Cuánto ya ha sido dicho sobre Conga en estos meses, cuánto se ha hecho en diferentes frentes y niveles, cuántos actores y recursos movilizados. Y, sin embargo, no parece estar cerca una solución acorde a su complejidad. Es un caso que nos obliga a reflexionar y a seguir sumando perspectivas a fin de tener un mayor entendimiento y quizás también más herramientas para su abordaje en la cancha, porque no es un caso aislado, porque se repite la historia.

En este artículo propongo un análisis del caso Conga a partir de las estrategias discursivas y recursos legales y políticos desplegados por dos redes de actores —“Conga va” y “Conga no va”—, y cómo estos influyen o no en el discurso público acerca del conflicto.

En efecto, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en los últimos años en el Perú el tipo de conflicto social que más ha aumentado ha sido el socioambiental, aquel que gira en torno al control, acceso y uso de los recursos naturales y a la distribución de sus beneficios.Reportes de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo (julio 2006–junio 2011). 1 De los 243 conflictos existentes a abril de este año, el 60% (145) son socioambientales. La mayoría de ellos (82%) se ha concentrado alrededor de los grandes proyectos de inversión mineros, energéticos o hidrocarburíferos, en los cuales el Gobierno nacional tiene la principal competencia, y sobre los que, en buena medida, se sostiene nuestra economía en crecimiento. 2
En este artículo propongo un análisis del caso Conga a partir de las estrategias discursivas y recursos legales y políticos desplegados por dos redes de actores —“Conga va” y “Conga no va”—, y cómo estos influyen o no en el discurso público acerca del conflicto y pueden, por tanto, tener efectos en su evolución.
En el caso Conga, como en otros conflictos similares, participan, grosso modo, tres actores: la empresa extractiva, la población local y el Estado. Siguiendo a Bebbington (2007), en este artículo prefiero hablar de dos redes de actores que, al igual que en situaciones similares en otras partes del mundo, intervienen en diferentes niveles y desde múltiples distancias en la disputa por el uso de los recursos. En un primer nivel, estas redes tienen ciertos protagonistas que participan directamente en el conflicto. En un segundo nivel, congregan a grupos, instituciones o personas que, como actores secundarios, apoyan a alguna de las partes enfrentadas. En un tercer nivel, más amplio, agrupan a organizaciones o instituciones que, por sus características de control de recursos financieros, informativos, culturales y educativos, pueden tener incidencia en el curso del conflicto.  3
Las dos redes en conflicto
En el caso de Conga, una primera red estaría formada por quienes promueven y a la vez se encargan de regular la actividad minera, quienes la realizan y, a nivel más general, las instituciones que en sus actividades y discurso se muestran a favor de la gran inversión en industrias extractivas en el país. Encontramos entonces a la empresa Yanacocha —en la que participan accionistas transnacionales (corporación Newmont con 51%), capitales nacionales (Compañía Buenaventura con 43.6%) y la Corporación Financiera Internacional (miembro del grupo Banco Mundial, con 5%)—, 4 al Ejecutivo y a algunas de sus instituciones (PCM, ciertos ministerios, Policía Nacional, Fuerzas Armadas), gremios empresariales (SNMPE, Confiep), sectores de la población cajamarquina (especialmente la urbana, capitalina o de provincias no directamente afectada por el proyecto Conga) y la gran prensa nacional, entre otros protagonistas. 5
La segunda red agrupa a quienes se oponen a este proyecto en particular y a quienes de modo más general promueven una mayor regulación de las actividades extractivas y proponen otras vías de desarrollo más sostenibles. Encontramos aquí a las comunidades y gobiernos locales (Huasmín, Sorochuco, Celendín, Bambamarca y La Encañada) de tres provincias cajamarquinas como principales afectados por este proyecto, el gobierno regional (encabezado por Gregorio Santos), el Frente de Defensa Ambiental (Wilfredo Saavedra), las rondas campesinas, organizaciones comunales (Conacami), ambientalistas, ONG locales e internacionales, sectores de la Iglesia católica, movimientos políticos como Tierra y Libertad (Marco Arana) y medios locales y alternativos (Servindi), entre otros.

Políticos y empresarios suelen ser las fuentes oficiales de los medios de comunicación, por tanto, la representación predominante del conflicto en el discurso público suele estar poco contextualizada, fragmentada y personificada.

En ambas redes, las conexiones trascienden las fronteras de lo local y lo nacional; la disputa se libra, entonces, en diferentes espacios y niveles. Tampoco son bloques homogéneos, lo cual es muy tangible al observar la propia fragmentación del Estado, entre niveles de gobierno y entre sectores del propio Ejecutivo. En efecto, vemos que algunos sectores del Gobierno nacional actúan en una dirección, mientras que los gobiernos regionales y locales (aunque no todos) lo hacen en otra. De igual modo, recordemos que el primer cambio de gabinete ministerial de este gobierno ha estado directamente relacionado con el manejo ministerial del caso Conga. Por tanto, es claro que incluso dentro de cada red tampoco hay consensos, aunque sí tendencias dominantes. En otras palabras, la corriente que domina invariablemente en la primera red es la de “Conga va” y en la segunda, apostar por “Conga no va”.
