El ataque a la Base de la División Nacional de Operaciones Especiales de la policía (DINOES) de San José de Santillana, del primero de agosto del presente año, tuvo el lamentable saldo de tres bajas policiales y dos civiles, así como tres bajas y cinco heridos entre los atacantes. Las características del mismo, indican que fue realizado por las columnas armadas dirigidas por el camarada (c.) “José”, que operan desde el Valle del río Apurímac y el Ene (VRAE), las cuales tienen la capacidad de planificación de la acción militar, la capacidad de fuego, organización del repliegue y fuga. Este ataque sigue a una secuencia de acciones contra la Policía Nacional del Perú (PNP), realizadas en Luricocha y Santa Rosa de Ocana, en la zona serrana de la Provincia de Huanta durante los dos últimos años, orientadas a proteger el transporte de importantes cantidades de pasta básica de cocaína (PBC) y mantener corredores de comunicación con el VRAE. A continuación analizaré el contexto en el que se desenvuelven estos hechos y el consecuente resurgimiento del miedo entre la población.
El contexto: la articulación entre comunidades alto andinas del norte de Ayacucho y el VRAE
Los pobladores del distrito de Santillana, Provincia de Huanta, están entre los que colonizaron, desde el siglo pasado, la Selva Alta del Valle del Río Apurímac, dedicándose al cultivo del café, coca, maní, cacao y frutales. La migración estacional (como peones), de los campesinos alto andinos al VRAE, se incrementó significativamente a partir de la década de 1960, con la extensión de la carretera hasta San Francisco, a orillas del Río Apurímac. Durante la década de la violencia política (1980-1990) parte de estos migrantes optaron por establecerse en el VRAE.
En los años ochenta, en medio de la inestabilidad que generó el conflicto armado interno y la caída de los precios de productos entre los cuales se encontraban los cultivados en este valle, los campesinos reorientaron su producción hacia al cultivo de la hoja de coca, como actividad predominante y orientada a la elaboración de PBC. 1 Esta práctica fue tolerada por el Estado, en medio de la guerra interna, para luego pasar a satanizar a los campesinos del valle en su conjunto, asociándolos con el narcotráfico y el terrorismo, todo ello en medio del fracaso de los planes de cultivos alternativos impulsados por DEVIDA y la denominada “autoerradicación” de cultivos de hoja de coca.
Empero es durante los últimos cinco años que constatamos un incremento alarmante de la presencia de “traqueteros” por los caminos de la zona altoandina de Huanta, llegando a constituir corredores de tránsito del narcotráfico, con redes de contactos locales, para garantizar el transporte de la cocaína. 2 Es en este período que se registran los mayores ataques armados de parte de las columnas itinerantes, como el que da inicio a este artículo.
¿Se trata de Senderistas?
Luego de la captura de Abimael Guzmán, (1992) el líder senderista conocido como “Feliciano” (Óscar Ramírez Durand) marcó un distanciamiento de la denominada Jefatura, al no acatar el llamado al “Acuerdo de Paz” invocado por Guzmán y se erigió como líder de una facción senderista denominada “Proseguir”, que desarrolló sus acciones focalizadas en el VRAE, difundiendo su mensaje de “superación de errores cometidos contra las masas”, evitando la confrontación con los Comités de Autodefensa Civil (CAD), y manteniendo contactos con comités partidarios en espacios urbanos, como el de Huancayo y el de Lima.
Las columnas armadas se presentan como los “defensores” con capacidad de golpear a la PNP y al Ejército y mantener corredores geográficos […] bajo su protección.
La captura de “Feliciano”, en julio de 1999, significó la definición de la ruptura entre el nuevo mando de la columnas del VRAE, representados por los camaradas “José” y “Raúl” y la jefatura de Abimael Guzmán, líder al que siguieron hasta el año 1993. Ese año Guzmán lanzó su propuesta de “Acuerdo de Paz” y fue acusado por estas facciones de haber llevado al desbarrancadero la guerra popular. Posteriormente, también acusaron de traición a Feliciano, por haber llegado supuestamente a acuerdos con sus captores.
Durante el período subsiguiente y en la mayoría de los casos, las acciones de estas columnas se han limitado al VRAE, y han sido de carácter discontinuo, sin capacidad de acumulación política en tanto no se enmarcaron dentro de una estrategia nacional por el poder; tampoco obedecieron a un mando central único ni han tenido redes (comités) de militantes urbanos, que les sirvan como caja de resonancia política.
El mensaje central de su discurso es la defensa de derechos de los productores del VRAE a cultivar la hoja de coca, y se presentan como sus defensores ante las fuerzas de la PNP y las FFAA. Es decir, no quiebran el sistema de poder local, comunal: no realizan atentados contra los locales municipales, oficinas sectoriales del Estadoni ONG existentes en la zona.
