos de siete propietarios, entre los cuales sobresale el grupo Romero con Caña Brava, que siembra caña de azúcar para la producción de etanol. 1 La compra de tierras para la producción de biocombustibles es solo una de las formas que toma este proceso, que incluye también las contraprestaciones para la extracción de hidrocarburos.

En años recientes, la historia de la extracción y la de las tierras de las comunidades de costa se cruzan. Así sucede, por ejemplo, en el caso de la explotación de petróleo, que hoy ingresa a zonas cultivadas por familias comuneras. También se entrelazan con el avance de transnacionales que buscan acceder a inmensas extensiones de tierra para producir biocombustible. Son estos los procesos que abordaremos en este artículo, llamando la atención sobre los estudios recientes vinculados al espacio rural piurano y los vacíos existentes. Para ello, haremos un breve recorrido por la literatura producida en los últimos años y luego pasaremos a desarrollar los temas señalados.
Estudios sobre Piura y sus dinámicas territoriales
En los últimos años, la producción académica sobre la región Piura ha estado relacionada, en buena cuenta, con el proceso de expansión de la industria extractiva en el Perú, particularmente minera. Esta región ha sido escenario de conocidos enfrentamientos entre poblaciones y empresas: el conflicto relacionado con la empresa Manhattan en la zona de Tambogrande (1999-2002) y con la empresa Majaz (luego Zijin) y el proyecto Río Blanco, en la sierra de Piura (de 2005 a la fecha), son casos emblemáticos. El estudio encargado por Perú Support Group en el año 2006 sobre el proyecto Río Blanco en la frontera norte abre el camino a una serie de estudios, varios de ellos encargados por redes nacionales e internacionales en apoyo a las comunidades campesinas de la zona, propietarias de las tierras en las que se encuentra el yacimiento minero. 2 Se abre también una agenda de investigación centrada en el estudio de los conflictos desde un enfoque de dinámicas territoriales y cambio institucional. Así, por ejemplo, Piura aparece en dos de los estudios de caso del libro Minería y conflicto social (Tambogrande analizado por Revezs y Majaz analizado por Diez). 3
Más recientemente, Bebbington dedica un capítulo de análisis regional al caso de Piura en una publicación sobre conflictos sociales y dinámicas institucionales en la región andina (Bebbington 2013). 4 Finalmente, el conflicto en Majaz también es tomado como caso para analizar el surgimiento de proyectos territoriales y sus límites frente a un Estado dependiente de la renta extractiva en un contexto de presión sobre recursos. 5
Por otro lado, en el año 2011, Revesz y Oliden presentaron en el SEPIA XIV su trabajo sobre la “Transformación del territorio regional”, 6 en el que analizan los principales procesos de cambio en el espacio piurano a lo largo del siglo XX, considerando tres ámbitos subregionales: la sierra, el litoral y los valles agrícolas costeños. Aunque de forma breve, en su análisis llaman la atención sobre una nueva situación en el agro piurano:
Al mismo tiempo [que las políticas nacionales], ordenanzas del gobierno regional permitieron grandes inversiones agrícolas en el valle del Chira para la instalación de cultivos de caña de azúcar para etanol, con lo cual se está creando una situación inédita en Piura en el contexto postreforma Agraria: la coexistencia de la Gran Agricultura Empresarial y de la Pequeña Agricultura Comercial” (Revesz y Oliden 2012: XX. (el destacado es nuestro)
Esta coexistencia, a la que se refiere la cita anterior, es en realidad bastante compleja y conflictiva, porque implica la superposición de lógicas distintas de apropiación del espacio, disputas por recursos, usos de la tierra diferentes y formas de gestión y control territoriales que chocan entre sí. Este es un espacio no solo de pequeños agricultores, sino también de comuneros y grandes comunidades que, aunque debilitadas, tienen existencia social y jurídica sobre una base territorial con derechos reconocidos. Es esta complejidad la que aún hace falta abordar en mayor profundidad desde las ciencias sociales.

Pero lo que viene ocurriendo con las tierras en la costa implica otro debate: la reconfiguración de nuevas haciendas, que toma una novedosa forma en el contexto global y la era del capital financiero.