Las estrategias discursivas y legales que cada red despliega se van amoldando y cambiando de acuerdo al propio desenvolvimiento del conflicto y de las variaciones del contexto (cambio de autoridades locales, nuevo Gobierno nacional, decisiones empresariales, fluctuación del precio del oro, etc.), sumando o restando apoyos en el camino. Sin embargo, existen algunos patrones en sus estrategias que podrán identificarse a lo largo de estas líneas. Un patrón relevante en este punto del argumento consiste en que mientras la red “Conga no va” tiende a asociar su lucha con otras similares dentro del país e internacionalmente, la red “Conga va” tiende a descontextualizar la protesta y a presentar a cada conflicto como un hecho aislado y personificado en algunos dirigentes. 6 Políticos y empresarios suelen ser las fuentes oficiales de los medios de comunicación, por tanto, la representación predominante del conflicto en el discurso público suele estar poco contextualizada, fragmentada y personificada, además de centrarse muchas veces solo en los momentos de mayor violencia. Pasemos entonces a proponer otros marcos de contexto al caso Conga antes de analizar algunos de los sucesos específicos de estos últimos meses.
Contextualizar para entender: de Alan García al nuevo gobierno y de Quilish a Conga
“En mi gobierno, crecimiento con inclusión será la nueva forma de relación entre la minería, Estado y población”.
(Ollanta Humala, Secretaría de Prensa, Palacio de Gobierno. Tweet del 20 de abril de 2012)
Voy a presentar el contexto desde tres ejes a fin de tener una comprensión más integral del caso: algunos rasgos de los grandes proyectos extractivos, el rol del Gobierno nacional y, en el plano local, la relación entre Yanacocha y la ciudadanía cajamarquina.
En primer lugar, un rasgo compartido por los grandes proyectos extractivos, y en particular por la minería a gran escala, es que suelen ser intensivos en capital y no así en mano de obra. Entonces, si bien en términos macro nuestra economía crece, este crecimiento no se ha traducido en una significativa —y sostenible— reducción de la pobreza ni en la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de ciudadanos, menos aún en las vidas de aquellos que habitan en zonas aledañas a los grandes proyectos mineros. Lo que sí han generado las actividades extractivas han sido drásticos y permanentes cambios territoriales y transformaciones en las dinámicas sociales locales. Dicho de otra manera, las desigualdades son más extremas alrededor de los proyectos mineros, lo cual tiene un correlato directo en el aumento de tensiones entre la población local —que mira pero no participa—, las empresas nacionales y transnacionales —que invierten, intervienen el espacio y explotan los recursos— y el Estado —que en sucesivos gobiernos, desde las reformas neoliberales de los años noventa, ha tomado posición por la gran inversión privada—. En efecto, a lo largo de los cinco años del segundo gobierno aprista, los conflictos sociales se triplicaron respecto del gobierno anterior, y los conflictos socioambientales representaron en promedio el 44% del total de conflictos. 7
En segundo lugar, en relación con la actuación del Gobierno nacional, recordemos que durante el segundo gobierno aprista los conflictos socioambientales fueron manejados con estrategias superpuestas y contrapuestas. Por un lado, se enviaban comisiones de diálogo en las cuales la agenda de las comunidades no formaba parte de la discusión; es decir, no estaba en cuestión si un proyecto extractivo se llevaba a cabo o no, sino más bien cómo ejecutarlo mejor o con menos oposición. Por otro lado, era recurrente el envío de policías y militares a velar por el orden, y muchas veces a cuidar las instalaciones de las empresas involucradas, a la par de la criminalización de la protesta y la declaración del Estado de emergencia de zonas en conflicto. Ello culminó en repetidas ocasiones en enfrentamientos entre la población y la policía o militares, entre los que el Baguazo resultó el caso más emblemático. Generalmente, primaba la idea de que una “mejor comunicación” de los beneficios de las actividades extractivas era la solución a los conflictos, que conduciría hacia un único camino de desarrollo. En efecto, los ciudadanos que se oponían a estos proyectos eran tildados por Alan García de “perros del hortelano” que no comían ni dejaban comer y estaban en contra del desarrollo del país. Este marco de sentido fue compartido —o cuando menos no objetado— por la mayoría de medios de comunicación y por el sector empresarial formal.

No es un caso aislado de conflicto frente a este tipo de proyectos, supone más bien una rutina incorporada en la manera de manejar los conflictos socioambientales desde el Estado, acorde con un modo de cobertura dominante desde el discurso público.