Por lo tanto, no es posible afirmar categóricamente que se trate de Senderistas. Durante la última década se mantienen como una organización con presencia zonal (VRAE), aunque se denominen Partido Comunista Peruano (PCP), en tanto no logran constituir un Comité Regional en Ayacucho ni se articulan con la organización del Huallaga. En la zona serrana de la región, incluidas la ciudad de Ayacucho, no se difunden volantes ni pronunciamientos de esta organización, ni aun con motivo de acciones registradas en el VRAE, que den cuenta de la existencia de comités urbanos de la misma, salvo ocasionales pintas y banderas rojas puestas en el área periurbana de la ciudad.
¿Qué modelo político construyen?
Las columnas armadas del VRAE no construyen ningún modelo político que corresponda al discurso Senderista (comités populares, bases de apoyo) salvo campamentos estacionales con grupos de familias (especialmente asháninkas) en zonas colindantes con la provincia de Satipo (Junín).
Lo que sí han logrado son niveles de aceptación de los productores cocaleros del VRAE y la neutralidad de un amplio sector de los CAD para enfrentarlos. Ello ha ocurrido, en gran medida, como consecuencia de la política gubernamental (centrada en una estrategia militar) que no ha sido capaz de dialogar con los campesinos, con la Federación de Productores Agropecuarios (FEPAVRAE), con los Municipios y legitimar así un Plan de Desarrollo Integral para este valle.
Es este resurgimiento del miedo colectivo en los pueblos referidos lo nuevo en el escenario zonal, después de aproximadamente quince años de ausencia de acciones militares subversivas.
Lo que existe, objetivamente, es la coincidencia de intereses de los dirigentes y productores de la FEPAVRAE y de las columnas itinerantes del c. “José” alrededor del tema crucial de la resistencia a la erradicación de los cultivos de la hoja de coca. Así, las columnas armadas se presentan como los “defensores” con capacidad de golpear a la PNP y al Ejército y mantener corredores geográficos entre el VRAE y la zona andina del norte de la región Ayacucho bajo su protección, permitiéndoles mantener presencia “política” y contar con recursos.
Los dirigentes de la FEPAVRAE son enfáticos al afirmar su independencia política y reafirman su afán de constituir movimientos políticos regionales como Qatun Tarpuy o Kuska y participar en las campañas electorales municipales y regionales. En las elecciones pasadas (2006) lograron ganar en cuatro distritos de la zona y una provincia en Huanta. Estos dirigentes establecen también alianzas con movimientos políticos nacionales como el Partido Nacionalista o el Fujimorismo.
Los hechos recientes y la alarma entre la población
Durante los últimos meses, se observa un incremento del número de acciones violentas y de la envergadura de los mismos en un contexto marcado por la ofensiva del Plan contrainsurgente “Excelencia”. Ello ha generado que las columnas del c. “José” logren romper el cerco militar y puedan desplazarse hacia las provincias de Tayacaja, Acobamba, Churcampa (Huancavelica) y a la parte andina de las provincias de La Mar y Huanta (Ayacucho).
Fuera del espacio referido, no se han dado acciones armadas en las otras nueve provincias de la región Ayacucho, ni hay indicios de la existencia de una organización partidaria regional, que dé sustento (programático, social, logístico) a una secuencia sostenida de acciones, que Sendero Luminoso (SL) denominó Oleadas, que se articulaban en campañas con metas acumulativas dentro de estrategias de mediano plazo en la perspectiva política explícita de la toma del poder en el país.
Resurgimiento del miedo
Luego del ataque a la Base de Santillana se han difundido múltiples versiones sobre posibles nuevas acciones en el VRAE contra las bases de la PNP de Palmapampa, Machente, Santa Rosa, la Comisaría de la ciudad de Huanta y la propia base Antidrogas de la PNP de la ciudad de Ayacucho. Ello ha tenido como consecuencia la disposición de la vigencia del “Toque de Queda” en diferentes distritos del VRAE como Llochegua, y Santillana, la rápida construcción de parapetos frente a la Comisaría de Huanta, el uso de tranqueras que impiden el paso de vehículos frente a la misma, y ha generado un estado de alarma en la población que rememora las escenas de los años ochenta.
Es este resurgimiento del miedo colectivo en los pueblos referidos lo nuevo en el escenario zonal, después de aproximadamente quince años de ausencia de acciones militares subversivas, que se expresa en el dicho reiterado por los pobladores: “ya vivíamos en tranquilidad”. Sin embargo, el panorama político está cambiando y ahora vuelve la incertidumbre, el miedo.
En el escenario descrito, la imagen de poder de las columnas del c. “José” se sobredimensiona y motiva que sectores la población comunera y pequeños propietarios del VRAE asuman una actitud neutral o pasiva en medio del conflicto, se genere una desconfianza frente a la PNP y que no se impulsen los CAD, actitudes que en conjunto, al margen de la intencionalidad, redundan hasta la fecha en el fracaso de la ofensiva contrainsurgente de las FFAA; a diferencia de lo sucedido en la década de 1980 e inicios de los años noventa, donde precisamente estos campesinos, comuneros, fueron los actores sociales que definieron la contienda a favor del Estado.