Tenemos entonces que la agenda extractiva ha influido de manera considerable en la realización de estudios centrados en casos de conflictos mineros en la región. Pero lo que viene ocurriendo con las tierras en la costa implica otro debate: la reconfiguración de nuevas haciendas, que toma una novedosa forma en el contexto global y la era del capital financiero. Estos cambios, ligados al proceso de reconcentración de la tierra, están pasando parcialmente desapercibidos.
En ese sentido, un texto solitario es el libro de Jan Van Der Ploeg, publicado en el año 2006, y al que no se le ha prestado mucha atención. El investigador analiza el problema de la tierra y el agua y las luchas campesinas en Catacaos en el escenario pre y postreforma Agraria hasta la década de 1980, pero presenta un último capítulo de actualización, basado en información recogida en 2004, en donde da cuenta del inicio de un proceso de acaparamiento de tierras y control privado del agua en Piura, pero del que afirma conocer aún poco. 7 Como hemos visto, existen investigaciones centradas en estudios de caso, pero son muy pocos los trabajos académicos de largo aliento que analizan lo que viene ocurriendo en la región luego de las políticas de ajuste estructural de los años noventa, en particular, en los últimos diez años.  8 Los cambios actuales sobre la propiedad de la tierra y el proceso de reconcentración son temas que no han ingresado con fuerza a la agenda académica, que en el Perú está muy ligada a la agenda de las políticas públicas del Estado. 9
En este escenario, las comunidades de la costa de Piura se ven involucradas en nuevos procesos de negociaciones con empresas privadas nacionales y trasnacionales que requieren acceder a tierras comunales para diversas actividades económicas. Sobre estos existen algunos pocos artículos, como el de Diez, que analiza las disputas por el control del espacio costero en la comunidad campesina de Sechura; el de Quiñones, sobre los cambios en el ámbito político de la comunidad de Vichayal en el contexto de negociación con una empresa petrolera; y más centrado en los cambios en la propiedad comunal y los usos de la tierra, un artículo sobre los casos de las comunidades de Catacaos y Colán. 10
Estos trabajos, aunque breves, dan cuenta de transformaciones que vienen ocurriendo en las comunidades de costa. 11 Hace falta, por tanto, una investigación más amplia, que no solo analice casos particulares, sino que proponga un marco analítico para la lectura e interpretación de estos cambios y de sus implicancias en el espacio regional.
Esta breve revisión nos lleva a preguntarnos por los procesos y variables relevantes para comprender las dinámicas regionales hoy en día. Para abordar esta interrogante nos centraremos en uno de los nuevos procesos que se abre paso con el avance de capitales nacionales y extranjeros: la reconcentración de tierras y su superposición en territorios comunales. Haremos un zoom hasta llegar al ámbito de las comunidades campesinas piuranas, para así enfocarlo en un espacio definido y configurado por lógicas de apropiación del espacio y uso de las tierras particulares.
La industria extractiva y comunidades de costa: cambios en los usos de la tierra
Las antiguas comunidades de costa, que son además las más grandes del Perú, no parecen formar parte del “imaginario común” de las comunidades campesinas, que fija su mirada sobre la comunidad andina. Así, tampoco aparecen en el debate nacional sobre la implementación de la Ley de Consulta Previa ni la tan controversial base de datos de pueblos indígenas. Estas comunidades no han recurrido a un discurso étnico en la defensa de sus territorios, y, sin embargo, cumplirían con el criterio de continuidad territorial, siendo sus territorios mucho más antiguos que el de cientos (o miles) de comunidades andinas que se formaron luego de la Reforma Agraria o durante el proceso de reestructuración de los años ochenta. Si bien aquellas no se definen como indígenas, sí apelan al reconocimiento de derechos sobre territorios que consideran “ancestrales”. No podemos decir si este es un tema que ha sido discutido en el proceso de reglamentación de la consulta previa o para elaborar la base de datos del Ministerio de Cultura, pero podría ser de importancia en un futuro cercano.
