Introducción
El cambio climático representa actualmente uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad global. Alrededor de él se articulan procesos, instituciones y actores transnacionales y locales movilizados en torno a una agenda ambiental-climática que se ha convertido en prioritaria para la comunidad internacional: 1 hoy es casi un consenso global la necesidad y urgencia de aprobar un nuevo modelo de gobernanza climática que nos posibilite encarar (con éxito) los factores desestructurantes del calentamiento global. Dada la magnitud del problema, desde 1995 las Naciones Unidas auspician conferencias anuales para hacer seguimiento a los acuerdos asumidos en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), vigente desde 1994. Este año se lleva a cabo la vigésima Conferencia de las Partes en la ciudad de Lima, entre el 1 y 10 diciembre, cuyo principal objetivo es redactar un nuevo Acuerdo Climático Global que será propuesto —y eventualmente aprobado— en la COP21 a desarrollarse en París en 2015. En esa Conferencia se espera establecer nuevos compromisos para los Estados en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como definir los compromisos de financiamiento que los países desarrollados deberán transferir a los países en desarrollo para realizar medidas de adaptación al cambio climático.

Este año la cumbre “alternativa” se viene organizando en un complejo proceso de negociaciones […] que bajo el lema “¡Cambiemos el sistema, no el clima!” esperan encauzar a los miles de activistas y organizaciones que arribarán a Lima.

En este contexto, un conjunto de organizaciones, plataformas y redes internacionales vienen desarrollando procesos de articulación e incidencia política para hacer seguimiento e incidir en las negociaciones intergubernamentales que llevan a cabo los gobiernos en el marco de las COP, y que están relacionadas con el establecimiento de una gobernanza ambiental global, a fin de reforzar las acciones y generar alianzas con actores locales y nacionales. Entre sus objetivos está exigirle a los Estados, a los organismos internacionales y al sector empresarial cambios en los modelos de producción, desarrollo y consumo que influyen en el calentamiento global. En el caso del Perú, organizaciones sindicales, sociales, gremios agrarios e indígenas que trabajan o que han incorporan el tema climático-ambiental como parte de su plataforma político-gremial han confluido alrededor de la denominada Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, un espacio de articulación de los movimientos y organizaciones sociales que se congrega cada año en torno a las cumbres internacionales climáticas. En este proceso, una serie de agencias y redes internacionales han construido relaciones políticas y de cooperación financiera con sus “afiliados” a escala nacional, con el objetivo de reforzar la agenda global y nacional. Este año la cumbre “alternativa” se viene organizando en un complejo proceso de negociaciones y articulaciones entre organizaciones sociales de origen y características diversas, que bajo el lema “¡Cambiemos el sistema, no el clima!” esperan encauzar a los miles de activistas y organizaciones que arribarán a Lima para sumarse a las movilizaciones globales a favor del medio ambiente y contra el cambio climático.
En este artículo queremos plantear una primera mirada al proceso de movilización y articulación social peruano alrededor de la problemática del cambio climático en el país. Esta aproximación, en ese sentido, explora la hipótesis acerca de la eventual formación —en el actual contexto de la organización de la COP20 en nuestro país— de un movimiento social climático/ambientalista local con capacidad para incidir en la agenda nacional, regional o internacional y, de ser el caso, establecer qué perspectivas o retos tendría que enfrentar en el futuro inmediato para constituirse como movimiento.
Los antecedentes
La CMNUCC se planteó como objetivo prioritario mantener la temperatura promedio de la Tierra por debajo de los 2 °C. 2 En relación con este objetivo se ha venido desarrollando un complejo proceso de negociaciones que lleva dos décadas sin que los Estados se pongan de acuerdo en soluciones consensuadas y llevadas a la práctica. No es este el único proceso de negociaciones que se da en el ámbito de las Naciones Unidas con similar grado de complejidad; sin embargo, se trata del más político y controversial por todo lo que implica. El cambio climático representa un riesgo enorme para la comunidad internacional e involucra a los Estados y a las sociedades en su conjunto. La gravedad del reto exige que los Gobiernos concreten avances sustantivos en la adopción de compromisos vinculantes y al mismo tiempo pone en cuestión la viabilidad de un modelo de producción y organización social que deifica el consumo y el uso intensivo de energías fósiles, altamente lesivas para el medio ambiente y los ecosistemas.