El gobierno de Ollanta Humala se inició bajo la promesa de una nueva forma de relación con la ciudadanía (eliminando distinciones entre ciudadanos de primera y de segunda clase), que “asustaba” a la gran prensa y al sector empresarial, que temían un cambio en el modelo económico (y político). Se inició también con una tregua de los diversos conflictos sociales heredados del gobierno anterior, a la espera de ese cambio en la forma de gobernar.
En tercer lugar, y respecto del plano local, Yanacocha viene trabajando en Cajamarca hace 19 años, tiempo durante el cual su relación con la población no ha estado exenta de conflictos. Por ejemplo, en 2004, la población defendió el cerro Quilish de una expansión de la minera.
Ahora se trata de un nuevo intento de expansión. En ambos casos, y luego de enfrentamientos con la población, la minera ha optado por suspender temporalmente sus actividades. 8 Y es que, por más formal que sea esta actividad, tiene impactos en el territorio y sus otros usos, pues es una intervención a tajo abierto. Así, esta protesta y otras tantas a lo largo del país condensan una serie de demandas prácticas (acceso y manejo de recursos, trabajo, dinero), pero también históricas (respeto de derechos, igualdad de oportunidades).
En síntesis, Conga se sitúa también en estas coordenadas: no es un caso aislado de conflicto frente a este tipo de proyectos, supone más bien una rutina incorporada en la manera de manejar los conflictos socioambientales desde el Estado, acorde con un modo de cobertura dominante desde el discurso público, y parte de una relación ya existente y conflictiva entre la población y la minera en cuestión.
Cronología comentada del conflicto
A continuación, presento a las dos redes en acción desplegando las estrategias discursivas y recursos políticos y legales a su disposición, desde septiembre de 2011 hasta mayo de 2012.
Pasados unos meses de iniciado el nuevo gobierno, a mediados de septiembre de 2011, la protesta contra el proyecto Conga empieza con denuncias por parte de las comunidades en cuanto al manejo de agua de Yanacocha y su presencia con maquinarias en la zona de las lagunas. 9 En octubre, se acusa de quemar maquinaria a gente que protestaba. Como consecuencia llegan más de 100 efectivos de la División de Operaciones Especiales (Dinoes) de la policía a Cajamarca. A inicios de noviembre, viajan los ministros de Energía y Minas, Ambiente y Agricultura a visitar la zona. Lo hacen junto con Roque Benavides, gerente general de Buenaventura, accionista de Yanacocha, y en el avión de la empresa.
En esos días, el presidente de la región, Gregorio Santos, convoca a sus alcaldes a un paro regional que se inicia días después. En una conferencia de prensa a mediados de noviembre, el presidente Ollanta Humala señala la necesidad de “aclarar las dudas” legítimas de los ciudadanos. Tomando en cuenta que “el proyecto Conga es un proyecto importante para el Perú porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano», se integrará al proyecto de desarrollo regional de Cajamarca. A la vez, declara que el Gobierno rechaza “posiciones extremas, el agua o el oro, nosotros planteamos una posición sensata: el agua y el oro.” 10
En síntesis, vemos que para mediados de noviembre queda claro que la decisión de si Conga va o no va no estuvo en discusión para el Gobierno, y más aun, la “gran transformación” prometida se ve condicionada a su ejecución. Este mensaje es bien recibido por quienes apoyan al proyecto. Días después, Yanacocha suspende sus actividades a través de un comunicado, y señala que acatará las exigencias del Gobierno hacia una minería responsable. Esta alineación de intereses entre empresarios y Gobierno es recibida positivamente por quienes, en términos generales, consideraban peligrosa toda modificación al modelo económico y a las políticas que le dan sustento. Ello se traduce, por ejemplo, en un cambio de encuadre en los modos de representar al Gobierno en los grandes medios de comunicación. Una muestra visual, que hace tangible lo que llamo la red “Conga va”, resulta del contraste de portadas de diarios nacional-limeños durante la contienda electoral y aquellas aparecidas al día siguiente de dicho mensaje presidencial (ver cuadro 1).
Grupos mediáticos (El Comercio, Epensa, entre otros), que más que información ofrecieron en sus portadas propaganda política en contra de Ollanta Humala durante las elecciones, se mostraban ahora alineados con el presidente y su respuesta a las “amenazas y posiciones radicales”. A la inversa ocurría con aquellos que lo apoyaron durante la contienda electoral (La Primera, entre otros).
Evidentemente, el mensaje es entendido también por la red que se opone al proyecto, y que en adelante participará en mayores protestas y bloqueos. El actual presidente y su régimen no parecen diferenciarse del anterior: se llevarán a cabo mesas de diálogo en las que la agenda de los más afectados, representados por la autoridad regional, no será incorporada a la discusión, y también veremos la declaración del Estado de emergencia en la zona y la detención de dirigentes por la policía, es decir, la criminalización de la protesta. Una herramienta política innovadora en comparación con el gobierno de Alan García será el bloqueo de las cuentas del Gobierno Regional de Cajamarca (SIAF) por parte del Ministerio de Economía.
