A pesar de que se ha producido un interés comprensible por la historia de la democracia, la ciudadanía y las elecciones, se sigue careciendo de investigaciones relacionadas con la historia de las instituciones representativas (partidos políticos, el Congreso y asambleas constituyentes o las municipalidades). Vista desde la perspectiva actual, es decir a partir de la pobre valoración que la población otorga a estas instituciones por los continuos casos de corrupción, la escasa preparación del elegido para ejercer el cargo o el dócil sometimiento de los políticos a la autoridad presidencial, se explica el desinterés por conocer un pasado que se intuye fue mucho peor de lo que ahora se está. Por eso es predominante la sensación de haber tenido un Estado ineficaz y rentista, una nación socialmente discriminatoria y excluyente y una república sin ciudadanos. Para resumir la contribución de los partidos políticos a la democratización del país muchos suscribirían estas palabras de Juan Espinoza en 1855: “Los partidos siempre están divididos en teorías [que acaban por] encontrar muchas cosas útiles a la sociedad; así como, por buscar la piedra filosofal, han hecho adelantar tanto la química los alquimistas”. 1 El propósito en este ensayo es más bien reflexionar sobre el proceso de institucionalización de los partidos políticos entre los siglos XIX y XXI, para lo cual se propone hacer un breve recorrido por el papel de estas agrupaciones en el fortalecimiento o debilitamiento del sistema representativo peruano.
Balta y el Cincuentenario
El 28 de julio de 1871, el presidente coronel José Balta festejó la primera fecha emblemática de la emancipación sin poder inaugurar como obsequio a la patria el Palacio de la Exposición, una circunstancia seguramente atribuible a los apuros económicos estatales derivados de la crisis de la era del guano. Anécdota al margen, con el asesinato de Balta un año después por los hermanos Gutiérrez, linchados a su vez por una turba popular, se puso fin al primer militarismo en la política que representó un sistemático control de la gobernabilidad por parte de un reducido círculo de generales que tras luchas por la independencia continuaron asumiendo que su actuación en la política estaba salvaguardando a “la patria” de la anarquía.
Correspondió al general Agustín Gamarra idear a partir de su influencia sobre el ejército una fórmula para contrarrestar la elección del presidente de la república por la Convención Nacional. Se trataba de que el presidente saliente señalara a su sucesor, y así fue como se lo transmitió el general Pedro Bermúdez al general Domingo Nieto en julio de 1833: “Sé con bastante certeza que el presidente trabaja porque usted y yo seamos los candidatos a sucederle”. 2 El fracaso de esta fórmula política desencadenó el golpe de estado de Bermúdez, apoyado por Gamarra, contra el general Orbegoso y la guerra civil de 1834. Poco antes de morir en la batalla de Ingavi, Gamarra fue el artífice de la constitución conservadora promulgada en Huancayo en 1840 que mantuvo la elección indirecta y el voto universal masculino establecido en la época de las Cortes de Cádiz.
El general Ramón Castilla fue mucho más pragmático que Gamarra. Una vez investido como presidente en 1845, se preocupó de establecer una fórmula de sucesión respetuosa de la soberanía del Congreso, aunque también al gusto de las facciones enfrentadas dentro del ejército y de la sociedad política. Esta opción implicaba alentar una red patrimonialista que contentara a liberales y conservadores en el reparto del poder. 3 La victoria electoral del general Rufino Echenique, apoyado por la Sociedad Conservadora, y la transferencia sin incidentes del poder en 1851 pareció avizorar el tránsito hacia un sistema de elección competitivo. Pero el escándalo de la consolidación de la deuda interna y la corrupción en torno a los recursos obtenidos de la exportación del guano de las islas, del que se beneficiaron los conservadores allegados a Echenique, erosionó el modelo patrimonial ideado por Castilla de reparto clientelar del poder político y económico. 4 Fue el propio Castilla quien en 1854 puso a prueba la fortaleza de su criatura política al liderar triunfalmente la guerra civil que interrumpió el régimen constitucional de Echenique y restauró el orden por él diseñado.