En este contexto surgieron una serie de organizaciones sociales internacionales —Climate Action Network (CAN), WWF, Oxfam, Jubileo Sur, Amigos de la Tierra, Campaña por la Justicia Climática, entre otras— que se articulan en torno a una “agenda climática global” con puntos en común. Por varios años el grueso de sus intervenciones de incidencia y lobby estuvieron enfocados en el espacio de la CMNUCC, y se plantearon como objetivo influir en los mecanismos de compromiso de reducción de emisiones de GEI y la provisión de financiamiento por parte de los países desarrollados, principales responsables del calentamiento global. Desde estos espacios se han realizado acciones colectivas globales orientadas a incidir en las agendas y en los acuerdos resultantes de eventos intergubernamentales como las COP convocadas por las Naciones Unidas. La estrategia de algunos de los actores internacionales ha ido variando en función de la evolución del proceso de negociaciones, y en algunos casos se ha combinado con intervenciones en diferentes niveles y espacios de incidencia en los ámbitos nacional y local.
Las intervenciones a escala nacional, en ese sentido, cobran especial relevancia en el contexto de la acción colectiva de diversos actores para revertir el calentamiento global. Es desde cada país que las organizaciones presionan a sus gobiernos para que adopten políticas claras y coherentes con las necesidades de adaptación y mitigación al cambio climático. Desde esa perspectiva, la definición de las agendas ambientales internas resulta clave para el desarrollo de capacidades de adaptación de la población, sobre todo, para empujar el tránsito hacia una nueva matriz energética basada en el uso de energías renovables (como la solar y eólica) y la superación del modelo de producción, crecimiento y consumo que está en la base del calentamiento global y el crecimiento desmesurado de la desigualdad económica y social.
En los últimos años el movimiento climático internacional atravesó por coyunturas claves. Un primer hito crítico fue la Conferencia de las Partes realizada en Copenhague, Dinamarca, en el año 2009 (COP15). Esta conferencia tenía por objetivo establecer un nuevo acuerdo climático que “actualizara” los acuerdos del Protocolo de Kyoto, con serias limitaciones para cumplir con sus metas de reducción de emisiones globales de GEI. La cumbre de Copenhague concitó mucha expectativa en los movimientos sociales que desplegaron acciones de incidencia y movilización en cada país y en la misma sede del evento. El resultado de esta COP se consideró, sin embargo, un fracaso, en la medida que concluyó sin un compromiso claro por parte de los Gobiernos. Este retroceso generó un quiebre en el movimiento activista internacional. Ante este escenario no previsto, el movimiento climático no supo responder con una estrategia alternativa para encauzar las negociaciones y orientarlas hacia la adopción de compromisos vinculantes.
Este objetivo se traslada ahora a la COP20 por realizarse en Lima. Se espera que esta concluya con un borrador de nuevo Acuerdo Global, el cual sería aprobado y firmado por los Estados parte en la COP21 del próximo año en París. De ahí la enorme expectativa respecto de la adopción de compromisos vinculantes que permitan mantener el incremento de la temperatura del planeta por debajo de los 2 °C.

La agenda climática no es necesariamente una nueva agenda; engloba, agrava y vuelve más visibles problemas preexistentes, planteando el reto de considerar obligatoriamente escenarios climáticos futuros para cualquier actividad productiva o extractiva.

Como parte del proceso de la COP20, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, organizó la Cumbre del Clima en Nueva York (22-23 de septiembre), en el marco de la 69° Asamblea General de las Naciones Unidas. En este conclave los países miembros debían presentar compromisos de reducción de emisiones de GEI y propuestas de financiamiento para sustentar el nuevo Acuerdo Climático global, haciendo de esta una reunión clave con miras a la COP20. Por eso, la respuesta de la sociedad civil global no pudo ser más contundente: el último domingo 21 de septiembre, millones de personas en todo el mundo se movilizaron para exigir a sus gobiernos la adopción de compromisos claros para enfrentar al cambio climático de manera estructural y sostenible. La que se llevó a cabo en Nueva York, sede de la Cumbre del Clima, fue considerada la movilización más grande en la historia del movimiento internacional climático, al reunir a casi medio millón de personas 3  y movilizar la acción coordinada de 1100 organizaciones para la convocatoria y organización de la manifestación. En cierta medida, el objetivo de la marcha se cumplió con la visibilidad mediática que adquirió el movimiento y la atención recibida por el propio Ban Ki Moon, que acompañó la marcha neoyorquina junto con otros referentes mundiales de la cultura, la política y los deportes. Mensajes como “¡Justicia climática, ahora!” o “#AccionNoPalabras”, tras los cuales fueron convocadas las manifestaciones de septiembre, se han convertido en banderas de diversos frentes y organizaciones nacionales e internacionales, y se espera que formen parte del repertorio de lemas y consignas que llevarán las organizaciones sociales y ambientalistas a la Cumbre de los Pueblos que se realizará simultáneamente a la COP20 en Lima.