Cuadro 1. Comparación entre las portadas del proceso electoral presidencial y las aparecidas luego de mensaje presidencial sobre Conga.
Screenshot 2015-06-04 12.20.09
En medio de esta crisis, cae el primer gabinete ministerial. El nuevo primer ministro, militar en retiro, en su primera declaración a la prensa luego de la juramentación, señala que se convocará a un peritaje internacional para evaluar el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga (ya aprobado por el gobierno anterior), y que sus resultados determinarán la viabilidad del proyecto.
Esta medida es rechazada desde el inicio por la red anti-Conga, pues tampoco resulta evidente en las declaraciones del premier Óscar Valdés que un resultado posible del peritaje sea “Conga no va”.  Como señaló Marco Arana: ellos no estaban dispuestos a aceptar el utilizar un peritaje técnico para justificar una decisión política, que parecía ya haber sido tomada. 11
Esta red organiza varias estrategias de respuesta. En primer lugar, el presidente regional utiliza una herramienta legal, una ordenanza que declara de interés público la protección de las cabeceras de cuenca de Cajamarca e inviable el proyecto minero Conga, la cual es luego invalidada por el Gobierno nacional por exceder sus funciones. 12  En segundo lugar, organizan una Marcha del Agua, que llega hasta Lima en febrero en busca de apoyo y de ser escuchados en la capital. La agenda tenía dos puntos principales: colocar el agua como derecho constitucional y la necesidad de una ley de ordenamiento territorial para determinar qué actividades productivas pueden desarrollarse en qué lugares, asegurando de esta manera un manejo sostenible del espacio nacional. Los dirigentes de la marcha no fueron recibidos por el Ejecutivo, que argumentó que el diálogo era solo posible con autoridades, y ellos no lo eran. Estos sucesos reciben poca cobertura mediática (no hubo fuentes oficiales involucradas). En tercer lugar, se elabora un informe paralelo, el cual es presentado antes que el peritaje oficial.
Para este momento, la minera desaparece del encuadre de los acontecimientos en el discurso público. Pareciera un enfrentamiento solo entre, por un lado, el gobierno regional, tildado de ineficiente en su gestión, responsable de la pobreza en la zona y de “politizar” algo que debería resolverse “técnicamente”, aliado con sectores de la población cajamarquina presentados como “radicales” —incluso “irracionales”— por políticos, representantes de gremios empresariales  y periodistas; y, por otro lado, el Gobierno nacional, que busca “poner orden” frente al accionar de esta otra instancia gubernamental. Para ilustrar este encuadre mediático dominante, tomemos como ejemplo la voz editorial de El Comercio respecto de la marcha del agua:
[…] es verdad que tiene sentido que el señor Santos no marche contra el gobierno regional, porque él lo preside. Es más práctico decir que la culpa es de las mineras y, por qué no, del “continuismo neoliberal”. Eso, y blindarse contra cualquier posible futuro desenmascaramiento diciendo que no importa lo que diga un eventual peritaje técnico internacional, porque cambiar de lugar unas lagunas supondría ponernos “al nivel de Dios”. […] Si algo está claro de la marcha por el agua es que en esta “el agua” no es más que un nombre que jura en vano un grupo que, no nos cansaremos de decirlo, está prostituyendo la causa del medio ambiente para imponer por la fuerza unos intereses ideológicos con los que no pudieron convencer en democracia. Un uso instrumental de la ecología que tendría que indignar, antes que a nadie, a quienes creen de veras en ella. 13
Pero la empresa no sale totalmente del encuadre, sino que cambia de género discursivo dentro de los medios. Pasa de las noticias a la publicidad. En efecto, la “suspensión de sus actividades” solo ocurre cerca a las lagunas en Cajamarca. En la esfera mediática y política limeña los meses de verano previos a los resultados del peritaje resultan los más activos. Los spots publicitarios televisivos y radiales fueron permanentes. En ellos, la idea central era “la minería empieza por la gente”, y las imágenes construían una representación en la que “todos los peruanos” (familias, niños, escuelas, campesinos, población urbana, negocios) resultaban beneficiados por ella. 14  Además, se repartieron suplementos (publirreportajes) los domingos con los principales diarios, en los que el mensaje clave era señalar que Conga traerá más agua a Cajamarca: “Agua para vencer la pobreza”. Es decir, la lucha por el agua de las poblaciones afectadas y de la red “Conga no va” fue apropiada y resignificada por la minera. A la empresa le interesa el bien de todos y no la maximización de sus ganancias: sin minería hay menos agua.
Imágenes de publicidad televisiva de Conga. “La minería empieza por la gente”.
