La polémica que rodea al futuro Museo de la Memoria en Perú se inicia en el momento en el que el gobierno de Alan García rechaza una donación del Ejecutivo alemán para la construcción y mantenimiento de un “Museo de la Memoria”, destinado a recordar a las víctimas de los años del terrorismo (1980-2000).   1 Los motivos argumentados para justificar tal negativa básicamente podrían resumirse en dos: a) una iniciativa como esta, en lugar de contribuir a cerrar las brechas existentes, provocaría un efecto contrario; b) los esfuerzos requeridos para poner en marcha el museo podrían enfocarse hacia otras direcciones; a priori más apremiantes. A pesar de que sobre esta postura inicial se produjo una rectificación y se decidió aceptar el apoyo del gobierno de la canciller Ángela Merkel —bajo un proyecto liderado por el literato y ex candidato a la presidencia de la República del Perú, Mario Vargas Llosa— el debate sobre la necesidad del museo sigue abierto y las posturas se mantienen enfrentadas entre sus partidarios y detractores. En estas páginas se intenta exponer brevemente, cómo el caso de Perú, con sus particularidades, no dista excesivamente de experiencias y proyectos similares que se han producido en América Latina en particular, y en el resto del mundo, en general. Asimismo, se intenta evidenciar cómo, al margen de la construcción o no de un museo de la memoria, cabe prestar atención a los esfuerzos de institucionalización de esta, dependan o no de un espacio físico.

De museos y memorias, experiencias diversas

Al igual que Perú y durante las últimas décadas, son diversos los países que han sufrido, en el interior de sus fronteras, la crudeza y las repercusiones de diversos conflictos, tensiones o rupturas abruptas de la institucionalidad democrática —con las consecuencias que dichas rupturas han comportado—. En muchos de los casos, y con ritmos y velocidades diferentes, han empezado a implementarse políticas, programas e iniciativas destinadas a la recuperación de la memoria histórica. Entre estas iniciativas destaca la proliferación de los llamados museos de la memoria o memoriales sobre los conflictos internos. Durante los últimos años han empezado a surgir en América Latina algunos proyectos que, para el caso peruano, pueden resultar muy ilustrativos. Entre ellos y por ejemplo, los casos de Argentina y Chile, que atravesaron etapas de dictadura y terrorismo de Estado, se encuentran entre los más relevantes. En el primero, se decidió crear un Museo de la Memoria —concretamente el “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”— en las instalaciones de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), donde unas 5 mil personas fueron torturadas o asesinadas. La armada argentina entregó las instalaciones a fines del 2007 para poner en funcionamiento dicho museo, que recordará la existencia y también las consecuencias de la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983. Las víctimas de la dictadura chilena también han sido recordadas desde 1997 en la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en uno de los centros de detención y tortura clandestinos que fueron más importantes durante la dictadura de Augusto Pinochet. El lugar está dedicado al recuerdo de las víctimas, a promover una cultura de los derechos humanos y a desarrollar actividades para concretar esos objetivos. Además, recientemente, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, ya ha puesto la primera piedra de un espacio para la memoria cuya inauguración está prevista para antes de marzo de 2010. Asimismo, en otras áreas de América Latina, pueden encontrarse experiencias similares.  2

El caso de Perú, con sus particularidades, no dista excesivamente de experiencias y proyectos similares que se han producido en América Latina en particular, y en el resto del mundo, en general.

La proliferación de museos de la memoria, así como otras iniciativas vinculadas, puede interpretarse como una señal de un proceso general de cambio. La presencia de estos museos responde, con las lógicas diferencias, a un patrón común: países que han sufrido grandes tragedias y han buscado fórmulas para crear conciencia de cara a evitar que se repita un pasado con consecuencias como las vividas. Básicamente, han servido para comprender el pasado, explicarlo, darle un nuevo sentido y, a partir de allí, generar consensos sobre un futuro distinto y bajo la convicción de que la reconciliación solo se da cuando se admiten los errores y se rectifican. Asimismo, estos museos han atravesado procesos similares de debates y tensiones a la hora de definir su misión y el modo de llevarla a cabo, así como la manera de constituirse. En este sentido, la polémica que se está dando en Perú acerca de la futura creación de un museo de características parecidas a los señalados, no debería sorprender, no solo por lo que implica sino porque en todos los casos en los que se ha puesto en marcha un proyecto similar, la polémica ha estado presente.

