Este texto recoge algunos asuntos poco abordados —o debates dejados de lado— por los medios de comunicación capitalinos en la década que siguió a la presentación del Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IF-CVR). Los vacíos y, a contramano, los énfasis parecen explicarse porque aún prevalece una visión centralista en los líderes de opinión y entre quienes construyen las noticias en Lima. También se deben a una consideración distinta 1 para los problemas de las clases medias y altas 2 frente a los de sectores pobres y rurales, distantes geográfica, social y culturalmente. Un tercer factor, igualmente importante, es el político. Las referencias a los baches y huecos son las tendencias predominantes, ya que, por supuesto, hay columnistas y reporteros que han cubierto algunos de los temas de la CVR y el cumplimiento de sus recomendaciones.

Tres ejes permiten organizar las ideas:
1. Hechos que se repiten y merecerían mayor cobertura por sus dimensiones o trascendencia (audiencias de juicios, restitución de cuerpos, exhumaciones, denuncias de demora en un proceso judicial, absoluciones).
2. Debates que no han calado, sea por la politización y polarización que generan la violencia, el terrorismo y la CVR, o porque somos una sociedad que procesa lentamente las consecuencias de la guerra y posguerra.
3. Sentidos comunes que permanecen pese a la disponibilidad de información nueva que los cuestionan.
1. Hechos que se repiten y merecen atención y enfoque
Con la excepción de la transmisión del juicio oral al expresidente Alberto Fujimori, ejemplar en cuanto a la difusión y las facilidades para que la prensa lo cubriera, el Poder Judicial no ha vuelto a aplicar una política —proporcionalmente— similar de transparencia o diligencia informativa para los casos judicializados derivados del IF-CVR.  Por otro lado, las audiencias de casos como Accomarca, Cabitos, Putis, Parcco-Pomatambo, Indalecio Pomatanta, Rodrigo Franco, etcétera, son cubiertos intermitentemente por pocos medios limeños: La República, El Comercio y Canal N y la publicación en internet La Mula. 3 Cuando la atención de los medios brindada a la performance de la justicia es marginal o minoritaria, las sentencias injustas o los vicios durante el proceso ocurren con mayor facilidad, en perjuicio de quienes históricamente tienen dificultad en lograr justicia. Por ejemplo, en el caso de la masacre de Putis, los familiares enterraron los restos de 92 personas en agosto de 2009. En agosto de 2012, el juez inició proceso contra cuatro militares luego de que la Fiscalía presentó la denuncia. Sin embargo, en septiembre de 2013, el juez aún seguía en la etapa de instrucción (investigación). Según Milton Campos, abogado de Paz y Esperanza, 4 esta fase debe concluir en noviembre de 2013, y entonces empezaría el juicio oral. Se han cumplido cinco 5 años desde que se realizaron las exhumaciones, pero la justicia es lenta, y no hay presión pública ni de los medios para que ello sea de otra forma.
Otra noticia que se repite cíclicamente son las absoluciones a miembros de las Fuerzas Armadas que han cometido delitos y violaciones a los derechos humanos. Si comparamos estos casos con el escándalo que causa —en los medios— la puesta en libertad de acusados por delitos comunes (robos e incluso secuestros y violaciones) notaríamos un trastocamiento en la forma de entender la realidad y el daño hecho a la sociedad: ¿por qué un oficial de la Marina que mata a un menor quemándolo vivo puede quedar libre y ello no genera una ola de indignación en los medios? En este caso solo uno de cuatro oficiales fue condenado pese a la disponibilidad de pruebas, luego de 16 años de ocurrido el hecho. ¿Por qué estas sentencias que generan daño en los familiares de las víctimas, víctimas también, no generan amplia indignación o eco?
Otra cuestión vinculada con estos hechos cíclicos que se producen en posguerra es la devolución de restos identificados a sus familiares, lo cual es una especie de reparación simbólica para quienes aún no acceden a justicia pero pueden enterrar a su ser querido. Un aspecto poco cubierto de este tema es la condición de pobreza que impide a algunos familiares enterrar a sus muertos si no hay ayuda para pagar un nicho o cavar una tumba si no les donan el cajón. Ha habido casos en 2012 en que los restos devueltos se quedaron meses en el local comunal porque los familiares no tenían recursos para el entierro.
2. Debates que no ocurren o que se eluden
Es posible hacer una lista larga de debates que no han ocurrido o que se han dado en espacios reducidos de la sociedad y la opinión pública, pero mencionaremos solo cuatro.
