Durante los cinco años de gobierno aprista se han suscitado una serie de conflictos sociales. Por mencionar algunos de los más representativos, tenemos el caso de Majaz en la sierra de Piura, en conflicto con la minera Río Blanco, que terminó con la consulta popular de septiembre de 2007; el Paro Amazónico de junio de 2009 por la derogación de los D. L. 1090 y 1064, que llevó a los lamentables sucesos de Bagua; o la reciente protesta en Islay contra el proyecto minero Tía María a cargo de Southern Perú Cooper Corporation. A estos hechos habría que agregar esporádicas protestas de agricultores cocaleros, la movilización a Lima de los productores azucareros y las ya conocidas protestas sectoriales expresadas en huelgas y reclamos de trabajadores públicos y privados.
A simple vista, el desarrollo y también el resultado final de los conflictos —que en muchos de los casos terminan con la consecución de las demandas de quienes protestan— podrían sugerir que estamos frente a un sector de movimientos sociales vigoroso, con fuertes cimientos organizativos, líderes legitimados, estructuras de coordinación y poder de negociación. Sin embargo, no es esto necesariamente lo que sucede, y el desarrollo de los conflictos se ha dado más bien de forma inconexa, esporádica y coyuntural. El último proceso electoral ha expresado esta realidad, poniendo en evidencia las dificultades de los actores sociales para plasmar una agenda política unificada o candidaturas directamente vinculadas a las organizaciones sociales. Vale preguntarse entonces ¿qué ha sucedido este quinquenio aprista en el terreno de la movilización social?, ¿cuál ha sido la actuación de los movimientos sociales en el terreno de la representación política? y, finalmente, ¿por quién votaron las “bases” de estos movimientos? Aunque estas preguntas merecen análisis de mayor profundidad, ensayamos aquí algunas reflexiones al respecto.
Movimientos, organizaciones sociales y conflictividad
No cualquier acto de protesta constituye un movimiento social. Para fines de este artículo tomamos lo anotado por Tarrow, quien define a los movimientos sociales como desafíos colectivos, planteados por personas que comparten objetivos comunes y organizan lazos de solidaridad en una interacción sostenida frente a las élites, los oponentes y las autoridades (Tarrow et al 1997). Más allá de los altibajos de su participación, encontramos en el Perú movimientos que despliegan la acción colectiva organizadamente, poniendo en escena reivindicaciones compartidas, repertorios de protesta y elementos identitarios que los cohesionan internamente y los presentan ante la sociedad.
El gobierno aprista no contempló que la capacidad de movilización de la población no necesariamente es proporcional a la aparente debilidad de las organizaciones, por lo que las protestas continuaron, varias de ellas muy masivas y violentas.
Durante el gobierno de Toledo, el “embalse de demandas” contenidas llevó a que la protesta social alcanzara altos niveles de intensidad (Grompone y Tanaka 2010). En este contexto, adquirieron protagonismo esfuerzos organizativos como la Confederación Nacional de Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp), que logró reunir a los productores de los valles de cultivo más importantes; la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), que buscó posicionar un liderazgo en las distintas movilizaciones contra la explotación minera; e incluso la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), que emprendió un proceso de renovación de sus dirigentes. Desde el Estado, el desorden y la improvisación fue la tónica en el manejo de los conflictos, quedando en evidencia las limitaciones de un gobierno con baja popularidad, sin equipo partidario, sin mayores políticas redistributivas y sometido a presiones de grupos económicos que reclamaban la profundización del modelo neoliberal.