Asistimos, entonces, a un momento clave para el fortalecimiento del movimiento climático global. Para algunos esta circunstancia debe entenderse como el punto de partida para un proceso más amplio, liderado por los movimientos sociales a escala nacional, regional y local. Un rasgo que definiría este proceso en marcha es que estaría liderado por un conjunto de movimientos y plataformas internacionales que no se articulan solo alrededor de la cuestión “atmosférica”, sino que unifican e integran una diversidad de dimensiones y acciones relacionadas con los factores desencadenantes (o consecuencias) del cambio climático. Así, procesos relacionados con la soberanía y seguridad alimentaria, los derechos colectivos de minorías, la justicia climática, etc. forman parte de agendas territorializadas que se llevan a cabo en casi todos los países y regiones del mundo. Los acuerdos resultantes de la COP20 pondrán a contraluz la capacidad efectiva de incidencia de estos movimientos sociales en la toma de decisiones gubernamentales cruciales para el futuro de la humanidad. Y como vienen las cosas, no caben más fracasos en los intentos por detener el calentamiento global.
Movimientos ambientalistas en el Perú: los antecedentes
La problemática ambientalista comenzó a tomarse en cuenta en nuestro país apenas hace dos décadas, vinculada en un inicio al desarrollo territorial rural. Sus primeras manifestaciones abordaron los conflictos socioambientales relacionados con el avance de la minería y los hidrocarburos, en territorios particularmente sensibles al impacto social y ambiental de las industrias extractivas. En ese contexto, organizaciones no gubernamentales ambientalistas entablaron relaciones políticas y de cooperación con comunidades campesinas e indígenas para asesorarlas en el desarrollo de sus demandas judiciales, reivindicaciones sociales y acciones colectivas de defensa de sus territorios. El rol jugado por instituciones civiles reconocidas como especializadas en la materia —como la Asociación Labor, CooperAcción, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), entre otras, y más recientemente el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc)— en el desarrollo de un debate interno sobre la política ambiental ha resultado clave para visibilizar la problemática que atraviesan diversos sectores y comunidades indígenas enfrascados en conflictos socioambientales por la defensa de sus territorios y derechos colectivos. La relación con sectores indígenas organizados alrededor de organizaciones indígenas o campesinas a escala nacional, como la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), entre otras, junto con organizaciones supranacionales como la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) o la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), ha sido clave para darle alcance transnacional y orientación política a sus acciones de incidencia local e internacional.
El cambio climático y sus efectos e impactos se fueron sumando a los problemas ambientales ocasionados por las industrias extractivas, la deforestación y la deficiente gestión ambiental en las ciudades y en el campo. Es por eso que la agenda climática no es necesariamente una nueva agenda; engloba, agrava y vuelve más visibles problemas preexistentes, planteando el reto de considerar obligatoriamente escenarios climáticos futuros para cualquier actividad productiva o extractiva. Es así que el proceso de incidencia en la agenda climática ha ido confluyendo con agendas previas (como es el caso de la deforestación y el mecanismo REDD+, 4 proceso técnico enfocado en el “stock de carbono” de los bosques), en el cual organizaciones indígenas como Aidesep y Coica, y algunas ONG, han logrado incluir aspectos claves como la seguridad jurídica de los territorios y la consulta previa en las políticas nacionales y mecanismos de financiamiento internacional. 5 Por el lado de la adaptación al cambio climático —un proceso que no ha logrado muchos avances, pero requiere mucha atención—, un tema prioritario lo constituye la gestión de recursos hídricos. Son muchas las organizaciones que trabajan el tema del agua y la necesidad de priorizar su uso para consumo humano y agricultura, que contribuya a la seguridad alimentaria, objetivo que se contrapone con la expansión de la actividad minera en zonas de cabeceras de cuenca.
La COP y la aparición de nuevos actores
En los últimos dos años, la designación del Perú como anfitrión de la COP20 significó la conformación de nuevos espacios de articulación de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales locales, en coordinación y con el apoyo de redes y plataformas internacionales vinculadas con la agenda del cambio climático. Para los fines de este texto cabe destacar dos experiencias importantes en esta última etapa.
