Introducción

Durante 2011, el consenso respecto al modelo chileno se ha fracturado. Si bien siempre convivieron en la postransición chilena miradas autocomplacientes y autoflagelantes respecto al modelo político y de desarrollo, las movilizaciones estudiantiles y sus múltiples derrames parecen marcar un punto de inflexión. En este ensayo presento un breve diagnóstico sobre la contingencia política chilena durante 2011, e identifico líneas de continuidad y cambio respecto a la política de la postransición en el país. Específicamente analizo la configuración actual del sistema de partidos, así como la evolución reciente de la protesta social juvenil. Exploro también por qué la protesta logró niveles de adhesión y apoyo ciudadano sin precedentes, y por qué este proceso y sus resultados ocurrieron en 2011 y no antes. Sobre esta base, elaboro una posible explicación de la crisis actual, así como una serie de escenarios respecto a posibles vías de recomposición/transformación del modelo político y de desarrollo.
El sistema de partidos actual  1
Los análisis disponibles sobre el caso chileno lo consideran como un ejemplo virtuoso de institucionalización partidaria a nivel regional. No obstante ellos, Chile presenta actualmente un síndrome que ha sido común en la región: un profundo alejamiento entre la sociedad y los partidos y una creciente devaluación de los procesos electorales y de las instituciones representativas.

Chile presenta actualmente un síndrome que ha sido común en la región: un profundo alejamiento entre la sociedad y los partidos y una creciente devaluación de los procesos electorales y de las instituciones representativas.

Si bien no existe consenso respecto a cómo caracterizar adecuadamente los grados de enraizamiento social de un sistema de partidos, distintos indicadores existentes sobre el caso chileno ponen en duda la presencia de un sistema con altos niveles de legitimidad, enraizamiento y capacidad de canalizar la representación y participación ciudadana. A modo de ejemplo, de acuerdo a la encuesta Lapop 2010, los niveles de simpatía con los partidos políticos que se observan en Chile (aproximadamente 11% de la población declara simpatizar con un partido político) son incluso significativamente más bajos que los observados en Perú y Ecuador, dos casos que han sufrido profundas crisis partidarias en tiempos recientes. Mientras tanto, en Bolivia, Colombia y Venezuela, una fracción significativamente mayor de la ciudadanía declara simpatizar con un partido político. Por su parte, al analizar la evolución temporal de este indicador encontramos una tendencia preocupante. Entre 2006 y 2010, el porcentaje de simpatizantes partidarios ha caído en Chile 15%. Ningún otro país de la región registra tendencia similar.
A su vez, desde hace algún tiempo se observa en el caso chileno una fuerte caída en la participación electoral. Esta caída se encuentra, por lo demás, fuertemente estratificada en términos etáreos, siendo los más jóvenes los que desproporcionadamente declaran no haber votado en la última elección (un 20% de quienes tienen menos de 35 años dicen haber votado, comparado con aproximadamente un 80% en las cohortes etáreas superiores). También de acuerdo a los datos del Lapop 2010, Chile es el país de todas las Américas con los menores niveles declarados de inscripción electoral.
Finalmente, la crisis también se traduce a nivel de las organizaciones partidarias. Al analizar las opiniones de más de cincuenta líderes de partidos durante 2010, los hallazgos de investigación tienden a reforzar el diagnóstico crítico respecto al sistema de partidos y su funcionamiento actual. De acuerdo a esta evidencia, las organizaciones partidarias parecen estar profundamente esclerosadas y han perdido poder vis-à-vis líderes individuales que muchas veces aportan recursos financieros de los que los partidos centralmente carecen. Esto condiciona en gran medida los procesos de selección de candidatos y el funcionamiento de las estructuras de gobierno interno, y favorece las opciones de individuos con “connotación pública” y recursos financieros propios por sobre la militancia partidaria. En este sentido, la estructuración programática de los partidos, así como la “épica” gestada en la transición, se han debilitado muy significativamente. En un marco de debilidad institucional y deterioro de bienes colectivos sustanciales para sostener la articulación de lógicas de acción corporativa, los partidos han ido constituyéndose como coaliciones, relativamente laxas, de candidatos individuales. Estos últimos compiten descentralizadamente en el territorio, y tienden a desarrollar liderazgos fuertemente personalizados. Particularmente en los distritos populares, la personalización de la política también se combina con instancias de caudillismo y particularismo.
Aun cuando articulan críticas y manifiestan molestia y desagrado respecto a esta situación, las dirigencias partidarias no poseen la capacidad de contrapesar estas tendencias. En este sentido, los propios líderes partidarios parecen reconocerse atenazados por una lógica que en el corto plazo les asegura continuidad electoral y un flujo de recursos económicos que les permite perdurar, pero que en el largo plazo contribuye significativamente a deteriorar y debilitar el funcionamiento institucional de sus colectividades políticas. La militancia se encuentra crecientemente desplazada y retraída, en tanto posee una muy baja capacidad de elegir candidaturas y requerir accountability por parte de los líderes electos.

