El debate sobre los transgénicos en el Perú tomó un vuelo inusitado durante este año 2008. Aunque el tema se venía discutiendo desde algún tiempo atrás, no había alcanzado las dimensiones de debate nacional que adquirió solo en tiempo reciente. Esto es positivo y viene permitiendo incorporar a más autoridades, ciudadanos e instituciones a una amplia discusión que toca aspectos fundamentales del desarrollo del país.

Lo cierto es que la producción de transgénicos en un país como el nuestro podría generar algunos beneficios económicos de corto plazo a los agricultores, pero también podría implicar una incalculable pérdida de biodiversidad en el largo plazo, además del riesgo más inmediato de alejar al Perú de mercados muy dinámicos de productos orgánicos y naturales, en países que no quieren importar productos de países productores de transgénicos.

La discusión sobre transgénicos, entonces, se coloca en el eje de qué queremos y esperamos de nuestro desarrollo agrario en los próximos años. Sin una imagen clara de hacia dónde debemos orientar nuestra agricultura, será difícil generar políticas claras y orientadoras en la materia. En este artículo, discutimos elementos de los posibles escenarios que enfrenta la agricultura de nuestro país y en los cuales se podría enmarcar una política sobre transgénicos, o de manera más general, una política sobre bioseguridad y biodiversidad. Algunos de los elementos que consideramos importantes para este análisis prospectivo son el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las tendencias de los mercados mundiales de alimentos, las reglas de comercio y bioseguridad, y la propia dinámica del debate interno en nuestro país.

El escenario más cercano: entrada en vigencia del TLC

Sin duda, la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos en el año 2009 será uno de los principales eventos que afectarán el tema de los transgénicos en el Perú en los próximos años. Estados Unidos es el principal productor y exportador de maíz y soya transgénicos en el mundo, y sus corporaciones trasnacionales de alimentos tienen una agenda bastante agresiva en términos de utilizar los acuerdos bilaterales como mecanismo de presión para la expansión del mercado para este tipo de productos en países en desarrollo.

Estados Unidos es el principal productor y exportador de maíz y soya transgénicos en el mundo, y sus corporaciones trasnacionales de alimentos tienen una agenda bastante agresiva en términos de utilizar los acuerdos bilaterales como mecanismo de presión para la expansión del mercado para este tipo de productos en países en desarrollo.

Estados Unidos ya ha usado anteriormente sus negociaciones de TLC con Tailandia y Corea para eliminar normas de etiquetado y regulación a la entrada de transgénicos en dichos países. Igualmente, utilizó presión bilateral con India y China para evitar que las empresas norteamericanas exportadoras de soya transgénica cumplieran con normas de requerimientos de información sobre transgénicos. Es evidente que el tamaño del mercado peruano es mucho menor que el de los mencionados países, pero el objetivo de eliminar cualquier restricción al comercio de transgénicos por parte de las empresas productoras de Estados Unidos se fortalece enormemente con el TLC.

Al respecto, conviene recordar que el gobierno de Estados Unidos (presionado por dichas empresas) logró que en el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena (firmado el año 2000) se incluyera una cláusula por la cual países miembros que firmen acuerdos comerciales con países no miembros del Protocolo, como por ejemplo EE.UU. y Canadá, queden exentos de los requisitos de información sobre contenido transgénico que se requiere en la legislación de bioseguridad. Esta cláusula fue usada por México para eliminar controles a la importación de transgénicos desde ambos países al implementar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés).

El otro mecanismo de presión que usará Estados Unidos para evitar cualquier restricción al comercio de transgénicos con el Perú es el comité bilateral de normas sanitarias generado por el acuerdo comercial. En este espacio, el país del norte puede objetar cualquier norma nacional que intente regular o restringir la entrada de transgénicos al Perú. En pocas palabras, con la entrada en vigencia del TLC, va a ser más difícil para nuestro país regular, identificar o etiquetar la entrada de soya o maíz transgénicos desde los Estados Unidos. Una mayor regulación nacional podría implementarse en teoría, pero requerirá de una firme posición política para contener la enorme capacidad de presión de nuestro gigantesco socio comercial en el marco del TLC.

