Introducción

Contrariamente a otros caudillos latinoamericanos en trance de perpetuación en el poder, Álvaro Uribe Vélez no ha hecho explícitas sus aspiraciones. El método por el que ha optado ha sido declarar, por un lado, que se encuentra en “una encrucijada del alma” con respecto de la reelección, y por el otro, utilizar a sus mejores escuderos para que luchen a brazo partido para arrancar del congreso y las altas cortes las reformas que la permitan.

La encrucijada se refiere a la contradicción entre querer dejar que aparezcan nuevas figuras y pensar que su tarea está aún inconclusa.  1  En buena medida, se trata de un discurso dirigido a un sector de la comunidad internacional, auditorio entre el cual el apoyo a Uribe se ha resquebrajado, en parte debido precisamente a sus maniobras reeleccionistas, en parte a los escándalos —prácticamente semanales y de gran magnitud— que han afectado al gobierno. Pero también es para consumo interno. El presidente ha gozado de unas mayorías sólidas hasta lo inverosímil. Hasta fecha muy reciente, Uribe contaba con respaldos y manifestaciones de confianza que se mantenían de manera regular por encima del 70% en todos los sondeos de opinión, aunque esto finalmente ha comenzado a ceder. Sin embargo, una mirada atenta a las encuestas muestra que el entusiasmo por el presidente es mucho mayor que el apoyo a la reelección; la diferencia, en ocasiones, se ha acercado a los veinte puntos. Adicionalmente, sectores claves —como los tecnócratas, las clases medias de la capital y sus formadores de opinión— parecen estar tomando distancia del proyecto de la tercera presidencia de Uribe. Así, pues, Uribe, pese a tener una amplísima base social y electoral, está caminando por la cornisa. Para hacerse reelegir necesita no solo llevar a cabo una compleja y arriesgada maniobra de cambio institucional, consistente en hacer aprobar un referendo popular “habilitante” —para ponerlo en lenguaje conocido— sino, además, ganarlo.

Este es el contexto en el que la reelección ha actuado sobre el mapa institucional colombiano. Aunque los cambios que ha precipitado son bastante numerosos, me concentro en tres áreas básicas: partidos políticos, justicia y vacíos institucionales.

Los partidos políticos

La segunda reelección de Uribe ha afectado al sistema de partidos colombiano de dos maneras. Ante todo, los ha dividido. La línea de fractura entre y dentro de los partidos se ha unificado, ordenando de alguna manera al sistema alrededor de ese tema único. En efecto, en el nuevo sistema político que sucedió al bipartidismo tradicional desde 2002 (Gutiérrez, 2007), se destacan las siguientes corrientes: nuevas expresiones uribistas, Partido Conservador (pro-gubernamental), Partido Liberal (oposición) y Polo Democrático Alternativo (izquierda). Todas ellas, sin excepción, se han dividido internamente alrededor de la forma de responder a la propuesta de reelección. Entre los nuevos grupos uribistas, uno (Cambio Radical) se decantó por combatirla, mientras que los otros la han apoyado. En el conservatismo, en la actualidad, compiten dos candidatos, cada uno con posiciones opuestas en este particular (Andrés Felipe Arias a favor de la reelección, Noemí Sanín en contra). En el Polo Democrático Alternativo, se produjo una dura competencia entre quienes propugnaban por construir una amplia alianza con fuerzas de todos los matices frente al peligro autoritario, y quienes querían conservar la recién conquistada identidad del partido (ganaron los primeros por un puñado de votos). En el Partido Liberal, la tensión se manifiesta de otra forma, quizás más dramática que en los otros casos: la masa de votantes que se identifica como liberal tiende a apoyar a Uribe, mientras que los candidatos y la línea oficial van por otro lado. Eso les da incentivos a líderes de esa agrupación a “descubrir” periódicamente que la oposición no es tan conveniente.

La segunda reelección de Uribe ha afectado al sistema de partidos colombiano de dos maneras. Ante todo, los ha dividido. La línea de fractura entre y dentro de los partidos se ha unificado, ordenando de alguna manera al sistema alrededor de ese tema único.

Adicionalmente, Uribe se ha enfrentado a la necesidad de satisfacer a los políticos para solidificar sus apoyos. Como resultado, se produjo una reforma política que cambió las reglas establecidas por una que se había producido seis años antes, el Acto Legislativo 01 de 2003. Este se había pensado básicamente como un dispositivo contra el desorden y el fraccionamiento endémicos del sistema político colombiano, y establecía reglas básicas tales como, por ejemplo, que cada partido solo podía presentar una lista de candidatos por circunscripción. El Acto Legislativo 01 de 2009 va en la dirección contraria; sobre todo, permite el llamado “transfuguismo” —la práctica según la cual un congresista o un miembro de un cuerpo colegiado subnacional es elegido por una agrupación y después se cambia a otra—. 2  Una vez aprobada la norma, se produjo una verdadera estampida hacia las toldas de las fuerzas progubernamentales. En la misma tónica, el gobierno ha coqueteado con la idea de proponer la reelección de mandatarios subnacionales, y aunque finalmente no ha llevado a cabo la propuesta, en cambio sí ha ofrecido una serie de pequeñas dádivas (incluidas materiales) a los políticos de las regiones y las localidades.