Chile cuenta hoy con dos elementos mutuamente necesarios (aunque, por el momento, insuficientes) para una crisis profunda del sistema de partidos: un alto nivel de desarraigo social y un fuerte descontento (hasta ahora soterrado) por parte del liderazgo político.

En síntesis, existe un fuerte correlato entre el descontento social con los partidos políticos chilenos y las actitudes de los líderes partidarios. Al tiempo que reconocen como virtudes del sistema su estabilidad y moderación, gran parte de los entrevistados muestra un fuerte descontento con el funcionamiento de sus propios partidos, y denuncian frecuentemente la presencia de prácticas irregulares, indeseables y en muchos casos ilegales en las organizaciones que ellos mismos lideran. Usualmente, la situación actual se contrapone con un pasado dorado, y un buen número de los líderes actuales sostiene que si pudiera optar nuevamente, preferiría no involucrarse en la vida política del país. En definitiva, la evidencia sugiere claramente que Chile cuenta hoy con dos elementos mutuamente necesarios (aunque, por el momento, insuficientes) para una crisis profunda del sistema de partidos: un alto nivel de desarraigo social y un fuerte descontento (hasta ahora soterrado) por parte del liderazgo político.
¿Cómo es posible entonces observar al mismo tiempo altos niveles de estabilidad electoral y desarraigo social? El “efecto cerrojo” que imprime el sistema electoral binominal es evidentemente el principal sospechoso, lo que se refleja continuamente en varias de las respuestas de los líderes políticos. En esta interpretación, el sistema electoral, mediante la restricción de la competencia a dos bloques principales, y mediante la centralización de poder (vía capacidad de nominación) en las cúpulas partidarias, ha permitido la estabilidad, a la par que ha aislado al sistema de partidos de una sociedad crecientemente frustrada con su accionar. Es en este contexto que irrumpe el movimiento estudiantil.
Los jóvenes que no estaban “ni ahí”
Si bien la democracia chilena podría etiquetarse como una de baja intensidad, los espasmos de protesta no son nuevos. En los últimos años, múltiples conflictos sociales han logrado visibilidad pública en las calles (entre otros: el conflicto Mapuche, muchas protestas en torno a temas ambientales, la situación de los deudores habitacionales y las protestas por la reestructuración del sistema de transporte capitalino mediante el Plan Transantiago). Desde el sistema político, estos numerosos movimientos sociales fueron enfrentados con un mix que combinó, en paquetes que terminaron siendo exitosos en términos de desactivar la protesta: a) mecanismos de negociación y cooptación usualmente enlazados en torno a mesas de diálogo, b) concesiones puntuales que respondían a la demanda ciudadana, usualmente articuladas mediante procesos de política pública fuertemente tecnocráticos, los que también buscaban generar quiebres internos en el movimiento, y c) instancias de represión selectiva y focalizada hacia los grupos más radicales.
En este marco, durante 2006, con la irrupción del movimiento “pingüino”, los jóvenes chilenos saltaron a la escena política nacional, disputando el supuesto acerca de su apatía (“no están ni ahí”). La movilización terminó con la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Educación aprobada durante el régimen militar por la Ley General de Educación, tomando en cuenta la propuesta de una Comisión Ciudadana convocada por la presidenta Bachelet, en la que participaron cuadros partidarios, técnicos y representantes del movimiento estudiantil.
No obstante, en 2011, los estudiantes chilenos han liderado procesos de movilización política y protesta social cuyos antecedentes más próximos deben buscarse en el periodo de la transición a la democracia a mediados y fines de los años ochenta. Especialmente a nivel de estudiantes universitarios, los líderes del movimiento actual son viejos “pingüinos”.