La crisis alimentaria y la necesidad de nuevas reglas de comercio alimentario

Desde mediados de 2007, el mundo observó el aumento descontrolado del precio de algunos alimentos básicos como el maíz, la soya y el trigo. La inflación alimentaria golpeó duramente a muchos países importadores de alimentos, entre ellos el Perú, e hizo retroceder los avances en reducción de pobreza y hambre en forma considerable en todo el planeta. Las explicaciones de esta “crisis alimentaria” son materia aún de debate, aunque se reconocen tres factores centrales: (i) la mayor demanda alimentaria de China e India, (ii) el tema energético: aumento sideral del precio del petróleo y subsidio al etanol de maíz en Estados Unidos, (iii) el rol de los especuladores que, ante la pérdida de rentabilidad de activos financieros, orientaron sus compras a commodities alimentarios.

Los alimentos se han vuelto más caros y no está claro que esto esté beneficiando a los agricultores. Lo que existe, más bien, es la sospecha de que han ganado más de la crisis las industrias procesadoras y los comerciantes, en desmedro de consumidores y agricultores.

Actualmente, los precios de alimentos han empezado a bajar en el nuevo contexto de recesión mundial en que estamos ingresando. No obstante, los precios no están regresando a los niveles previos a 2007 y, en la mayor parte de países importadores, los precios domésticos tampoco están cayendo en proporción a lo que caen los commodities alimentarios. Los alimentos se han vuelto más caros y no está claro que esto esté beneficiando a los agricultores. Lo que existe, más bien, es la sospecha de que han ganado más de la crisis las industrias procesadoras y los comerciantes, en desmedro de consumidores y agricultores.

En este contexto, la crisis de precios de alimentos otorga a los promotores de la producción transgénica algunos argumentos adicionales para plantear la “urgente necesidad” de usar la biotecnología moderna de manipulación genética para enfrentar el problema (este fue el argumento del saliente ministro de agricultura, Ismael Benavides, para promover los transgénicos en el Perú). Este argumento, si bien tiene parte de verdad, oculta un hecho dramático: el mayor problema detrás del hambre en el mundo no es la falta de alimentos (la oferta), sino la desigual distribución del ingreso y las oportunidades para la población pobre.

Entonces, no se trata solamente de buscar alternativas tecnológicas más productivas (de las cuales una es el posible uso de transgénicos, pero no la única), sino también de luchar por cambios sustanciales en las reglas del comercio mundial de alimentos.

Entonces, no se trata solamente de buscar alternativas tecnológicas más productivas (de las cuales una es el posible uso de transgénicos, pero no la única), sino también de luchar por cambios sustanciales en las reglas del comercio mundial de alimentos, incluyendo una creciente penalidad económica a los países que subsidian indiscriminadamente a sus agriculturas como Estados Unidos y la Unión Europea, y que burlan constantemente los principios del libre comercio que supuestamente sustentan a la Organización Mundial de Comercio (OMC). Por cada dólar de subsidio, estos países deberían poner un dólar en un fondo mundial para combatir el hambre y la desnutrición en países pobres, con programas que enfrenten el tema tanto por el lado de la oferta como de la demanda.

El otro gran tema a poner en la agenda del comercio de alimentos es el rol de la tecnología transgénica y el futuro de la agricultura en países como el nuestro. La tecnología transgénica nació en países con una matriz tecnológica industrializada y altamente mecanizada en la agricultura, y parece aún bastante difícil que sus potenciales beneficios en dicho entorno sean replicables en contextos de agriculturas de alto uso de mano de obra y gran biodiversidad como la nuestra, habiendo más bien indicios alarmantes sobre sus peligros. En este contexto, el esfuerzo por generar reglas de bioseguridad en el mundo (protocolo de Cartagena) parecía un avance importante en la materia, el cual, sin embargo, ha sido consistentemente boicoteado por las empresas de países productores de transgénicos vía la presión directa a sus gobiernos.