Screenshot 2015-06-04 12.23.56
Luego de trabajar el tema mediante la publicidad, como si se tratase de cualquier producto a colocar en el mercado y no de propaganda política de uno de los actores con más poder en este conflicto, correspondió la medición de sus efectos en la percepción de los consumidores-ciudadanos. El tema pasa entonces a ser medido en encuestas nacionales de “opinión pública” publicadas también en los grandes medios.
En estas encuestas (Apoyo y GFK), solo se entrevistó a la población urbana, que, digámoslo de nuevo, no es la principal afectada por las actividades extractivas ni tampoco la que suele oponerse a estos proyectos. Se  podría argumentar que las encuestadoras realizan mensualmente encuestas a una muestra nacional urbana debido a costos y rutinas de trabajo ya definidas. Sin embargo, esa rutina es siempre adaptable, y, al igual que las rutinas periodísticas, no podría afirmarse que obedecen solo a criterios técnicos o financieros. De hecho, durante el último proceso electoral se midió frecuentemente el ámbito rural, probablemente porque se “temía” que Ollanta Humala fuese a ganar, y parte del voto “escondido” podría haber estado situado en lo rural. Podríamos decir que cuando vuelve la normalidad democrática pasada la incertidumbre electoral, la población rural, con sus preocupaciones y opiniones, la cual actualmente representa al 28% de la población nacional, no es incorporada, 15 incluso cuando se va a tratar temas que los ocupan directamente. La mayoría de zonas en conflicto socioambiental involucran poblaciones rurales.
En los titulares de los principales diarios se habló de la opinión de “los peruanos”, pero ciertamente se viene midiendo solo la opinión de algunos peruanos. En el caso de la encuesta de GFK, el único lugar de Cajamarca que entró en su muestra fue Otuzco (no directamente involucrada en el conflicto) 16.  En la encuesta de Apoyo, publicada en El Comercio con el siguiente titular: “La mayoría cree que Santos no quiere Conga por intereses políticos”, se preguntó a los encuestados si consideraban que las acciones contra el proyecto Conga a cargo de ciertos líderes (Gregorio Santos, Marco Arana, Wilfredo Saavedra) obedecía a intereses políticos o a una preocupación real por el medio ambiente y el agua. No se preguntó por la percepción de la empresa ni por sus intereses políticos o preocupaciones reales por el medio ambiente y el agua. En la encuesta de GFK, la pregunta es la siguiente: “Si usted pudiera tomar la decisión de si el proyecto minero Conga se efectúe, ¿va o no va?”. Entre el 11 de marzo y el 21 de abril, de 48% a 54% de quienes fueron encuestados dijeron que si dependiera de ellos, Conga va. ¿Pero depende de ellos? ¿Conga es un asunto que se resuelve por resultados de encuestas urbanas de opinión pública?
Es importante recordar que uno de los principales recursos con los que cuenta la gente para hacerse de una opinión, especialmente sobre aquellos temas que no son cercanos a su vida cotidiana, son los medios de comunicación y los diversos géneros que en estos se presentan: noticias, entrevistas, encuestas, publicidad. En las noticias, vemos un encuadre dominante que, por un lado, configura a una de las dos redes como “radical”, reducida y guiada por “intereses políticos e ideológicos”, y, por otro, representa a un Ejecutivo que “hace el esfuerzo” por el diálogo y porque intervenga un tercero para tomar la decisión. Adicionalmente, encontramos a la empresa muy poco expuesta mediáticamente, especialmente en su rol de actor con antecedentes en este conflicto. Tampoco se especula sobre sus intereses actuales y futuros. Dicho de otro modo, no aparecen en televisión reportajes sobre Yanacocha y los impactos y conflictos a lo largo de los 19 años de intervención a tajo abierto en Cajamarca ni la biografía de sus inversionistas, mientras que los dirigentes de la red “Conga no va” son continuamente asociados a su pasado (Saavedracomo “ex MRTA”) o a especulaciones sobre su futuro (Santos y sus afanes electorales). 17

Tanto en los spots de la empresa como en los del Estado —una misma red—, vemos que la población rural es representada a favor de la inversión, pero en la política real y no en las imágenes su opinión no es tomada en cuenta .

Desde otro género discursivo, vemos publicidad masiva de la empresa a favor de su proyecto, al que asocia con el desarrollo para todos, y observamos al Gobierno nacional también haciendo uso de la publicidad en el mismo sentido. No resultaría difícil concluir que si estas representaciones se mantienen, la “opinión pública” urbana estará, mes a mes, cada vez más a favor de Conga.
Siguiendo con la cronología del conflicto, luego de días de retraso, el peritaje internacional se presenta en Lima el 17 de abril, y no simultáneamente en Cajamarca, principal interesado en sus resultados. Solo luego van los ministros a explicarlo en Cajamarca. Dos días después, el presidente da un mensaje a la nación y pide a Yanacocha acatar las recomendaciones del peritaje internacional en torno a las lagunas Azul y Chicapara para evitar que estas sean «depósito de desmonte«. 18 Simultáneamente, es también el Gobierno el que, entre sus spots publicitarios de políticas de lucha contra la pobreza y de inclusión en el desarrollo, difunde uno acerca de la electrificación en Cajamarca. 19 Tanto en los spots de la empresa como en los del Estado —una misma red—, vemos que la población rural es representada a favor de la inversión, pero en la política real y no en las imágenes su opinión no es tomada en cuenta (su agenda no entra en discusión en mesas de diálogo, tampoco son encuestados).