2.1 La concreción de un plan nacional de exhumaciones o investigaciones forenses
El cual permita devolver los restos identificados a miles de personas, familiares de los más de 15.000 desaparecidos entre 1980 y 2000. A la fecha, la mayoría de los restos identificados entregados a sus familiares son producto de denuncias formalizadas ante el Ministerio Público y de diligencias ordenadas en ese marco: el avance siguiendo esos procedimientos es lento; un plan nacional con fines humanitarios podría tener otro ritmo y preservar la información de las pruebas —las fichas antemortem— para eventuales diligencias judiciales posteriores.
2.2 La definición de víctima de la violencia

No hay una suficiente alerta o conciencia acerca de personas que continúan afectadas por lo vivido hace treinta años, damnificadas hasta ahora, y que en ocasiones vuelven a ser maltratadas por el Estado,
salud.

La lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso continúa, y hay víctimas que no son consideradas tales por la Ley 28592, es decir, la norma solo considera a los perjudicados por la violencia ocurrida entre 1980 y 2000. ¿Qué ocurre con quienes han resultado afectados desde 2006, cuando el Gobierno reinició las acciones en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene contra SL? En casos como el de la niña Zoraida Caso, muerta en Ranrapata en 2012 en una acción contrasubversiva, la Fiscalía “no pudo” determinar el origen de la bala que la mató y archivó la investigación. En 2012, el Gobierno aprobó una norma para que las fuerzas del orden puedan levantar cadáveres en zonas de emergencia sin presencia de fiscal: la memoria de cómo actuaron las FF. AA. durante los años de la violencia debería producir una reacción para que no se repitan malas prácticas ocurridas entre 1980 y 2000 de ocultamiento de pruebas, de violencia excesiva o de delito. En este caso no hubo tal reacción.
Por otro lado, por decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno de Ollanta Humala dispuso que solo se entregaría reparaciones económicas a los inscritos en el Registro Único de Víctimas hasta diciembre de 2011. ¿Y los que se inscriban luego por qué no lo merecen si la ley indica que el registro de víctimas permanece abierto?
Y acerca de las nociones de víctimas actuales, ¿qué hacer con los niños y mujeres sometidos por Sendero Luminoso que fueron reclutados por la fuerza o que nacieron en campamentos que son encontrados en las acciones contrasubversivas? No hay un protocolo —previsto por el Estado— para ellos; son personas que en la mayoría de casos no conocen otra realidad que la del monte, y por lo común han sido sirvientes de los senderistas; no han combatido, no han recibido educación, etcétera. ¿Quién se hace cargo de iniciarlos en una nueva vida una vez fuera de la reclusión en la que estuvieron por causa de SL?
2.3 Comportamiento de una sociedad de posguerra con quienes cumplieron su pena y respuesta política a Movadef
La salida de Lori Berenson de prisión y el comportamiento de sus vecinos en Miraflores y el de los medios de comunicación llamó la atención. Berenson no realizaba actividad política ni terrorista una vez que cumplió su condena, pero cargaba el lastre de su pasado, que le impedía vivir tranquilamente en un edificio en Miraflores. En el otro extremo están las decenas de senderistas que han terminado su condena por terrorismo y que se han incorporado a Movadef (Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, un organismo de fachada de Sendero Luminoso y de reivindicación de los derechos de Abimael Guzmán). La sociedad limeña y el poder político parecen no distinguir suficiente entre uno y otro caso, y han reaccionado de modo predominantemente mediático y legalista, con mucho ruido. El proyecto de ley de negacionismo, la campaña Terrorismo Nunca Más (impulsada desde la Presidencia del Consejo de Ministros), la norma que impide a profesores sentenciados por terrorismo dar clases y el proyecto de ley para hacer seguimiento a quienes salen de prisión luego de cumplir una pena por terrorismo no han merecido un debate amplio de los medios ni de los líderes de opinión. No parece haberse encontrado aún una respuesta política al sector que en el pasado perteneció a Sendero Luminoso, y que hoy pretende hacer política captando a estudiantes universitarios e insertándose en gremios, en particular el Sutep, al cual consiguió fraccionar y debilitar en 2012.