A partir de 2006, García optó por mantener la política económica plasmando su visión del desarrollo y los actores sociales en sus conocidos discursos del “Perro del Hortelano”. Consecuente con esta apuesta continuista, se multiplicaron las concesiones petroleras y mineras, incrementándose la presión sobre territorios andinos y amazónicos, muchos de ellos de propiedad comunal. No es de extrañar por ello que los conflictos que dominaron este quinquenio sean los “socioambientales”, desplazando a los conflictos por el poder local y a las protestas sectoriales, muy presentes en años anteriores. 1 Los movimientos sociales, golpeados por problemas internos, débiles estructuras nacionales y distanciamientos entre sus líderes, enfrentaron un Gobierno mucho más articulado en su actuación y más dispuesto a ejercer el monopolio de la violencia. La represión y la criminalización de la protesta signaron la relación entre el Ejecutivo y los movimientos, limitando el diálogo a mecanismos ad hoc y desconociendo como interlocutores válidos a las dirigencias sociales. Sin embargo, el gobierno aprista no contempló que la capacidad de movilización de la población no necesariamente es proporcional a la aparente debilidad de las organizaciones, por lo que las protestas continuaron, varias de ellas muy masivas y violentas, por lo que debió dar marcha atrás en más de una ocasión.
De la protesta a la política (y viceversa)
A pocos meses de culminar el mandato presidencial, el panorama en el ámbito social parece caracterizarse por la persistencia de protestas localizadas y un bajo perfil de las organizaciones nacionales, especialmente de Aidesep, golpeada fuertemente por la represión y persecución tras el Paro Amazónico; de Conacami, que con la salida de Miguel Palacín adquirió rasgos menos contencioso; y de la misma Conpaccp, incapaz de superar las discrepancias entre sus líderes.
Otro aspecto saltante que define la acción de los movimientos sociales este quinquenio es su participación en la arena electoral a escala local y nacional, o por lo menos la presencia de algunos de sus líderes. Justamente, para acceder a los puestos de autoridad en un contexto de prolongada crisis de los partidos y cambios en las dinámicas de representación, los actores se valen de distintas estrategias. En el caso de los cocaleros del Valle del Río Apurímac Ene (VRAE), ellos optan por construir el “instrumento político”, tomando como referencia la experiencia exitosa del MAS boliviano. Forman así el partido Qatun Tarpuy, que participó logrando la elección de dirigentes cocaleros directamente vinculados al movimiento como regidores y alcaldes distritales. En el caso del movimiento indígena amazónico, en algunas localidades se opta por participar mediante la “franquicia” del partido Fuerza Democrática, eligiéndose autoridades awajum y wampis en Imaza, Condorcanqui y Río Santiago. Otra fórmula ensayada fue la alianza con partidos nacionales, como ocurrió con la participación de las dirigentes Nancy Obregón y Elsa Malpartida, que integraron la lista del Partido Nacionalista, quedando electas como congresista por San Martín y parlamentaria andina, respetivamente.
¿Qué impactos tuvo para los movimientos sociales la actuación de estas autoridades en el terreno de la representación política? En primer lugar, habría que diferenciar entre el ámbito local, donde no es la primera vez que líderes sociales participan en elecciones y reciben el respaldo de sus organizaciones, y las localidades donde tienen preeminencia. Las interacciones que se tejen entre lo social, lo político y lo económico, además de las políticas específicas implementadas frente al movimiento del cual provienen, es un tema que merece ser analizado en profundidad. De lo que conocemos, en el caso de los alcaldes cocaleros del VRAE, su gestión no se habría diferenciado sustancialmente de las anteriores, quedando en evidencia el poco margen de acción para implementar políticas y proyectos de envergadura. En segundo lugar, en el ámbito parlamentario, Nancy Obregón debió enfrentar una fuerte presión mediática, siendo opacada su labor por denuncias de narcotráfico que involucraron a familiares suyos y a ella misma. Vale mencionar además la intención del Gobierno de frenar la actuación de estas autoridades en el terreno contencioso, afectando sus vínculos con los movimientos y penalizando su participación en protestas. 2