La repetición de prácticas violatorias de DDHH contra la población
Al día siguiente del ataque en San José de Santillana, las fuerzas policiales realizaron una serie de detenciones de jóvenes pobladores del lugar para interrogarlos por ser considerados posibles colaboradores de los atacantes. Inmediatamente después, se dirigieron al Centro Poblado Menor (CPM) de Chaca, donde detuvieron al Presidente de la Comunidad y al Teniente Gobernador, a quienes trasladaron fuera del ámbito del poblado, bajo la acusación de haber permitido el tratamiento de los terroristas heridos en el Establecimiento de Salud del CPM. Les exigieron dar información sobre la ruta de fuga de los mismos bajo la amenaza de ser detenidos en caso de no cumplir dicha solicitud. Ello generó la angustia de los comuneros, que pensaron que serían secuestrados, como años antes. Acto seguido, las fuerzas del orden pasaron a la comunidad de Pallcca, para decirles que los comuneros de Chaca les habían informado que ellos (los de Pallcca) sabían de la ruta tomada por los terroristas, generando así nuevamente conflictos intercomunales.
CAD y Propuesta Comunera
Los dirigentes del CPM de Chaca (una de los más importantes de Santillana) fueron convocados el 2 de agosto en San José por el Ministerio del Interior para evaluar la reactivación de los CAD y la realización de patrullas mixtas (CAD–Ejército). En respuesta, ellos plantearon la necesidad de una norma gubernamental previa, que garantizara las reparaciones a los familiares de los miembros de los CAD, en caso de muerte y/o minusvalía en acción y que no se repitiera la desprotección de las familias de los caídos en la lucha contra SL de los años ochenta.
La imagen de poder de las columnas del c. “José” se sobredimensiona y motiva que sectores la población comunera […] asuman una actitud neutral o pasiva en medio del conflicto, se genere una desconfianza frente a la PNP y que no se impulsen los CAD, actitudes que en conjunto […] redundan hasta la fecha en el fracaso de la ofensiva contrainsurgente de las FFAA.
Los dirigentes comuneros plantearon además la necesidad de un encuentro entre autoridades del Estado nacional, regional, local y las organizaciones comunales, para tratar un plan de acción conjunta contra la subversión y el narcotráfico, porque consideran que las obras anunciadas por el presidente García, por sí mismas y sin acompañamiento de una estrategia más integral, no van a revertir las acciones de violencia subversiva.
Nosotros nos sumamos a esta propuesta y nos dirigimos a la Defensoría del Pueblo, como la instancia facilitadora de este encuentro convocando a las FFAA, al Gobierno Regional, a los gobiernos locales, a las delegaciones comuneras, partidos y movimientos políticos para que aborden el tema específico de la estrategia contrainsurgente y la seguridad rural dentro del respeto a los DDHH. Interesa luego incorporar esta propuesta a la “Mesa de Diálogo de los Pueblos Andinos en Extrema Pobreza”, instalada por el gobierno central, en concordancia con el trato prioritario establecido por el DL 048 para las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac que menciona la incorporación efectiva de los
La propuesta de desarrollo integral de la región Ayacucho, por las consideraciones señaladas, tiene como requisito de viabilidad el planteamiento de una estrategia de seguridad rural regional, con enfoque de DDHH, que garantice la no repetición de las violaciones de derechos humanos durante los años 80, además de conseguir la participación comunera en la derrota de propuestas autoritarias (desfasadas y sin autoridad ética) desde los centros poblados menores, los municipios, el Gobierno Regional, es decir, asumiendo la recomendación precisa de la CVR: “Lograr la presencia de la autoridad democrática y de los servicios del Estado en todo el territorio, recogiendo y respetando la organización popular, las identidades locales, la diversidad cultural, y promoviendo la participación ciudadana”. 3
* Antropólogo ayacuchano, ex Coordinador de la Región Sur central de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Artículo productores de la hoja de coca del Valle del Río Apurímac y Ene, en el proceso de construcción participativa del Plan VRAE, reconociendo propuestas como las que anuncia la FEPAVRAE que dará a conocer en su próximo congreso del 25 y 26 de septiembre. Escrito en respuesta a los acontecimientos del primero de agosto 2009.
- Del Pino, Ponciano, “Tiempos de guerra y de dioses”. En: Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso, Carlos Iván Degregori et al. Lima, IEP, 1996. ↩
- Traqueteros: denominación con la que se conoce a las personas que transportan cargas de aproximadamente 10 kg de PBC cada uno. ↩
- Informe Final de la CVR, Tomo IX, Recomendaciones. ↩
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