La justicia

El aparato de justicia es quien más se ha visto afectado por la dinámica reeleccionista. La Constitución de 1991 permitió la coexistencia de cuatro altas instancias, con funciones diferenciadas (la corte constitucional, la corte suprema de justicia, el consejo de Estado y el consejo superior de la judicatura). 3  Adicionalmente, creó la fiscalía general de la nación, una de cuyas principales funciones era la lucha contra las grandes organizaciones criminales.

La lucha entre poderes tiene dos grandes explicaciones: la judicialización de la actividad paramilitar, y el mantenimiento de un sistema básico de pesos y contrapesos

Antes de 2002, hubo varios enfrentamientos de tales instancias entre sí y de algunas de ellas con el ejecutivo, aunque nunca alcanzaron la severidad de, por ejemplo, los choques entre aquel y el congreso. Después del arribo de Uribe a la presidencia, empero, los enfrentamientos con la justicia se hicieron persistentes y peligrosamente pugnaces. Una genealogía de estos sugiere que el casus belli de la lucha entre poderes tiene dos grandes explicaciones: la judicialización de la actividad paramilitar, y el mantenimiento de un sistema básico de pesos y contrapesos. Considerémoslos por separado.

 La llamada Ley de Justicia y Paz que debía regular el proceso de reinserción paramilitar sufrió serios ajustes en la corte constitucional, que escalaron las condiciones para que los paramilitares pudieran gozar de un perdón judicial amplio (básicamente, perdían sus privilegios si se demostraba que no estaban diciendo la verdad). En la medida en que —como se ha evidenciado hasta la saciedad en estos meses— los paramilitares tenían amplia presencia, e influencia, tanto en diversas agencias del Estado como en la coalición gubernamental, no es extraño que tales ajustes hayan producido incomodidad a Uribe y su círculo. Así, en una primera etapa, el blanco de ataque fue la corte constitucional. Sin embargo, cuando estalló el escándalo de la parapolítica —el procesamiento de políticos acusados de participar en elecciones con apoyo paramilitar, y siguiendo al menos parcialmente sus órdenes— quien debía tomar los casos era la corte suprema de justicia. Lo hizo con consecuencia e integridad. 4  Esto produjo un choque frontal con la presidencia y con las fuerzas uribistas, que describieron el proceso como un esfuerzo de la oposición por minar a la coalición gubernamental (más de treinta congresistas han sido detenidos por los hechos, y de estos, la abrumadora mayoría son uribistas).

Uribe […] debido a la presencia de fuerzas altamente criminalizadas en su coalición de gobierno, necesita “estructuralmente” un debilitamiento mucho más drástico de dichos controles.

Una de las consecuencias de la primera reelección —que se profundizará con la segunda— es el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos concebido por la carta fundamental de 1991. Uribe ha avanzado bastante en la dirección de debilitar los controles institucionales o de ponerlos a su servicio (García y Revelo, 2009). Sin embargo, debido a la presencia de fuerzas altamente criminalizadas en su coalición de gobierno, necesita “estructuralmente” un debilitamiento mucho más drástico de dichos controles. Por eso, su estilo pugnaz en la lucha contra la corte suprema de justicia y otras instituciones del Estado seguramente no solo sea parte de un talante autoritario sino que tenga un componente estratégico: provocar una ruptura en un momento en que tiene las cartas a su favor, para poder producir reformas que le den la libertad de maniobra que necesita. Nótese que en este terreno el tiempo actúa en contra del gobierno, primero, porque pese a la enorme capacidad política del presidente los escándalos de corrupción pueden terminar debilitándolo, y segundo, porque estos podrían terminar generando hechos irreparables.