La primera data de junio de 2013, cuando se constituyó el Grupo Perú COP20 (GPCOP20), una vez conocido que el Perú ocuparía la presidencia peruana de la COP20. 6 Actualmente está compuesto por más de 85 organizaciones sociales —entre ONG ambientalistas, organizaciones sindicales, sociales, de género, religiosas, estudiantiles, juveniles, etc.— que operan a través de comisiones de trabajo y que, a partir de una serie de pronunciamientos sobre la política ambiental y la coyuntura política, se han constituido como un interlocutor ante el Ministerio de Ambiente (Minam)   7 y el Congreso de la República. Esta condición le ha permitido representar a la sociedad civil en las reuniones organizadas por la comisión negociadora peruana ante la COP para informar sobre el proceso de negociaciones internacionales preparatorias del texto del nuevo acuerdo climático global.
Dos son las líneas de acción que se plantea el GPCOP20 en el contexto configurado para diciembre de este año. Por un lado, articular a las plataformas internacionales que hacen seguimiento o buscan incidir en los procesos de negociaciones que se vienen desarrollando en el marco de la COP20, cuyo objetivo es vincular el debate programático y político de los procesos internacionales con los objetivos de la agenda ambiental interna peruana. Asimismo, en el ámbito local, el GPCOP20 se propuso incidir en la formulación y aprobación de una política nacional en materia ambiental y climática que permita encarar —con recursos y estrategias definidas— el cambio climático en el país. La aparición del GPCOP20 se explica, por un lado, por el creciente proceso de sensibilización y relacionamiento de múltiples organizaciones de la sociedad civil peruana con la problemática del cambio climático, así como por el surgimiento de un conjunto de oportunidades políticas que abre la realización de la COP20 para impulsar una institucionalidad ambiental que recoja los planteamientos propuestos por diversas organizaciones y plataformas de la sociedad civil. 8
El segundo espacio clave surgido en el contexto de la COP20 es la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático. Se trata, en este caso, de un foro social organizado todos los años como respuesta de la sociedad civil global a la cumbre oficial de las Naciones Unidas. Este año la responsabilidad de organizarla es asumida por las organizaciones sociales peruanas, dada la condición de país anfitrión. Así, en una primera etapa —iniciada en mayo de 2014—, el rol de facilitador de la comisión organizadora recayó en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la cual asumió el compromiso de articular a la diversidad de plataformas y organizaciones sociales que participaron en la Cumbre de los Pueblos llevada a cabo en 2008, a propósito de la realización de la Cumbre ALC-UE en Lima. A partir de esta experiencia se constituyó un primer comité impulsor compuesto por centrales y federaciones sindicales, organizaciones internacionales de género, ONG ambientalistas y organizaciones juveniles y de estudiantes, así como se formaron comisiones de trabajo político, mediático-cultural y logístico que tuvieron el encargo de organizar la Cumbre.
Hacia mediados de 2014, esta Comisión organizadora de la Cumbre de los Pueblos se fusionó y estableció una instancia nueva conjuntamente con las organizaciones agrarias e indígenas que conforman el Pacto de Unidad —constituido en 2010 para impulsar la aprobación de la Ley de Consulta—, 9que venían trabajando la organización de una cumbre social indígena. La lectura política que primó en estas plataformas fue la necesidad de avanzar hacia un proceso de unidad organizativa y programática que permitiera congregar al conjunto del movimiento social nacional e internacional presente en Lima en diciembre, y a partir de ello fortalecer políticamente este espacio para legitimar sus demandas en representación de un sector más amplio de la sociedad peruana. La dirección de este proceso recae en la comisión política de la Cumbre de los Pueblos, conformada por representantes del Pacto de Unidad, de las centrales sindicales y de las organizaciones sociales, la cual ha venido coordinando con las plataformas internacionales presentes en la Cumbre del Clima en Nueva York la constitución de un comité de enlace internacional que apoyará la organización y las actividades de la Cumbre de diciembre. 10
La organización de la Cumbre de los Pueblos constituye un proceso complejo, políticamente engorroso y lento a pesar de la premura y urgencias del contexto. La convergencia de actores diversos es en sí misma un mérito de sus impulsores, pero exige un nivel de articulación y madurez en la toma de decisiones para garantizar la unidad programática y política de sus instancias organizativas. La superposición de factores socioculturales, económicos e ideológicos en la relación entre dirigentes y representantes de movimientos sociales de características e historias diversas hace de esta unidad política una relación difícil, pero hasta el momento vigente, cuyo principal reto será trascender el contexto de la COP20 y constituirse en un movimiento social ambientalista y climático con capacidad de incidencia en las esferas del poder global y regional.
