Lynch, Nicolás, El argumento democrático sobre América Latina: la excepcionalidad peruana en perspectiva comparada. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, UNMSM. 2009.

Adrianzén, Alberto, La transición inconclusa: de la década autoritaria al nacimiento del pueblo. Lima: Otra Mirada. 2009.

Si bien los libros reseñados tienen diferencias importantes, también poseen grandes coincidencias que justifican un comentario conjunto. Ambos autores, con matices, consideran la transición del año 2000 en el Perú profundamente insuficiente, al no cumplir con la promesa igualitaria de la democracia, de allí su débil legitimidad ante la población. Este fracaso, y otros eventos discutidos, muestran en su opinión lo inadecuado de adoptar un concepto procedimental de la democracia para entender los virajes políticos vividos en nuestro país y la región. Simplificando, un concepto procedimental de la democracia privilegia aspectos institucionales y políticos para considerar a un régimen político como democrático, por lo general que todos los ciudadanos puedan ejercer una serie de derechos políticos, que se respeten sus preferencias electorales y que las autoridades elegidas sean las que gobiernen efectivamente. Los libros buscan presentar una perspectiva más completa de nuestra situación democrática.

Tras describir el argumento de los autores me concentro en tres aspectos que me parecen problemáticos en ambos libros. Un primer aspecto conceptual se refiere a la poca claridad, o incluso confusión, de ambos autores en la crítica al concepto procedimental de democracia. Un segundo punto se centra en la necesidad de problematizar mucho más los supuestos y convicciones de los autores respecto a las reformas de mercado, reconociendo que la economía política de las reformas es bastante más compleja que lo descrito en los trabajos. Finalmente, planteo lo que considero son las implicancias políticas negativas que observo en este tipo de críticas al concepto procedimental de democracia.

En su opinión, las democracias de baja intensidad resultantes de la doble transición a la democracia y al mercado en los años setenta y ochenta produjeron una gran insatisfacción en América Latina, causando en los años 2000 un giro a la izquierda.

Para Lynch, el uso de un concepto procedimental de la democracia, en boga desde los años setenta en la academia anglosajona, es inadecuado, pues al estar atado a la concepción liberal del Estado limitado (p. 17) deja de lado importantes aspectos económicos y sociales. Si lo entiendo, ello es problemático tanto a nivel conceptual, pues permite calificar como democracias plenas regímenes de muy baja intensidad, como a nivel analítico, pues descontextualiza el proceso democrático en la región impidiendo entender mejor sus cambios recientes. Pero no solo es un problema de académicos confundidos: el concepto procedimental también resultó conveniente para los promotores del Consenso de Washington que deseaban democracias mínimas que limitasen las demandas socioeconómicas (p. 19). Si bien Lynch considera que los aspectos institucionales son importantes, sostiene que la democracia requiere mucho más que eso para cumplir con su promesa igualitaria. Propone un “concepto dinámico”, un nuevo “enfoque” para estudiar la democracia que incluya y articule diversas dimensiones: una mayor capacidad estatal, identidad nacional, partidos fuertes, condición de dependencia, estado de derecho, ciudadanía, entre otras (pp. 33-34). En su opinión, las democracias de baja intensidad resultantes de la doble transición a la democracia y al mercado en los años setenta y ochenta produjeron una gran insatisfacción en América Latina, causando en los años 2000 un giro a la izquierda que reclama la promesa de igualdad sustancial a las democracias. Nuestro país es una excepción a dicha tendencia, pues en él se ha mantenido un pacto patrimonial neoliberal entre las clases altas que les permite capturar el Estado (cap. 4). Este pacto ha logrado estabilidad dada la desarticulación de fuerzas sociales y políticas progresistas a raíz de la crisis de los años ochenta, las reformas de mercado y la política represiva fujimorista. Toledo y García mantuvieron este pacto patrimonial, fracasando en construir una real democracia. El libro cierra con la esperanza de que las fuerzas que llevaron a un giro a la izquierda en la región también actúen en el Perú.