Los estudiantes han logrado poner en entredicho el modelo político y el modelo de desarrollo chileno, y han reabierto debates que hasta hace menos de un año eran tabú en el país.

La nueva ola de movilizaciones estudiantiles ha generado tres novedades relevantes. Por un lado, ha puesto en entredicho la capacidad del sistema político de representar a la juventud, y ha canalizado sus principales corrientes de opinión. Así, el movimiento estudiantil ha mostrado, en su interacción con el sistema político, grados inéditos de hastío con el sistema de partidos. La movilización ha discurrido por fuera de los canales partidarios y ha asumido un tono fuertemente antipartidocracia tradicional. De este modo, los estudiantes secundarios y universitarios (cuya gran mayoría no se encuentra inscripta para votar) han irrumpido fuertemente en el escenario político nacional, y han contribuido a repolitizar a la sociedad. No obstante, dicha repolitización se ha dado en gran medida en contra del establishment político tradicional.
Por otro lado, el movimiento no ha cedido ante los intentos de cooptación por parte del Gobierno, y se ha mantenido relativamente unido en torno a demandas tales como la “supresión del lucro” en la educación chilena. Así, la mesa de diálogo propuesta por el Gobierno no ha prosperado. Tampoco han prosperado los intentos por parte de los partidos y líderes de la Concertación por representar o “subirse” al movimiento desde su tribuna como partidos de oposición.
Finalmente, a diferencia del clima tradicional de apatía y rechazo social ante instancias de protesta y paro, el movimiento se ha ganado la simpatía de amplios sectores de la ciudadanía, los que también se sienten alejados de la política y poco representados por los partidos de la Alianza, la Concertación y la izquierda. En este sentido, más que debilitarse, el movimiento ha generado una amplia base de apoyo respecto a demandas que sobrepasan sus reivindicaciones específicas sobre el tema educativo. Así, los estudiantes han logrado poner en entredicho el modelo político y el modelo de desarrollo chileno, y han reabierto debates que hasta hace menos de un año eran tabú en el país.
¿Por qué la educación? ¿Por qué ahora?
Para entender el alcance de la crisis actual, es necesario intentar responder la siguiente interrogante: ¿por qué las movilizaciones en torno a la educación han logrado el impacto que otros movimientos no han obtenido en el pasado? Simbólicamente, y también como arena de política pública, la educación cuestiona elementos fundantes del modelo de desarrollo. Esto explica, en mi opinión, el apoyo social que las movilizaciones estudiantiles han recogido (según la encuesta Adimark, aproximadamente un 70% de los ciudadanos apoya las demandas estudiantiles) y su capacidad de conducir hacia otros ámbitos, como la discusión sobre una posible reforma constitucional.
La educación fue promovida como canal de movilidad ascendente durante los últimos veinte años. Se trataba, en el discurso de los sucesivos Gobiernos y en el imaginario colectivo, de un fuerte antídoto contra la desigualdad social. Intertemporalmente, la educación haría de Chile un país más justo. Esta promesa se encuentra hoy fuertemente cuestionada. Aunque la cobertura educativa ha crecido significativamente y ha alcanzado umbrales de universalidad, Chile posee un sistema educativo profundamente segmentado en términos socioeconómicos, lo que produce brechas de calidad sin precedentes. Salvo casos excepcionales, al momento del egreso de la educación secundaria, estas brechas cristalizan en rendimientos socialmente segmentados en la Prueba de Selección Universitaria (PSU). En general, los estudiantes provenientes de sectores bajos y medios poseen, a raíz de dichos rendimientos en la PSU, un menú restringido de ofertas educativas a nivel terciario. Usualmente, dicha oferta está compuesta por universidades e institutos técnicos privados, y se caracteriza por una doble condición: alto costo y relativamente baja calidad. Respecto a la primera condición, el sector financiero desarrolló un sistema de créditos especializados (con una tasa de interés de hasta el 6%) para facilitar el pago de los estudios terciarios.
Esta configuración del sistema produce dos consecuencias. Por un lado, una progresiva frustración de expectativas por parte de quienes apostaron gran parte del capital familiar en pos de la promesa de movilidad ascendente de sus hijos y hoy encuentran que dicha promesa tenía “techo”. Por otro lado, altos niveles de endeudamiento por parte de los estudiantes y sus familias, quienes deberán hacer frente a compromisos financieros durante años luego de la graduación, sin lograr una inserción laboral que lo haga viable, en tanto los retornos a la inversión educativa son menores a los proyectados.