La coyuntura electoral nacional no encontró a los movimientos sociales en su mejor momento, y las aspiraciones a participar en las elecciones debieron lidiar con la postura de la única fuerza progresista en campaña. No olvidemos que tras el fracaso de los grupos de izquierda que llevaron a la alcaldía de Lima a Susana Villarán, Gana Perú se posicionó como el único partido crítico al modelo, con un perfil progresista y por lo tanto cercano a los movimientos sociales. Tal situación resultaba ventajosa para congregar el voto opositor, haciendo menos necesario suscribir alianzas y compromisos formales con otras fuerzas políticas y también con las organizaciones sociales movilizadas. No se concretaron entonces acuerdos con Aidesep, que pretendía la candidatura de Alberto Pizango, ni con la CGTP, que esperaba postular a Mario Huamán. Tampoco se concretó la participación de los líderes más representativos del movimiento cocalero. Intuyendo que de todas formas las bases de estos movimientos acabarían votando por Gana Perú, el humalismo prefirió no cargar con los pasivos de los líderes mencionados, evitando acusaciones de radicalidad que pudieran perjudicarlos frente a los sectores urbanos y de clases medias, cuyo voto sí necesitaba sumar para incrementar sus posibilidades de triunfo. A la luz de los resultados la evaluación parece acertada, pero más allá de la gruesa afirmación de que todos los sectores populares votaron por Ollanta, analicemos con detalle cómo votaron los territorios donde tienen presencia los movimientos sociales aquí aludidos.
Votos y votantes: ¿cómo votaron las zonas de los movimientos sociales?
Una forma de aproximarnos a las opciones electorales manifestadas por quienes participan de los movimientos sociales es analizando los resultados obtenidos por los partidos políticos en las provincias y distritos donde tienen mayor presencia. En tal sentido, tomamos como referencias las localidades donde se desarrollaron protestas emblemáticas y también donde se ubican conflictos en estado latente.
En el caso del movimiento indígena amazónico, nos centramos en las provincias más movilizadas durante el paro de 2009, las que presentan mayor cantidad de población nativa o aquellas donde existen conflictos latentes con actividades extractivas, incluyendo hidroeléctricas y explotaciones forestales. De modo general, podemos afirmar que en la mayoría de provincias es claro el triunfo de Gana Perú. En las provincias de Bagua y Condorcanqui, en la región Amazonas, los resultados son contundentes, influyendo decisivamente en ello la incorporación en la lista parlamentaria de Eduardo Kayap, líder awajum y congresista electo por Amazonas. En ambas provincias, Fuerza 2011 queda segundo, pero a una distancia larga, y más lejos aún los otros candidatos. En el caso de Manu, Tambopata y Tahuamanu, en Madre de Dios, Gana Perú también alcanza altas votaciones que superan la mitad de los votos, quedando bastante rezagados los demás partidos. Es distinto el caso de las provincias de Datem del Marañon y Alto Amazonas en Loreto, donde Perú Posible tiene una mejor actuación e incluso supera a Gana Perú, siendo clave la cercanía del presidente regional Iván Vasquez, de Fuerza Loretana, y de los alcaldes de ambas provincias con Alejandro Toledo.
Es distinto el caso de la selva central, el único espacio donde el fujimorismo obtiene el primer lugar con porcentajes significativos. En Oxampampa, Keiko Fujimori ganó pese a que Ollanta llevaba en su lista parlamentaria a la dirigenta yanesha Teresita Antazu. En Chanchamayo, también Fujimori resultó ganadora, mientras en Satipo quedó segunda, solo a dos puntos por debajo de Gana Perú. Creemos que esta aceptación fujimorista en la zona guarda relación directa con dos factores: de un lado, la memoria del gobierno de Alberto Fujimori como el artífice de la pacificación, que apoyó a los Comités de Autodefensa y posteriormente mantuvo su presencia a base de medidas clientelares. De otro lado, la presencia de un poder local fujimorista, teniendo en cuenta que el alcalde provincial de Satipo, Cesar Merea Tello —un ex militar que ya exhibe varias denuncias de corrupción—, pertenece a Fuerza 2011, lo mismo que el alcalde de Chanchamayo, Hung Won Jung, ciudadano coreano radicado en la ciudad y acérrimo defensor de los Fujimori.
