La hipótesis central de este corto artículo es mostrar la evolución reciente del narcotráfico en el Perú, que le ha permitido tomar una posición más importante en el escenario regional y global de la droga, pero que ha evolucionado de forma de poder distraer la atención de un Estado formalmente “duro” para identificar o atrapar varias formas delictivas, pero que simultáneamente es permeable a la alta criminalidad de las drogas, y desde el que se reproducen con facilidad prácticas corruptas que involucran a vastos sectores sociales y al poder político. Nuestro análisis se basa en diversas fuentes: el seguimiento que hacemos desde el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) a las dinámicas de producción/tráfico 1 de los últimos años en la región andina y en el país, y la revisión de la literatura especializada sobre este complejo tema, así como los instrumentos de trabajo institucionales: un consultorio jurídico y una Línea Verde de atención a usuarios detenidos ilegalmente por la policía peruana.
El gran marco general es el de la confluencia en el Perú de factores históricos, 2 sociales y culturales 3 que promueven la penetración de la corrupción asociada al narcotráfico en todos los niveles de la sociedad y el Estado peruanos, pero con mayor énfasis en zonas donde no existe el Estado de derecho (es el caso de la falta de transparencia, de participación ciudadana, de equilibrio de poderes y de una prensa crítica y objetiva). Atizados por el narcotráfico como principal actividad ligada a la economía global, en los distritos, provincias y regiones de la selva alta peruana, la producción de coca y su transformación en cocaína se convierte en un modus vivendi propio de la zona.

El tráfico ilícito de drogas (TID) en sus distintas modalidades es una forma de incorporación de vastos sectores de la sociedad peruana a la economía de libre mercado […]. De paso, se convierte en una forma de inclusión social de sectores marginales de la sociedad.

Asimismo, ahora en el siglo XXI y después de 18 años de crecimiento económico basado en la minería, 16% del territorio nacional se encuentra concesionado (21 millones de hectáreas) (Monge 2013), y pese a los logros obtenidos en la lucha contra la pobreza, persisten gruesos bolsones concentrados en el mundo rural (que alcanzan el 53% según el Censo nacional de 2007). Esto, en el caso de gran parte de los 32 distritos del Vraem, ocasiona una fuerte dependencia del asistencialismo de los programas sociales, como es el caso de Pensión 65, que cuenta con hasta 380.000 usuarios en el país. Todos estos factores de éxito macroeconómico han promovido el incremento de la economía ilegal del narcotráfico: el creciente abandono de tierras de los 2,2 millones de productores agropecuarios en el país, particularmente en la sierra y en la misma selva, ha favorecido una nueva reconcentración en manos de poderosos grupos económicos; igual sucede con el aumento del desvío de insumos químicos producidos por la minería o importados directamente de los países desarrollados. Asimismo, según la UIF Perú (Unidad de Inteligencia Financiera), ha aumentado del lavado de dinero 4 en inversiones dudosas como los juegos de azar y la actividad de la construcción (Lima, balnearios de Asia, Trujillo, Chiclayo), así como la necesidad de una mayor mano de obra informal o ilegal.
En ese contexto, el tráfico ilícito de drogas (TID) en sus distintas modalidades es una forma de incorporación de vastos sectores de la sociedad peruana a la economía de libre mercado, articulándose a circuitos, ciclos y cadenas productivas asociadas a la coca, la pasta básica de cocaína (PBC) y el clorhidrato de cocaína como producto final. De paso, se convierte en una forma de inclusión social de sectores marginales de la sociedad, como pueden ser aproximadamente los 2 millones de campesinos y sus hijos, especialmente los de origen altoandino, que ahora habitan los valles cocaleros o las comunidades altoandinas, o los mototaxistas de barrios populares en la costa, que ayudan en la distribución desde más de 1800 puntos de venta de drogas, según Devida y Cedro. Frente a este grueso tejido social en riesgo de caer en actividades ilícitas, la amenaza de sanción penal es menor al beneficio que importa “coronar” una actividad de TID.
Como es comprensible, este ciclo se relaciona con otros fenómenos como la migración dentro y fuera del país, que facilita la salida de pequeñas cantidades de droga pura, dentro o fuera de los cuerpos de quienes la transportan. Lo mismo sucede con el “hueco negro” de la trata de personas en Madre de Dios, relacionada a la minería ilegal del oro. Ambos fenómenos ilícitos comparten la disposición de rutas, insumos usados, contactos, mercados, etc.
Hay pocos estudios sobre la criminalidad organizada en el Perú, como los de Prado Saldarriaga 5 y  Durand 6 desde sus perspectivas jurídicas o sociológicas, o los de victimización que realiza la UNODC. 7 Si bien las organizaciones delictivas ligadas al narcotráfico comparten características con las de otros países, a diferencia de estas, no ejercen brutalmente la violencia, lo que se verifica en la tasa de homicidios del Perú (la cual es inferior a la tasa promedio latinoamericana). 8  Ahora describiremos algunos elementos que caracterizan a los distintos agentes intervinientes.