Adrianzén, por su lado, discute la reciente historia política del Perú para proponer que vivimos en una transición inconclusa. En su primer capítulo señala el carácter precario de las democracias en la región, alejadas de reales regímenes políticos igualitarios. Esta precariedad se esconde gracias al uso de un concepto procedimental de la democracia que otorga un “certificado” democrático a estos regímenes insuficientes, cuando en realidad deberían ser consideradas transiciones inconclusas (aunque, si lo entiendo, en su primer capítulo pareciera considerarlos como autoritarismos [p. 52]). 1  El concepto procedimental, además, no permite entender el autoritarismo fujimorista en su real dimensión, pues al abandonar la dimensión económica no reconoce el “pacto de dominación” capitalista en que se sostuvo este régimen, haciéndolo ver más abierto de lo que realmente fue. Pasa luego a explicar la transición de 1980, la crisis de dicha década y las razones por las que surge el fujimorismo. El gobierno de Fujimori es descrito como una propuesta que inicialmente atrajo el apoyo del pueblo, que se identificó con un candidato que no pertenecía a la elite. El presidente electo luego traicionaría al pueblo al adoptar un programa neoliberal que promovió la desigualdad y el clientelismo a los pobres. En el capítulo 6, cuando discute la transición del año 2000, Adrianzén especifica que una real transición requiere un cambio institucional pero también un cambio en los patrones de interacción política y la creación de un orden social justo (pp. 173-174). Sin embargo, Alejandro Toledo desaprovechó su posibilidad de “concluir” la transición al no impulsar reformas sociales y mantener más bien el pacto de dominación fujimorista. El APRA no ha hecho más que reforzar esta tendencia. Luego de este análisis pasamos a un colofón en el que se discute cómo los procesos políticos iniciados en algunos países andinos y otros de la región muestran una fuerte demanda de inclusión que denomina el “surgimiento del pueblo”, un proceso “constituyente”. Estos procesos están atravesados por una tensión entre democracia y libertad, pero no por ello deben ser calificados de antemano como autoritarios: también contienen un alto contenido igualitario que podría darle mayor legitimidad a la democracia en el futuro.

Se discute cómo los procesos políticos iniciados en algunos países andinos y otros de la región muestran una fuerte demanda de inclusión que denomina el “surgimiento del pueblo”, un proceso “constituyente”

Un rasgo positivo de ambos trabajos es que valoran el peso de la estructura y la historia para el análisis de la democracia en el Perú y de la región. Las interpretaciones más interesantes de ambos pasan por ese uso de la economía y la historia para entender la política. En el caso de Lynch, nos brinda una interesante narrativa sobre la historia de la región, resaltando como esta ha sido marcada por la economía. En el caso de Adrianzén, sus mejores líneas están en el análisis de las particularidades del fujimorismo. Sin embargo, como preciso más adelante, creo que este objetivo de darle importancia a la economía y a la historia en el análisis político puede lograrse en forma más balanceada, menos ideológica, y no necesariamente abandonando un concepto procedimental de la democracia. En las líneas que siguen detallo tres aspectos en los que los argumentos de los libros me parecen insuficientes.

Primero, considero que la discusión que se presenta sobre el concepto procedimental de democracia no es adecuada. El problema, creo, es que los autores construyen una falsa dicotomía entre autores que privilegian el institucionalismo/agencia para el análisis político, que serían los que supuestamente adoptarían el concepto procedimental, en oposición a autores que prefieren explicaciones enraizadas y contextuales. Hay varios problemas con esta división de los equipos. Primero, su crítica no es justa con quienes estudiaron inicialmente las transiciones, que mal que bien dejaron muy en claro que simplemente estudiaban el cambio de un régimen político (transiciones desde el autoritarismo) sin teorizar demasiado sobre las posibilidades de supervivencia del nuevo régimen ni su fortaleza futura. Incluso se cuidaron de señalar que las transiciones se dan en contextos especiales de gran incertidumbre, en los que las estructuras pesan menos, pero en contextos normales estos factores sí son cruciales. La crítica, en todo caso, sí parece más adecuada contra quienes consideraron que la democratización y su posterior consolidación era cuestión de actores e instituciones. Pero, y esto es lo fundamental, reconocer los límites de estas explicaciones teóricas no pasa por rechazar el uso de un concepto procedimental de democracia.

Lo que no discuten los autores con el cuidado necesario es que en la base de la adopción de dicho concepto hay un aspecto metodológico. Quienes usan un concepto procedimental intentan establecer y precisar en qué momento un régimen puede ser calificado como democrático. Ello permite distinguir conceptualmente el régimen de su fragilidad o calidad, además de permitir compararlo con otras democracias o autoritarismos. O discutir cómo los cambios producidos bajo un régimen pueden explicar el surgimiento de otro régimen. Permite, además, operacionalizar la variable “democracia” y clasificar casos en estudios empíricos. Esta opción procedimental ha sido usada por autores que de institucionalistas o agente-céntricos tienen poco o nada. Nadie incluirá, por ejemplo, el conocido trabajo de Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Stephens y John Stephens sobre democracia en el mundo y América Latina o los escritos de Alan Knight sobre la tradición democrática en la región entre quienes dejan de lado la economía política en sus análisis, y sin embargo dichos autores recogen la utilidad de distinguir democracias de autoritarismos en este sentido procedimental. Parece existir, entonces, confusión entre lo que es un concepto y para qué sirve y lo que es una teoría o explicación. No hay contraposición alguna entre usar un concepto procedimental de la democracia y dar una explicación que enfatiza factores estructurales socioeconómicos. Tal vez la mejor prueba de que no existe una dicotomía como la planteada sea que varios autores en los que se apoya Lynch en su crítica son precisamente autores que usan este concepto (y, dicho sea de paso, autores muy importantes en la academia anglosajona).