Hoy en día, en los territorios de estas comunidades se forman nuevas haciendas de capitales globales con sus propios mecanismos de acceso a la tierra. La industria extractiva, que en la historia regional se había mantenido cerca del litoral, penetra tanto en los eriazos comunales como en las zonas que han sido transformadas hace décadas por el riego, y que hoy los comuneros llaman “zonas de valle”, ocupadas por las parcelas familiares de tenencia individual. Este es el caso de la empresa petrolera Olympic Sucursal Perú, que desde el año 2007 explota petróleo y gas en tierras comunales en las comunidades Miramar Vichayal y San Lucas de Colán. 12  Tal como señalaban Revezs y Oliden para el caso de la gran propiedad y la pequeña agricultura, este encuentro es también inédito en la historia regional. Acá se encuentran la actividad extractiva con la historia de apropiación de las tierras comunales: para acceder al subsuelo, la empresa se ve en la obligación legal de lograr el acuerdo previo de la Asamblea Comunal para que esta apruebe la firma del contrato de servidumbre que otorgaría a la empresa el derecho de uso de las tierras comunales.
Lo interesante de este caso es que revela una serie de variables a tener en cuenta para comprender la relación entre la ocupación espacial de la empresa y las dinámicas comunales alrededor de ella. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Colán, la Asamblea Comunal donde se aprobó la firma del primer contrato con la empresa contó solo con 111 asistentes de los más de 2.000 comuneros registrados en el padrón comunal. Una serie de problemas se desprenden de este contrato: los comuneros no conocían el contenido, fue firmado por una directiva que ya no estaba en funciones, la comunidad argumenta que se trata de montos muy bajos por “el desconocimiento que teníamos entonces y la falta de asesores técnicos en aquella época”, entre otros. Hoy en día, luego de reiterados intentos de renegociación del contrato por las directivas siguientes, el proceso se encuentra estancado. La empresa continúa operando a pesar de los desacuerdos con la comunidad.
Lo anterior quiere decir que el acceso a tierras cultivadas de las familias comuneras en el valle y a tierras comunales en la zona eriaza se establece como irreversible a pesar de un proceso de negociación a todas luces mal llevado y sin supervisión estatal. De acuerdo al contrato entre Olympic y el Estado peruano, la empresa cuenta con garantía para tres décadas de explotación, con posibilidad de ampliación. No vamos a extendernos más aquí sobre el proceso de negociación entre la empresa y la comunidad; vamos a señalar solo algunos puntos que muestran los cambios que se desprenden de este.
En primer lugar, el cambio de usos de la tierras y el abandono de parcelas cultivadas por familias comuneras. Esto ocurre en las parcelas donde la empresa instala sus pozos a través de la figura de las contraprestaciones de tierra, que implican un pago anual al comunero posesionario de la parcela. El acuerdo firmado le otorga derecho sobre esa parcela a la empresa mientras el pozo esté en operación. La manera en que esto altera las estrategias y movilidad de las familias campesinas aún no ha sido estudiada; sin embargo, la cifra pagada de 1.000 dólares anuales por pozo instalado en una parcela nos da un indicio de lo que puede hacer o no una familia que acepta el trato. Además, es importante considerar que no todos los comuneros tienen la misma cantidad de tierras. La extensión del minifundio es irregular: las parcelas pueden variar entre 0,25 hectáreas y 3 hectáreas, y un posesionario puede tener una o varias parcelas dispersas, dependiendo de la historia de cada comunero. Es decir que mientras para algunas familias la cesión en uso de su parcela les deja una o dos parcelas adicionales para seguir cultivando, para otras familias se trata de la única porción de tierra con la que contaban.
Hasta fines de 2012, la empresa tenía más de noventa pozos en operación tanto en parcelas familiares (antes cultivadas) como en áreas comunales (eriazos), y continuaba abriendo más. El cambio de uso de la tierra altera la tenencia en las zonas aledañas; por ejemplo, la manera en que se discute la campaña agrícola y el portafolio de los usuarios que siguen cultivando. 13  Además de ello y del cambio en las estrategias económicas, también se altera el vínculo de las familias comuneras con la comunidad: esta última es desplazada de las negociaciones bilaterales entre empresa y comuneros, pero al mismo tiempo es requerida cuando surgen conflictos con la empresa o cuando los comuneros empiezan a enfrentar la incertidumbre sobre su futuro. La dirigencia comunal termina siendo cuestionada al no tener herramientas suficientes para intervenir en estas disputas o cuando los reclamos de la población exceden su ámbito de gestión y se desplazan hacia el de las competencias del Estado.