Gráfico N° 1: Resultados electorales presidenciales en provincias amazónicas-2011
Fuente: Elaboración propia, www.onpe.gob.pe/
No obstante, aunque el triunfo de Gana Perú no sea contundente en todas las provincias mencionadas, es interesante mirar cómo evolucionó el voto de Ollanta Humala con relación a las elecciones presidenciales de 2006. Lo que demuestran las cifras es que en todas las provincias, incluidas las de la selva central y Loreto, Humala incrementa su votación, llegando a duplicarla en el caso de Condorcanqui. Esto relativiza el ascenso del fujimorismo, que no le resta votos a Gana Perú, pero que sí lleva a que fuerzas presentes en 2006, como Restauración Nacional, pierdan importancia, demostrando la incapacidad del pastor Lay de “endosar” los votos entonces obtenidos a la Alianza por el Gran Cambio.
Gráfico N° 2: Evolución del voto de Gana Perú en provincias amazónicas 2006-2011
En el caso de las comunidades afectadas por la minería ubicadas en los Andes, tomamos como referencia algunas provincias donde se encuentran proyectos extractivos relevantes que han suscitado eventos de protesta o donde hay una situación de conflictividad latente. Nos referimos a los proyectos mineros de Tía María en Islay (Arequipa), Yanacocha en Hualgayoc (Cajamarca), Pampamali en Angaraes (Huancavelica) y Río Blanco en Huancabamba (Piura). Hemos incluido también la provincia de Canchis, donde hubo violentos eventos de protesta en 2008 y 2009 en contra del trasvase del río Salcca para la construcción de una central hidroeléctrica. En todas estas provincias, coincidiendo con las tendencias nacionales, Gana Perú es el claro ganador de la contienda, con porcentajes que en casi todos los casos superan la mitad del electorado. Es interesante anotar que solo en Huancabamba, Fuerza 2011 ocupa el segundo lugar con relativa ventaja, confirmando la aceptación fujimorista en el norte del país.
Gráfico N° 3: Resultados electorales presidenciales en provincias afectadas por la minería-2011
Finalmente, en el caso del movimiento cocalero, preferimos hacer una aproximación distrital, en la medida que los valles de cultivo comprenden provincias de diferentes regiones, como es el caso del VRAE, que abarca distritos de selva alta de las provincias de Satipo en Junín, Huanta y La Mar en Ayacucho y La Convención en el Cusco. En el VRAE, los resultados electorales de 2006 demostraron una clara hegemonía de Ollanta Humala, quien alcanzó altísimos porcentajes en los distritos ayacuchanos y cusqueños. El fujimorismo, por su parte, quedó segundo pero sumamente alejado del nacionalismo. Es distinto el caso de los distritos más cercanos a la selva central, donde el triunfo de Humala fue por pocos puntos porcentuales.
Cuadro N° 1: Evolución del voto cocalero en los distritos del VRAE 2006-2011 (%)
Comparando estas cifras con lo ocurrido en las elecciones de 2011, Ollanta Humala prácticamente triunfa en todos los distritos cocaleros y Fuerza 2011 queda en segundo puesto. Es interesante anotar que, a diferencia de las provincias amazónicas, en las que el voto de Humala crece en relacion con las elecciones pasadas, aquí disminuye. No es una pérdida significativa, pero sí una baja de entre 10 y 20 puntos porcentuales. En sentido inverso, el fujimorismo incrementa su votacion en todos los distritos, llegando a duplicarla o triplicarla. Vale anotar tambien que otras fuerzas con cierta presencia en elecciones pasadas quedan en un lugar totalmente secundario. Es lo que ocurre con Restauración Nacional, que ocupó el tercer lugar en las preferencias electorales en 2006 y que ahora no logró “traspasar” sus votos a Alianza por el Gran Cambio, pese a la fuerte presencia de población evangélica en la zona.