Balance preliminar
Aun cuando se trate de una experiencia de organización y movilización en proceso de maduración y futuro incierto, el reciente activismo social en relación con la agenda climática y ambiental ha generado espacios de articulación de la sociedad civil que se vienen desarrollando con algunas características particulares. Señalamos a continuación algunas líneas de trabajo para seguir desarrollando.
a)La organización de la COP20 en nuestro país ha incentivado el involucramiento de un número importante de organizaciones, movimientos y redes sociales locales alrededor del tema climático-ambiental. Si hasta hace poco más de una década existía un reducido número de ONG que realizaban trabajos de investigación, sensibilización e incidencia respecto de la problemática ambiental local, participando en procesos de resistencia social e indígena, hoy en día el número de instituciones y organizaciones que han incorporado en sus plataformas programáticas y políticas el problema del cambio climático ha aumentado notablemente. Este escenario se ha visto favorecido por el financiamiento facilitado por agencias cooperantes para proyectos de vigilancia, movilización, capacitación y empoderamiento de organizaciones sociales e indígenas en sus luchas frente a las industrias extractivas. Tenemos así que organizaciones tradicionalmente vinculadas a la problemática agraria y sindical (como la CGTP, la CCP o la CNA) ahora participan en procesos de incidencia nacional e internacional relacionados con la agenda ambiental y climática, en alianza con plataformas nacionales e internacionales de similares características y niveles de involucramiento (como la Marcha Mundial de las Mujeres, Oxfam Internacional o Construyendo Puentes, entre otras). En este escenario, las ONG ambientalistas juegan un papel clave en la formulación de propuestas y opiniones técnicas vinculadas con la gestión pública de los recursos naturales y las políticas sectoriales vinculadas a la problemática ambiental y climática.
b) Los espacios y organizaciones sociales peruanas articuladas alrededor del eje COP20 se posicionan —en mayor o menor medida— en torno a una agenda programática de alcance internacional y nacional con objetivos y lineamientos específicos. 11 La consigna “¡Cambiemos el sistema, no el clima!” revela la centralidad de los cuestionamientos al neoliberalismo como modelo de desarrollo y crecimiento y la convierte en eje articulador de una mayoría de los actores sociales involucrados. En este escenario, el desafío del incipiente movimiento ambientalista peruano consiste no solo en hacer valer sus demandas y propuestas programáticas en el proceso de negociaciones internacionales que tiene su próximo hito importante en la conferencia de Lima, sino principalmente en la implementación de una política nacional y de políticas regionales —debidamente estructuradas y financiadas— orientadas a enfrentar el cambio climático de manera oportuna y eficiente.
c)En el Perú, el movimiento social climático se construye en articulación con redes internacionales vinculadas al cambio climático. El respaldo de redes internacionales como la CAN, la Alianza por la Justicia Global, la Campaña Global por la Justicia Climática, 350.org, Oxfam, el Movimiento de los Pueblos Indígenas por la Autodeterminación y Libertad (IPMSDL), la Plataforma Boliviana contra el Cambio Climático, entre otras, resultará clave no solo para atender los requerimientos financieros y logísticos de la organización de la Cumbre de los Pueblos y la Marcha Mundial por el Clima del 10 de diciembre, sino, sobre todo, porque representa una oportunidad para ejercer presión sobre los gobiernos participantes de la COP (entre ellos  el propio Gobierno peruano), a fin de que tomen en cuenta las demandas y propuestas que plantea la sociedad civil global en la definición de los acuerdos y compromisos que se adoptarían en París para 2015. 12
d)Asimismo, se trata de un espacio de articulación nuevo, con capacidad limitada para incidir políticamente en la agenda ambiental interna, si bien esta capacidad podría aumentar en el contexto de organización de la Cumbre de los Pueblos y de la realización de la COP20 en Lima. Para ello, las organizaciones de la sociedad civil involucradas en este proceso enfrentarán un doble reto: en el corto plazo, deberán sobrellevar la frágil articulación interna que sostiene las instancias organizativas de la Cumbre de los Pueblos, fundada en la necesidad de proyectar una imagen de unidad del movimiento social peruano ante la comunidad internacional y las redes y plataformas globales con las que se articula. Las acciones de diciembre nos darán luces sobre el éxito o fracaso de este esfuerzo colectivo. En el largo plazo, este movimiento que se está constituyendo deberá superar limitaciones estructurales (debilitamiento organizativo, pobre financiamiento, carencia de liderazgos con presencia en la opinión pública y falta de experiencia en procesos de negociación internacional) y una serie de factores exógenos que influyen en su accionar (por ejemplo, la criminalización gubernamental de la protesta) si lo que busca es constituirse como un sujeto político con capacidad de movilización e incidencia en la formulación de políticas públicas. El contexto de la COP20 parece propicio para sentar las bases de un proceso de más largo aliento. Veremos si se avanza en esa dirección.