Otro aspecto es el control del espacio en la comunidad. El tránsito para los comuneros por el territorio de la comunidad responde a un orden y un conocimiento local de las distintas zonas y propietarios de las parcelas. Por ello, estas no cuentan con cercos, alambrados ni otro tipo de impedimento al paso cotidiano de comuneros, sus carretas y arados. Hoy en día los ductos de gas y crudo atraviesan los caminos y los bordes de muchas de las parcelas cultivadas del conjunto de comuneros, y en ocasiones impiden el paso de carretas y animales necesarios para el trabajo agrícola. Asimismo, se observan tranqueras custodiadas por guardias armados que bloquean la libre circulación en distintos puntos del territorio de la comunidad, como la entrada al anexo de La Bocana —donde se encuentra la gran mayoría de pozos— y las rutas de acceso a la planta de la empresa. Hay una serie de anécdotas que expresan el desconcierto de los comuneros frente a este tipo de control espacial. 14
Finalmente, cambios importantes se dan en el espacio político local y el gobierno comunal con relación a la tierra. Este es un tema extenso y que abarca varias aristas; nos limitaremos a mencionar una variable que nos permitirá entrar a la sección siguiente: las implicancias de la titulación individual llevada por el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) en los noventa y las dificultades para lograr la titulación a nivel global de los eriazos comunales. 15 Con la presencia extractiva y el avance de grupos empresariales sobre territorio comunal, uno de los temas que regresa a la agenda de las directivas comunales es el de la titulación de tierras: la presencia de estas empresas pone a la comunidad en jaque frente a la situación de sus tierras. La comunidad requiere de mayores “seguros” de la propiedad comunal para poder negociar con una postura más fuerte la renegociación del contrato con la empresa petrolera y en otras negociaciones con trasnacionales.
Si bien la historia de la titulación individual y tierras comunales es una historia conocida, este caso muestra cómo lo que se inició en los años noventa con la Ley de Tierras 26505, y que se afianzó durante los gobiernos posteriores, hoy tiene repercusiones importantes. Así, durante el gobierno aprista, el Ejecutivo modificó normas para que la función de titulación de tierras pase por cuatro años a Cofopri, dentro del Ministerio de Vivienda. Durante este periodo se otorgaron títulos individuales que lotizaron zonas para vivienda sobre tierras de propiedad comunal, generando así mayor superposición de derechos y tensiones entre comunidad y comuneros. Como veremos a continuación, esto es importante, pues el título de propiedad individual constituye hoy en día una puerta para el arriendo o venta de tierras a empresas privadas que termina en el desmembramiento de porciones del territorio comunal.
El acceso a tierras para la producción de biocombustibles y las nuevas haciendas
Así vinieron los Caña Brava [a proponer a los comuneros empezar a sembrar caña]. Muchos no creían porque le tenían miedo al grupo Romero, que pensaban que le iban a quitar sus tierras, pero ellos no habían captado de que se trataba de una cadena productiva, y que ya cada uno iba a responder por su cuenta”. (comunero de Colán)
No solo la industria petrolera avanza sobre tierras comunales, incluyendo las zonas cultivadas, sino también grandes trasnacionales y capitales privados nacionales. En su texto, Van Der Ploeg se refiere a este proceso como una “tercera ola de usurpaciones” (2006: 40). 16  El panorama actual de presión sobre la tierra en las comunidades de costa es bastante complejo: algunas empresas buscan ingresar mediante propuestas a la Junta Directiva, pero otras avanzan concentrando tierras mediante la compra o el arriendo a comuneros que cuentan con títulos de propiedad individual otorgados por alguno de los programas estatales en años anteriores, sin que aquello hayan dado aviso a la comunidad. De otro lado, la empresa trasnacional, como en el caso de Maple Etanol, ingresa a través de negociaciones con el Estado. Veamos muy grosso modo cómo ocurren estas dinámicas.

Una de las preocupaciones centrales de los comuneros es el limitado acceso al recurso en las nuevas zonas de ocupación de las familias comuneras, que además colindan con los espacios cercados por las empresas de etanol, como Maple.

