Y se inició un nuevo gobierno el 28 de julio que, tras dos décadas, empieza bajo un signo de cambio, no de continuidad. Desde su juramentación en el cargo, el presidente de la República, Ollanta Humala, invocando el espíritu de la Constitución de 1979, buscó establecer un punto de inflexión, un momento de quiebre. ¿Qué va a cambiar? ¿Hasta dónde? Un Gobierno que así comienza abre una nueva agenda de debates y un nuevo espacio de presiones y contrapesos.

El inicio del presente Gobierno es el tema que desarrolla Anahí Durand en su artículo de nuestra sección de Coyuntura. Durand asocia la impresionante aceptación de la gestión de Ollanta Humala, cercana al 75%, a la construcción de un perfil presidencial que prioriza el contacto directo con la población más que el protagonismo mediático, la concertación (con las empresas mineras o con el Congreso, evitando el hacer uso —y abuso, como los Gobiernos anteriores— de la delegación de funciones legislativas al ejecutivo) y el despliegue de “gestos potentes”, más que discursos, como sus visitas a Pisco, donde denunció la corrupción de Forsur, y a Bagua, donde promulgó la Ley de Consulta Previa. La autora analiza las debilidades de la oposición, incapaz por el momento de definir una agenda consistente, y distante, por primera vez, de los actores sociales movilizados. La sección de Coyuntura incluye también un artículo de Óscar Vidarte sobre los nuevos equilibrios de poder en América Latina, entre el deterioro de la hegemonía norteamericana, la creciente influencia del Brasil y lo que fueron los intentos de Chávez de producir un nuevo balance en el subcontinente.

La sección central de Argumentos se enfoca más bien en los debates en torno a la agenda de un Gobierno de cambio, y se inicia con la cuestión de las definiciones de política económica, particularmente en el contexto de la crisis financiera. Para discutir el tema, Carlos de los Ríos entrevistó a Guillermo Arbe, economista y gerente de estudios económicos de Scotiabank en Perú. Arbe presenta los orígenes de la crisis en Estados Unidos y Europa, pero plantea sobre todo las opciones de América Latina, relativamente protegida de los efectos de la recesión europea y norteamericana (o más protegida que antes) por el menor peso de estas regiones en el comercio exterior, en el contexto de un creciente poder adquisitivo en los mercados del Asia, y porque hay una demanda interna que permite asegurar cierto nivel de crecimiento endógeno.

Otro tema que aborda la sección es uno de los más invocados (aunque poco discutidos) en la campaña electoral, y del que se esperan impactos sostenidos en los niveles de inclusión social: la educación. Francesca Uccelli, de Argumentos, conversó con la flamante ministra de Educación, Patricia Salas, sobre lo que serán las prioridades del sector. A lo largo de la entrevista, resultan claras las opciones para reducir tres “brechas” en educación: la brecha urbano-rural (la oferta educativa para poblaciones rurales no existe o es de baja calidad); la educación de poblaciones indígenas o hablantes de idiomas diferentes del castellano, que plantea temas como la eficiencia en alfabetización en la lengua materna, el rescate de valores culturales y el fortalecimiento de la identidad y el orgullo de ser lo que se es; y la atención de la primera infancia. Todo ello cuenta con una dotación presupuestal relativamente mejor y, en opinión de la ministra, requiere consolidar, en un país en extremo diverso, la descentralización, corrigiendo los errores e inconsistencias de las gestiones anteriores.

El artículo de Roxana Barrantes pone en discusión a las empresas públicas. Efectivamente, el debate sobre empresas públicas lo abrió Gana Perú en la campaña electoral, y su necesidad justificaría una reforma constitucional, asunto que si bien ha dejado de estar en discusión, algunas iniciativas del nuevo Gobierno, como la necesidad de una línea aérea de bandera que atienda a poblaciones no rentables para las líneas aéreas comerciales, han reabierto el tema en el debate público. Roxana Barrantes pone en discusión las opciones a disposición de los Estados para organizar la provisión de servicios en actividades no rentables o en las que condiciones de monopolio de empresas privadas atentan contra la competencia y generan abusos en la fijación de precios. Para la autora, la constitución de empresas públicas no debiera ser la primera reacción frente a un problema de provisión de servicios, sino explorar otras alternativas, como las asociaciones público-privadas con regímenes de subsidios, la generación directa de servicios (como en el caso de la salud pública) y, por cierto, el funcionamiento de los entes reguladores de la competencia.

Lo que se juega en torno a la política laboral del Gobierno es analizado en el artículo elaborado por Enrique Fernández-Maldonado. Las opciones del régimen para hacer realidad la frase del presidente Humala en su mitin de cierre de campaña (ante el propio local de la CGTP), “garantizaré un trabajo decente”, son el hilo conductor de su artículo. En un país donde la “competitividad” desde los años noventa se convirtió prácticamente en sinónimo de “cholo barato”, la mejora de los salarios y la vigencia de derechos laborales (individuales y colectivos), aparecen como un terreno de presiones y eventuales conflictos. El artículo analiza las medidas iniciales (incremento del salario mínimo vital, reforzamiento del Ministerio de Trabajo y aumento de los fondos para la generación de empleo temporal y empleo juvenil), así como lo que este tipo de políticas pone en juego en términos de inversión, incremento del mercado interior y mecanismo sólido de lucha efectiva contra la pobreza. El anuncio de un Consejo Económico y Social mostraría un camino de concertación para las nuevas definiciones en política laboral.

Las opciones y la complejidad de una política energética son analizadas en el artículo de Gonzalo Tamayo, un aspecto que ha quedado rezagado frente al notable incremento de la demanda de energía. El autor analiza cómo el crecimiento económico y la mejora en los ingresos urbanos, así como en la habilitación de servicios en las ciudades y los programas de electrificación rural, presionan la demanda por energía (eléctrica, líquida y de gas), en tanto que las enormes inversiones y la alta complejidad tecnológica que requiere la ampliación de zonas de exploración y explotación producen normas que promueven el incremento de la oferta, pero entran en colisión con otras que protegen el medio ambiente, el patrimonio cultural, la integridad del territorio perteneciente a los pueblos originarios y las áreas naturales protegidas por el Estado. Más allá de si el balón de gas costará 12 soles, la nueva administración está confrontada con la necesidad de contar con una política coherente, que combine los diferentes objetivos e intereses asociados a la generación y consumo de energía.

En parte vinculado a lo anterior, un nuevo campo de política se ha definido con la aprobación de la Ley de Consulta a los pueblos indígenas. El artículo de Alicia Abanto analiza, desde una perspectiva histórica, lo que ha sido el montaje de una institucionalidad indígena en el Perú, y las decisiones que debe tomar el nuevo Gobierno para potenciar la diversidad etnolingüística del país y garantizar los derechos de pueblos originarios y afrodescendientes, frecuentemente agredidos por el abuso y la exclusión. Cuál debe ser el lugar y el nivel de una entidad rectora en materia indígena, que tenga la facultad de formular, aprobar, ejecutar y evaluar políticas para transversalizar la incorporación del enfoque intercultural en las polí¬ticas sectoriales, es una de las discusiones centrales del artículo.

Finalmente, nuestra sección de Reseñas cuenta con el aporte de Manuel Glave sobre el libro de Shane Hunt, La formación de la economía peruana: distribución y crecimiento en la historia económica del Perú y América Latina; y la reseña de Martín Santos sobre el libro de Mayari Castillo, Manuel Bastías y Anahí Durand, Desigualdad, legitimación y conflicto: dimensiones políticas y culturales de la desigualdad en América Latina.