La frustración de expectativas de movilidad ascendente y el endeudamiento de las familias contribuyen a catalizar, a nivel micro, el descontento social.

En síntesis, aunque ha expandido el nivel educativo promedio, el sistema ha contribuido también, en contra de las expectativas y promesas del modelo, a reproducir las desigualdades sociales. La frustración de expectativas de movilidad ascendente y el endeudamiento de las familias contribuyen a catalizar, a nivel micro, el descontento social. El debate en torno a la educación también contribuye a cuestionar las bases político-institucionales del modelo. Los jóvenes, quienes no están inscritos para votar y se sienten sumamente alejados del sistema político tradicional, son quienes han llevado adelante la movilización. Esta movilización parece haber interpretado a sectores sociales más amplios, tal vez también políticamente descontentos pero desmovilizados.
Si el movimiento cuestiona rasgos estructurales del modelo, ¿por qué no surgió antes? Existen varias explicaciones posibles y probablemente complementarias, cuya consideración completa excede los alcances de este ensayo. No obstante, es posible listar brevemente algunas explicaciones tentativas. Primero, podría argumentarse que la generación actual es la que mejor encarna las promesas incumplidas del sistema educativo, la que ha iniciado y estado a punto de completar su proceso educativo desde el retorno a la democracia.
Segundo, también podría plantearse que la presencia de un Gobierno de centro-derecha por primera vez en veinte años ha logrado catalizar la acción colectiva del movimiento social. No solo se trata de un Gobierno con una agenda de política pública contraria a las demandas del movimiento, sino que también se trata de uno que ha hecho gala de su perfil gerencial y empresarial. En un contexto en que han ocurrido casos connotados de abuso a los consumidores por parte de empresas muy visibles (por ejemplo, el denominado escándalo La Polar), y en el que la opinión pública se encuentra crecientemente descontenta con la desigualdad, el sector empresarial y el lucro, ser percibido como un Gobierno “empresarial” genera connotaciones negativas. Por lo demás, visibles figuras del Gobierno (como el propio exministro de Educación Joaquín Lavín, quien fuera removido de su cargo en medio del conflicto) y de la oposición son empresarios del rubro educación. Tal vez el mejor ejemplo respecto a la disonancia entre la demanda ciudadana y la postura del Gobierno lo represente la descripción de la educación como “un bien de consumo” realizada por el presidente Piñera y largamente comentada en las redes sociales. 2 Finalmente, el actuar fuertemente represivo del Gobierno en torno a la marcha no autorizada del 4 de agosto también ha catalizado el resentimiento ciudadano.   3 Mientras tanto, los intentos sucesivos por parte del Gobierno por criminalizar al movimiento no han generado efectos tangibles o han sido contraproducentes para sus impulsores.
Tercero, el liderazgo del nuevo movimiento se encuentra fuertemente influido por su participación en la revolución “pingüina” de 2006, y especialmente por la frustración que produjo lo que se percibe como su cooptación por parte del establishment político. Esta experiencia ha contribuido a alejar al liderazgo estudiantil de los partidos de la centro-izquierda. 4 La independencia del movimiento respecto a las fuerzas de la Concertación y la Alianza y su “enemistad” con ambos ha permitido sostener la acción de protesta en las calles, interpretando el sentimiento más amplio de desarraigo y desafección con la clase política. Como argumentaré en la próxima sección, al tiempo que los factores segundo y tercero explican la resiliencia del movimiento y su capacidad de impacto vis-à-vis experiencias previas, también complican la posibilidad de capitalizar los logros del movimiento en cambios de política pública.
Cuarto, el movimiento se ha articulado en torno a liderazgos muy potentes, especialmente los de Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Ambas figuras han logrado potenciar la visibilidad y articulación de las demandas estudiantiles, tanto en las calles como en sus intervenciones en prensa y en la Comisión de Educación del Congreso Nacional.
Quinto, a nivel de repertorios de acción, el movimiento también parece haber sido catalizado por la irrupción de las nuevas tecnologías, las que han permitido articular y difundir acciones y posturas haciendo un by-pass a los medios de prensa, tradicionalmente conservadores en el país. En este mismo sentido, es posible que los sucesos de la denominada “primavera árabe” hayan generado efectos de demostración en el caso de Chile.
¿Empate anómico? Los campos en disputa y las posibles salidas
Aunque tal vez resulte paradójico, Chile se encuentra hoy en una situación de empate. El Gobierno parece no contar con elementos heurísticos  suficientes que le permitan decodificar la seriedad y el carácter de las reformas exigidas por el movimiento. A la demanda por una reestructuración de la lógica de funcionamiento del sistema (por ejemplo, “desmunicipalización”, “restricciones explícitas al lucro en educación”) responde con un repertorio que parece agotado: negocia y promete incrementos presupuestales cada vez mayores y nunca suficientes (porque en definitiva no es lo que el movimiento pide) para desactivar las movilizaciones. Adicionalmente, en un gesto claramente paternalista (que ha generado, por lo demás, una fuerte y comprensible reacción en el movimiento), agradece a los estudiantes por haber puesto el tema en la agenda y les solicita que depongan la movilización para dar tiempo a los técnicos y a los políticos de realizar propuestas de reforma. Finalmente, espera que el movimiento se quiebre, radicalice y pierda vigor, reprimiendo e intentando deslegitimar sus posturas ante la opinión pública. El problema es que, al menos por ahora, la opinión pública cree más en los estudiantes que en el Gobierno.

