“El costo de un juicio”, me decía un abogado que ofrecía sus servicios al interior del Palacio de Justicia, “puede ser de mil soles dependiendo del caso”. Sin embargo, acotaba el mismo, “hay de todos los precios (…) eso va a depender de las cosas que haya que hacer, usted sabe… si es que hay que abrir algunas puertas o agilizar algunos trámites (…)”. La justicia en el Perú implica diversos elementos y uno de ellos, de gran importancia, es la corrupción. Esta, lejos de ser un remanente del sistema que funciona al exterior de las instituciones, es más bien una poderosa herramienta que es capaz de mover los engranajes institucionales del Estado (en muchas ocasiones para delinquir).
La corrupción (…) lejos de ser un remanente del sistema que funciona al exterior de las instituciones, es más bien una poderosa herramienta que es capaz de mover los engranajes institucionales del Estado.
Pero qué es la corrupción: pues resulta ser en estos casos no una sustancia por sí misma o una constitución del sujeto, sino más bien, una herramienta que se utiliza de acuerdo a las situaciones coyunturales y a los objetivos que se disponen en el escenario. La corrupción entonces es un recurso para poder agilizar, ordenar, manipular o detener un proceso judicial. Es una herramienta que tiene una gran eficacia y que implica “el uso del bien o cargo público en beneficio privado” (Rose-Ackerman 2001).
Sin embargo, que la corrupción resulte únicamente un fenómeno económico o que se ponga en práctica para lograr solamente beneficios monetarios directos no es siempre cierto. En realidad, no siempre es la ganancia económica fruto del acto de corrupción la que hace que los sujetos sean parte de estas actividades (Mujica 2005). Aunque la ganancia económica no es marginal y no resulta un tema poco importante, es necesario indicar que el fenómeno se debe también a la construcción de redes de complicidades dentro de las instituciones. La corrupción resulta un vehículo central para construir alianzas, redes y grupos, complicidades, redes de contactos que funcionan como un capital central en el terreno político local. En el Palacio de Justicia sucede lo mismo: muchas personas son parte de ciertos actos de corrupción no con la finalidad inmediata de obtener ganancias, sino más bien para hacerse conocidos entre los miembros de la institución y las múltiples y cambiantes redes que existen en su interior, lo que les dará la posibilidad de mantenerse en el sistema.
En el país los mecanismos de corrupción, lejos de salir del sistema, permiten a los actores entrar en él. Del mismo modo, la idea es que estos mecanismos no resultan una excepción a la regla, sino parte de la vida cotidiana del desarrollo de las actividades del Palacio de Justicia.
Asimismo, que la corrupción es un fenómeno que transgrede las normas y que se determina por su definición en el código penal resulta en varias limitaciones. En efecto, si bien el fenómeno tiene un correlato jurídico, no está totalmente determinado por este. Hay una serie de prácticas de corrupción que no están normadas o tipificadas por los códigos y, sin embargo, se producen como transgresiones evidentes (a los códigos de ética, al uso de bienes públicos, etcétera). En el Palacio de Justicia estas lógicas se evidencian con claridad. Por ejemplo, si bien existe una ley contra el nepotismo, la cual impide que se efectúen contrataciones de parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo (Art. 1, Ley 26771), en el seno de la institución se tejen estrategias para sobrepasar dicha norma. Se construyen sistemas de trueque de familiares; es decir, se contrata a los hijos, sobrinos, primos o hermanos de un funcionario determinado, el cual devolverá el favor contratando a los familiares del primero. Formalmente no se viola la norma, pero se están construyendo mecanismos concientes para burlar su mandato.