A pesar de que la discusión pueda enfocarse en aspectos materiales y puntuales como puede ser un museo o su localización, tal vez esa es una cuestión secundaria. De nuevo, cabría pensar que lo importante de estos casos es pensar que, progresivamente, la recuperación de la memoria histórica, de un modo u otro, se va institucionalizando, ya sea de un modo formal —a través de políticas e instituciones— o de un modo más “informal” —asentándose en el imaginario colectivo de la población—. En el caso de Perú, el trabajo desarrollado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación —a pesar de las discrepancias y tensiones que generó— podría ser el ejemplo más evidente de ello. Paralelamente, el tabú que puede rodear a temas como los que abordará el futuro museo de la memoria se rompen progresivamente no solo por la carga simbólica de los proyectos en sí sino también por los particularismos que los rodean; por ejemplo, no deja de ser paradójico que muchos de los actores e instituciones implicados, y no de manera positiva, en los procesos sean ahora los que contribuyen en la creación de los museos o que dichos museos se crean en los emplazamientos —o cerca de ellos— en los que se cometieron los peores abusos. 3

La ley de Memoria Histórica en España, un posible referente

Si bien para Perú puede ser prioritario contemplar los procesos constitutivos y los efectos que han tenido los diversos museos de la memoria en otras partes del mundo, resultaría interesante observar algún caso que trate la cuestión de la memoria histórica traspasando los límites de un espacio físico, como sucede, por ejemplo, en España. Al igual que el conflicto armado en Perú, el conflicto que asoló a España en la segunda mitad de la década de los treinta y la posterior dictadura que se extendió hasta mediados de los setenta, dejó como legado una cifra de víctimas sobrecogedora, una sociedad dividida y un país en proceso de reconstrucción. El número de víctimas civiles aún se discute, aunque este no sería inferior a las 500 mil. A pesar de que no se trata de números, si se tiene en cuenta que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación estima en 70 mil las víctimas que se produjeron entre 1980 y el 2000, se puede tener una idea de los parámetros que, dentro de las similitudes, constituyen la desoladora dimensión del fenómeno en España. Se pueden añadir matices que ahondan más en la gravedad de la situación, entre ellos, el hecho de que muchas de las muertes registradas en España no se debieron a los combates, sino a las ejecuciones —alrededor de  150 mil 4  o también que el caso español solo sea superado por el régimen de Pol Pot, en Camboya, en cuanto al número de desaparecidos.

Si bien es cierto que en España la represión por causas étnicas, sexuales o de discapacidad no se produjo como sí sucedió en otros procesos (por ejemplo, con el genocidio en la Alemania nazi), la represión por motivos políticos fue en el Estado español bastante más cruenta que en muchos otros casos. 5En este sentido, puede decirse, sin exagerar, que la Guerra Civil Española y las décadas de régimen militar que le sucedieron suponen uno de los conflictos ideológicos más significativos del Siglo XX. La delicada transición a la democracia de finales de los años setenta, durante la cual se trabajó en la restauración de los derechos fundamentales, ha sido descrita frecuentemente como un modelo para otros países que intentan superar conflictos similares. En este sentido, la aprobación de la Ley de Memoria Histórica —el 31 de octubre de 2007— y sus efectos pueden también resultar ejemplificadotes para otros países que deban afrontar situaciones y procesos semejantes. Tanto los repetidos procesos de redemocratización en Perú como el legado del conflicto interno, pueden encontrar en España una experiencia en la que reflejarse.

La aprobación de dicha ley ha supuesto que, por primera vez, se condene formalmente el régimen del general Francisco Franco, que finalizó en 1975. Esta ley está compuesta de 22 artículos que, en términos generales, buscan reconocer y ampliar los derechos y establecer medidas a favor de quienes padecieron la persecución o violencia durante la Guerra Civil Española (1936-1939) y la posterior dictadura / régimen franquista (1939-1975). Entre otros aspectos, el documento declara ilegítimos los juicios franquistas, que condujeron al encarcelamiento o ejecución de miles de oponentes del régimen, y ordena la indemnización de quienes perdieron la vida en defensa de la democracia, otorgando pensiones y compensaciones financieras a las personas o a las familias de las personas que fueron agraviadas en la Guerra Civil o durante la posterior dictadura. Asimismo otras provisiones de importancia son las de: a) ayudar desde el Estado, a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes; b) retirar los símbolos, insignias y signos de levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura de los lugares públicos; c) crear un Centro Documental de la Memoria Histórica en el que se ubicará el Archivo General de la Guerra Civil. Es cierto que, para llegar a este momento, se han sucedido algunas etapas. Una de las más significativas, a todos los niveles, fue la amnistía de 1977, para lo cual fue necesario el olvido y la opacidad del pasado. Sin embargo, en contra de este hecho,  la aprobación de la Ley se produjo precisamente para no olvidar.