La red anti-Conga confirma lo que ya sabía: el peritaje daría luz verde al proyecto. Por tanto, no aceptan este resultado y los requerimientos que establece el Gobierno nacional a la minera. Como señala Santos:
Estos argumentos ya los conocemos desde hace años. La minera Yanacocha nos ha ofrecido siempre cuadruplicar el agua, y nunca lo ha cumplido. No sé cómo el presidente le cree. Además, decir que los beneficios del proyecto se van a administrar a través de un fondo es algo que ya ha fracasado en Cajamarca y en varios lugares. 20
Paradójicamente, este resultado termina ajustando relaciones de poder dentro de la red “Conga va”, dándole mayor poder a la empresa. Así, Yanacocha y Newmont sostienen que evaluarán si con estas exigencias resulta rentable la inversión. Dicho de otro modo, el único momento en el que la viabilidad de Conga está en cuestión es en el que la empresa debe ver si le dan los números para invertir.
Y llegamos al 15 de mayo. El Gobierno nacional, representado por el primer ministro Óscar Valdés, 21 inaugura en Lima el Décimo Simposium Internacional del Oro y el Segundo Foro de la Plata. Durante el evento, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Valdés señala que el Perú es un “país serio”, que valora las inversiones mineras y tiene muy en claro las tareas para lograr una minería sostenible. 22 Días antes había ya declarado en RPP que la decisión “está en la cancha de la empresa”, que esta interrumpió sus operaciones “de manera voluntaria” y que “como Estado daremos las facilidades para que sigan». 23 Vemos aquí que el Estado dista de tener una postura “mediadora” en el conflicto: no se recibe a ciudadanos que marchan por el agua, pero se inaugura un evento organizado por ciudadanos que invierten en minería.
Por su parte, Roque Benavides comentó en el mismo evento que, un mes después, elloscontinúan evaluando las recomendaciones del peritaje, y agregó que en ningún caso el proyecto atentará contra el ecosistema ni el bienestar de la población, porque, en ese caso, también se afectaría la rentabilidad de la empresa. Sostuvo además que:
Aquí la empresa obtiene todos los permisos, se aprueba el estudio de impacto ambiental (EIA), se empieza la construcción del proyecto y de repente aparecen antimineros que dicen (Conga) no va, entonces surge un problema entre Gobierno nacional y regional. 24
Vemos aquí cómo un recurso discursivo permanente de la empresa es retirarse de la escena del conflicto. El problema es del Gobierno y sus diferentes niveles y los antimineros, que aparecen “de repente”, de la nada, cuando ya todo estaba aprobado.
Mientras tanto, la red anti-Conga despliega como estrategia visitar otras regiones para que se sumen a su protesta, dado que comparte características con otros conflictos socioambientales. 25 Estas protestas, además de condensar una serie de demandas prácticas e históricas, se oponen a la imposición de un tipo de “modernidad” y de “desarrollo”, que, en sus términos, busca remplazar con tuberías y mangueras a los ríos y con diques y reservorios a las lagunas. 26
En síntesis, a casi fines de mayo 2012, por la manera en la que han desplegado sus estrategias y recursos comunicacionales y legales, orientados hacia la acentuación de la división y la confrontación, encontramos que las redes “Conga va” y “Conga no va” atraviesan internamente mayores tensiones. De igual modo, tenemos que, en lugar de prepararse el camino que conduzca a una posible solución del conflicto, vamos directo a la escalada de la violencia en Cajamarca.
Lo que significaría quererse desde el discurso público 
Como sabemos, un recurso fundamental del poder es el discurso público, y una de las formas más influyentes de este son los medios de comunicación (Van Dijk 2009). Los medios —masivos, electrónicos, alternativos—, vistos como plataformas, permiten la confluencia de otros tipos de discursos públicos (políticos, empresariales, científicos, educativos, de entretenimiento, etc.). Pero a la vez los medios son actores que definen ciertas agendas, priorizan determinadas fuentes y proponen marcos interpretativos (y valorativos) diferentes para presentar a quienes forman parte de cada red, e influyen así en lo que piensa el público.

Una de las dos redes (“Conga va”) tiene mayor acceso y control en la reproducción de su punto de vista, intereses y argumentos en el discurso mediático.