2.4 La entrega de las reparaciones a las víctimas de la violencia
Injusticia es noticia: ¿injusticia en miles qué sería? La ley del Plan Integral de Reparaciones fue aprobada en 2005, y
en julio de 2012 fueron aprobados los criterios para, por primera vez, entregar las reparaciones económicas a las víctimas. El monto de 10.000 soles pareció insuficiente para las organizaciones de víctimas, y los primeros criterios de entrega (vejez, por ejemplo) tampoco merecieron un debate público. Estas organizaciones no consiguieron que las víctimas de violencia sexual reciban reparaciones económicas, solo por violación sexual. En enero de 2013, algunos de estos criterios fueron modificados para que no solo los mayores de 65 años (viudas) y 80 años (padres) pudieran estar entre las primeras listas de quienes podían ir a cobrar su cheque al Banco de la Nación. Una de las pocas entidades que se pronunció para pedir ese cambio fue la Defensoría del Pueblo.

Tampoco ha sido objeto de suficiente debate público la posición de las Fuerzas Armadas y de los partidos políticos acerca de su comportamiento en los años de la violencia.

Hasta la fecha, el Estado no ha decidido qué hacer en el caso de la entrega de los 10.000 soles en los casos en que más de una familia debe repartirse la reparación, por ejemplo, en el caso de un muerto o desaparecido que haya tenido hijos en matrimonio y convivencia con distintas mujeres. El Estado tampoco ha buscado una solución administrativa para que una misma persona pueda recibir reparaciones por dos casos distintos: por ejemplo, una mujer que perdió a su marido y a su hijo solo puede recibir una reparación, no dos, como indicaría el sentido común.
En los casos de desastres naturales hay cobertura de los medios a los damnificados en lugares apartados, y cada cierto tiempo la prensa vuelve a estos lugares a constatar si hubo reconstrucción o si permanecen en la misma situación de víctima. No existe o no es común ese tipo de enfoque acerca de los miles de afectados por la violencia entre los años 1980 y 2000 que sobreviven hasta hoy. No hay una suficiente alerta o conciencia acerca de personas que continúan afectadas por lo vivido hace treinta años, damnificadas hasta ahora, y que en ocasiones vuelven a ser maltratadas por el Estado, sea en la búsqueda de justicia o durante las gestiones para recibir las reparaciones a las que tienen derecho por ley.
2.5 La salud mental es un problema nacional y es un problema derivado de la violencia
Ha habido iniciativas para implementar una política nacional de salud mental, y aunque esta llega a un número pequeño de personas en los departamentos más afectados por la violencia, no hay iniciativas similares para atender la salud mental de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tanto la que combatió entre 1980 y 2000 como quienes siguen sirviendo actualmente en zonas de presencia senderista. Las prácticas de tortura, que fueron cotidianas y frecuentes en aquel tiempo, permanecen hoy en comisarías y en centros de formación de las fuerzas del orden. Un relato reciente   6 sobre la visita de mujeres que visitaron el cuartel Cabitos de Ayacucho durante una diligencia judicial en junio 2013 documenta el miedo que aún generan las fuerzas armadas y los lugares que recorrieron durante la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Testimonios similares de cómo la vida actual está impregnada de las emociones de hace veinte años son notorias en decenas de actividades de recuerdo de víctimas de la violencia, al notar cómo hablan o lloran los familiares aún hoy. Un texto significativo sobre esto es el de Esperanza Zavaleta, 7 miembro de Anfasep, la primera organización de familiares de desaparecidos y secuestrados del Perú, que en 2013 ha cumplido treinta años.
3. Sentidos comunes que permanecen pese a la disponibilidad de información
Quizá el caso más claro al respecto es Uchuraccay. Pese a que el IF-CVR y una investigaciónde Ponciano del Pino documentan 8 el tipo de vida de los comuneros de Uchuraccay en 1985, cuando ocurrió el asesinato de los periodistas, —describen que tenían tiendas bien surtidas, usaban relojes, tenían radios, viajaban a la selva para comerciar y trabajar—, los medios y los líderes de opinión han abundado alrededor de ideas de salvajismo y primitivismo, las mismas del informe de la Comisión Vargas Llosa, para aludirlos y para explicar el crimen. Del Pino hace referencia a una violencia racial y étnica en esta presentación que los deja como salvajes. Asimismo, cita el concepto de memorias tóxicas: “Aquellas que expresan experiencias fallidas y que prolongan en el tiempo sus efectos distorsionadores de la realidad y la experiencia”. No ha sido visible Uchuraccay en los medios como una comunidad víctima debido a la muerte de 135 comuneros, por causas diversas, vinculadas con el proceso judicial y la investigación de las muertes de los periodistas. No es de dominio público que de los condenados por la matanza dos no eran uchuraccainos y tres no habían participado en la matanza. Tampoco ha sido objeto de suficiente debate público la posición de las Fuerzas Armadas y de los partidos políticos acerca de su comportamiento en los años de la violencia. Un sentido común predominante es que las FF. AA. salvaron al Perú del terrorismo, y ello deja fuera el trabajo de las rondas y los comités de autodefensa, y el del GEIN (de la PNP, que capturó a los miembros de la cúpula de SL en 1992), pero también deja de lado las prácticas de abuso, discriminación y violación de los derechos humanos de miles de ciudadanos de los lugares más pobres, donde se concentraron las acciones de SL y la lucha contrasubversiva.