A la demanda por una reestructuración de la lógica de funcionamiento del sistema […] responde con un repertorio que parece agotado: negocia y promete incrementos presupuestales cada vez mayores y nunca suficientes.

La Concertación, por su parte, parece enfrascada en tres discusiones paralelas, pero igualmente estériles respecto a salvar el impasse. Por un lado, intenta zanjar el debate respecto a si el movimiento estudiantil es “hijo de la Concertación” y resultado de un proceso que luego de veinte años logró empoderar a la ciudadanía en pos de la defensa de sus derechos sociales (versión autocomplaciente) o si el movimiento refleja en realidad a los excluidos del modelo (versión autoflagelante). Por otro lado, se discute sobre si preservar el nombre “Concertación” y sobre si es preciso ampliar la coalición hacia otras fuerzas de oposición de cara al proceso electoral de 2013. El problema en definitiva no es el nombre de la coalición, sino lo que ella y sus elencos políticos connotan ante una opinión pública crecientemente alejada de los políticos y la democracia de los consensos (cupulares). En este sentido, la Concertación no parece tener un modelo alternativo que ofrecer, capaz de sintonizar con la demanda ciudadana. Finalmente, se encuentra instalado el debate sobre candidaturas presidenciales, y es la de Michelle Bachelet la única con capacidad de unificar al bloque opositor. Aunque probablemente la mejor carta presidencial a estas alturas, en el tema estudiantil Bachelet carga con el peso de haber liderado el Gobierno que “traicionó” a los “pingüinos”.
Mientras tanto, el nuevo Partido Progresista, liderado por Marco Enríquez-Ominami, se encuentra enfrascado en la formación del partido y ha perdido, posiblemente, una oportunidad irrepetible de ganarse la simpatía del movimiento. Cuando intentó hacerlo ya era tarde, y corría riesgo de ser tildado de oportunista. Mientras tanto, el Partido Comunista es el más cercano al movimiento estudiantil. Dos de los principales líderes del movimiento militan en la Unión de Juventudes Comunistas: Camila Vallejo (Universidad de Chile) y Camilo Ballesteros (USACH). No obstante, los intentos por parte del Partido Comunista y de sus representantes parlamentarios por generar un acuerdo en torno al presupuesto de educación y las demandas estudiantiles no ha fraguado aún en acuerdos firmes. Cuando los acuerdos estuvieron cercanos, ambos líderes estudiantiles han sido desafiados por sus bases más radicales.