Como es evidente, en el Perú el sistema de Justicia no está libre de aquellas lógicas. Las prácticas de corrupción resultan parte del fenómeno y de la vida cotidiana de las personas. La idea es pensar cómo es que estas prácticas se articulan con los diversos procesos para acceder a la justicia y para llevar a cabo los procesos judiciales. Como se observa en el caso aquí analizado, en el país los mecanismos de corrupción, lejos de salir del sistema, permiten a los actores entrar en él. Del mismo modo, la idea es que estos mecanismos no resultan una excepción a la regla, sino parte de la vida cotidiana del desarrollo de las actividades del Palacio de Justicia. Paradójicamente, también son elementos que en muchas ocasiones sirven para que el sistema funcione, para que sea más rápido o para lograr procesos justos. Sin olvidar, por supuesto, que se utilizan también, y en gran medida, para efectuar procedimientos fraudulentos y fallos que evaden la norma. ¿Quiénes son los actores que participan de estos sistemas? ¿Cómo están estructuradas estas redes?
Las redes de corrupción
Las redes de corrupción en el Palacio de Justicia no implican solamente a actores dentro del organigrama formal. Se identifican, las redes exteriores compuestas por los falsificadores, tramitadores, abogados “al paso”, abogados informales; las redes de intermediación, compuestas por los vigilantes (guachimanes), policía, abogados litigantes, usuarios del sistema; las redes de la burocracia exterior en donde se encuentra el personal de mesa de partes y sus múltiples actores, personal de archivo; las redes de la burocracia intermedia, en donde están las secretarias de juzgado, las relatorías y sus miembros; y las redes de la burocracia más alta y los campos de deliberación, donde están los jueces, vocales y su personal de confianza. Aquellas redes se articulan sobre diversas capas de actores y espacios de acción de los sujetos. Se trata de un conglomerado muy grande de actores que además se moviliza constantemente, cambia de nombres, de sujetos y funcionarios.
Fuera del Palacio existen diversos actores que están involucrados en su funcionamiento interno. Muy cerca del edificio que encierra territorialmente su estructura política se encuentran diversos comercios (imprentas, tiendas de fotocopias, papelerías) en donde se puede comprar a pedido, documentación falsificada de diversas calidades y precios. Esta documentación, para ser introducida en un proceso judicial requiere atravesar un camino largo y muchas manos. Se requiere contactos con una serie de intermediarios que trabajan en diversos puntos al interior del Palacio, en este caso, por ejemplo, el personal de mesa de partes y el personal de archivo, que tienen los legajos a su cargo, o las secretarias de los juzgados, que conocen la ubicación de los documentos si es que estos no han sido archivados o ya han pasado a la sala correspondiente. Para poder acceder a alguno de estos personajes, es necesario tener un contacto determinado en la estructura de poder, quien será el intermediario para obtener un documento (robarlo) o para incitar a quien lleva el proceso a introducir documentación fraguada o al menos, no decir que esta lo es durante un proceso judicial.
Del mismo modo, existen diversas formas de tráfico de influencias: para retrasar un fallo judicial, para conseguir un fallo a favor, para invalidar ciertas pruebas, documentación, etcétera. Estas “influencias”, o mejor dicho, estas personas influyentes, no ofrecen arbitrariamente sus servicios sino que son contactadas por actores intermediarios que los conocen de antemano y han establecido ya un arreglo inicial con un potencial “cliente”. Una vez estudiadas las condiciones del caso y el riesgo que implica, se procede con las acciones, que están determinadas por la “voluntad” y “decisión” de uno de los jueces o magistrados (que en muchos casos son suplentes, es decir, se les encarga momentáneamente una sala mientras el titular tiene licencia o vacaciones). Para acercarse a estos jueces (titulares o suplentes) se requiere hacerlo a través de sus contactos inmediatos (secretaria, asistentes, personal de la relatoría, amigos abogados que los conocen desde la universidad, etcétera). Este personal de confianza le indicará si es que aquel que solicita el servicio está dispuesto a dar las facilidades para los pagos y si es que la otra parte del juicio pondrá resistencia o no (se evalúa si tiene contactos, si tiene dinero, y si no lo tuviera, entonces se entiende que no habrá resistencias).
Estos caminos y tramos implican una multiplicidad de contactos, conocimiento del funcionamiento de la burocracia interior, de las personas y sus actividades. Implican la existencia de complejas redes de actores que se asocian de diversas maneras y en coyunturas diversas; redes que tienen formas particulares y que son más parecidas a una sociedad de segmentos que se unen y separan (Evans-Pritchard 1987) que a una organización vertical con líderes mafiosos.
