Ya no vale nada ser maestro – comenta un maestro apenado;

los alumnos ya no nos respetan –agrega avergonzada

una maestra- los padres nos han dado la espalda.

El ánimo del magisterio en las escuelas públicas está por los suelos luego de que la última evaluación de docentes reportara que el 95% de los 183 mil maestros evaluados fue desaprobado 1 . En muchas escuelas se vive un ambiente de desaliento y tensión: los directores, tienen que contratar a los docentes disponibles, aunque muchos de ellos no hayan aprobado la prueba -lo que supone un contrato a espaldas de los funcionarios de la UGEL; los padres de familia se muestran preocupados al constatar que el maestro de sus hijos ha sido desaprobado, y en el aula se aprecia un creciente cuestionamiento y rechazo de los estudiantes frente a “la figura del profesor”. No importa cuánto se haya cuestionado la validez de esta prueba, el mensaje que ha quedado en la opinión pública es que los maestros son unos incapaces.

El ánimo del magisterio en las escuelas públicas está por los suelos luego de que la última evaluación de docentes reportara que el 95% de los 183 mil maestros evaluados fue desaprobado . En muchas escuelas se vive un ambiente de desaliento y tensión: los directores, tienen que contratar a los docentes disponibles, aunque muchos de ellos no hayan aprobado la prueba.

Los resultados de la última evaluación a docentes explican buena parte de esta situación, pero lo cierto es que ha sido una suma de enfrentamientos entre el gobierno y el sindicato de maestros (SUTEP) lo que ha contribuido a desprestigiar la ya debilitada imagen profesional del docente.

El inicio del conflicto coincide con el comienzo de la gestión del actual gobierno y se origina por la evaluación censal de docentes y estudiantes a fines del 2006. En este proceso el sindicato y el gobierno entran en un juego político, que termina por desgastar la imagen del magisterio en la opinión pública. El SUTEP, por un lado, juega un papel bochornoso intentando boicotear la evaluación: robando la prueba para docentes, retirando por la fuerza a estudiantes de 2do grado que daban la prueba censal, y amenazando y maltratando a los docentes que asistieron a la evaluación. Por el otro, el APRA hace un despliegue de “su mano dura” y logra realizar la evaluación censal –a pesar de la resistencia del SUTEP. En respuesta, la opinión pública limeña le otorga un 59% de aprobación a la política educativa del gobierno 2.

Tanto el APRA como el SUTEP hacen un uso mediático del enfrentamiento en el que se confunde al SUTEP con el magisterio. El sindicato dice representar los intereses del conjunto de maestros y su mala imagen se extiende inevitablemente a los que dice representar.   3 Al APRA, no le interesa distinguir magisterio de SUTEP, e incluso hace un uso político de la supuesta infiltración senderista en el gremio 4 para descalificar cualquier cuestionamiento a sus políticas -aunque las críticas provengan de maestros de aula, educadores u otros especialistas en el tema educativo. Como resultado, el gobierno logra no solo desacreditar al SUTEP, sino principalmente a los educadores peruanos, y con ello a cualquier oposición.

APRA, SUTEP y magisterio

Haciendo un recuento de las principales medidas «técnicas» vinculadas al magisterio durante este gobierno, identificamos en orden cronológico: la evaluación censal de docentes realizada en el 2007; la implementación del Programa Nacional de Formación y Capacitación permanente (PRONAFCAP 2007-2011); la evaluación única para postulantes a educación en ISP y la nota 14 como requisito de ingreso; la facultad de contratar a otros profesionales no docentes para enseñar en la escuela pública; la oferta de becas de estudios de docencia para los mejores estudiantes egresados de escuela pública; la iniciativa de restringir el contrato a docentes provenientes del tercio superior en su institución de formación superior; la evaluación docente como requisito y filtro para el nombramiento y contrato docentes; la suspensión del ingreso a los programas no regulares para obtención del título y grados en la carrera docente; y la suspensión de la creación de facultades, escuelas, filiales, programas y otros que conduzcan a la obtención del título profesional o grado académico en Educación.

Por el contrario, las iniciativas del APRA actúan en paralelo a políticas de largo plazo en curso, tales como el Proyecto Educativo Nacional (PEN), la ley de Carrera Pública Magisterial (CPM), el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), y el Sistema de Formación Continua; y por tanto, las debilita.