El empate actual es consecuencia no solo de posturas encontradas, sino también de la presencia de una fuerte tensión anómica en la sociedad chilena. Las grietas del modelo han fracturado los marcos normativos desde los que se hacía política.

Finalmente, más allá de su éxito e impacto, el movimiento estudiantil también enfrenta desafíos estratégicos serios. Su principal capital es el haber confrontado, sin matices, al establishment político, y haber sintonizado así con una mayoría silenciosa pero significativa de la opinión pública. Allí reside el valor de su capital político. No obstante, extraer concesiones y capitalizar el poder acumulado en reformas concretas, las que serán siempre graduales, requiere negociar con la misma clase política a la que el movimiento ha impugnado. La negociación supone además correr riesgo de que el movimiento sea cooptado por el sistema, y de que su propia base social se desencante con sus líderes. Este es el dilema estratégico fundamental que tiene paralizado al movimiento estudiantil en una postura maximalista. Esto se produce además en un contexto en el que la propia lógica del sistema incrementa geométricamente los costos de mantener la movilización. A modo de ejemplo, aplazar el inicio del segundo semestre por parte de los estudiantes movilizados implica costos económicos muy tangibles para sus universidades (en tanto las instituciones reciben transferencias en función de su matrícula) y para los propios estudiantes (quienes no acceden a beneficios de beca). Tarde o temprano, estos costos terminarán debilitando la capacidad de movilización estudiantil.
En términos tácticos, y especialmente a nivel de propuestas, el movimiento también ha tenido poca claridad y ha promovido posturas inconsistentes. A modo de ejemplo, se plantea la necesidad de cambiar el modelo educativo y político del país, para lo que se impulsa un “plebiscito en contra del lucro en educación”. No obstante, gran parte de la base del movimiento estudiantil no se encuentra inscripta para votar. Por otro lado, se impulsa junto a otras organizaciones sociales una reforma constitucional que promueva medidas participativas y de descentralización política. Al mismo tiempo se sostiene, como una de las propuestas de política fundamentales, la necesidad de desmunicipalizar (y por tanto recentralizar) la política educativa.
En síntesis, el empate actual es consecuencia no solo de posturas encontradas, sino también de la presencia de una fuerte tensión anómica en la sociedad chilena. Las grietas del modelo han fracturado los marcos normativos desde los que se hacía política y formulaban políticas públicas en el país. Ante esta situación, los viejos actores reaccionan con reflejos ritualistas, y aplican viejas recetas ante problemas que son de carácter nuevo. Mientras tanto, la acción de los nuevos actores está pautada por un fuerte desafío medio-fines. El empate no es necesariamente reflejo de la paridad de fuerzas entre ambos bloques, sino de que nadie parece tener claro qué hacer.
Consecuencias políticas: ¿mucho ruido y pocas nueces?
A modo de cierre, y haciendo abstracción de la crisis actual respecto a la reforma del sistema educativo, presento a continuación una serie de escenarios posibles respecto al posible devenir de la política chilena, y especialmente de su sistema de partidos. Dichos escenarios dependen, en buena medida, de las alternativas de reforma política que se terminen implementando (o no) en el país.
El desafío que los partidos políticos enfrentan en el contexto actual es doble. Por un lado, necesitan fortalecerse institucionalmente, como actores colectivos portadores de proyectos programáticos distintivos y con capacidad de convocatoria social. Los partidos chilenos enfrentan entonces el desafío de generar proyectos programáticos capaces de interpretar los nuevos desafíos y conflictos que hoy pautan el devenir de la sociedad en que operan. Esto porque, en términos de agenda de políticas públicas, es claro que los alineamientos en torno a conflictos del pasado (democracia-autoritarismo), todavía movilizados por la Alianza y la Concertación, no son eficientes para movilizar a quienes hoy no participan del sistema (ni a quienes continúan votando al estar inscriptos). Por otro lado, los partidos políticos requieren abrirse a la sociedad, dando lugar a ejercicios de participación política no tradicional (y tal vez no unívocamente partidaria) y articulando múltiples vínculos con una pluralidad de actores portadores de proyectos políticos, pero que hoy desconfían y se sienten alejados de “la política tradicional” (los partidos).