Gráfico N° 4: Evolución del voto cocalero en los distritos del VRAE 2006-2011
En los distritos cocaleros del Valle del Huallaga, en las elecciones de 2006, el Partido Nacionalista resultó vencedor en todos los distritos cocaleros, tanto de Huánuco como de San Martín, obteniendo altos porcentajes, aunque sin alcanzar las cifras del VRAE. Destaca el caso de La Pólvora, distrito de procedencia de Nancy Obregón, donde obtuvo el 82,8% de los votos. En todos los distritos, la votación de la Alianza por el Futuro fue muy baja. En el caso de Monzon, el APRA quedó en segundo lugar, Restauración Nacional en tercero y el fujimorismo en un pobre cuarto lugar.
Cuadro N° 2: Evolución del voto cocalero en el Valle del Huallaga 2006-2011 (%)
Para las elecciones de 2010, el escenario cambia, y en cierta medida también repite la tendencia del VRAE, en tanto Ollanta no experimenta un crecimiento, sino que se mantiene o incluso decae. La excepción es Monzon, donde Gana Perú sí incrementa significativamente su votación. En el caso del fujimorismo, Fuerza 2011 duplica o triplica su votación con respecto a los comicios anteriores, posicionándose como la segunda fuerza política en todos los distritos. Los otros partidos obtienen cifras mínimas.
Gráfico N° 5: Evolución del voto cocalero en los distritos del Huallaga 2006-2011
Viendo los resultados en perspectiva, tenemos que en 2006 la votación obtenida por el Partido Nacionalista en los valles cocaleros reflejaba el buen momento de las relaciones entre el movimiento cocalero y el Partido Nacionalista. Intentando alguna explicación a la baja o estancamiento del voto humalista, un factor podría ser la moderación del discurso y la opción de Ollanta por dejar de ser el candidato “antisistema”. A ello hay que agregar la crisis de las organizaciones cocaleras y el distanciamiento entre las dirigencias del VRAE y el Huallaga, algo que debilita a la Conpaccp y hace perder respaldo a los líderes que ya se desempeñaron como autoridades. Justamente, Gana Perú lleva como candidato a Walter Hacha, proveniente del VRAE y más cercano al hoy retirado Nelson Palomino que a las salientes congresistas cocaleras. Sin embargo, no se trata de una baja abrumadora, y los resultados dejan ver un “voto duro” por Ollanta que supera el 50%, que refleja una lealtad sostenida en el tiempo. En el caso del fujimorismo, explicar su ascenso requiere tener en cuenta la “memoria del fujimorismo” como la fuerza ordenadora y expeditiva que erradicó la subversión apoyando a los Comités de Autodefensa —muchos de ellos también cocaleros—, llevó el Estado a la zona y se esforzó por consolidar su presencia proponiendo incluso la creación de la “provincia del VRAE”. El fujimorismo además promete mano dura, critica a la clase política y deja en claro que puede traer orden a una zona todavía militarizada. La figura de Keiko conecta mucho mejor con esa suerte de recuerdo- expectativa de lo que hizo y podría hacer el fujimorismo, entrando en juego nuevamente cálculos, lealtades y afinidades que configuran procesos sumamente selectivos, donde se minimizan “los otros” actos del fujimorismo en la zona: una brutal represión, la ausencia del poder civil en manos del todopoderoso Comando Político Militar y la corrupción generalizada, entre otros temas que ahora se prefiere soslayar.