Al igual que ha estado sucediendo en Perú con los detractores del museo, los sectores opuestos a la Ley argumentaron que su aprobación reabriría viejas heridas y dividiría a la sociedad española y, por tanto, contradeciría al espíritu conciliador de la transición.

Desde todos los sectores que han estado trabajando activamente en la cuestión de la reparación a las víctimas y la recuperación de la memoria histórica, existe un fuerte consenso al afirmar que dicha Ley era necesaria y, por tanto, su aparición constituye un paso adelante. Al igual que ha estado sucediendo en Perú con los detractores del museo, los sectores opuestos a la Ley argumentaron que su aprobación reabriría viejas heridas y dividiría a la sociedad española y, por tanto, contradeciría al espíritu conciliador de la transición. El rechazo que la ley ha encontrado en algunos sectores puede ser una muestra de que esas heridas no se han cerrado del todo; salvando las distancias, los rechazos en Perú y en otros casos, pueden ser una prueba de lo mismo. Como respuesta, puede expresarse precisamente lo contrario: que el conocimiento de la verdad, la buena acción de la justicia y la reparación servirán para cerrar estas heridas. El número de experiencias que han sido señaladas en otras partes de América Latina, en la anterior sección, pueden ser la evidencia empírica de este hecho. A pesar de eso, no debe olvidarse de que se trata de un tema muy sensible en el que se dan posiciones diversas y encontradas y donde no hay verdades absolutas.

Pero, ¿es suficiente la creación de un museo o la aparición de una nueva ley? Seguramente no… realmente a pesar de los efectos positivos que los respectivos museos de la memoria hayan tenido y estén teniendo, es difícil valorar en qué medida han cerrado heridas como las que existen en España o en Perú. En España, a pesar de las virtudes y los progresos logrados, también existe un notorio acuerdo entre los partidarios de la Ley, al proclamar que esta, de por sí, es insuficiente en la medida en que, si bien aspira a reconocer tres derechos fundamentales, a conocer la verdad, a la justicia y a la reparación, las víctimas ya no pueden ver materializado el derecho a la justicia. Si se aplica el caso español al caso del museo de la memoria histórica, podría decirse que la situación es similar en la medida en que, si bien la verdad y la reparación sí se dan, lo que confiere a la justicia podría ser discutible. Aunque en sí, este es un debate nada sencillo y sí muy complejo. De todos modos, el camino hacia la recuperación de la Memoria Colectiva ni empieza ni se cierra con una Ley o un museo en la medida en que la memoria trasciende a cualquier normativa que quiera regularla, o a cualquier edificio o sede. Es un proceso que se va construyendo progresivamente, así se ha hecho antes de museos o leyes. Pero, indudablemente, la contribución que pueden ejercer unos y otras, con sus respectivas particularidades, es fundamental.

Sólo algunas reflexiones

La diversidad de experiencias y casos demuestran que no hay un modelo único en el desarrollo de políticas relativas a la memoria histórica, incluso cuando solo se hable de museos.  La experiencia de unos países puede servir para otros. El caso de España puede ilustrar cómo la lucha por la memoria histórica puede traducirse en un ámbito más de la legalidad formal. Países como Chile o Argentina, en Latinoamérica, o ya tienen museos de la Memoria o están recuperando los espacios de la represión para que no haya lugar al olvido. Cada uno con sus particularidades y sus diferencias, pero con finalidades semejantes, pueden ser pautas válidas a las que atender cuando se analiza la controversia que rodea al caso de Perú.

En el caso del museo de la memoria, se trata específicamente de un espacio donde reconocer ciertas etapas y reflexionar sobre ellas, y con el tiempo, a través de un proceso de justicia y reparación, superarlas.

En buena parte, la historia muchas veces vuelve sobre sus propios pasos. Por eso es importante recordar lo que pasó, aprender de lo sucedido para no repetirlo. El caso de Perú podría ser un ejemplo válido de períodos que se repiten con frecuencia, por ejemplo, las continuas  rupturas y transiciones democráticas. En el caso del museo de la memoria, se trata específicamente de un espacio donde reconocer ciertas etapas y reflexionar sobre ellas, y con el tiempo, a través de un proceso de justicia y reparación, superarlas. Tal vez si este mismo intento se hubiera producido en otros aspectos, no podría hacerse el anterior achaque de calificar a Perú como un país en el que ciertos procesos, con sus consecuencias, se repiten periódicamente.