Luego de permanecer algún tiempo en la comunidad y observar el día a día en el local comunal, podemos decir que es frecuente la visita de empresarios privados. Los directivos deben atender reuniones con empresas que buscan tierras eriazas para sembrar pimiento piquillo, banano, piñón, uvas, entre otros productos de agroexportación. Las cantidades que solicitan no son cientos, sino miles de hectáreas. Las figuras que proponen no siempre implican un pago por el arriendo de las tierras; en ocasiones quieren solo el “permiso para sembrar” porque eso “dará empleo a los campesinos” y además “darán ayudas a la comunidad”. La comunidad evalúa propuestas que muchas veces son descartadas. Pero en ocasiones los empresarios no aceptan la respuesta de la directiva, sino que ingresan directamente a negociar con los comuneros que habitan en las zonas de su interés. Esto rompe con lógicas comunales de toma de decisión y genera transacciones de tierra que escapan al control de la comunidad; también generan expectativas de arriendo y venta de tierras entre comuneros, sobre todo jóvenes. Muchas veces, los empresarios se apoyan en el hecho de que los comuneros ya están titulados individualmente; otros, sin embargo, recurren a métodos menos claros que terminan convalidando “actas de entrega” en minutas compra-venta formalizadas en notarías provinciales.
En otros casos, empresarios nacionales ingresan directamente sin siquiera dialogar con la directiva, declarando zonas eriazas comunales como tierras en abandono y reclamando derechos de propiedad sobre estas. 17Como dice un comunero de la zona: “Han querido así parece desquitarse de la época cuando los sacamos [en alusión a las luchas por tierras]. Han dicho: aquí ya se fregaron, aquí nosotros cogemos toda la tierra y no pasa nada”.
Otra modalidad es la empleada por Caña Brava, del grupo Romero, empresa con la que la población de la zona ya ha tenido conflictos. Caña Brava tiene ya 7.000 hectáreas de caña en el valle del Chira, pero busca expandirse. Además de poseer una planta cercana a las zonas altas (eriazos) de la comunidad, en la zona del valle desarrolla convenios con pequeños agricultores comuneros para que estos siembren caña en sus parcelas. El trato es que los comuneros reciben pequeños créditos para la compra de insumos y luego la caña sería comprada por el mismo grupo. La otra forma de acceso a la tierra se da a través del arriendo de tierras a comuneros que no están en capacidad de producir sus parcelas por falta de financiamiento.
En el caso de la empresa Mapel Etanol, fue el Estado mismo, a través del Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP), quien vendió 10.000 hectáreas a la empresa al precio de 60 dólares la hectárea. 18 Maple requiere concentrar miles de hectáreas para la siembra de caña de azúcar, utilizando una tecnología de riego por goteo. Sucedió que el Estado vendió, como parte de estos lotes, mil hectáreas que eran de propiedad de la comunidad campesina San Lucas de Colán. En respuesta, la comunidad interpuso una demanda de nulidad de acto jurídico, y el proceso judicial está abierto. Resulta interesante anotar que a pesar del litigio legal, la empresa ha logrado acceder a 224 hectáreas de las tierras en disputa, a través de un acuerdo (sin rango contractual) con la comunidad para arrendarles esas tierras. Este acuerdo fue aprobado en una Asamblea Comunal, que ocasionó reacciones contrarias entre los comuneros, algunos de los cuales argumentaban que esas tierras ya no serían devueltas a la comunidad, y que era un error aceptar el trato. Otro grupo en cambio estuvo de acuerdo.
Además, uno de los temas clave que surge estrechamente vinculado a la reconcentración de la tierra es el acceso al agua. Una de las preocupaciones centrales de los comuneros es el limitado acceso al recurso en las nuevas zonas de ocupación de las familias comuneras, que además colindan con los espacios cercados por las empresas de etanol, como Maple. 19  En la comunidad ya se empieza a discutir el tema con preocupación y cierto tono de reclamo:
Dicen que están los Romeros en el arenal, ahora quieren comprar tierras. También está la Maple. Ellos sí tienen agua. Tenemos que negociar el agua. ¿Por qué ellos van a tener y nosotros no, si es nuestro territorio?. (comunero de Colán, anexo de La Tahona, colindante con Maple)
De esta manera se configura una dinámica de acceso a la tierra que en muchos casos implica el despojo de tierras comunales. Como hemos visto, son diversos los intereses económicos, estrategias y mecanismos que intervienen en el proceso actual de reconcentración de tierras en el caso piurano. A nivel de las comunidades, los cambios que ello produce en la estructura productiva, la tenencia y uso de las tierras y el gobierno comunal son aún un campo de estudio por explorar. Queda claro, sin embargo, que el acceso y control del agua se perfila como un próximo campo de disputas.