No obstante, en el contexto político actual, el temor al cambio ha prevalecido en la clase política. Esto refuerza la inercia del sistema. En dicho marco, el liderazgo ha avanzado con propuestas de reformas parciales, inconexas y sumamente graduales. El proceso, la aprobación y la implementación (probablemente a medias para las elecciones municipales de 2012) del mecanismo de inscripción automática y voto voluntario constituye un claro ejemplo de esta forma de instrumentar la reforma política. También lo es el proyecto sobre elecciones primarias elevado recientemente por el Poder Ejecutivo al Congreso. En este sentido, la experiencia comparada no permite ser demasiado optimista.
En un contexto similar al que hemos descrito para Chile durante los años noventa, las élites políticas tradicionales de Colombia, Bolivia y Ecuador optaron por introducir reformas institucionales, buscando, entre otras cosas, reconquistar la legitimidad social perdida. Al hacerlo, calcularon mal los efectos que dichas reformas tendrían sobre sus propios partidos. Las reformas introducidas culminaron muy rápidamente con el colapso de los sistemas de partido tradicionales. A modo de ejemplo, tanto la Ley de Participación Popular incorporada a la Constitución boliviana como los mecanismos de participación y descentralización que introdujo la reforma constitucional de 1991 en Colombia velozmente condujeron (en las elecciones que las sucedieron) a la desinstitucionalización del sistema de partidos y a la irrupción de movimientos nuevos que desplazaron a los partidos tradicionales.
En definitiva, los partidos chilenos actuales deben intentar un doble movimiento capaz de reencantar a la sociedad, canalizando y orientando sus múltiples vertientes actuales,  y logrando al mismo tiempo fortalecer a los partidos como instituciones políticas portadoras de un proyecto colectivo, capaz de proveer más que un paraguas institucional para liderazgos individuales. Realizar este doble movimiento constituye un proceso difícil y no exento de riesgos.
Independientemente del desenlace del proceso de reformas y sus consecuencias (las previsibles y aquellas que no lo son), pueden vislumbrarse cuatro escenarios posibles. La probabilidad de cada uno depende tanto de las reformas que terminen implementándose, como de la agencia política de distintos actores.
Un primer escenario lo constituye un desborde institucional del sistema. Este escenario resulta poco probable, aun en la situación de crisis que hoy enfrentan los partidos y la clase política en general.
Un segundo escenario, relativamente más probable, es la emergencia de nuevos partidos que desafíen desde fuera a los partidos tradicionales. De hecho, nuevos partidos han emergido en el país y se encuentran en proceso de formación, más allá de los altísimos costos de entrada que genera el sistema institucional. También resulta posible una reconfiguración del viejo sistema, mediante la incorporación de nuevos referentes a coaliciones más amplias (y tal vez ideológicamente más consistentes) que las actuales.
Un tercer escenario lo constituye la consolidación de un clivaje insider-outsider. En este sentido, de consolidarse uno (elites políticas tradicionales vs. nuevos movimientos políticos que desafían al establishment tradicional), es posible que los partidos actuales no logren superar la crisis de legitimidad que hoy enfrentan, y sean barridos por nuevos movimientos que busquen llenar los vacíos de representación del sistema. En algún grado, la potente irrupción de la candidatura de Enríquez-Ominami en 2009 refleja este potencial. También lo hace la creciente irrupción de candidatos independientes a nivel municipal. En este sentido, y de no mediar cambios en el sistema electoral binominal, es posible que el sistema presente estabilidad a nivel parlamentario (donde opera el sistema binominal como candado) y la irrupción de independientes a nivel ejecutivo (presidencial, municipal). Esto eventualmente podría generar problemas y crisis de gobernabilidad.