Pese a la variedad de vacíos en la cobertura de estos temas, quizá el escollo más difícil que debe afrontar la sociedad peruana —y no solo los medios— es la discrepancia en la forma de aludir y considerar a las fuerzas armadas y policiales. Un importante sector de la opinión pública desacredita y desprecia a quienes están de acuerdo con que los agentes del orden sean procesados por los delitos que cometieron: indica que esos fueron hechos aislados, y que solo los malos elementos cometieron actos individualmente motivados, por lo tanto, los acusa de no respetar estas instituciones ni reconocer su aporte en la lucha contrasubversiva. En ciertas ocasiones, incluso, este sector califica de terrorista o de colaborador del terrorismo a quienes hacen esos señalamientos. Este argumento político se ha convertido en un sentido común, también en los medios, y debilita el espíritu de investigación y fiscalización normal de la prensa. Este criterio de preservación de la imagen de un grupo del Ejército fue el mismo que se aplicó en el encuentro entre el expresidente del Poder Judicial, el exministro de Justicia y hoy premier, y la jueza que veía el caso Chavín de Huántar. ¿Cómo investigar y sancionar a quienes corresponde, con justicia, sin que el Estado, sus instituciones y sus miembros no criminales se vean aludidos y amenazados? La reunión en cuestión fue legal, pero ese no era el cuestionamiento. Y pasados los meses, la permisividad de altos funcionarios del Ejecutivo a los hechos cometidos por Vladimiro Montesinos y los denominados “gallinazos” va quedando en el olvido.
 * Profesora asociada en el Departamento de Comunicaciones de la PUCP, corresponsal extranjera en el Perú y maestra en Ciencias de la Comunicación por la UNAM.
  1. Me refiero a la clasificación de peruanos de primera, segunda o tercera categoría, que se hizo notoria durante el conflicto de Bagua en junio de 2009, luego de declaraciones del entonces presidente Alan García. Esta representación opera no solo para el político aprista, sino que es extendida.  ↩
  2. Un caso antiguo y uno reciente permiten ilustrar la jerarquía que da la prensa a las tragedias urbanas y de clase alta. El caso Utopía ocupó primeras planas rutinariamente. Lo mismo ocurrió con la información sobre un intento de asalto a familiares del congresista Renzo Reggiardo. Es lógico explicar que en el caso Utopía la noticia ocupó lugares preferentes porque la tragedia ocurrió en un lugar supuestamente seguro, con todas las garantías. En la noticia vinculada al parlamentario, el factor de prominencia del personaje convertía el hecho en una noticia de esa magnitud. ↩
  3. Es una web con altibajos, por momentos amateur, aunque cubre vacíos informativos que dejan los medios masivos de Lima. ↩
  4.  Consultado para este artículo el 22 de septiembre de 2013. ↩
  5. “Exhuman restos de más de 100 personas en fosa común”, en El Comercio, A-18, 24 de mayo de 2008.  ↩
  6. Se trata de un texto de Jo Marie Burt y María Rodríguez: “Retorno al infierno: sobrevivientes vuelven al cuartel Los Cabitos”, en el blog RightsPeru.Net   ↩
  7.  “No tengo pasaje para venir a Anfasep. A veces vengo a pie, otras veces en carro, tengo que rogar al cobrador, y me traen gratis. Otros ya me conocen, no me cobran, seguro mi hijo me ayuda desde donde está. He quedado como traumada, sufro de desmayos. Desde que desapareció mi hijo me da pena y lloro. Ese mismo año mi esposo falleció en un accidente, y mi hija murió dando a luz. Todo eso me afectó. Desde ese año empezaron a dolerme los huesos, el cuerpo, me duele la cabeza, ya no tengo ganas para nada […] no tengo ideas para conversar con las personas”. Testimonio incluido en el libro ¿Hasta cuándo tu silencio? Testimonios de dolor y coraje, Anfasep, Ayacucho, 2007. ↩
  8.  Un importante libro del periodista ayacuchano Mario Cueto Cárdenas también aborda esta cuestión, como testigo de los hechos e investigador: Ayacucho: prensa y violencia, Ayacucho, 2009. ↩