Anotaciones finales
Aunque se trata todavía de impresiones generales, puede confirmarse que el voto de los movimientos sociales, visto desde los espacios político-territoriales donde se activan y desarrollan las protestas, se inclina a favor de Gana Perú primero y hacia el fujimorismo en segundo lugar. Esta concentración del voto en dos partidos es más clara aún en las zonas amazónicas, tanto en la selva baja como en los valles cocaleros, pues en las provincias andinas aludidas el voto fujimorista no es significativo. ¿Estamos entonces ante una polarización del voto en estos sectores movilizados? No necesariamente si lo analizamos en función de la clase o de diferencias socioeconómicas verticales, pues las condiciones de vida de la población son muy homogéneas. Lo que sí encontramos es una suerte de polarización horizontal, donde lo que se confrontan son recuerdos, lealtades políticas, matices sobre el cambio e identidades colectivas que conviven y se superponen. Gana Perú y Fuerza 2011 comparten elementos que los acercan y les permiten tener preeminencia en estas zonas; ambos representan a fuerzas populares que no son vistas como parte de la clase política. Ambos grupos además se han mostrado críticos sobre el manejo de aspectos claves para estas poblaciones; Ollanta en el tema de la redistribución de los beneficios producto del actual crecimiento económico, Keiko en el tema de la seguridad ciudadana, el orden y la pacificación en zonas muy afectadas por la delincuencia común, el narcotráfico y la violencia.
El voto de los movimientos sociales, visto desde los espacios político-territoriales donde se activan y desarrollan las protestas, se inclina a favor de Gana Perú primero y hacia el fujimorismo en segundo lugar.
Pero también hay cosas que diferencian a ambos partidos y los posicionan de distinto modo frente a los movimientos. En el caso del fujimorismo, resalta el rol de Keiko como la cuasi encarnación de una memoria victoriosa ligada al gobierno de su padre. En varias de las provincias y distritos mencionados, Fujimori es visto como quien trajo la paz y permitió reanudar algo aparentemente tan elemental como la vida cotidiana. Además de ser el “pacificador”, Fujimori es recordado como cercano al pueblo, constructor de infraestructura y presto al apoyo directo, tan oportuno para la generación de clientelas. Ninguna otra organización —ni partidaria ni de la sociedad civil— pudo construir un discurso político alternativo capaz de posicionarse como una contramemoria frente al maniqueísmo fujimorista. Fuerza 2011 mantiene además la exaltación de la mano dura para resolver problemas que afectan especialmente a las sociedades posconflicto, como la delincuencia común y los delitos sexuales. 3 Keiko además explota su rol de madre, buscando llegada con los cientos de comedores populares que operan en la zona. Ollanta Humala, por su parte, aglutina una fuerte expectativa de cambios redistributivos relacionados con la explotación de los recursos. También es asociado a la idea de orden, y su experiencia como ex militar es bien valorada, pero Gana Perú no añade gran cosa en su relación con los movimientos; juega a ganador y administra lo poco que necesita para vencer y mantener su liderazgo opositor. Por el momento, eso le alcanza.
Debe tenerse en cuenta también como un elemento importante para comprender los resultados la conexión de los candidatos con las autoridades locales y regionales. En la selva central suma decisivamente el apoyo de los alcaldes provinciales fujimoristas. En el caso de Ollanta, las autoridades locales vinculadas al movimiento terminan apoyando al nacionalismo. Queda por ver cómo se definirá esta “polarización realmente existente” en la segunda vuelta y hacia quién se orientarán los votos obtenidos por fuerzas minoritarias que en esta ajustada elección podrían ser decisivos… pero eso ya amerita otro artículo.
* Antropóloga, investigadora del IEP.
Referencias bibliográficas
Grompone, Romeo y Martín Tanaka (eds) (2010). Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social: Lima: IEP.
Sidney, Tarrow, Herminia Bavia y Antonio Resines (1997). El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza.
- Defensoría del Pueblo, http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales-reportes.php ↩
- El 22 julio de 2007, se promulgó el D. L. N° 982, que modifica el Código Penal, y plantea —entre otros puntos— que las autoridades o funcionarios públicos que participen de huelgas o protestas serán sancionados con inhabilitación y penas de cárcel. ↩
- En Satipo, por ejemplo, tuvo gran resonancia el caso de un joven que violó a una bebe de siete meses. ↩
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