Varias de estas medidas se podrían ubicar dentro de la necesaria reforma del sistema educativo para seleccionar a los mejores maestros, acreditar las instituciones de formación docente inicial, premiar el buen desempeño y desarrollar una cultura de evaluación y formación permanente. Lamentablemente, el gobierno no ha seleccionado los mejores mecanismos para llevarla a cabo, ni ha elaborado una política magisterial que articule estas medidas. Por el contrario, las iniciativas del APRA actúan en paralelo a políticas de largo plazo en curso, tales como el Proyecto Educativo Nacional (PEN), la ley de Carrera Pública Magisterial (CPM), el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), y el Sistema de Formación Continua; y por tanto, las debilita [/ref] Si bien durante este gobierno se ha asumido el PEN como política de estado, se ha aprobado la ley de CPM y el reglamento del SINEACE -que vienen impulsándose desde gobiernos anterioreslas medidas “técnicas” del APRA desdicen estos avances [/ref].

En ese sentido, un conjunto de críticas se han alzado para señalar que en general el gobierno no tiene una política magisterial sino una suma de medidas aisladas; asimismo, se han hecho cuestionamientos específicos, por ejemplo, del costoso esfuerzo de realizar evaluaciones censales para un diagnóstico de la escuela pública que ya está bastante claro; de la inadecuación de las pruebas usadas para el evaluar desempeño docente; de las implicancias de algunas medidas planteadas unilateralmente para todo el país, por ejemplo la nota mínima en pedagógicos que limita el ingreso de postulantes de origen indígena a la carrera docente; y la improvisación, o profundo desconocimiento del sistema, que muestran algunas iniciativas como la que plantea que la contratación de docentes públicos debe ser exclusiva para egresados que se ubiquen en el tercio superior.

Sin embargo, otros han interpretado que las medidas vinculadas al magisterio se están jugando mas bien en el campo de lo político y que van directamente a debilitar el actuar del SUTEP, y más concretamente el del partido Patria Roja  5. La “política magisterial” del gobierno en este escenario es solo una muestra de antiguas, ambivalentes y conflictivas relaciones políticas del APRA con la izquierda peruana, y en particular con el partido Patria Roja . Muestra de la confrontación directa al SUTEP son la reducción de las licencias sindicales de 304 licencias a 30 a nivel nacional; la cancelación de la retención automática por planilla del aporte a la Derrama Magisterial; el inicio del programa “Préstamo Multired Maestro” del Banco de la Nación (http://www.bn.com.pe/Persona_natural/prestamo_maestro.asp) en franca competencia con la Derrama Magisterial; la aprobación del Reglamento de la Ley Nº 28988, que norma “las acciones orientadas a asegurar la continuación de la prestación del servicio educativo” y en consiguiente regula el derecho a huelga en el sector; y el padrón de docentes alternos que supone un registro de profesionales de reemplazo en caso de paralización de labores. Este paquete de medidas fueron dadas -entre enero y marzo del 2007- en directa respuesta a la resistencia del gremio a participar en la evaluación censal.

Asimismo, los conflictos de las evaluaciones a docentes –censal y por concurso- muestran las tensiones entre la capital y las provincias; y la última evaluación ha puesto en evidencia la lucha de poder entre el gobierno central y los regionales.

Maestras y maestros desacreditados

Las interpretaciones respecto a la racionalidad del gobierno en sus medidas con el magisterio, probablemente suponen ambas dimensiones, una más política que involucra la guerra frontal al SUTEP para debilitar su capacidad de convocatoria y eventual levantamiento de maestros y otros sectores sociales; y otra que refleja la incapacidad técnica para llevar a cabo mejoras fundamentales –como el mejoramiento del desempeño docente- en el sistema educativo público. Sin embargo, en cualquiera de los escenarios de interpretación que queramos situarnos, el gobierno central está actuando desde la idea que los maestros/educadores son interlocutores no válidos para la mejora de la educación y que las acciones por la calidad de la educación requieren la aplicación de plantillas “técnicas” únicas y homogéneas para todo el país. Esta actuación en primer lugar, niega la noción de diversidad -que es esencial en un país como el nuestro y en particular para el sector educación; en segundo, desconoce el proceso de descentralización que supone la transferencia de funciones a los actores locales para acercar el servicio a las necesidades de la población. Al mismo tiempo, el gobierno no comprende que los maestros son sujetos activos que decidirán llevar a cabo (o no) cualquier propuesta en el sector; y que por tanto, una política educativa de espaldas al magisterio, no se sostiene.

El gobierno central está actuando desde la idea que los maestros/educadores son interlocutores no válidos para la mejora de la educación y que las acciones por la calidad de la educación requieren la aplicación de plantillas “técnicas” únicas y homogéneas para todo el país.