Como ha sido evidente en estas páginas, se trata de redes con poder y recursos legales y discursivos asimétricos. En consecuencia, una de las dos redes (“Conga va”) tiene mayor acceso y control en la reproducción de su punto de vista, intereses y argumentos en el discurso mediático, y ha resultado más viable reconstruir sus acciones. Pensemos en quiénes son citados y entrevistados con mayor frecuencia, qué conferencias se llenan de periodistas, qué red tiene la posibilidad de producir y difundir más comunicados, publicidad, documentales, y también cuál de ellas se encuentra incluso geográficamente más cercana a los centros de producción de discursos mediáticos. Ello no quiere decir que la otra red (“Conga no va”) no esté presente en el discurso público. Sin embargo, su representación es más fragmentada y menos visible, y resulta más difícil recomponer sus propias estrategias.
Siguiendo a Guha (1999), su representación ocurre más como huella. Es decir, a partir delefecto (miedo, amenaza al orden actual) que causa en el discurso oficial (de los medios, del Gobierno nacional y de los sectores empresariales). La huella de una red en la otra red que domina el acceso y producción del discurso público, y a la que le “corresponde la definición de la situación política y social aceptada y tomada seriamente” (Van Dijk 2009: 31). Incontables titulares, notas informativas y comentarios de periodistas en televisión dan cuenta del peso de lo interpretativo y de las opiniones y las valoraciones respecto de los actores de cada red, por encima de la descripción de los acontecimientos.

Quererse sería entonces más una cuestión de buscar aquellas representaciones discursivas (y herramientas legales y políticas) que, en lugar de seguir fragmentándonos, empiecen a acercarnos.

¿Y qué sería querernos? Abrir la representación a la otra parte en conflicto. Dejar de encuadrarla desde la lógica de la guerra y de la imposición (de las fuentes oficiales comúnmente citadas), en la que una está en lo correcto y la otra profundamente equivocada, y tampoco encuadrarla desde la lógica de la persuasión, en la que una “correcta comunicación” haría que la otra parte entendiera que su perspectiva es equivocada. En este conflicto es posible encontrar razones técnicas, políticas e ideológicas en ambasredes.
Se trataría de pasar de la guerra y de las estrategias persuasivas al entendimiento, porque es imposible seguir negando que mientras se maximizan las ganancias de algunos, se afectan permanentemente los territorios y recursos que dan sentido a la vida de muchos otros, que tienen que poder ser tomados en cuenta seriamente. En el fondo, la lucha es la misma en todas partes. Toca aceptar que no todos queremos vivir de la misma manera, y que no hay un solo camino al desarrollo ni una sola forma de ser modernos. Ese ejercicio de libertad de elección tendría que ser accesible para todos. Quererse sería entonces más una cuestión de buscar aquellas representaciones discursivas (y herramientas legales y políticas) que, en lugar de seguir fragmentándonos, empiecen a acercarnos.
* Comunicadora, investigadora del IEP.
   Este artículo terminó de escribirse el 24 de mayo de 2012.
  1.  Reportes de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo (julio 2006–junio 2011). ↩
  2.  A abril de 2012, de los 145 conflictos socioambientales, 119 son competencia estatal del Gobierno nacional. Información tomada del reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo (abril 2012).  ↩
  3.  Tomo esta distinción entre tres tipos de actores vinculados directa o indirectamente en el conflicto de la Defensoría del Pueblo, reporte de conflictos sociales (abril 2012). ↩
  4.  Ver http://www.yanacocha.com.pe/la-compania/quienes-somos/ (último acceso: 03/05/2012). ↩
  5. Defino como “gran prensa” o “prensa dominante” a los grandes medios de comunicación nacional (limeños), es decir, aquellos que producen sus contenidos en la capital, concentran la propiedad de diversos medios y tienen una posición predominante en el mercado (en ventas, lectoría y audiencias) a nivel nacional. ↩
  6. Los movimientos sociales dentro del país habrían pasado de centrar su lucha en una defensa de la tierra hacia una por la defensa del agua, acorde con tendencias globales, como lo sugirió la politóloga Adriana Urrutia en una conversación personal. ↩
  7. Reportes de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo (julio 2006–junio 2011). ↩