El segundo gobierno de Castilla sobrevivió pese a la guerra civil con los ultramontanos vivanquistas en 1858 y a la ruptura con los liberales exaltados, quienes, ingenuamente, creyeron poder someter al militar tarapaqueño a la influencia de la Convención Nacional con la Constitución de 1857. Bastó a Castilla aliarse con la corriente conservadora liderada por el sacerdote Bartolomé Herrera para imponer una constitución liberal más moderada en 1860. La transferencia sin incidentes electorales del mando presidencial al general conservador Miguel de San Román en 1862 demostró que el sistema patrimonial castillista aún era eficaz para resolver el disenso político. Pero la crisis de gobernabilidad generada por el conflicto con España (1864-1866) hizo traslucir su debilidad. Esta vez Castilla no pudo asumir de salvador del sistema al ser deportado por el general Pezet en 1865. Su inesperada muerte en 1867, cuando lideraba su última revolución contra la dictadura del general liberal Mariano Ignacio Prado, acabó con el militar responsable del modelo político más estable, pero también violento, que tuvo la república inicial.
1921
Al presidente Augusto B. Leguía le correspondió celebrar el centenario de la independencia en 1921, fastos que prolongó hasta 1924 con el centenario de la batalla de Ayacucho. Pese a liderar el golpe de estado de 1919 y de haber sido elegido bajo una parodia democrática, en los festejos de ambos centenarios, ninguna representación diplomática extranjera invitada, más allá de competir en los obsequios monumentales a Lima, puso en cuestionamiento el carácter autoritario de Leguía y su régimen, llamado la Patria Nueva. La democracia atravesaba por una crisis en el mundo occidental, y también en el Perú este sistema político se fue desacreditando desde las últimas décadas del siglo XIX, circunstancia que el leguiísmo supo aprovechar para justificar su deseo de preservarse indefinidamente en el poder.
En 1872, se produjo el triunfo electoral del candidato de Sociedad Independencia Electoral. Manuel Pardo redujo la forma patrimonial de gobernar, pero no pudo cortar la corrupción de los grupos del poder económico, muchos de los cuales lo apoyaron. 5 En 1878, Pardo fue asesinado, y un año después Sociedad Independencia Electoral adoptó el nombre de Partido Civil. Para la población esta transformación pasó desapercibida ante el estallido de la guerra con Chile, que significó la ocupación del país entre 1880 y 1883. Tras la conclusión de este drama bélico, no fue el Partido Civil quien lideró la recomposición del sistema político, sino más bien las agrupaciones políticas lideradas por militares, entre los cuales el más destacado fue el general Andrés Avelino Cáceres por su papel en la resistencia a la ocupación chilena. El papel de Cáceres como “gran elector” y beneficiario del segundo militarismo terminó en 1895 cuando la revolución liderada por el demócrata Nicolás de Piérola lo desalojó del poder.
A Piérola le correspondió poner fin al sistema representativo que había existido en el Perú, con breves interrupciones desde 1812, al incluirse en la ley electoral de 1896 el sufragio directo y el voto masculino restringido, que significó la marginación de los analfabetos (en su mayoría indígenas). Con la reforma electoral, el líder demócrata también se propuso establecer un sistema de partidos estable. Su idea fue sellar un pacto no escrito de gobernabilidad entre los dos principales partidos (Demócrata y Civil) al modo como liberales y conservadores en la España de la Restauración se alternaban en el poder. Esto implicaba el reparto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Electoral. 6 Pero el pacto naufragó en 1900, al romper unilateralmente esa fórmula “turnista” el Partido Civil. Tal hecho supuso el desplazamiento progresivo de los demócratas de los tres poderes estatales.
La historia política de la “república aristocrática” se resume en que los civilistas cooptaron para sí todo el poder con el apoyo del Partido Constitucional.
La historia política de la “república aristocrática” se resume en que los civilistas cooptaron para sí todo el poder con el apoyo del Partido Constitucional. Por su parte, bajo el lema de “abstenerse de votar no es abstenerse de la actuación política”, los demócratas se sumaron a los liberales de Augusto Durand en el boicot electoral y en las conspiraciones armadas. Sin embargo, no fueron estas dos agrupaciones, sino el propio civilismo el que socavó su unidad al dividirse en facciones internas (pardistas, leguiístas, aspillaguistas) enfrentadas por el poder. Ni siquiera la advertencia a los políticos derivada del golpe de estado de 1914 contra el presidente Guillermo Billinghurst, un demócrata “populista” apoyado por Leguía, evitó que el civilismo se encaminara hacia su autodestrucción. En 1919, Leguía, apoyado por el ejército, derrocó a Pardo bajo el pretexto de implantar en el país la “democracia efectiva”, que, en realidad, supuso proscribir a los partidos. En efecto, este gobernante creó un sistema clientelar con su Partido Democrático Reformista que le permitió reelegirse en dos ocasiones hasta completar un oncenio de gobierno.