En ese sentido, a pesar de lo que dicen los medios de comunicación, el APRA ha logrado sacar provecho político sólo parcial de su confrontación con el SUTEP. Si bien es cierto que ha logrado desprestigiar al sindicato y eso ha afectado sin duda su legitimidad y su actuar político en la capital; en las provincias el SUTEP parece fortalecerse y radicalizarse aliándose con otros actores que están siendo desplazados (presidentes regionales, alcaldes y directores regionales de educación, entre otros). 6 del gobierno anterior, se muestra hoy unido ante el enemigo común: el Estado, el APRA y el neoliberalismo; y se puede prever nuevas adhesiones a esta oposición. Por otra parte, el conjunto del magisterio ha recibido ingratos calificativos desde el gobierno y la sociedad que van desde “comechados” y “senderistas” hasta “ignorantes” e “incapaces”. Esto no hace sino reforzar el rol del SUTEP, que aparece como el único aliado político de los maestros –aunque no sea ideológicamente

El actual gobierno sostiene que está intentando mejorar la educación a través del desarrollo de mejores maestros, pero sus medidas no sólo parten de una equivocada premisa de descalificación al magisterio sino que debilitan las pocas políticas en curso a favor de una mejor educación

representativo- frente al desdén del Estado peruano. Como suele pasar, la soga se rompe por lo más delgado: 7 y el SUTEP ha logrado recuperarse y posicionarse como un actor político importante de oposición, sobre todo, en las provincias; pero ¿y los maestros y estudiantes de la escuela pública?
Sobre la figura docente ha caído la entera responsabilidad de una escuela pública que lleva décadas en abandono. El actual gobierno sostiene que está intentando mejorar la educación a través del desarrollo de mejores maestros, pero sus medidas no sólo parten de una equivocada premisa de descalificación al magisterio sino que debilitan las pocas políticas en curso a favor de una mejor educación. Como resultado, los niños, niñas y adolescentes siguen asistiendo a la misma escuela pública solo que ahora, han perdido el respeto a los profesores que tienen delante. Este escenario político de constante confrontación y desprestigio de los maestros, no se sostiene ni aporta a la renovación y mejoramiento del sistema.


  1. (Para ver las pruebas aplicadas: http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/Campanas/proceso_nombramiento_2008.php)
  2. VI Encuesta Anual Sobre Educación en Lima Metropolitana y callao. Feb. 2007. Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima. 
  3. La idea que el SUTEP y el magisterio no deben ser igualados responde a la disminución de la participación de los maestros en el gremio durante los últimos años, y por tanto la débil representación de la voz del sindicato. Una encuesta nacional aplicada en el 2001 reporta que el 47% de maestros nunca ha participado en el SUTEP y solo el 13,8% participa habitualmente en actividades gremiales (MED-IIPE, 2002).  
  4.   La dirigencia del SUTEP ha estado en control del partido Patria Roja por más de 30 años, pero eso no niega la presencia de otros partidos políticos en el sindicato (Patria Roja, Puka Llacta, APRA, AP, fujimoristas, PDD, entre otros activistas). Sin embargo, la mayoría de sutepistas proviene de partidos de la vertiente maoísta del Partido Comunista Peruano (PCP). Si bien el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación señala la influencia que el PCP-Sendero Luminoso jugó en un sector del SUTEP durante el conflicto interno; los sucesivos gobiernos han usado las manifestaciones de un grupo radical del SUTEP (liderado por Huaynalaya) para crear una imagen distorsionada del conjunto del magisterio. Para mayor información sobre este tema ver: Degregori, Carlos Iván. “La revolución de los manuales. La expansión del marxismo-leninismo en las ciencias sociales y el surgimiento de Sendero Luminoso.” En: Revista peruana de ciencias sociales, Nº 3, FOMCIENCIAS, Lima. 1990. Lynch. 2004. El pensamiento arcaico en la educación peruana. Lima: Fondo Editorial UNMSM; y CVR, Informe Final, 2005).  
  5. La relación política entre el APRA y Patria Roja no es nueva. Recordemos que el APRA tiene una presencia histórica en el movimiento magisterial que se remonta a 1930. Si bien esta presencia se ha ido debilitando, jugó un importante rol en la fundación del SUTEP, en estratégica y ambivalente alianza con Patria Roja, no exenta de conflictos. Luego, durante los años 80, Patria Roja y el APRA vuelven a encontrarse y confrontarse en importantes huelgas del SUTEP que fueron duramente reprimidas por el APRA. 
  6. Además, el fragmentado SUTEP
  7. el gobierno ha logrado el respaldo de la opinión pública por su política educativa