Al respecto, en el Perú requerimos urgentemente una estrategia clara sobre nuestra participación en los espacios de discusión y fijación de reglas de bioseguridad. Lamentablemente, en la gestión del ex ministro de agricultura se infiltraron en la posición peruana a nivel internacional los intereses de las empresas de transgénicos. Por ejemplo, la delegación del Perú apareció en la última reunión de bioseguridad realizada en Bonn en mayo de este año boicoteando el propio espíritu de las normas de bioseguridad, al plantear que cualquier acuerdo para hacer a las empresas productoras de transgénicos responsables de daños y perjuicios sea “no vinculante”. Bajo esta absurda posición, todo el esquema de protección básica en bioseguridad a nivel internacional pierde sentido.

Algunos temas de debate interno en el Perú

Luego de la salida del ministro Benavides de la cartera de agricultura, parece abrirse una nueva etapa de discusión sobre el tema de los transgénicos. El nuevo ministro, Carlos Leyton, ha manifestado una disposición a discutir este tema sin tomar partido explícito por la producción transgénica, y más bien con atención a las potencialidades de la agricultura orgánica y en defensa de la biodiversidad, posición que ya venía enarbolando el ratificado ministro del ambiente Antonio Brack.

En mi opinión, algunos de los temas a avanzar en el debate interno son los siguientes. En primer lugar, debemos discutir sobre la autoridad pública que debe regular la entrada de semillas transgénicas al Perú. Actualmente, un reglamento dice que dicha autoridad es el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), pero cuando este se aprobó no existía un Ministerio del Medio Ambiente con atribuciones en materia de protección de la biodiversidad. Igualmente, los gobiernos regionales son actores imprescindibles en un esquema de regulación de la producción transgénica, ya que esta se realizaría en sus territorios. Es fundamental que este esquema de regulación se base en un adecuado consenso con participación de todos los actores relevantes.

Se puede iniciar con un etiquetado simple que advierta a los consumidores que el producto utiliza insumos importados de países productores de transgénicos. Luego, se puede pasar a una etapa con certificación de la presencia transgénica específica en algunos alimentos importantes.

Un segundo tema, que ya está en la agenda del Congreso a través de un proyecto presentado por la Congresista Fabiola Morales, es el del etiquetado de alimentos con contenido transgénico. Esta medida es una demanda de los consumidores que tenemos derecho a estar informados sobre atributos importantes de lo que consumimos. Algunos opositores al etiquetado plantean que este haría subir los precios de los alimentos (incluso plantean cifras de hasta 30% sin mayor sustento). Es cierto que requerimientos de etiquetado implican costos, pero lo es también que existen derechos de los consumidores que deben ser respetados como lo son en países desarrollados. Si los transgénicos son más costosos en este ámbito es porque tienen atributos que los consumidores desean conocer y, por ende, son los productores los que deben asumir dichos costos, no los consumidores.

En la línea de lo que viene proponiendo la congresista Morales, sugiero adoptar una política de regulación y etiquetado de los alimentos que se vaya desarrollando en etapas. Se puede iniciar con un etiquetado simple que advierta a los consumidores que el producto utiliza insumos importados de países productores de transgénicos. Luego, se puede pasar a una etapa con certificación de la presencia transgénica específica en algunos alimentos importantes.

Finalmente, creo que debe ser parte del debate una norma que declare la moratoria de cinco años para la entrada de semillas transgénicas para la producción interna en el Perú. Ya varios países europeos han optado por esta vía que nos permitiría tener un tiempo razonable para definir e implementar una estructura de autoridades y regulaciones en la materia y preparar adecuadamente a nuestros técnicos y profesionales especializados. Lo ideal es que los investigadores peruanos en ingeniería genética puedan desarrollar sus investigaciones, pero dentro de un adecuado marco de bioseguridad y sin poner en riesgo a la biodiversidad de nuestra agricultura.

* Eduardo Zegarra es economista, investigador principal de Grade, especialista en temas de desarrollo agrario y rural. Actualmente es miembro de la comisión de dumping y subsidios de Indecopi y profesor de Economía del Agua en la Universidad Agraria y de Economía Institucional en la Universidad Católica.