1971
El general Juan Velasco Alvarado, reconocido como jefe de estado por las Fuerzas Armadas que participaron en el golpe de estado de 1968 contra el gobierno constitucional de Fernando Belaunde Terry, fue el encargado de presidir los actos del sesquicentenario de la independencia. La efemérides mantuvo su limeñocentrismo con la inauguración del monumento a las próceres de la independencia y la edición de la Colección documental de la independencia del Perú. Una excepción a esta costumbre fue la inauguración en Pisco del obelisco en homenaje al desembarco de la Expedición Libertadora de San Martín. El discurso oficial velasquista giró en torno a que si en 1821 se obtuvo la independencia política, desde 1968 el país se encaminaba a su independencia económica gracias a una revolución ni capitalista ni comunista. El gobierno militar apuntó al logro de una democracia social, pero el experimento implicó el destierro del sistema representativo por 12 años. Este tiempo de silencio electoral, al que debe añadirse la proscripción de los partidos, fue la interrupción democrática más prolongada de las ocurridas desde los años treinta.
La novedad del nuevo periodo tras el derrocamiento de Leguía en 1930 fue la sanción de una ley electoral en 1931 que obligó, por primera vez, a los partidos políticos a inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para competir en los sufragios presidencial y legislativo. La misma ley estableció el voto obligatorio y mantuvo la exclusión de los analfabetos. Las mujeres recién obtendrían el derecho de ciudadanía en 1957. La crisis de la democracia liberal a principios del siglo XX dio lugar al ensayo de doctrinas políticas alternativas en el mundo occidental como el comunismo y el fascismo. Este enfrentamiento ideológico, que condujo al estallido de dos guerras mundiales y a la guerra fría como su secuela, marcó el rumbo de los partidos políticos peruanos.
En este nuevo escenario, surgieron nuevas agrupaciones políticas de carácter mesocrático, popular y antiimperialista, como el APRA de Víctor Haya de la Torre y el partido socialista de José Carlos Mariátegui, pero también partidos filofascistas como la Unión Revolucionaria. 7 La agrupación más importante de esta coyuntura, el APRA (desde 1930 oficialmente denominado Partido Aprista Peruano) fue proscrita electoralmente bajo el cargo de ser una “organización internacional”, aunque, en realidad, el JNE la ilegalizó por su enfrentamiento con el ejército y la prensa conservadora más influyente. No obstante, los electores apristas fueron decisivos en la elección presidencial de Manuel Prado, en dos ocasiones, y de José Luis Bustamante y Rivero. El gobierno no electo pero legitimado por el congreso del general Óscar R. Benavides y la dictadura del general Manuel A. Odría fueron en realidad alternativas surgidas desde las fuerzas armadas para evitar que el APRA accediera al poder.
Este escenario se transformó con la aparición posterior de partidos liberales como Acción Popular y el Partido Popular Cristiano. En la elección de 1963, por primera vez se experimentó una relativa competencia partidaria en la que triunfó Acción Popular. Pero ese avance de la competencia democrática no evitó que electores decepcionados con los partidos optaran por la vía armada como salida a la crisis del sistema político. Jóvenes comunistas y apristas rebeldes dieron origen a la experiencia guerrillera de los años sesenta, que el ejército aplastó, pero cuyo peligro latente para la seguridad interna en caso de rebrote fue pretextado por los militares para interrumpir la democracia en 1968.
2021
La conmemoración del bicentenario de la independencia coincidirá con el periodo histórico más prolongado de vigencia del sistema representativo. El gobierno responsable de la rememoración de dicho acontecimiento histórico habrá sido elegido en 2016. La fecha también coincidirá con la transferencia del poder presidencial. Es de desear que los actos del bicentenario tengan una dimensión nacional y no solo capitalina, como ha sido en sus tres fechas emblemáticas anteriores. También se debería aspirar a que los fastos tengan un componente educativo en relación con los retos que aún deben cumplirse para lograr una comunidad nacional integrada, solidaria y orgullosa de su convivencia política. Estas metas siguen pendientes desde que en 1980 los civiles recuperaron el manejo del Estado.