Aunque, si bien el espacio es un aspecto importante, tal vez no sea lo central. Lo fundamental es lo que, desde ese espacio, se puede generar. En el caso de España, el proceso de reconocimiento histórico ha transcurrido durante los últimos años por otras vías que, sin pasar por la necesidad de un emplazamiento físico, no han dejado de generar polémica. De ahí que si el caso español puede resultar ilustrativo para otros casos, puede afirmarse que el problema realmente no es el museo sino el conjunto de brechas aún abiertas, de fracturas internas aún muy profundas y que, hasta cierto punto, son recientes. Lo importante es desarrollar esfuerzos para que las distancias existentes no se profundicen, sino todo lo contrario.

Puede ser que la única manera de lograr la imparcialidad en relación al tema de la memoria histórica se alcance cuando esta deje de ser memoria y se convierta “simplemente” en historia.

Es importante no plantear la disponibilidad de iniciativas de memoria histórica como un problema de coste de oportunidad: por ejemplo, enfrentar la disponibilidad de un museo frente a otras prioridades nacionales. Debería trabajarse en ambas direcciones. Esto es difícil, más aun cuando los recursos son escasos y los problemas a resolver muchos. 6  En este sentido, la propuesta que, en su momento, formuló Alan García al gobierno de la canciller alemana Angela Merkel de destinar la donación para el museo a 10 comunidades campesinas que sufrieron mortandad y abusos de derechos humanos, no debería visualizarse como una mala alternativa. El dilema ético —así como aquellos derivados desde el plano más puramente económico— sería tener que escoger entre una u otra opción. De todos modos, el decantarse por una de ellas implica también nuevos debates y decisiones (¿qué comunidades? ¿Bajo qué criterios?) que suscitarían la misma polémica que instalar o no un museo y más en las circunstancias en las que se planteó.

Finalmente, no puede olvidarse que la posibilidad de que las posiciones en relación a la cuestión de memoria puedan ser irreconciliables. Parece obvio, aunque a veces no lo es tanto, que la subjetividad de cada individuo y de cada colectivo no tiene por qué coincidir o aproximarse a la de otro. En este sentido, es prudente advertir que la polémica y la controversia pueden llegar a no desaparecer nunca en relación a las iniciativas y proyectos que se han mencionado con anterioridad. Así, puede ser que la única manera de lograr la imparcialidad en relación al tema de la memoria histórica se alcance cuando esta deje de ser memoria y se convierta “simplemente” en historia. De todos modos, nos encontraríamos ante la necesidad de establecer claramente qué se entiende por una cosa y por otra; tarea nada sencilla. De todos modos, la pretensión tampoco es convertir una cosa en otra y menos cuando este proceso de institucionalización al que se hace referencia precisamente se enfoca en la memoria aunque no excluye a la historia.

* Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF). Director de Proyectos, CHC Consultoría y Gestión. Investigador colaborador de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), sede Ecuador.

  1. Un proyecto que ya se había esbozado a partir de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. ↩
  2. Una de las iniciativas más recientes se localiza en Nicaragua. La alcaldía de Mangua abrirá un museo que recuerde los abusos cometidos contra la población por el gobierno de Anastasio Somoza, desde la década del 60 hasta su caída en 1979. ↩
  3.  En muchos casos, con toda la intención, en la medida en que algunos sectores consideran: a) para que los museos pueden ser lugares de aprendizaje, cuando están emplazados donde ocurrieron los hechos, la propia materialidad de esos edificios impide que la memoria se borre con el paso del tiempo; b) estos lugares tienen un poder de transmisión inigualable, siempre que se acompañen con programas educativos adecuados. ↩
  4. Según estimaciones de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica.  ↩
  5. Por ejemplo, en los momentos teóricamente más laxos del franquismo, durante la década de los años 60, había más presos por causas ideológicas que en la Italia de los años 30.   ↩
  6. También habría que plantearse si ese mismo coste de oportunidad no se da en muchas otras ocasiones: recientemente el gobierno de Alan García ha anunciado un ambicioso plan de modernización militar. Tal vez, de nuevo tal vez, la inversión en armamento se podría transformar en otros programas más acordes con las urgencias de la población —más aun si se tiene en cuenta que este programa tiene un coste de 2 mil millones de soles (unos 480 millones de euros) una cantidad superlativa considerando que la ayuda de Merkel es de 2 millones.   ↩