Utilizar dicho concepto tampoco implica defender una democracia mínima ni un determinado programa económico como objetivo único y deseable de una transición, como asumen los autores. Lynch nos dice que este énfasis en las reglas impidió que las democracias se consoliden, pues “allí donde hay hambre las reglas no bastan, y la democracia se tiene que comer, presupuesto negado por las transiciones de la época” (p. 58). ¿Quién niega tremendo sentido común? Ningún autor serio que yo conozca pretende señalar que el concepto procedimental es a lo único que debe aspirar una democracia: que el FMI, de acuerdo a Lynch, desee una democracia sin derechos socioeconómicos no implica que quienes utilicen un concepto procedimental quieran lo mismo. No es un objetivo moral, es la forma de construir una variable dependiente (o independiente) clara y distinta.

¿Es que entonces no hay debate? Sí lo hay, y es uno fundamental. Carlos Franco, del que se nutren ambos autores, cuestiona en su excelente Acerca del modo de pensar la democracia en América Latina (Friderich Ebert 1998) la utilidad de esta definición procedimental, al sostener que la teoría de la dependencia sigue siendo una forma más adecuada de analizar la política en la región.   2  Para Franco, el régimen político sería un factor secundario para evaluar la política y da mucha más importancia al peso de la economía internacional. El que la gente vote es secundario frente al peso de otros factores que restringen la “indeterminación” que supuestamente existe en las democracias. Por ello, Franco ni siquiera llama democracias a los regímenes que han emergido en América Latina desde los años ochenta. Uno puede estar en contra o a favor de la posición de Franco, pero sí es posible reconocer el desafío sustancial que se plantea a la noción procedimental. Un desafío viejo, por lo demás, pues la izquierda marxista utilizó recursos similares para calificar de autoritarias a las sociedades capitalistas o al Perú de los años ochenta. Pero no es ese desafío el que plantean Adrianzén y Lynch en sus trabajos, en los que sí dan una importancia considerable al régimen político. Los autores parecen estar más preocupados por la “calidad” de la democracia o por las condiciones que la harían más estable. Claro, otra posibilidad es que los autores consideren que, al no cumplirse con los criterios igualitarios que demanda Adrianzén para “concluir” la transición o con aquellos que Lynch incluye en su nueva teoría de democracia, no existiría una democracia en el Perú. Pero ese no parece ser un paso que quieran dar.

No hay que olvidar, además, que un concepto procedimental sirve bien a las críticas que hacen los autores al uso interesado del término “democracia” por un sector de la derecha. Desligar democracia de políticas económicas determinadas es precisamente lo que permite rechazar que se califique de autoritarios a quienes proponen más estatismo o critican a la economía de mercado. Pero ello también vale para quien desde la izquierda califica de autoritarismos a regímenes que mantienen políticas de libre mercado.

Este es un buen punto para iniciar mi segunda crítica. Un aspecto cuestionable en ambos trabajos es la facilidad con que se asocia una economía de mercado con un régimen que ha incrementado la desigualdad, aumentado la pobreza y que es nocivo para la democracia. Esta premisa hace que las narrativas presentadas sean problemáticas, pero además impide a los autores tomarse en serio su propia recomendación de estudiar con mayor cuidado las relaciones entre economía y política.