La conmemoración del bicentenario de la independencia coincidirá con el periodo histórico más prolongado de vigencia del sistema representative.
La Constitución de 1978 amplió el mercado electoral hacia su caudal actual con la extensión del voto a los analfabetos, lo que devolvió ese derecho a un significativo porcentaje de la población indígena. A la elección presidencial y legislativa de 1980 concurrieron los partidos existentes antes de 1968: Partido Aprista, Acción Popular y Partido Popular Cristiano, junto con agrupaciones emergentes como Izquierda Unida, con la vana promesa de conformar un sistema de partidos estable. 8 Pero el segundo gobierno de Belaunde Terry coincidió con el inicio de la “guerra popular”, recurriendo al terrorismo, del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, de filiación maoísta. A la contienda contra la “democracia decadente” se sumó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de orientación castrista. La prolongada violencia política que trajo el enfrentamiento entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas se cobró un gran número de víctimas, principalmente, entre la población indígena y marcó la agenda de los partidos políticos entre los años ochenta y principios de los noventa.
Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y el Partido Aprista se implicaron en la “guerra sucia” y se desacreditaron, mientras Izquierda Unida era presa de su indefinición entre defender la democracia o hacer la revolución. De ese desgaste se aprovechó una agrupación desconocida, Cambio 90, para triunfar en las elecciones de 1990. La agobiante crisis económica y la sensación en la opinión pública de que las políticas de pacificación eran entorpecidas por los partidos políticos de la oposición fueron utilizadas por el presidente Alberto Fujimori para promover en abril de 1992 un golpe institucional contra el Congreso. La interrupción de la transición democrática de 1978 fue respaldada por la población, apoyo que el fujimorismo instrumentalizó tras la captura del líder senderista Abimael Guzmán. La “década de la antipolítica”, en la que el clan Fujimori-Montesinos impuso una forma de gobernar populista, corrupta y autoritaria, concluyó tras los escándalos de los “vladivideos” en noviembre de 2000 con la renuncia y huida del expresidente a Japón 9
El sistema representativo restablecido con las elecciones generales de 2001 aún se mantiene, aunque sin gestar un espacio competitivo estable. Los partidos que han accedido al poder han sido después inobjetablemente derrotados en las urnas, ninguno ha podido revalidarse como opción de gobierno y, más bien, sus líderes políticos han resultado salpicados con casos de corrupción. Esta circunstancia hace que los partidos políticos sean percibidos por la opinión pública como instituciones desprestigiadas y de escasa capacidad de regeneración. Nada garantiza que ante la impopularidad de estas opciones aparezca en la próxima elección general un nuevo outsider político que encandile al electorado con quiméricas soluciones políticas.
Referencias Bibliográficas
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Degregori, Carlos Iván (2000). La década de la antipolítica. Auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Lima: IEP.
Espinoza, Juan (2001) [1855]. Diccionario republicano. Carmen Mc Evoy (ed.). Lima: Pontificia Universidad Católica, University of The South Sewanee.
Quiroz, Alfonso (2013). Historia de la corrupción en el Perú. Lima: IEP, IDL.
McEvoy, Carmen (1997). La utopía republicana. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
–––––(2015). La guerra maldita. Domingo Nieto y su correspondencia (1834-1844). Tomo II. Lima: Biblioteca Nacional del Perú.
Mucke, Ulrich (2010). Política y burguesía en el Perú. El Partido Civil ante de la Guerra con Chile. Lima: IEP, IFEA.
Peralta, Víctor (2004). “Reforma electoral, violencia y revolución en el Perú, 1896-1909”. En Carlos Dardé y Carlos Malamud (eds.), Violencia, legitimidad política y revoluciones en España y América Latina, 1840-1919. Santander: Universidad de Cantabria, pp. 179-196.
Tanaka, Martín (1998). Los espejismos de la democracia. El colapso del sistema de partidos en el Perú 1980-1995 en perspectiva comparada. Lima: IEP.
Para coadyuvar en la lectura cronológica y objetivamente ordenada, ver: http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wp-content/uploads/2015/01/Peru00FA-CORRUPCION-2014-actualizado-08.01.15.pdf . Felicitaciones por el articulo.