Reflexión final
Hemos llegado a este punto con una aproximación más cercana a lo que sucede en territorios comunales, pero estos nuevos procesos abarcan diversas zonas del territorio piurano y de la costa en general. En efecto, Maple y Caña Brava proyectan ampliar sus cultivos para este año, el grupo Gloria ha comprado 15.000 hectáreas en Olmos para la siembra de caña, la Corporación Miraflores dice contar con tierras y agua para su proyecto Comisa, que busca sembrar 25.000 hectáreas para producir etanol en Piura, y hay capitales ingleses y norteamericanos buscando ingresar con no menos de 10.000 hectáreas a la costa peruana. 20
Si bien la agenda de estudios entre 2005 y 2011 otorgó un peso central a los conflictos mineros en la región, hoy nuevos procesos llaman la atención sobre el espacio de los valles costeños y el desierto. El avance de la actividad extractiva del llamado oro negro sobre zonas de valle y la concentración de tierras, que convergen en tierras comunales, modificarán sustancialmente el paisaje geográfico y la economía política de la región.

* Antropóloga, Instituto de Estudios Peruanos.

Referencias bibliográficas
Bebbington, A. (ed.) (2013). Industrias extractivas, conflicto social y dinámicas institucionales en la región andina. Lima: IEP.
Bebbington, A. et ál. (2007). Mining and Development, with Special Reference to the Rio Blanco Project, Piura. Londres: Peru Support Group.
Burneo, Z. (2011). El proceso de concentración de la tierra en el Perú. Roma: ILC, Cepes.
Burneo, M. (2013). Elementos para una redefinición de lo comunal: nuevas formas de acceso a la tierra y presión sobre el recurso en las comunidades campesinas de Colán y Catacaos (en proceso de publicación).
Burneo, M. (2013). “Estado, extracción y conflictos por la gobernanza de territorios; el caso del proyecto minero Río Blanco en la frontera norte peruana”. En Rimisp, Encuentro: territorios en movimiento (en proceso de edición).
De Echave, J. et ál. (2009). Minería y conflicto social. Lima: IEP, CIES, CIPCA, CBC.
Diez, A. (1998). Comunes y haciendas. Procesos de comunalización en la sierra de Piura (siglos XVIII al XX). Piura: CIPCA, Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas.
Diez, A. (2013). “Planificación territorial, ciudadanía comunal y solución de conflictos socio-ambientales; las disputas por el gobierno y la administración del espacio costero litoral en Sechura”. En Rimisp, Encuentro 2012: territorios en movimiento (en prensa).
O’Phelan, S. (1998). El norte en la historia regional, siglos XVIII-XIX. Lima, IFEA-Cipca.
Quiñones, P. (2012). “Reconfiguraciones comunales frente a presiones empresariales: el caso de la comunidad Miramar Vichayal”. En A. Diez (ed.), Tensiones y transformaciones en comunidades campesinas. Lima: Cisepa, PUCP.
Revesz, B. (1982). Estado, algodón y productos agrarios. Piura: Cipca.
Revesz, B. et ál. (1996). Piura, sociedad y región. Derrotero bibliográfico para el desarrollo. Piura: Cipca, Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas.
Van Der Ploeg, J. (2006). El futuro robado: tierra, agua y lucha campesina. Lima: IEP, Water Land and Indigenous Rigths.