Por ejemplo, considero errado que Lynch señale que en América Latina se dieron dobles transiciones (pp.65 y ss.) a la democracia y al mercado cuando en realidad, vistos caso por caso, en diversos estados la democracia convivió largo tiempo con modelos de sustitución de importaciones. El Consenso de Washington se plantea recién en el año 1989, cuando la democracia ya tenía una década en la región, y si bien los programas de reforma son previos a dicha fecha, creo que es exagerado señalar que el modelo económico dominante ya era uno de mercado. Al revés, las transiciones llevaron a regímenes en que los derechos laborales y sociales todavía eran parte sustancial de la política económica. Del mismo modo, no queda claro que la reacción contra el neoliberalismo de la que habla el autor (cap. 3) explique el giro a la izquierda en diversos países que no implementaron reformas de mercado sustanciales (Ecuador y Venezuela, sin dudas). En varios países, además, una opción moderada en lo económico es la que se impone en elecciones libres. Algunos de los países en que Lynch observa un fuerte giro a la izquierda son mejor descritos como casos que todavía están largamente del lado del mercado. Si los gobernantes se lanzan mucho a la izquierda, terminan dándole el triunfo a la derecha, como ha sucedido recientemente en Chile. En el caso peruano, ¿puede entonces decirse tan fácilmente que Toledo o García le han fallado a la democracia por mantener el modelo o es que un sector considerable de electores optaron por esa opción intermedia? Este mismo ánimo antimercado lleva a interpretaciones poco sólidas en el caso de Adrianzén. Por ejemplo, llega a decir que el modelo de mercado le convenía al fujimorismo porque le permitía sostener su apoyo popular: al mantener la pobreza podían “rescatar” al pueblo y clientelizarlo (pp. 113, 117 y 119). Nadie discutirá la capacidad de manipulación del fujimorismo, pero de allí a asumir que su programa económico buscaba mantener la pobreza hay un muy largo trecho.

Además, si nos vamos a tomar en serio los factores de economía política, ¿no son acaso las preguntas sobre el efecto de las reformas de mercado en la democracia más abiertas y menos claras que lo concedido por los textos? ¿No es acaso posible que el crecimiento económico diferenciado a nivel territorial que promueve el modelo haya dado lugar tanto a sectores excluidos que rechazan el modelo como a enclaves con mayor riqueza y surgimiento de nuevas capas medias en la sociedad? ¿No existen acaso sectores beneficiados por el modelo cuyas actitudes democráticas son una pregunta abierta al futuro? ¿No es posible que la estabilidad macroeconómica haya eliminado fuentes de conflicto peligrosas para la democracia? Mi impresión, entonces, es que donde los autores ven solo tendencias antidemocráticas del modelo de mercado hay toda una gama de claroscuros que requieren un análisis más detallado y objetivo.

 Concuerdo con las críticas a la calidad de la democracia peruana […] Sin embargo, al presentar como insuficiente un concepto procedimental creo que no se reconoce el enorme reto que plantea para las elites y la sociedad interiorizar y valorar su contenido.

Un breve punto final sobre una implicancia de ambos libros que me preocupa. Concuerdo con las críticas a la calidad de la democracia peruana: por más que se cumplan los criterios procedimentales todavía distamos de ser una democracia consolidada. Sin embargo, al presentar como insuficiente un concepto procedimental creo que no se reconoce el enorme reto que plantea para las elites y la sociedad interiorizar y valorar su contenido (que es muy distinto a meramente aceptar las reglas). Reconocer el triunfo electoral del contrario, garantizar las libertades públicas, fortalecer instituciones que promuevan derechos políticos y no quebrar el periodo de gobierno de los elegidos son valores débiles en muchos de nuestros países, y que explican la relativa facilidad con que las elites de derecha e izquierda abandonan la democracia cuando les conviene. Me parece, más bien, que asumir esos valores constituye un compromiso sólido sobre el cual sostener otros cambios en el futuro. No parece una apuesta ilusa para la izquierda: estas democracias “insuficientes” permitieron su triunfo electoral en diversos países, dando lugar a cambios profundos igualitarios. En el Perú esta democracia insuficiente permitió que el candidato que ambos autores consideran la mejor opción contra el neoliberalismo obtuviera 48% de los votos en la segunda vuelta de la elección presidencial. El que no exista una agenda contraria al mercado en el Congreso (nos guste esta posibilidad o no) es más culpa de la debilidad organizacional del partido de Ollanta Humala que de la democracia misma.

En resumen, dos libros interesantes sobre el Perú y la región que plantean debates fundamentales tanto a nivel académico como a nivel público en lo que serán dos años electorales muy animados en el país.

* Profesor y coordinador de la especialidad de Ciencia Política de la PUCP. Es candidato a doctor en la misma especialidad en la Universidad de Texas, Austin.

  1.  La estructura del libro de Adrianzén merece un comentario aparte. No encontramos un argumento desarrollado con fluidez a largo de los capítulos, sino un libro que recoge dos o tres ensayos no armonizados en la versión final. El autor advierte que el libro se escribió en diferentes momentos, pero en el texto final debieron atarse mejor estas partes. El abuso de resúmenes de otras obras y largas citas dificultan comprender lo que el autor argumenta. Es en los capítulos 3 ó 4, los más homogéneos y donde el autor habla con su propia voz, donde encontramos las ideas más claras del trabajo. ↩
  2. Alberto Vergara y Carlos Meléndez discuten en extenso el texto de Franco en el prólogo de un libro de próxima aparición (El Perú político en perspectiva comparada). ↩