En la lógica de los productores agrarios, un factor que define su situación como el primer eslabón de la cadena es el manejo del ciclo agrario, que tiene como producto bandera a la hoja de coca, cultivo que puede dar de tres a cuatro cosechas anuales, lo que la convierte en la caja chica de la economía rural. De acuerdo con esto, los niveles de ingreso en el proceso ilegal son mínimos, y no pasan del 4% del total que se monetiza proveniente del TID en el país.
En cuanto al cargacho, mochilero o burrier, todos eslabones relacionados al transporte fragmentado de droga desde los sitios de producción a los centros de despacho o exportación, se trata de jóvenes provincianos, con pocas perspectivas de ingresar a la universidad. 9 En la gran mayoría de casos, el problema de las burriers extranjeras es su dependencia económica, afectiva o sanitaria 10 y el hecho en común de que son perfectamente sustituibles. Al respecto, el proceso del transporte de pequeñas o medianas cantidades de droga es fácil en relación con los grandes envíos.
El paquetero suele ser desempleado y habitante de barrios urbano marginales, usualmente parte de una familia que tiene el negocio en algún distrito limeño. Hace el expendio al detalle, incluyendo el delivery, cuyo mercado suele ser la clase media alta limeña. Cuando son detenidos, todo puede arreglarse en la comisaría, según la información recabada mediante la Línea Verde, un instrumento de asistencia legal que otorga el CIDDH en casos de detención policial.
En todos los casos, se trata de actores secundarios, reclutables a bajo precio y fácilmente reemplazables. Según el INEI, en el Perú hay 2,4 millones de adolescentes de entre 14 y 17 años, de los cuales 1,1 millones son parte de la PEA y 500.000 no trabajan ni estudian. Esto es una muestra de la compartimentalización de cada una de las fases del ciclo, por medio de la cual se tercerizan los servicios, como señala De Rementería, en búsqueda de la minimización de riesgos (Rementería 2011). Al menos en el Perú, que solo monetiza 4% del total de los US$ 85.000 millones que produce anualmente la cocaína, el lavado se hace más fácil en ciudades intermedias o Lima. Además, la tecnología, más la globalización de las comunicaciones y el comercio, promueven el ingreso de una mayor base social a alguna de las actividades ilícitas.
Respecto de la Policía Nacional del Perú, está compuesta por escaso personal y mal pagado, que recibe poca atención, corre mucho riesgo y trabaja en condiciones deplorables (sistema denominado 24×24), es decir, en medio de todas las condiciones que generan los diferentes casos de corrupción en la Dirandro, el Vraem y el aeropuerto de Lima, es decir, en cualquiera de sus unidades.
En los últimos años, en el caso peruano se ha producido una fragmentación y compartimentalización de los servicios de acopio, transformación, transporte y almacenamiento de la droga, desde su salida de las pozas de maceración/laboratorios hasta antes de dejar el territorio peruano por las fronteras o la costa. En la forma moderna de funcionamiento del tráfico de drogas en el país, se reducen las áreas de cultivo de coca (mayor productividad por unidad de producción) y se hace uso de diversas rutas y formas de transporte para distraer a la policía; en general, se prefiere lo pequeño/mediano para reducir los riesgos de la interdicción policial/militar. Asimismo, el narcotráfico ha aumentado su capacidad de penetrar negocios formales e instituciones del Estado como el Congreso y el Poder Judicial; a guisa de ejemplo, 19 de 24 gobiernos regionales están siendo investigados por sospecha de actos de corrupción, con mayor énfasis en aquellos como Áncash, que reciben ingresos por canon.
Los casos dentro del propio Gobierno no son nuevos, una triste trayectoria cuyo principal hito fue la dupla de Fujimori/Montesinos en los años noventa y más recientemente el escándalo de los narcoindultos que involucra al expresidente Alan García (2006/2011, la plata llega sola). En este último caso, sin distinción se beneficia a grandes corporaciones ilegales, como refiere Scarpinato cuando se refiere a la “burguesía mafiosa” en Italia (Scarpinato 2007). Últimamente sobresale el novedoso caso del clan de Rodrigo Orellana y Coopex (Cooperativa de Ahorro), que tuvo influencia en 15 regiones. En relación con este destape, destaca la reciente captura de Benedicto Jiménez y las relaciones del caso con dos partidos políticos, Fuerza Popular (Jesús Neyra) y Solidaridad Nacional (Heriberto Benítez), lo que demuestra la capacidad del narcotráfico para penetrar el Estado.
Las fuerzas de seguridad en el Perú 11 tienen poca capacidad de negociación en el mercado, lo que explica, por ejemplo, que hasta hoy hayan pasado seis ministros por la cartera del Interior. Sin embargo, lo poco que tienen lo potencian: la (in)seguridad, la extorsión, el comercio de bienes ilícitos y un largo etcétera. No debemos olvidar que, en el mundo de las bandas, el poder de armamento determina su grado de coerción delictiva. 12

Llegamos a la conclusión de que en el Perú se produce un complejo y difícil dilema. El crecimiento de unos pocos obliga a arrojar a muchos otros al mundo de la ilegalidad.