Ni mafias, ni cárteles, ni clientelas
Estas redes entonces se unen y separan de acuerdo a las coyunturas, como fragmentos móviles, que se fusionan y fisionan de acuerdo a los intereses de los actores o de quienes disponen del objetivo que moviliza la estructura. Por lo tanto, no tienen la forma de una mafia, puesto que no están soportadas sobre codificaciones estables sedimentadas jerárquicamente y que implican la pertenencia a un grupo de referencia. En efecto, la mafia es un modo de organización que implica ciertos códigos comunes, a los que algunos se refieren como “códigos de honor” y el respeto a estos; la mafia requiere además de la verticalidad de una estructura de mando que determine las acciones, los modos de movilización en el escalafón y la pertenencia práctica o simbólica a una familia. Este elemento es importante, pues más allá de la figura consanguínea imaginada, la mafia implica conciencia-de-ser-parte, implica la identificación con el grupo. En cambio, en las redes de corrupción que se tejen en el Palacio de Justicia peruano, es difícil encontrar una codificación común o un orden jerárquico o la identificación con un grupo de pertenencia, es decir, no se trata de una comunidad.
La mafia implica conciencia-de-ser-parte, implica la identificación con el grupo. En cambio, en las redes de corrupción que se tejen en el Palacio de Justicia peruano, es difícil encontrar una codificación común o un orden jerárquico o la identificación con un grupo de pertenencia, es decir, no se trata de una comunidad.
Estas redes tampoco tienen la forma de un cártel, que es una organización criminal que funciona de manera análoga a una empresa y se sostiene en la disposición de una estructura de mercado, de un negocio, de la oferta y la demanda, etcétera. Dicho de otra manera, el cártel es una empresa, solo que dedicada al crimen: tiene un directorio, cuenta con accionistas, asesores, economistas, contadores, banqueros y abogados. Justamente por ello requiere de niveles de organización complejos, planificación, estrategias de acción, inversión y toma de decisión conjunta. Las redes de corrupción del Palacio de Justicia tampoco funcionan bajo esta lógica, pues no tienen un nivel de planificación central, no operan en una mediación planificada de toda la estructura y no hay “reunión” para la toma de decisiones. Se trata de redes menos organizadas, menos estructuradas y sin planificación conjunta.
De otro lado, si bien existen clientelas, tampoco son la estructura más importante al interior del Palacio de Justicia (y probablemente no es la forma más común en las estructuras del Estado). Las clientelas implican una relación asimétrica entre un patrón y un cliente que se mantienen en el tiempo (Gellner et al. 1986). Es esta manutención de la relación la que permite justamente la asimetría y la forma de dominación que engancha al cliente. Estas lógicas son posibles en espacios en donde los actores permanecen en el mismo escenario y donde hay cierta estabilidad del sistema. En el Palacio de Justicia los cambios de personal son ciertamente constantes, las ofertas de actos de corrupción vienen de diversos frentes y al no existir una relación de jerarquías que se correlacione efectivamente con las capacidades de ejercicio del poder dentro de la institución, la posibilidad de mantener una relación estable con un cliente es escasa. Lo que existe son flujos constantes de ofertas y demandas que provienen de diferentes campos y que apelan al mejor postor. Al mismo tiempo se trata de jerarquías que cambian con rapidez. En un contexto como este las formas de corrupción y las redes que las ponen en práctica están movilizándose con gran versatilidad y buscando contactos para poder operar. No se trata de un patrón que posee todas las redes, puesto que estas son móviles, y quien es hoy el patrón puede ser después, subordinado; del mismo modo, quien es cliente de uno, puede serlo fácilmente de otro, dependiendo de sus requerimientos y posibilidades.
En un contexto como este las formas de corrupción y las redes que las ponen en práctica están movilizándose con gran versatilidad y buscando contactos para poder operar. No se trata de un patrón que posee todas las redes, puesto que estas son móviles, y quien es hoy el patrón puede ser después, subordinado.