  1. Burneo 2011.   ↩
  2. Bebbington et ál. 2007  ↩
  3. De Echave et ál. 2009. ↩
  4. Bebbington 2013.  ↩
  5. Burneo 2013.  ↩
  6. La ponencia de Revesz y Oliden fue presentada en la mesa regional del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) XIV y posteriormente publicada en el libro SEPIA XIV: Perú, el problema agrario en debate. Lima: SEPIA, 2012.  ↩
  7. Van Der Ploeg 2006. ↩
  8. Trabajos de largo aliento sobre el ámbito rural piurano y la economía agraria regional se publicaron en los años ochenta y noventa. Entre ellos, Revesz 1982 y O’Phelan 1998. Para una revisión completa de la literatura sobre Piura hasta 1995 ver Revesz et ál. 1996.  ↩
  9. Organizaciones mundiales como Vía Campesina o redes internacionales como Land Coalition son quienes buscan colocar el tema de concentración o acaparamiento de tierras en la agenda internacional, publicando una serie de documentos de trabajo y vinculando su discusión con los temas de soberanía y de seguridad alimentarias.   ↩
  10.  Diez 2013, Quiñones 2012 y Burneo (en proceso de publicación). ↩
  11. De hecho, uno los últimos estudios largos sobre las comunidades de Piura fue publicado en 1998. Cipca-Bartolomé de Las Casas 1998.   ↩
  12.  La empresa tiene entre sus accionistas a la USA Olympic Oil & Gas Corporation, entre otras firmas extranjeras. Su contrato con Perú Petro, vigente desde 1996, le otorga licencia para explorar y explotar hidrocarburos por treinta años a partir del inicio de la explotación comercial, en el Lote XIII, ubicado en el desierto de Sechura. El “desierto de Sechura”, en este caso, abarca tierras de tres comunidades campesinas.   ↩
  13.  Se puede observar en las zonas de los pequeños agricultores comuneros una parcela cultivada y al lado, de manera contigua, la parcela vecina, que ha dejado de cultivarse, con el pozo en operación al medio de ella.  ↩
  14. Esta cita expresa lo señalado: “En marzo hicimos una actividad, y quisimos pasar con las mujeres. Es nuestra zona, o sea, nadie se puede venir a apropiar. Quisimos pasar a la ribera del mar para ir a la Bocatoma y la desembocadura, pero a nosotras no nos dejaban pasar. Siendo nosotras dueñas del territorio, no nos dejaba pasar la Olympic porque nos puso un montón de obstáculos […]. Al final exigimos y pasamos, y estaba toda esa parte del mar sucia, llena de desechos. Creo que eso no querían que viéramos” (comunera de Colán).  ↩
  15.  Hasta el año pasado, la comunidad no contaba con títulos de propiedad a nivel comunal (global) inscritos en los registros públicos. Hace dos meses, la directiva logró titular 14.000 de las 28.000 hectáreas de tierras comunales. ↩
  16. En el capítulo final, utiliza la noción de “imperio” (recogida de Hardt y Negri 2001) para referirse a una empresa móvil, no localizada e invisible, a “la reemergencia del latifundio”, la plantación a gran escala controlada por capital foráneo. Señala que el comunero percibe a estas empresas como el retorno del gamonalismo, pero con otra forma: creación de bloques de tierras bajo arriendo, sin inversiones fijas, centrado en la disposición de capital, capacidades organizativas y canales internacionales de comercialización (2006: 427). Además del acceso a la tierra, el control del agua sería el factor crucial.  ↩
  17. 7 Estas figuras se vinculan estrechamente con las reformas del marco normativo de regulación de la propiedad comunal y tierras de comunidades de la costa que se desprende de las reformas iniciadas en la década de 1990, como la Ley 26845, Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades de la Costa, que establece que las tierras de comunidades serán consideradas en abandono cuando estén en manos de terceros que las dediquen a la actividad agraria por dos años desde la presentación de la solicitud de abandono. Se confunde así el abandono con la prescripción adquisitiva, y se contradice el principio constitucional de imprescriptibilidad de tierras comunales, facilitando el acceso y propiedad de tierra comunales a agentes privados (Cepes, Informativo Legal Agrario, n.° 25, 2010). ↩
  18. Datos tomados de la “Escritura de compra y venta entre el proyecto Chira Piura y la empresa Maple Etanol S. R. L., interviniendo el gobierno regional de Piura”. Piura, marzo de 2008.  ↩
  19.  Van Der Ploeg trata el tema del control del agua por estas empresas y de la escasez en la comunidad de Catacaos (2006: 431). ↩
  20.  Revista Agro Negocios, noviembre de 2012. Ver http://www. andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-cuenta-proyectos-canaazucar-riego-tecnificado-mas-grandes-del-mundo-435788.aspx ↩