De acuerdo con las cifras sobre población penitenciaria en el Perú, 13 lo que no existe aún es una voluntad para hacer selectivo el trabajo de represión policial y focalizarlo en grandes estructuras criminales. Es lo que pretende el gobierno actual con la reciente puesta en vigencia de la Ley N.º 30777 contra el crimen organizado, pero que aún aguarda la llegada de recursos financieros frescos que la hagan viable en un sistema judicial débil, lento y corroído por la corrupción. Seguimos pensando en grandes discursos de represión, más penas, más delitos, pero en medio de menos capacidades, con un Poder Judicial desbordado en el ámbito penal. Por ello, intentamos una reforma desde el CIDDH (Soberón 2012) para evitar el uso desmedido de la represión penal en el Perú y lograr una mayor eficiencia, realismo y objetividad en la persecución de un crimen complejo, reconociendo los difíciles límites que tiene con actividades grises en el país. Se trata de provocar un cambio acorde con la tendencia creciente en América Latina de reformar las políticas sobre drogas y aplicarlas solo a los casos de criminalidad compleja. 14
En definitiva, llegamos a la conclusión de que en el Perú se produce un complejo y difícil dilema. El crecimiento de unos pocos obliga a arrojar a muchos otros al mundo de la ilegalidad. Así, simultáneamente a todos los indicadores favorables relacionados al boom de la demanda de minerales y el auge de los principales indicadores económicos ocurridos entre 1992 y 2014, se han dado las condiciones necesarias para una mayor dependencia de los sectores sociales excluidos de ese boom, dentro y fuera del Estado, respecto de las economías ilegales, particularmente en el caso del TID. En paralelo, las organizaciones que componen el sistema de seguridad y política criminal del Estado peruano resultan fácilmente desbordadas.
* Abogado, experto en políticas públicas sobre drogas y seguridad. Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (www.ciddh.com) y expresidente ejecutivo de Devida (2011).
Referencias Bibliográficas
Monge, Carlos (2013). “Continuidad y cambios en las varias políticas agrarias del presidente Ollanta Humala”. En Perú hoy. Susurros desde Babel. Lima: Desco.
Rementeria, Iban de (2011). “Que dan las drogas y que no da su represión”. Revista Quehacer, n.º 184, octubre diciembre.
Soberón, Ricardo (2012). “Política sobre drogas. Un intento de reforma”. Revista Quehacer, n.º 185, enero/marzo.
Scarpinato, Roberto (2007) “El Peligro de una Democracia Mafiosa”, En Mafia Mediática, Mafia Burguesa. Disponible en: http://encontrarte.aporrea.org/media/62/mafia.pdf
  1. Véase los informes globales de UNODC (http://www.unodc. org/documents/lpo-brazil//noticias/2014/06/World_Drug_Report_2014_web_embargoed.pdf) y los informe hemisféricos Cicad-OEA (http://www.oas.org/documents/spa/press/ Introduccion_e_Informe_Analitico.pdf) y nacionales (Observatorio Peruano de Drogas, www.opd.gob.pe).  ↩
  2.  Desde el impacto del virreinato y el monopolio comercial español, la organización administrativa de la nueva república desde 1821-1850 (consignaciones, guano, salitre) y la aparición de lo criollo hasta las denuncias de González Prada. ↩
  3. Por ejemplo, la ausencia de cultura de la legalidad en diversos estamentos de la sociedad peruana.  ↩
  4. Véase http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/2/jer/esta_ transparenciaoperativa/20140604-BolEstUIFAbril2014.pdf   ↩
  5.  Véase https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/ articulos/a_20080526_65.pdf ↩
  6. Véase http://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/images/documentos/ el%20peru%20fracturado%20-%20francisco%20durand.pdf   ↩
  7. Véase http://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Victimizacion_Resumen_2011.pdf   ↩
  8. http://www.oas.org/dsp/alertamerica/Report/Alertamerica2012.pdf   ↩
  9. En el colegio secundario de la localidad de Aucayacu, cuatro quintas partes de sus 120 alumnos lograron llegar a universidades de provincias en 2011 según información recogida por el autor durante un viaje.  ↩
  10.   Información procedente del consultorio jurídico del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos. ↩
  11.  Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE y Fuerzas Armadas asentadas en zonas de emergencia. ↩
  12.  El autor recogió testimonios en el distrito de Mala, donde campean la extorsión y el sicariato junto con seudosindicatos de construcción civil (mayo/junio de 2014). ↩
  13. Véase http://www.inpe.gob.pe/pdf/Diciembre2013.pdf   ↩
  14. Lamentablemente, en el Perú se produce una serísima situación en la que pese a que no es motivo de detención, más del 55% de detenciones llevadas a cabo por la PNP son por actos de consumo, según información de la Dirandro (2013, ver: http://www.opd.gob.pe/_mTree.asp?div=II).  ↩