En el Palacio de Justicia se trata entonces de un sistema de organización de segmentos sin una cabeza estable y sin una organización vertical. No hay sentido de pertenencia, ni comunidad de respaldo. No hay estabilidad en la estructura de redes, la salida de un sujeto de un cargo puede modificar toda la estructura, lo mismo el ingreso de un nuevo miembro o el rechazo de uno a participar de los actos de corrupción, etcétera. Sin embargo, que estas redes no sean estables y funcionen como segmentos que se acomodan entre sí de acuerdo a las coyunturas, no quiere decir que funcionen abiertamente o que cualquiera puede contactarse con cualquiera. Se requiere de la existencia de canales latentes para ejercer actos de corrupción. Por lo tanto, la construcción de estas redes, contactos, complicidades y alianzas resultan ser uno de los elementos fundamentales de los actores en el terreno social, pues se trata del “capital” sobre el cual articularán sus movimientos futuros. En el Palacio de Justicia no se ofrece una coima a cualquiera, se necesita un cierto nivel de conocimiento del otro para poder iniciar dicha negociación.
Esto quiere decir que en ciertas ocasiones hay una suerte de organización para delinquir, organización que puede funcionar para elaborar documentos falsos, para emitir fallos, para traficar documentos, etcétera. Sin embargo, se trata de objetivos concretos y no objetivos de organizaciones que funcionen establemente bajo esa lógica. En algunos casos, los mismos actores se reunifican para volver a realizar un mismo acto de corrupción, pero no quiere decir que lo hagan todo el tiempo. La movilidad del personal, de los jueces, asistentes, secretarias y demás, aunque no sean despedidos sino solo movilizados dentro de la institución, resulta un elemento fundamental para comprender esta estructura, en la que no solamente es muy difícil mantenerse en el mismo puesto sino también ejercer siempre los mismos actos de corrupción.
La corrupción como herramienta
Las redes de corrupción en el Palacio de Justicia no operan con la lógica de una mafia ni de un cártel ni de clientelas estables, sino más bien a través de la reunificación de segmentos que operan fusionándose y fisionándose de acuerdo a objetivos y coyunturas específicos.
Pensar la corrupción como una sustancia que pervierte a los sujetos desde su interior puede resultar radical en este contexto. Decir que un individuo es corrupto per se o que siempre comete actos de corrupción puede también resultar exagerado (lo que no quiere decir que sea una realidad inexistente). La idea es que en el seno del sistema de justicia la corrupción resulta una herramienta fundamental, un instrumento que puede ser utilizado con diversos fines y que se mantiene latente.
Las redes de corrupción en el Palacio de Justicia no operan con la lógica de una mafia ni de un cártel ni de clientelas estables, sino más bien a través de la reunificación de segmentos que operan fusionándose y fisionándose de acuerdo a objetivos y coyunturas específicos. Esto hace que el problema sea más complejo aun, pues la corrupción no tiene una cabeza estable, ni un líder centralizado, ni un centro de operaciones. Opera como una práctica recurrente; se trata de una herramienta de uso práctico que se puede utilizar de acuerdo a la situación en la que estemos, incluso para obtener un juicio justo.
* Antropólogo, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Bibliografía
Evans-Pritchard, Edward Evan. Los Nuer. Barcelona: Anagrama, 1987.
Gellner, Ernest y John Waterbury. Patronos y clientes. Barcelona: Ediciones Jucar, 1986.
Mujica, Jaris. Micropolíticas de la corrupción. Redes de poder y corrupción en el Palacio de Justicia. Tesis de Maestría en Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008.
Mujica, Jaris. “Estrategias de corrupción. Poder, autoridad y corrupción en espacios locales”. En: Ugarteche, Oscar (Comp.). Vicios públicos. Poder y corrupción. Lima: Fondo de Cultura Económica/Casa Sur, 2005.
Rose-Ackerman, Susan. La corrupción y los gobiernos: causas, consecuencias y reforma. Madrid: Siglo Veintiuno, 2001.
Deja un comentario