Un buen ejemplo de esto último —que muestra además cómo el problema de la parapolítica y la pulsión hacia el “desamarre” confluyen— es el escándalo de las escuchas ilegales de opositores, magistrados de la corte suprema y periodistas por parte del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). El DAS es una agencia de seguridad directamente dependiente de la presidencia de la república. En este momento, está ya demostrado que Uribe la entregó a personas que estaban seriamente involucrados con grupos paramilitares, a quienes favorecían sistemáticamente. Además, el DAS llevó a cabo una campaña en gran escala de escuchas ilegales, con por lo menos el conocimiento de algunos altos funcionarios del gobierno. Aunque el fiscal estaba en manos de una persona cercana a palacio —fue viceministro de justicia de Uribe—, adelantó la investigación que reveló indicios cada vez más perturbadores. Su conclusión fue: “esto hiede”. Precisamente en ese momento su período como fiscal terminó, y —por diseños de la constitución de 1991— su sucesor habría de ser designado por la corte suprema de justicia, de una terna presentada por el presidente. Este se decantó por tres personas sin experiencia en derecho penal, y de la entraña del uribismo. La corte, que constitucionalmente no tiene derecho a devolver la terna, declaró que esta era “inviable” y se ha negado a elegir fiscal. Ante el impasse, el presidente se manifestó en términos virulentos contra la corte. Prominentes políticos e intelectuales uribistas han circulado ya propuestas en el sentido de tramitar una reforma en el congreso que la cierre, la debilite, o la cambie (en sus atribuciones y competencias) de manera sustancial.

El fiscal es una figura muy importante en una sociedad que, como la colombiana, tiene un gravísimo problema de crimen organizado y de presencia de este en el sistema político. Que el presidente proponga una terna para fiscales de su entraña, en un momento en que se apresta a conquistar un tercer período, es una señal pública que no debe pasar desapercibida.

¿Vacío de poder?

La carrera por la continuidad de Uribe genera también serios vacíos institucionales. El más obvio es qué hacer mientras que la corte constitucional dictamina si la propuesta de acto legislativo que establece la posibilidad de un referendo popular sobre la reelección es o no exequible. Todas las fuerzas quedan en una especie de limbo jurídico, mientras que Uribe mismo disfruta del más amplio margen de maniobra, acceso ilimitado a la televisión, capacidad de distribución de recursos a apoyos claves —que ha utilizado generosamente—, etc. No es claro si después de la decisión de la corte, incluso si esta sea favorable, la coalición gubernamental no encuentra que le son necesarias aún otras reformas (aplazamiento de las elecciones presidenciales, por ejemplo).

Otro vacío menos evidente, pero mucho más peligroso, está relacionado con el potencial desenlace del referendo. Aunque existen muchos resultados posibles, el más probable es que este se parezca al de 2003, en el que el presidente obtuvo mayorías muy amplias, pero no las suficientes como para pasar el umbral mínimo requerido según la legislación colombiana. Esto le cerraría a Uribe el acceso a la presidencia, pero a la vez, deslegitimaría a cualquier otro candidato, pues demostraría que su apoyo popular es en todo caso muy inferior al del actual presidente —lo cual constituye una verdadera bomba institucional, para la cual no hay solución aparente—.

El hecho podría soslayarse a través de una operación acelerada de re-diseño institucional, que distintos congresistas de la coalición uribista han intentado emprender, comenzando por la reducción sustancial del censo electoral. 5  Esta propuesta es tan irregular que muchos, tanto en el gobierno como fuera de él, han tomado distancia con respecto de ella. Sería solo un evento más en un proceso transido de transgresiones (por ejemplo, en la financiación de la recolección de firmas para apoyar al referendo, tal y como lo estableció el informe del consejo nacional electoral).

* PhD en ciencia política, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales – Universidad Nacional de Colombia.

Referencias bibliográficas

García Villegas Mauricio y Javier Revelo Rebolledo (Editores). Mayorías sin democracia. Desequilibrio de poderes y estado de derecho en Colombia, 2002-2009. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad . DeJuSticia, 2009

Gutiérrez Sanín, Francisco. ¿Lo que el viento se llevó?: Los partidos políticos y la democracia en Colombia 1958-2002. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2007.

  1.  El antecedente inmediato fue la declaración de que solo se postularía de nuevo si se presentaba una “hecatombe”. Esta última podía interpretarse como el triunfo de la izquierda o, a veces más ampliamente, como la interrupción de las polí- ticas centrales del gobierno, en particular, de la llamada “seguridad democrática”. ↩
  2.  También evitó sanciones a los partidos que habían introducido “parapolíticos” a sus listas. ↩
  3. De ellas, solamente la primera es una creación de dicha carta.   ↩
  4.   La existencia de las DOS condiciones es prerrequisito para estar encartado por parapolítica. Del propio presidente se ha demostrado, sin lugar a dudas, que sus campañas han recibido dinero de delincuentes (por ejemplo, de Enilse del Rosario López alias La Gata en la costa atlántica), pero no que el presidente haya actuado bajo su encargo. ↩
  5.  Lo que les permitiría alcanzar el umbral. Para esto tendrían que cambiar al registrador, cosa que muchos han sugerido como posible o al menos deseable. La cuadratura del círculo sólo se logra debilitando dramáticamente todos los contrapesos. ↩