  8. En junio de 2011, Carlos Santa Cruz, vicepresidente de operaciones de Newmont, principal accionista de Yanacocha, declaró que: “En Cerro Quilish, consideramos iniciar operaciones alrededor del año 2016. Necesitamos recordar que Cerro Quilish es uno de los mejores depósitos mundiales de oro que no está todavía desarrollado”. En La República (16/09/2011). Disponible en http://www.larepublica.pe/16-09-2011/marco-arana-humala-nos-prometio-defender-el-cerro-quilish ↩
  9. El presente recuento de sucesos del conflicto está basado en «Los últimos meses: una cronología del caso Conga», artículo de Jimena Rojas disponible en http://lamula.pe/2012/04/18/ los-ultimos-meses-una-cronologia-del-caso-conga/jimenard (último acceso: 07/05/2012). ↩
  10. Conferencia de prensa de Ollanta Humala acerca de proyecto Conga. En http://www.youtube.com/watch?v=o6WBV3iUGRk (último acceso: 12/05/2012). ↩
  11. “Manifestantes de la Marcha del Agua exigen cambio en política minera nacional”. La República. Disponible en http:// www.larepublica.pe/10-02-2012/manifestantes-de-la-marcha-del-agua-exigen-cambio-en-politica-minera-nacional ↩
  12. Ordenanza regional N-36-2011 publicada en El Peruano. ↩
  13. Editorial de El Comercio del 10/02/2012, “Ecología o ideología”. Énfasis propio. Disponible en http://elcomercio.pe/ opinion/1368475/noticia-editorial-ecologia-ideologia. ↩
  14. “La minería empieza por la gente”, spot 1, disponible en http:// www.youtube.com/watch?v=K04uSbmjcUQ. Spot 2, disponible en http://www.youtube.com/watch?v=GwBT3Ph1Hqs ↩
  15. INEI (2012). Informe técnico. Evolución de la pobreza 2004- 2010. Lima: INEI ↩
  16. Encuesta de Apoyo publicada el 21/04/2012 en El Comercio. Encuesta de GFK publicada el 02/05/2012 en La Repú- blica. http://www.larepublica.pe/infografias/conflictos-sociales-02-05-2012 ↩
  17. Sobre Saavedra, entre otros, ver Correo (disponible en http://diariocorreo.pe/nota/58428/ex-mrta-saavedra-puso-de-lado-a-santos/) y El Comercio (disponible en http://elcomercio.pe/peru/1386753/noticia-ex-mrta-wilfredo-saavedra-fue-detenido-tacna). Sobre Santos, ver, entre otros artículos: http://elcomercio.pe/politica/1417462/ noticia-santos-no-quiere-defender-paisanos-sino-candidato-2016 ↩
  18. Ver http://diariocorreo.pe/nota/82338/conga-va-solo-si-cumple-condiciones-del-gobierno-anuncia-humala/ ↩
  19. PCM, Luz en Cajamarca (27/04/2012). Disponible en http:// www.youtube.com/watch?v=tVhBlrVfg10&feature=plcp ↩
  20. “Santos cambia su posición sobre Conga en menos de 60 minutos”. En El Comercio, tema del día (21/04/2012). ↩
  21. Mientras los ministros del Interior y de Defensa preparaban sus cartas de renuncia, el primer ministro ponía su cargo a disposición y el presidente andaba de gira por Japón, aparece en el diario Gestión la entrevista (que titula la portada) en la que el presidente de la Confiep señala que Valdés debe quedarse (11/05/2012). ↩
  22. h t t p : / / w w w. a n d i n a . c o m . p e / E s p a n o l / N o t i c i a . aspx?id=PH0ok1FJR24= ↩
  23. http://www.rpp.com.pe/2012-05-11-valdes-sobre-conga-yanacocha-puede-hoy-reiniciar-sus-operaciones-noticia_481131.html ↩
  24. Énfasis propio. En http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-evaluacion-proyecto-conga-estara-lista-proximos-diassenala-buenaventura-412229.aspx ↩
  25. 5 El Gobierno nacional, mientras tanto, recurre a otras estrategias legales para detener a esta red: denunciar a través de la Fiscalía de la nación a Gregorio Santos por usar recursos del Estado para organizar las protestas, y con esa orden no le permite moverse de Cajamarca. En RPP: http://www.rpp.com.pe/2012-04-20-fiscalia-formalizainvestigacion-contra-gregorio-santos-noticia_473980.html ↩
  26. “Hemos venido no para contarles una historia sino una verdad. Allá en el norte peruano hay una transnacional que en complicidad con una nacional y con un Gobierno también nacional está destruyendo los manantiales y ríos de agua para reemplazarlos con tuberías y mangueras; eso a lo que le llaman desarrollo está significando afectación de la vida para muchas comunidades y miles de campesinos y hermanos peruanos de Cajamarca y otras comunidades. Como si esto fuera poco, ahora esta modernidad que quiere remplazar ríos por tuberías o mangueras quiere reemplazar lagunas por diques o reservorios, y Cajamarca dice basta, el Perú dice basta y el mundo dice basta. Gracias por su solidaridad”. Dirigente cajamarquino en concierto de Manu Chao. Festival de los 7 Mares, Gran Parque de Lima, 17/03/2012. ↩

Referencias Bibliográficas

Bebbington, Anthony (2007, noviembre). “Sostenibilidad social y conflictos mineros en América Latina”. En Debate Agrario: Análisis y Alternativas, n.°42.
Guha, Ranajit (1999). “La prosa de la contrainsurgencia”. En Saurabh Dube (coord.), Pasados poscoloniales. México D. F.: El Colegio de México.
Van Dijk, Teun A. (2009). Discurso y poder. Barcelona: Gedisa.