En otras palabras, la ciudadanía parece reclamar menos técnica y más política. Y a nivel político, un poco más de conflicto y un poco menos de consenso (excluyente) a nivel de la élite dirigente. Por fin, luego de veinte años, el “modelo” ha sido recolocado en la agenda del país.

El cuarto escenario, y tal vez el más probable, es la profundización de un proceso de muerte lenta. El potencial electoral de candidatos con perfil deoutsider, pero con afinidad y cercanía a los partidos establecidos, permitiría la continuidad del sistema. Las posibles candidaturas de Michelle Bachelet y Laurence Goldborne (en la Alianza por Chile) podrían generar este tipo de salida. Si este escenario se consolida, no obstante, y de no mediar cambios sustanciales en sus coaliciones de apoyo social y político, se profundizarán las brechas de representación y probablemente se hagan más frecuentes escenarios de crisis como los de 2011.
Finalmente, cabe cerrar este ensayo con una observación respecto al modelo de formulación de políticas públicas. Chile es usualmente visto en términos comparativos como un modelo en cuanto a la alta calidad de sus procesos de formulación e implementación de políticas públicas. Este rasgo es frecuentemente asociado a la calidad de su sistema de partidos, el que produciría políticas de consenso con fuerte fundamentación tecnocrática. Las movilizaciones de 2011, en mi opinión, no solo desafían a los partidos, sino también a esta lógica de formulación de políticas públicas. En este sentido, la ciudadanía chilena parece estar reclamando mayor acceso y participación en el proceso de decisión, hasta ahora dominado por élites políticas y técnicas con restringida capacidad de representarla.
En otras palabras, la ciudadanía parece reclamar menos técnica y más política. Y a nivel político, un poco más de conflicto y un poco menos de consenso (excluyente) a nivel de la élite dirigente. Por fin, luego de veinte años, el “modelo” ha sido recolocado en la agenda del país.
  * Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile. Email: jpluna@icp.puc.cl.
La investigación presentada en este trabajo contó con financiamiento proveniente de los proyectos FONDECYT 1110565 y 1090605. Asimismo, este trabajo se encuadra en el Núcleo Milenio NS100014,  “Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la Democracia en América Latina”
  1. La investigación presentada en este trabajo contó con financiamiento proveniente de los proyectos FONDECYT 1110565 y 1090605. Asimismo, este trabajo se encuadra en el Núcleo Milenio NS100014, “Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la Democracia en América Latina” ↩
  2. Esta sección se basa en un trabajo hecho en coautoría con Fernando Rosenblatt, y encargado por un proyecto de investigación sobre la política interna de los partidos políticos chilenos liderado por Lucas Sierra (CEP) y Francisco Javier Díaz (Cieplan). Agradezco a los tres la posibilidad de reproducir parcialmente el texto del reporte de investigación.   ↩
  3.  Véase http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/08/05/496297/gobierno-874-detenidos-y-90- carabineros-heridos-en-jornada-de-protestas.html ↩
  4.  A modo de ejemplo, luego de las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, recientemente realizadas, Francisco Vidal (exministro vocero de Gobierno de la presidenta Bachelet) envió una felicitación al presidente electo de la Federación, miembro del movimiento NAU, del que también participa Giorgio Jackson (uno de los líderes más visibles del movimiento durante 2011), afín a la centro-izquierda. Al mismo tiempo, envió el siguiente tweet a sus más de 50.000 seguidores: “Triunfo en la FEUC, camino de victoria para el 2013”. La respuesta por parte de Noam Titelman, presidente electo de la FEUC, no se hizo esperar: “Gracias por las felicitaciones, pero después de 20 años de dejar la educación botada, por favor no se ande subiendo al carro”.   ↩