* Enrique Fernández-Maldonado es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios de Maestría en Investigación en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Lorena del Carpio es economista de la Universidad Nacional de San Agustín, con estudios de Maestría en Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente (UNALM). Especialista en cambio climático y proyectos de desarrollo.
  1. Los informes que mayor difusión y credibilidad tienen son los emitidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Una compilación de sus reportes se pueden encontrar en http://www.ipcc.ch/home_ languages_main_spanish.shtml   ↩
  2.  Sin embargo, un gran sector de científicos y organizaciones consideran que 1,5 °C debería ser el límite. Actualmente la temperatura se ha incrementado en 0,8 °C, lo que ya está generando impactos. ↩
  3.  AVAAZ. Ver https://secure.avaaz.org/es/climate_march_ reportback/?bcJKhgb&v=46391 ↩
  4. Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques y suelos.  ↩
  5. Forest Carbon Partnership Faciliy (FCPF) y Forest Investment Program (FIP), mecanismos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.   ↩
  6. Ver http://grupoperucop20.org.pe/   ↩
  7.  Ver http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/minam-ygrupo-peru-cop20-conversan-sobre-la-estrategia-nacionalante-cambio-climatico/ ↩
  8.  Esta agenda interna la componen —principalmente— los siguientes objetivos: la aprobación de una ley marco de cambio climático por el Congreso de la República, la actualización de una Estrategia Nacional de Cambio Climático que incorpore los aportes realizados por las organizaciones de la sociedad civil y la participación activa de la sociedad civil en la recientemente reactivada Comisión Nacional de Cambio Climático.  ↩
  9. El Pacto de Unidad está compuesto por la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CPP), la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap).  ↩
  10. El denominado Comité de Enlace Internacional tuvo una primera reunión de contacto el 13 de agosto en Lima, cuando en un taller auspiciado por la Fundación Ebert decidieron impulsar la Cumbre de los Pueblos bajo el lema “¡Cambiemos el sistema, no el clima!”. Las organizaciones que suscribieron la Declaración de Lima fueron la Confederación de Sindicatos de las Américas (CSA), Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (Atalc), la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), el Grupo Carta de Belém, Jubileo Sur/Américas, la Marcha Mundial de las Mujeres, la Transnational Institute (TNI) y Vía Campesina, así como organizaciones nacionales como el GPCOP20 y las que integran la comisión organizadora de la Cumbre de los Pueblos.  ↩
  11.  Grupo Perú COP20 (2014). Documento síntesis y posicionamiento político. Disponible en http://grupoperucop20.org.pe/ ↩
  12. Uno de los tópicos claves en la COP20 será la constitución del Fondo Verde para el Clima, creado para financiar las acciones prevista por la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Para Meena Raman (Third Word Network), “el éxito de la COP20 depende, en gran medida, de cuántos fondos se comprometerán, para cubrir cuántos años, si vendrán como donaciones o prestamos y si impondrán con estas promesas más condiciones para los países en desarrollo”. Las posiciones de los países se dividen entre quienes proponen que los votos se ponderen en función de las contribuciones al Fondo (Noruega) frente a otros que plantean mecanismos más democráticos y horizontales para garantizar la autonomía en la toma de decisiones (Cuba y Zambia). En Nueva York se espera escuchar compromisos firmes de los países para iniciar la capitalización del Fondo y la orientación de las primeras acciones. Existe, en ese sentido, cierta expectativa por lo que ofrecerá el presidente Humala como aporte y su posición respecto de los mecanismos de gobernanza y administración del Fondo.   ↩